Por Annalisa Melandri*
“Con la cacha de la pistola el teniente me dio un golpe en la
cabeza y me desmayé. Luego, me tiró varias veces encima del mofle
caliente de su motor. Esto me lo contó un amigo que estaba ahí, yo no
recuerdo nada. El día siguiente me desperté en el cuartel, esposado,
con la sangre que me corría de la nariz y del oído y con el cuerpo
lleno de quemaduras”.
Eso es lo que contó Eduardo Hernández Portoreal, de 33 años, a
la delegación de Amnistía Internacional que en estos días se
encontraba en República Dominicana presentando el informe sobre las
violaciones de los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional.
El informe (descarga aquí) de 77 páginas, es muy claro empezando por el título “Cállate si no quieres que te matemos”: en República Dominicana la Policía Nacional maltrata, tortura, mata a sangre fría y en al menos dos casos ha sido responsable de la
desaparición forzada de personas, considerada crimen contra la
humanidad.
Estas conclusiones son el resultado de tres visitas que la
ONG internacional ha realizado en el país entre 2009 y 2011,
analizando violaciones de derechos humanos cometidas entre 2005 y
2011.
La lectura del informe trae escalofríos y debería impactar profundamente sobre todo los turistas extranjeros,
cuyos sentidos son estimulados solamente por la vista de las playas
doradas, de las inmensas plantaciones de caña de azúcar, de las
sonrisas de la gente y los rostros de las bellas mujeres, así como por
el sonido de los ritmos de merengue y bachata y por el sabor del ron. Ellos casi siempre regresan a sus países sin haber verdaderamente entendido nada de la compleja realidad del país.
La República Dominicana es un país cautivador, que a veces desvela
los aspectos trágicos y crueles propios de una sociedad que se
encuentra constantemente suspendida entre pasado y futuro, entre un
fuerte nacionalismo y el actual neocolonialismo, entre globalización y
tradición, pero sobre todo entre la riqueza de unos pocos, muy pocos, y
la miseria de muchos.
La historia de Eduardo, después de todo, es una de las menos
peores. A Bruveiker, el 7 de octubre de este año la policía le disparó
por la espalda mientras tenía las manos levantadas detrás de la cabeza,
la bala le atravesó el intestino y salió por los genitales.
Tiene diecinueve años. Ya ha sufrido dos operaciones, incluso la reconstrucción del pene y está en espera de otra con la que le volverán a poner en la abdomen los intestinos después de quitarle el catéter que ahora le sirve como gabinete portátil. Él y Eduardo son solamente dos de los casos que, como filial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de La Romana (zona Este) hemos llevado a conocimiento de la delegación de Amnistía Internacional. Sus historias son muy recientes, ocurridas entre septiembre y octubre de este año y por lo tanto no están incluidas en el informe. Por ahora son parte de la crónica periodística.
Tiene diecinueve años. Ya ha sufrido dos operaciones, incluso la reconstrucción del pene y está en espera de otra con la que le volverán a poner en la abdomen los intestinos después de quitarle el catéter que ahora le sirve como gabinete portátil. Él y Eduardo son solamente dos de los casos que, como filial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de La Romana (zona Este) hemos llevado a conocimiento de la delegación de Amnistía Internacional. Sus historias son muy recientes, ocurridas entre septiembre y octubre de este año y por lo tanto no están incluidas en el informe. Por ahora son parte de la crónica periodística.
Sin embargo, el informe de Amnistía International denuncia decenas
de casos como estos. ¡Inclusive aún más graves! Bruveiker y Eduardo
pueden considerarse afortunados. Otros jóvenes y ancianos, hombres y
mujeres, no lo han sido y cuanto ocurrido a ellos han tenido que
contarlo sus amigos y familiares. Es sobre todo a estas personas que
los miembros de la delegación de Amnistía Internacional, Javier
Zúñiga, Chiara Liguori, Robin Guittard y Josefina Salomón, expresan
una profunda gratitud por haber “dado testimonio de su búsqueda
determinada e inquebrantable de justicia”.
