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Desde el 2006 han asesinado a más de 30 defensores de DDHH en México bajo el paraguas de la guerra contra el narcotráfico
Por Majo Siscar - Periodismo Humano
En las últimas dos semanas, han asesinado a dos integrantes del Movimiento por la Paz, que incluso se habían sentado a dialogar con Calderón
Don Trino, asesinado (+† 7 de diciembre de 2011)
Don Trino, asesinado (+† 7 de diciembre de 2011)
Nepomuceno Moreno, asesinado (+ † 28 de noviembre de 2011)
Pedro Leyva, asesinado (+ † 6 de octubre de 2011)
Eva Alarcón, secuestrada (6 de diciembre de 2011)
Marcial Bautista, secuestrado (6 de diciembre de 2011)
Norma Andrade, tiroteada (2 de diciembre de 2011)
Son solo algunos de los activistas represaliados en las últimas semanas en un país donde cada día mueren una treintena de personas a mano del crimen organizado. Pero estos seis eran defensores de derechos humanos y habían participado de alguna manera en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Seis agresiones terribles escupidas en la cara de la primera organización que ha convocado una movilización nacional de víctimas de la violencia en México.
Son solo algunos de los activistas represaliados en las últimas semanas en un país donde cada día mueren una treintena de personas a mano del crimen organizado. Pero estos seis eran defensores de derechos humanos y habían participado de alguna manera en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Seis agresiones terribles escupidas en la cara de la primera organización que ha convocado una movilización nacional de víctimas de la violencia en México.
“Hay un exterminio selectivo del activismo social”, espeta Pietro Ameglio, uno de los ideólogos del Movimiento por la Paz. “Pedro Leyva, Nepomuceno, Trino, Marcial Bautista en Guerrero, son gente extraordinaria, gente de paz, gente que no se está lucrando ni sacando un provecho personal, sino que está realmente trabajando para que la comunidad y mucha gente tenga dignidad y una vida justa”, continúa. No son los primeros activistas asesinados. La persecución a la protesta social ha sido una denuncia constante detrás de muchas agresiones atribuidas al narcotráfico. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, única institución estatal que tiene algún registro de estas agresiones, presentó este año su Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México, en el que documenta 27 asesinatos de activistas y la detención ilegal de 60 entre 2005 y 2010. Y tienen 523 expedientes de queja relacionados con ataques a defensores humanitarios, con un aumento sostenido a partir de 2007. Sin embargo, entre ese año y 2010, el número de agresiones se duplicó.
Desde la Red Global por la Paz en México, responden con otra amenaza: “Por cada voz que callan para siempre, verán nacer decenas más que ya nunca se quedarán calladas”. Recordemos algunos de estas voces que callaron, para que puedan resonar.
Don Trino, asesinado (+ 7 de diciembre de 2011)
“Ya es suficiente, ya entendiste el mensaje”, le dijeron los tres hombres que golpeaban ensañadamente a Trinidad de la Cruz entre los arbustos. El cuarto encapuchado apuntaba al grupo de activistas, que habían ido hasta el pueblo de Don Trino en Misión de Observación para vigilar la consulta comunitaria. Ahora, después de supervisar la consulta, estaban tirados en el suelo, mordiendo el piso del autobús, al acecho de un arma larga que les apuntaba y escuchando los gemidos de Don Trino. “Va a salir vivo”, les dijeron finalmente los encapuchados. Y les obligaron a irse, sin sus teléfonos móviles, sin dinero, por una carretera donde la zona habitada más cercana estaba a tres horas.
