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Desmontes, agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto.
Desalojos, violencia y vulneración de derechos indígenas. Son parte de
las críticas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC) de Naciones Unidas (ONU) realizó al Estado argentino en su
último informe, donde además hizo especial hincapié en el incumplimiento
de la legislación que protege a los pueblos originarios y sus
territorios.
“El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas,
los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de
sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité
de la ONU.
“El aumento de los desmontes ha forzado a los pueblos
indígenas a dejar sus territorios (...). El comité está preocupado sobre
casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y
siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por
comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”,
sostiene el informe y explicita que el modelo agropecuario atenta contra
la agricultura indígena. “Es un importante obstáculo para el acceso a
una alimentación segura, adecuada y accesible.”
El Comité DESC es
el órgano de expertos que supervisa la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Evalúa los
informes presentados y comunica recomendaciones para que los estados
cumplan el Pacto Internacional. Con el título “Observaciones finales”,
el documento de ocho carillas fue presentado el 2 de diciembre en Suiza.
“El
comité está preocupado por los casos en los cuales las fuerzas de
seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al
empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en
la defensa de los DESC, en particular en el contexto de discusiones
sobre la tierra”, denuncia.
El Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos
Indígenas (Odhpi) presentaron en noviembre, junto a una decena de
organizaciones, un relevamiento de la situación al Comité. Es muy
contundente la clara vinculación que establece entre industrias
extractivas y la violencia hacia comunidades”, resaltó Diego Morales,
director del área de Derechos Sociales del CELS. “Es importante que
Naciones Unidas se haga eco de lo que enfrentan indígenas en Argentina y
también hay que destacar que llama a que el Estado tome medidas para
revertir la vulneración de derechos”, subrayó.
El Comité de la
ONU denunció que en Argentina se registra la “violación de la
Constitución y del Convenio 169 de la OIT”. Explicitó su “preocupación”
porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el
relevamiento catastral) no se aplica “plenamente”. “El Comité insta al
Estado a que garantice la aplicación plena y coordinada de la ley.”
Por
fuera de la situación rural, el informe rescató como hechos positivos
la sanción de las leyes nacionales de Migración, de Educación Nacional,
de Glaciares, de Salud Mental y de Matrimonio Igualitario.
“El
comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en
las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) y por las consecuencias sobre el
medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y
subsistencia de las comunidades indígenas”, advierte en el punto IX. En
el lugar viven y trabajan 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la
instalación de empresas mineras.
Jorge Nahuel, de la
Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), evaluó que el Comité DESC “saca a
la luz lo que los pueblos indígenas venimos advirtiendo desde hace
décadas, las consecuencias irreparables que genera una matriz económica
basada en la explotación sin control de la naturaleza”.
Nahuel afirmó
que “hay declarados enemigos” de los derechos culturales y territoriales
indígenas: “Los gobernadores de San Juan, Formosa, Jujuy, Río Negro,
Neuquén, Salta y Santiago del Estero, por citar algunos, son portavoces
de las empresas que avasallan nuestros territorios. Debemos avanzar en
frentes comunes para la defensa de la madre naturaleza y de nuestra
vida”.
Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena
(MNCI), dio la bienvenida al informe DESC pero explicó que la ONU “luego
de más de 50 años hablando en códigos mercantiles empieza a aceptar lo
que los movimientos le venimos marcando, que si se quiere luchar contra
el hambre hay que fortalecer la agricultura campesina, y que la
agricultura industrial y el extractivismo no sirven porque, además del
aspecto ambiental, jamás serán inclusivas porque su naturaleza es de
acumulación y concentración”.
El MNCI mantiene diálogo con
sectores críticos al Gobierno y, luego del asesinato del campesino
santiagueño Cristian Ferreyra, compartió opiniones con espacios
oficialistas (Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Frente Transversal, La
Cámpora).
El lunes pasado emitió un comunicado en línea con el informe
DESC, en el que cuestionó que el proyecto de ley para frenar los
desalojos campesinos siga cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar
la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se
muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene
nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y
popular”.
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