El informe comienza con la dramática historia de Junior Tontón Santiago (alias Salivita),
fallecido el 28 de septiembre de 2010 en un hospital por un disparo
recibido por un policía en un hotel de Santo Domingo. Lo estaban
buscando en relación al homicidio de un medico ocurrido un mes antes.
Un amigo de Junior que se encontraba con él ha contado a la delegación
de Amnistía Internacional que el joven llegó vivo al hospital. Allí el
capitán de la patrulla le dijo a un agente “de poner dedos en las
heridas de Tontón para empujar la bala y hacerle sufrir”.
El joven se
enteró de la muerte del amigo cuando le tocó acompañar los policías en
carro por las calles buscando armas. Oyó uno de ellos hablar al
teléfono con el capitán y decirle: “Ya maté a Salivita”. [1]
El caso es emblemático por la impunidad que gozan los miembros de
la policía involucrados en el asunto. Hasta el momento de redactar el
informe, Amnistía Internacional no había recibido ninguna respuesta de
las autoridades en materia de investigaciones y uno de los testigos
hasta el mes de marzo aún no había sido escuchado por un juez.
En muchos otros casos, efectivamente los policías que han cometido
crímenes han sido sometidos a la justicia y condenados a penas severas.
Han sido condenados por ejemplo a 30 y 20 años de cárcel los dos
policías que en Santiago de los Caballeros el 20 de marzo de 2006
mataron a sangre fría Miguel Ángel Paulino Reyes después de habérsele
acercado diciéndole que era todo el día que lo iban buscando. Uno de
ellos le apunto la pistola a la garganta pero esta no se disparó.
El
otro le pasó su arma y con esa fue que lo mataron tirándole a la cabeza.
Una mujer que se encontraba por allí empezó a huir gritando: “lo
mataste, lo mataste!”. La joven Yaneth Altagracia murió más tarde en el
hospital. Un amigo de Miguel Ángel que iba en el motor con él trató de
huir pero el teniente abrió el fuego. Varios disparos impactaron una
transeúnte, matándola al instante. Una carnicería.
La Policía Nacional y la población.
La Policía Nacional fue fundada en 1936 durante la dictadura de Trujillo, bajo cuyo régimen, que duró treinta años, murieron cerca de 50 mil personas.
La Policía Nacional fue fundada en 1936 durante la dictadura de Trujillo, bajo cuyo régimen, que duró treinta años, murieron cerca de 50 mil personas.
En esos años, la Policía Nacional y el Ejército se mancharon de graves violaciones de los derechos humanos.
Hoy la policía es un organismo civil que está bajo la autoridad del
Ministerio de Interior y Policía y no de las Fuerzas Armadas como
antes. Está conformada por 30 mil agentes en todo el territorio
nacional. Sin embargo comparte en algunas tareas el trabajo con el
Ejército.
De hecho, no ha perdido la fuerte huella castrense
(empezando por los cargos, por ejemplo el jefe de la policía es el
mayor general José Armando Polanco Gómez) que tenía en la época de
Trujillo y entre la población es muy alta la falta de confianza en
esta institución, que “se sigue percibiendo en gran medida como un
órgano autoritario, represivo, corrupto e ineficaz que comete muchas
violaciones de derechos humanos”.[2]
Esta
percepción y el repudio de la población frente a muchos casos de
muertos a mano de agentes de la Policía Nacional, ha impulsado, en el
mes de julio del año pasado, la campaña “Policía no me mate que yo me paro”, por
asociaciones juveniles y de la sociedad civil en respuesta a casos en
que muchas personas, sobre todo jóvenes, habían sido matados o heridos
por no haberse detenido a la orden de paro. Esto ocurría y ocurre aún,
porque el alta se daba en lugares oscuros y aislados y al desventurado
el policía le quitaba el motor o todo lo que tenía en su bolsillo.
El alto nivel de corrupción entre las filas de la policía es vista
como el mayor pecado de esta institución, quizás aún más grave del uso
indiscriminado de la fuerza pública. Que la policía sea involucrada en episodios delictivos lo piensa el 59,2% de la población dominicana (encuesta
Barómetro de las Américas 2010).