El día siguiente, Don Trino apareció muerto. Su cuerpo, tirado en medio de un camino, maniatado, con cuatro impactos de bala, torturado, la oreja izquierda casi desprendida. Tenía 73 años, y era un hombre “valiente y comprometido con su pueblo”, como lo definen sus vecinos. Había ocupado los dos cargos principales en una comunidad: juez tradicional y jefe de tenencia de la tierra. En los últimos tiempos se había mantenido firme en sus convicciones pese a las amenazas y las palizas. Forma parte de los rebeldes de su pueblo nahua, Ostula, aquellos que después de décadas de juicios para exigir el reconocimiento de más de mil hectáreas de tierras comunales que les pertenecían y que estaban ocupadas por pequeños propietarios, en junio de 2009, decidieron tomarlas. Las tierras recuperadas han sido disputadas por narcotraficantes, inversionistas inmobiliarias, empresas mineras y aquellos que las habían ocupado. Para mantenerlas, fundaron un poblado en resistencia, Xayakalan –que agrupa unas 250 personas- y reactivaron su organización propia más allá de los partidos políticos, con un consejo autónomo y una guardia comunal. Este desafío agudizó el hostigamiento por parte de grupos paramilitares, contratados supuestamente por los antiguos usufructuarios de la tierra.
Ostula está en la costa del pacífico mexicano, limítrofe al puerto Lázaro Cárdenas, el principal fondeadero de drogas y contrabando por mar y por tanto una zona estratégica para la delincuencia. Ahora, estaban en negociaciones con la Secretaría de la Reforma Agraria (de rango de ministerio) y el gobierno de Michoacán. Para ello, habían convocado una consulta comunitaria, a la que asistió una delegación del Movimiento por la Paz para, teóricamente, ofrecerles seguridad. “Esta consulta lleva varios meses queriéndose realizar y nunca se había podido por el clima de violencia y las agresiones directas a la comunidad de Ostula”, recuerda Raúl Romero, uno de los integrantes del MPJD, que participó en la Misión de Observación a Ostula. Porque desde junio de 2009, 28 comuneros de Ostula han sido asesinados y cuatro más, permanecen desaparecidos. La comunidad se había unido al MPJD para tejer redes con los movimientos locales y regionales que buscaron un cambio en la estrategia nacional de seguridad. Sin embargo, el primer representante de Ostula ante el Movimiento, Pedro Leyva, quién había de participar en el segundo diálogo con el poder Ejecutivo fue asesinado diez días antes, el 6 de octubre de 2011.
Hace menos de un mes, el 14 de noviembre, Don Trino, ya había sido “duramente golpeado, en presencia de la comunidad”, con una fusil por dos hombres y una mujer que según los que los vieron, “habitan en Xayakalan y trabajan para el crimen organizado”. Uno de ellos también había amenazado de muerte a Pedro Leyva. Por todo ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había exigido al gobierno mexicano otorgar medidas cautelares para proteger a los comuneros. Sin embargo, el Estado no había hecho nada. Pese a que el Ejército vigila la región. Es más, la patrulla de la Policía Federal que acompañó a la Misión de Observación las seis horas de viaje desde la Ciudad de México hasta Ostula, les abandonó a su suerte cuando llegaron a la comunidad. “Inclusive denunciando ante el Estado, inclusive avisando al presidente, inclusive con medidas cautelares, se sigue atacando a víctimas de la guerra y a defensores de derechos humanos”, señala Romero.
Para David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, más allá de quién haya sido el autor material, el Estado es responsable de estas agresiones, al menos “por omisión”. Peña estuvo presente en una reunión, el pasado 28 de noviembre, entre la comunidad y los diferentes niveles de gobierno, para asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. A la junta específica para guardar la integridad y la vida de esta comunidad asistieron representantes del Ejército, de los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública, y representantes del gobierno del estado de Michoacán. El representante que asistió en nombre de la comunidad, fue Don Trino. Diez días después fue asesinado.
“Es responsabilidad del Estado, no es un hecho aislado, el Estado sabe cómo están actuando estos grupos delincuentes, sabe cómo operan, y le hemos dicho específicamente qué medidas tomar y no lo está haciendo”, alega el abogado. Para el Movimiento por la paz es un golpe directo, sin embargo, asegurán que “esto no cesará nuestro camino”.
Pero mientras tanto, en la comunidad de Xayakalan, el miedo corta el viento. “Estamos absolutamente solos, sin ninguna protección, mientras en estos momentos se reúnen los matones en la sierra y tememos un ataque”, señalaron el jueves, y aseguraron que ni siquiera con el asesinato de Don Trino las autoridades están implementando las medidas de seguridad. “Hasta ahora no hay nada, estamos desprotegidos”, dijeron.
