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| Foto Cañada/ALBA SUD |
Ernest Cañada | ALBA SUD
"¡Doña Laura! Convoque el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, ¡la vida de mas de 60 comunidades depende de ello!" Esto es lo que demanda una de las portavoces del movimiento de comunidades costeras, Victoria Quirós, propietaria de un pequeño hotel en el municipio de Montezuma y firme defensora de los intereses de las poblaciones costeras del país centroamericano.
"¡Doña Laura! Convoque el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, ¡la vida de mas de 60 comunidades depende de ello!" Esto es lo que demanda una de las portavoces del movimiento de comunidades costeras, Victoria Quirós, propietaria de un pequeño hotel en el municipio de Montezuma y firme defensora de los intereses de las poblaciones costeras del país centroamericano.
La Ley de Territorios Costeros
Comunitarios, conocida popularmente por sus siglas como Ley TECOCOS, es
una iniciativa “que nace de la organización de 47 comunidades costeras,
amenazadas por desalojos y demoliciones, debido a las políticas del Instituto
Costarricense de Turismo (ICT) de implantar modelos turísticos en las playas en
donde no hay cabida para las casas de pobladores, generalmente de bajos recursos
económicos”, explicó a Alba, Sud Victoria Quirós. “Ni las prácticas de la pesca
artesanal, manejo sostenible de productos marinos, con sus recibidores de
pescado y pangas”, continúa.
Pero el conflicto no se plantea en realidad entre turismo en general y pobladores locales: otros modelos de desarrollo turístico, en manos de la población local, tanto iniciativas de turismo rural comunitario como establecimiento de pequeños y medianos empresarios locales tampoco encajan en este esquema supuestamente modernizador promovido por el gobierno costarricense. “Tampoco aceptan el turismo rural costero, desarrollado «espontáneamente» en muchas de las comunidades de Costa Rica. El ICT le dice a las municipalidades: esa gente no paga, sáquelos para ubicar ahí a los que puedan pagar millones de colones por la concesión de un lote de cómo mínimo 500 metros, en la que puedan construir una casa que ocupe solamente el 30% del terreno, y el resto para piscina y jardines”.
Sin embargo, estamos hablando de poblaciones que llevaban asentadas en esos territorios durante largo tiempo y que, excluidas de otras opciones de desarrollo, habían hecho ahí su vida a lo largo de generaciones. “Pretendiendo ignorar los derechos otorgados en leyes dictadas desde 1828, han querido meternos en un saco de ilegalidad y desalojarnos como si fuéramos viles usurpadores. Somos comunidades centenarias que hemos logrado caminos, electrificación, agua potable, y otros servicios, mediante el esfuerzo y el trabajo constante de sus pobladores y pobladoras.”
Frente a las amenazas de expulsión, derivadas de las necesidades de promover un desarrollo turístico-residencial acorde con los intereses de los grandes inversionistas, tanto extranjeros como costarricenses, el año 2008 una serie de comunidades costeras empezaron a organizarse y reconocer que sus amenazas eran las mismas. De ahí nace el Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por las Políticas de Exclusión que, de forma participativa, elabora la propuesta de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, una iniciativa que se convierte en bandera de lucha y esperanza para muchas comunidades. Para Victoria, “lamentablemente, muchas de esas comunidades ya las han desaparecido, pero todavía estamos en pie al menos cincuenta mil familias esperanzadas en que este proyecto sea muy pronto la Ley que nos permita afianzar nuestros derechos, nuestra cultura, nuestros proyectos de vida y se preserve la paz y justicia social en Costa Rica”.
Después de un largo proceso, la ley fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa el pasado 6 de octubre de 2011 y enviada con un dictamen favorable al plenario para su discusión definitiva. Actualmente la Ley se encuentra en el cuarto lugar en la agenda de discusión en sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa y las comunidades, organizadas en el Frente de Comunidades, con el apoyo de muchas otras organizaciones sociales, como por ejemplo la red de turismo comunitario ACTUAR, intenta que su discusión se agilice. “En el periodo actual, de sesiones extraordinarias, solo la voluntad política de la Señora Presidenta, puede convocar el proyecto y evitar el etnocidio a las comunidades costeras”, concluye Victoria.
Pero el conflicto no se plantea en realidad entre turismo en general y pobladores locales: otros modelos de desarrollo turístico, en manos de la población local, tanto iniciativas de turismo rural comunitario como establecimiento de pequeños y medianos empresarios locales tampoco encajan en este esquema supuestamente modernizador promovido por el gobierno costarricense. “Tampoco aceptan el turismo rural costero, desarrollado «espontáneamente» en muchas de las comunidades de Costa Rica. El ICT le dice a las municipalidades: esa gente no paga, sáquelos para ubicar ahí a los que puedan pagar millones de colones por la concesión de un lote de cómo mínimo 500 metros, en la que puedan construir una casa que ocupe solamente el 30% del terreno, y el resto para piscina y jardines”.
Sin embargo, estamos hablando de poblaciones que llevaban asentadas en esos territorios durante largo tiempo y que, excluidas de otras opciones de desarrollo, habían hecho ahí su vida a lo largo de generaciones. “Pretendiendo ignorar los derechos otorgados en leyes dictadas desde 1828, han querido meternos en un saco de ilegalidad y desalojarnos como si fuéramos viles usurpadores. Somos comunidades centenarias que hemos logrado caminos, electrificación, agua potable, y otros servicios, mediante el esfuerzo y el trabajo constante de sus pobladores y pobladoras.”
Frente a las amenazas de expulsión, derivadas de las necesidades de promover un desarrollo turístico-residencial acorde con los intereses de los grandes inversionistas, tanto extranjeros como costarricenses, el año 2008 una serie de comunidades costeras empezaron a organizarse y reconocer que sus amenazas eran las mismas. De ahí nace el Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por las Políticas de Exclusión que, de forma participativa, elabora la propuesta de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, una iniciativa que se convierte en bandera de lucha y esperanza para muchas comunidades. Para Victoria, “lamentablemente, muchas de esas comunidades ya las han desaparecido, pero todavía estamos en pie al menos cincuenta mil familias esperanzadas en que este proyecto sea muy pronto la Ley que nos permita afianzar nuestros derechos, nuestra cultura, nuestros proyectos de vida y se preserve la paz y justicia social en Costa Rica”.
Después de un largo proceso, la ley fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa el pasado 6 de octubre de 2011 y enviada con un dictamen favorable al plenario para su discusión definitiva. Actualmente la Ley se encuentra en el cuarto lugar en la agenda de discusión en sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa y las comunidades, organizadas en el Frente de Comunidades, con el apoyo de muchas otras organizaciones sociales, como por ejemplo la red de turismo comunitario ACTUAR, intenta que su discusión se agilice. “En el periodo actual, de sesiones extraordinarias, solo la voluntad política de la Señora Presidenta, puede convocar el proyecto y evitar el etnocidio a las comunidades costeras”, concluye Victoria.
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