Pedro Leyva, asesinado (+ 6 de octubre de 2011)
“El enemigo cada vez se está poniendo más gordo, como un gigante, pero nuestra lucha no va a terminar, venga lo que se venga y lo que tenga que pasar, así sea con el propio gobierno, con el propio gobierno nos vamos a topar (…) y muchas veces (hay que) escatimar tu propia vida para recuperar algo que tu quieres”. Así se pronunciaba Pedro Leyva en los Foros Diálogos por Michoacán, en junio de 2011. Cuatro meses después perdió la vida. Tenía 33 años. Su esposa, Luz Aurora Ramírez, relató a los medios locales que lo asesinó su propio primo. “Perdóname prima, pero me advirtieron, o lo matas tú o matamos a tus cuatro hijos. Ponte en mi lugar. ¿Tú qué hubieras hecho?”, le dijo el homicida de su esposo, Prisciliano Corona. Ambos habían estado varias horas conversando en el patio de la casa. Hasta que se oyó el disparo que Prisciliano le propinó a Pedro. Aurora detalló que a Corona, se le ha señalado por pertenecer al cártel de los Zetas.
Leyva iba a salir en los días siguientes hacia la Ciudad de México para asistir a los II diálogos del Movimiento por la Paz con el presidente Felipe Calderón. Debía ser el primero en hablar. Su voz, resonó por la del poeta Javier Sicilia, que lidera el movimiento y recordó las múltiples agresiones que ha recibido Ostula. El jefe del ejecutivo, originario de Michoacán, reconoció la situación que padece la región: “Lo que ha exacerbado la violencia en la costa michoacana es la presencia de grupos criminales, antes La Familia, ahora se hacen llamar Los Templarios, lo que sea, son grupos criminales que particularmente se han metido a esas zonas a explotar materiales de minería, no sólo piedras preciosas, sino una serie de materiales mineros, propiedad de la comunidad indígena de Ostula y que, por la violencia, estaban tratando de apoderarse de la riqueza natural de esa región”, dijo e insistió en la necesidad de que las el gobierno estatal garantice la seguridad de la esposa de Pedro y de la comunidad entera. Sin embargo, parece no haber cumplido su palabra pese a que Sicilia, al término de la reunión le entregó una fotografía de Pedro Leyva “como prenda de la justicia que usted, como representante del Estado, debe a la familia de Pedro, a la comunidad de Ostula y a las víctimas de esta guerra”.
Ahora, nuevamente, el gobierno mexicano ha vuelto a condenar verbalmente el nuevo asesinato a otro comunero de Ostula, las palabras ya no bastan. “Tenemos que revisar nuestra confianza en las autoridades”, reconoce Clara Jusidman de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide).
Nepomuceno Moreno, asesinado (+ 28 de noviembre de 2011)
Cuando vio a Javier Sicilia en televisión Nepomuceno se vio reflejado. El mismo coraje de padre que ha perdido a un hijo, los mismos anhelos de justicia. Nepomuceno no lo dudó y recorrió más de 2.000 kilómetros para ir a encontrar al poeta en su primera peregrinación desde Cuernavaca a Ciudad de México, en mayo. De equipaje trajo una pancarta con la foto de su hijo y los otros tres muchachos que habían desaparecido junto a él -presuntamente a manos de la policía, el primero de julio de 2010-, y más fotos de su hijo, esas que cuando las miraba, tan lejos de él y de su tierra, le iluminaban el rostro. Esa cara de niño grande a sus 56 años. Esa mirada que se le diluía en agua al escuchar los testimonios de los padres y madres que como él habían perdido a sus hijos e iban saliendo al paso de las dos caravanas.
En el Movimiento por la Paz encontró el consuelo y la solidaridad que no tenía en su estado. En Hermosillo, la capital del norteño estado de Sonora, donde vive, había removido cielo y tierra por encontrarlo. Había grabado las llamadas que le hicieron los presuntos secuestradores, tenía cintas de video de las cámaras de seguridad donde habían detenido a su hijo, pero no le hacían caso. Ante la impotencia, se plantaba solo con su pancarta ante su casa para obtener justicia. Sin embargo la única respuesta de las autoridades que encontró fueron amenazas verbales y físicas. Al volver de la Caravana al Sur, donde cobró más protagonismo, los soldados empezar a patrullar por delante de su casa, hostiles.
En los Segundos Diálogos del Movimiento con Calderón rompió el protocolo y se acercó al Presidente para darle copia de su expediente, explicarle su caso y solicitar la intervención federal. Un mes y medio después Nepomuceno fue asesinado de cinco balazos, en pleno centro de su ciudad. La fiscalía intentó criminalizarlo pero la sociedad civil no lo ha permitido. Ahora, una representación del MPJD se reunió con el gobernador de Sonora, Guillermo Padres, para reprocharle la desconfianza con su Fiscalía. Finalmente se acordó que el Movimiento coadyuvará legalmente en el caso de Nepomuceno y que la segunda semana de enero se realizará un segundo encuentro, pero en la propia organización no lo ven claro. “El hecho es el hecho: un estado ausente, tal vez cómplice , algo peor, la criminalización de la víctima después de su muerte. Esos son los excesos del horror: un gobierno incapaz de defender la vida de un inocente y que luego, como respuesta al homicidio, mancha con más lodo el cadáver de la víctima, dudando de su honor y manchando su prestigio”, apuntó Javier Sicilia.
Así las cosas, la esposa y la hija de Nepomuceno Moreno, han abandonado el estado por miedo a mayores represalias. Su asesinato recuerda demasiado al de otra madre que encogió el corazón de México justo hace un año. A ambos, la impunidad les mató. El 16 de diciembre de 2010 Marisela Escobedo fue ejecutada a las puertas del gobierno del estado de Chihuahua donde pedía justicia para su hija asesinada en el 2008 por su pareja. Ella sola ya había recorrido todo el país buscando respuestas. De hecho, ella había sido quién había encontrado al asesino de su hija, que llegó a confesar el crimen. Sin embargo, por presuntos errores judiciales, quedó libre. Y la madre pagó con su vida su osadía.
Marisela es solo una de la media docena de activistas que han matado en Ciudad Juárez, la urbe más violenta del país. Después de ella, fue asesinada Susana Chávez, poeta activista contra los feminicidios, y apenas hace unos días, intentaron acabar con la vida de Norma Andrade, otra madre que se volvió defensora de Derechos Humanos por la falta de justicia.
Una de sus hijas, Lilia Alejandra García Andrade, fue asesinada en febrero de 2001 en esta ciudad fronteriza. Norma se implicó activamente en la organización “Nuestras hijas, de regreso a casa”, que ahora dirige otra de sus hijas, Malú García, quien se encuentra refugiada en Ciudad de México por amenazas del narcotráfico. Aunque Norma Andrade no ha participado en el Movimiento por la Paz, esta organización sí ha apoyado activamente el movimiento. Ahora se recupera de los cinco tiros, tres en el hombro izquierdo y dos en la mano derecha, en una casa custodiada por la policía.
“La repetición, la réplica, la prolongación de la impunidad de esos homicidios, alentó a los perpetradores de esas violaciones a derechos humanos volvieran a atacar”, alega el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández Valencia. Además, atacan en los lugares más periféricos: Sonora, Ciudad Juárez, comunidades en Michoacán, Guerrero.
En Guerrero, el estado más pobre del país, hay 107 defensores de derechos humanos trabajando con medidas cautelares. Eva Alarcón y Marcial Bautista también las habían pedido. Pero de nada les valieron cuando la madrugada del martes 6 de diciembre un comando armando detuvo el autobús de línea en el que viajaban hacia la Ciudad de México, y les bajó solo a ellos dos. Desde entonces siguen desaparecidos. Ambos participaron en la Caravana Sur como representantes de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, una organización que ya ha sido duramente reprimida en ocasiones anteriores y a los que Periodismo Humano le dedicó un reportaje.
“Está claro que se están enfrentando dos modelos de paz, el de la paz con justicia y dignidad, y el de la paz armada”, resume Pietro Ameglio. El Movimiento por la paz exige una vez más al gobierno la aparición de Eva y Marcial y justicia inmediata para el resto de víctimas, así como la implementación de un mecanismo de protección a defensores, que vienen trabajando varias ONG. A nivel interno, reconocen que deben replantearse otros modelos de seguridad propia. Pero no renuncian. A cinco años de que el presidente Calderón decretase su combate abierto al narcotráfico, cada uno de los 50.000 muertos cuestiona esta estrategia.
Sin embargo, el propio Calderón este viernes reconoció que ninguno de los tres cuerpos del gobierno “haya sido capaz de contener la escalada de agresión y violencia contra activistas, periodistas y también, candidatos y autoridades constitucionales”. Y prometió que el gobierno federal pondrá mayor interés en este asunto. Pero no se trata solo de poner interés, sino de acabar con la impunidad, la primera la de las propios cuerpos de seguridad del Estado. Como contamos en Periodismo Humano, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.
Fuente: Periodismo Humano
Desde la Red Global por la Paz en México, responden con otra amenaza: “Por cada voz que callan para siempre, verán nacer decenas más que ya nunca se quedarán calladas”. Recordemos algunos de estas voces que callaron, para que puedan resonar.
Don Trino, asesinado (+ 7 de diciembre de 2011)
“Ya es suficiente, ya entendiste el mensaje”, le dijeron los tres hombres que golpeaban ensañadamente a Trinidad de la Cruz entre los arbustos. El cuarto encapuchado apuntaba al grupo de activistas, que habían ido hasta el pueblo de Don Trino en Misión de Observación para vigilar la consulta comunitaria. Ahora, después de supervisar la consulta, estaban tirados en el suelo, mordiendo el piso del autobús, al acecho de un arma larga que les apuntaba y escuchando los gemidos de Don Trino. “Va a salir vivo”, les dijeron finalmente los encapuchados. Y les obligaron a irse, sin sus teléfonos móviles, sin dinero, por una carretera donde la zona habitada más cercana estaba a tres horas.
El día siguiente, Don Trino apareció muerto. Su cuerpo, tirado en medio de un camino, maniatado, con cuatro impactos de bala, torturado, la oreja izquierda casi desprendida. Tenía 73 años, y era un hombre “valiente y comprometido con su pueblo”, como lo definen sus vecinos. Había ocupado los dos cargos principales en una comunidad: juez tradicional y jefe de tenencia de la tierra. En los últimos tiempos se había mantenido firme en sus convicciones pese a las amenazas y las palizas. Forma parte de los rebeldes de su pueblo nahua, Ostula, aquellos que después de décadas de juicios para exigir el reconocimiento de más de mil hectáreas de tierras comunales que les pertenecían y que estaban ocupadas por pequeños propietarios, en junio de 2009, decidieron tomarlas. Las tierras recuperadas han sido disputadas por narcotraficantes, inversionistas inmobiliarias, empresas mineras y aquellos que las habían ocupado. Para mantenerlas, fundaron un poblado en resistencia, Xayakalan –que agrupa unas 250 personas- y reactivaron su organización propia más allá de los partidos políticos, con un consejo autónomo y una guardia comunal. Este desafío agudizó el hostigamiento por parte de grupos paramilitares, contratados supuestamente por los antiguos usufructuarios de la tierra.
Ostula está en la costa del pacífico mexicano, limítrofe al puerto Lázaro Cárdenas, el principal fondeadero de drogas y contrabando por mar y por tanto una zona estratégica para la delincuencia. Ahora, estaban en negociaciones con la Secretaría de la Reforma Agraria (de rango de ministerio) y el gobierno de Michoacán. Para ello, habían convocado una consulta comunitaria, a la que asistió una delegación del Movimiento por la Paz para, teóricamente, ofrecerles seguridad. “Esta consulta lleva varios meses queriéndose realizar y nunca se había podido por el clima de violencia y las agresiones directas a la comunidad de Ostula”, recuerda Raúl Romero, uno de los integrantes del MPJD, que participó en la Misión de Observación a Ostula. Porque desde junio de 2009, 28 comuneros de Ostula han sido asesinados y cuatro más, permanecen desaparecidos. La comunidad se había unido al MPJD para tejer redes con los movimientos locales y regionales que buscaron un cambio en la estrategia nacional de seguridad. Sin embargo, el primer representante de Ostula ante el Movimiento, Pedro Leyva, quién había de participar en el segundo diálogo con el poder Ejecutivo fue asesinado diez días antes, el 6 de octubre de 2011.
Hace menos de un mes, el 14 de noviembre, Don Trino, ya había sido “duramente golpeado, en presencia de la comunidad”, con una fusil por dos hombres y una mujer que según los que los vieron, “habitan en Xayakalan y trabajan para el crimen organizado”. Uno de ellos también había amenazado de muerte a Pedro Leyva. Por todo ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había exigido al gobierno mexicano otorgar medidas cautelares para proteger a los comuneros. Sin embargo, el Estado no había hecho nada. Pese a que el Ejército vigila la región. Es más, la patrulla de la Policía Federal que acompañó a la Misión de Observación las seis horas de viaje desde la Ciudad de México hasta Ostula, les abandonó a su suerte cuando llegaron a la comunidad. “Inclusive denunciando ante el Estado, inclusive avisando al presidente, inclusive con medidas cautelares, se sigue atacando a víctimas de la guerra y a defensores de derechos humanos”, señala Romero.
Para David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, más allá de quién haya sido el autor material, el Estado es responsable de estas agresiones, al menos “por omisión”. Peña estuvo presente en una reunión, el pasado 28 de noviembre, entre la comunidad y los diferentes niveles de gobierno, para asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. A la junta específica para guardar la integridad y la vida de esta comunidad asistieron representantes del Ejército, de los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública, y representantes del gobierno del estado de Michoacán. El representante que asistió en nombre de la comunidad, fue Don Trino. Diez días después fue asesinado.
“Es responsabilidad del Estado, no es un hecho aislado, el Estado sabe cómo están actuando estos grupos delincuentes, sabe cómo operan, y le hemos dicho específicamente qué medidas tomar y no lo está haciendo”, alega el abogado. Para el Movimiento por la paz es un golpe directo, sin embargo, asegurán que “esto no cesará nuestro camino”.
Pero mientras tanto, en la comunidad de Xayakalan, el miedo corta el viento. “Estamos absolutamente solos, sin ninguna protección, mientras en estos momentos se reúnen los matones en la sierra y tememos un ataque”, señalaron el jueves, y aseguraron que ni siquiera con el asesinato de Don Trino las autoridades están implementando las medidas de seguridad. “Hasta ahora no hay nada, estamos desprotegidos”, dijeron.
Pedro Leyva, asesinado (+ 6 de octubre de 2011)
“El enemigo cada vez se está poniendo más gordo, como un gigante, pero nuestra lucha no va a terminar, venga lo que se venga y lo que tenga que pasar, así sea con el propio gobierno, con el propio gobierno nos vamos a topar (…) y muchas veces (hay que) escatimar tu propia vida para recuperar algo que tu quieres”. Así se pronunciaba Pedro Leyva en los Foros Diálogos por Michoacán, en junio de 2011. Cuatro meses después perdió la vida. Tenía 33 años. Su esposa, Luz Aurora Ramírez, relató a los medios locales que lo asesinó su propio primo. “Perdóname prima, pero me advirtieron, o lo matas tú o matamos a tus cuatro hijos. Ponte en mi lugar. ¿Tú qué hubieras hecho?”, le dijo el homicida de su esposo, Prisciliano Corona. Ambos habían estado varias horas conversando en el patio de la casa. Hasta que se oyó el disparo que Prisciliano le propinó a Pedro. Aurora detalló que a Corona, se le ha señalado por pertenecer al cártel de los Zetas.
Leyva iba a salir en los días siguientes hacia la Ciudad de México para asistir a los II diálogos del Movimiento por la Paz con el presidente Felipe Calderón. Debía ser el primero en hablar. Su voz, resonó por la del poeta Javier Sicilia, que lidera el movimiento y recordó las múltiples agresiones que ha recibido Ostula. El jefe del ejecutivo, originario de Michoacán, reconoció la situación que padece la región: “Lo que ha exacerbado la violencia en la costa michoacana es la presencia de grupos criminales, antes La Familia, ahora se hacen llamar Los Templarios, lo que sea, son grupos criminales que particularmente se han metido a esas zonas a explotar materiales de minería, no sólo piedras preciosas, sino una serie de materiales mineros, propiedad de la comunidad indígena de Ostula y que, por la violencia, estaban tratando de apoderarse de la riqueza natural de esa región”, dijo e insistió en la necesidad de que las el gobierno estatal garantice la seguridad de la esposa de Pedro y de la comunidad entera. Sin embargo, parece no haber cumplido su palabra pese a que Sicilia, al término de la reunión le entregó una fotografía de Pedro Leyva “como prenda de la justicia que usted, como representante del Estado, debe a la familia de Pedro, a la comunidad de Ostula y a las víctimas de esta guerra”.
Ahora, nuevamente, el gobierno mexicano ha vuelto a condenar verbalmente el nuevo asesinato a otro comunero de Ostula, las palabras ya no bastan. “Tenemos que revisar nuestra confianza en las autoridades”, reconoce Clara Jusidman de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide).
Nepomuceno Moreno, asesinado (+ 28 de noviembre de 2011)
Cuando vio a Javier Sicilia en televisión Nepomuceno se vio reflejado. El mismo coraje de padre que ha perdido a un hijo, los mismos anhelos de justicia. Nepomuceno no lo dudó y recorrió más de 2.000 kilómetros para ir a encontrar al poeta en su primera peregrinación desde Cuernavaca a Ciudad de México, en mayo. De equipaje trajo una pancarta con la foto de su hijo y los otros tres muchachos que habían desaparecido junto a él -presuntamente a manos de la policía, el primero de julio de 2010-, y más fotos de su hijo, esas que cuando las miraba, tan lejos de él y de su tierra, le iluminaban el rostro. Esa cara de niño grande a sus 56 años. Esa mirada que se le diluía en agua al escuchar los testimonios de los padres y madres que como él habían perdido a sus hijos e iban saliendo al paso de las dos caravanas.
En el Movimiento por la Paz encontró el consuelo y la solidaridad que no tenía en su estado. En Hermosillo, la capital del norteño estado de Sonora, donde vive, había removido cielo y tierra por encontrarlo. Había grabado las llamadas que le hicieron los presuntos secuestradores, tenía cintas de video de las cámaras de seguridad donde habían detenido a su hijo, pero no le hacían caso. Ante la impotencia, se plantaba solo con su pancarta ante su casa para obtener justicia. Sin embargo la única respuesta de las autoridades que encontró fueron amenazas verbales y físicas. Al volver de la Caravana al Sur, donde cobró más protagonismo, los soldados empezar a patrullar por delante de su casa, hostiles.
En los Segundos Diálogos del Movimiento con Calderón rompió el protocolo y se acercó al Presidente para darle copia de su expediente, explicarle su caso y solicitar la intervención federal. Un mes y medio después Nepomuceno fue asesinado de cinco balazos, en pleno centro de su ciudad. La fiscalía intentó criminalizarlo pero la sociedad civil no lo ha permitido. Ahora, una representación del MPJD se reunió con el gobernador de Sonora, Guillermo Padres, para reprocharle la desconfianza con su Fiscalía. Finalmente se acordó que el Movimiento coadyuvará legalmente en el caso de Nepomuceno y que la segunda semana de enero se realizará un segundo encuentro, pero en la propia organización no lo ven claro. “El hecho es el hecho: un estado ausente, tal vez cómplice , algo peor, la criminalización de la víctima después de su muerte. Esos son los excesos del horror: un gobierno incapaz de defender la vida de un inocente y que luego, como respuesta al homicidio, mancha con más lodo el cadáver de la víctima, dudando de su honor y manchando su prestigio”, apuntó Javier Sicilia.
Así las cosas, la esposa y la hija de Nepomuceno Moreno, han abandonado el estado por miedo a mayores represalias. Su asesinato recuerda demasiado al de otra madre que encogió el corazón de México justo hace un año. A ambos, la impunidad les mató. El 16 de diciembre de 2010 Marisela Escobedo fue ejecutada a las puertas del gobierno del estado de Chihuahua donde pedía justicia para su hija asesinada en el 2008 por su pareja. Ella sola ya había recorrido todo el país buscando respuestas. De hecho, ella había sido quién había encontrado al asesino de su hija, que llegó a confesar el crimen. Sin embargo, por presuntos errores judiciales, quedó libre. Y la madre pagó con su vida su osadía.
Marisela es solo una de la media docena de activistas que han matado en Ciudad Juárez, la urbe más violenta del país. Después de ella, fue asesinada Susana Chávez, poeta activista contra los feminicidios, y apenas hace unos días, intentaron acabar con la vida de Norma Andrade, otra madre que se volvió defensora de Derechos Humanos por la falta de justicia.
Una de sus hijas, Lilia Alejandra García Andrade, fue asesinada en febrero de 2001 en esta ciudad fronteriza. Norma se implicó activamente en la organización “Nuestras hijas, de regreso a casa”, que ahora dirige otra de sus hijas, Malú García, quien se encuentra refugiada en Ciudad de México por amenazas del narcotráfico. Aunque Norma Andrade no ha participado en el Movimiento por la Paz, esta organización sí ha apoyado activamente el movimiento. Ahora se recupera de los cinco tiros, tres en el hombro izquierdo y dos en la mano derecha, en una casa custodiada por la policía.
“La repetición, la réplica, la prolongación de la impunidad de esos homicidios, alentó a los perpetradores de esas violaciones a derechos humanos volvieran a atacar”, alega el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández Valencia. Además, atacan en los lugares más periféricos: Sonora, Ciudad Juárez, comunidades en Michoacán, Guerrero.
En Guerrero, el estado más pobre del país, hay 107 defensores de derechos humanos trabajando con medidas cautelares. Eva Alarcón y Marcial Bautista también las habían pedido. Pero de nada les valieron cuando la madrugada del martes 6 de diciembre un comando armando detuvo el autobús de línea en el que viajaban hacia la Ciudad de México, y les bajó solo a ellos dos. Desde entonces siguen desaparecidos. Ambos participaron en la Caravana Sur como representantes de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, una organización que ya ha sido duramente reprimida en ocasiones anteriores y a los que Periodismo Humano le dedicó un reportaje.
“Está claro que se están enfrentando dos modelos de paz, el de la paz con justicia y dignidad, y el de la paz armada”, resume Pietro Ameglio. El Movimiento por la paz exige una vez más al gobierno la aparición de Eva y Marcial y justicia inmediata para el resto de víctimas, así como la implementación de un mecanismo de protección a defensores, que vienen trabajando varias ONG. A nivel interno, reconocen que deben replantearse otros modelos de seguridad propia. Pero no renuncian. A cinco años de que el presidente Calderón decretase su combate abierto al narcotráfico, cada uno de los 50.000 muertos cuestiona esta estrategia.
Sin embargo, el propio Calderón este viernes reconoció que ninguno de los tres cuerpos del gobierno “haya sido capaz de contener la escalada de agresión y violencia contra activistas, periodistas y también, candidatos y autoridades constitucionales”. Y prometió que el gobierno federal pondrá mayor interés en este asunto. Pero no se trata solo de poner interés, sino de acabar con la impunidad, la primera la de las propios cuerpos de seguridad del Estado. Como contamos en Periodismo Humano, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.
Fuente: Periodismo Humano
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