Una de las prácticas policiales más
frecuentes, la de las redadas preventivas colectivas (definidas
ilegales por la Procuraduría General de la República)[3],
es vista como una buena oportunidad para extorsionar dinero a jóvenes
inocentes: unos pesos en cambio de la libertad inmediata. No son pocos
los casos de policías, también de alto rango, involucrados en el
narcotráfico.
En abril de este año, un reportaje del Miami Herald, escrito
por Frances Robles, describe esta situación dramática, que ve
involucradas también las Fuerzas Armadas (quizás en mayor medida que la
Policía Nacional por lo que concierne la criminalidad organizada).
Según la investigación serian más de 5 mil los agentes expulsados de la
institución en los últimos tres años.
Con la intensificación
del tráfico de drogas desde Colombia hacia México y Estados Unidos, la
República Dominicana se ha vuelto un importante encrucijada por este
tipo de ilícito y los narcotraficantes, facilitados por los sueldos
de hambre de las fuerzas del orden (un teniente apenas llega a 5 mil
pesos mensuales, casi 140 dólares estadounidenses) tienen tarea
facilitada.
Los números de la violencia
Según fuentes de las misma Policía Nacional, las personas matadas por agentes en servicio en 2010 han sido 268 (el 10.5% de todos los homicidios cometidos en el país) contra las 443 del 2009. La gestión del anterior jefe de la policía, el general Guillermo Guzmán Fermín desde 2007 hasta 2010 ha sido definida “sangrienta” (344 muertes en 2007, 599 en 2008, 443 en 2009).[4]
El dato del 2010 seguramente indica una tendencia a la rebaja respecto
a las estadísticas de los años anteriores. Sin embargo los primeros
seis meses del 2011 reportan 175 casos contra los 148 del mismo periodo
del 2010.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), el abogado
Manuel María Mercedes Medina ha denunciado propio en ocasión de la
presentación del informe de Amnistía International, que los números
son bien diferentes respecto a los confirmados por la Policía Nacional
y que son muchos más altos. Pidiendo la renuncia del actual jefe de la
policía, ha responsabilizado el presidente de la República, Leonel
Fernández, quien tiene plenos poderes sobre la Policía Nacional por el
“clima de violencia, inseguridad y corrupción que se genera desde el
Estado mismo y del que la Policía es parte fundamental”.[5]
Estas cifras, de todas maneras, van analizadas teniendo en cuenta el
marco de la criminalidad generalizada presente en todo el país. Este
dato es en considerable y constante aumento en los últimos años.
Si en 1991 se registraron 13 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2010 este número ha crecido a 25
La detención de armas, legales o ilegales (de fabricación casera o chilenas como le dicen) según mi opinión es probablemente una de las plagas que más afecta la sociedad dominicana.
Siendo las “leyes que regulan la posesión de armas inadecuadas”
como reportado también por Amnistía International, las armas
prácticamente son presentes en todos los hogares y están a la portada de
todos, jóvenes, niños, personas con dificultades psicológicas,
alcohólicos, sin ningún control.
Desafortunadamente
la actitud de los agentes policiales corruptos que se “benefician de
la delincuencia ante de combatirla” no ayuda a disminuir la tragedia de
estos números que obviamente son muy altos también entre las fuerzas
del orden. Propio este es un dato muy promocionado por los comunicados
oficiales de la Policía Nacional que acusa las ONG entre las cuales la
misma CNDH, de defender solamente los criminales. Esta misma
acusación es asumida, vía mediática, por la población civil,
dificultando así el trabajo de las asociaciones por la defensa de los
derechos humanos en el país.
En 2010 han sido 62 los policías asesinados. Sin embargo el periódico Listín Diario
ha realizado una investigación con los datos favorecidos por la
Policía Nacional y resulta que entre 52 agentes muertos entre enero y
noviembre de 2010, solamente 12 de estos han caído en cumplimiento del
deber. Los demás fueron asesinados durante atracos, por asuntos
personales o mientras ellos mismos estaban cumpliendo crímenes. [6]
Ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas e impunidad.
La versión oficial, que se proporciona y se repite constantemente en
los medios de comunicación para justificar el elevado número de muertes a
manos de la policía es que estas se producen durante “intercambio de disparos”, y que representan el costo del intensa actividad de patrullaje de la policía.
Sin embargo, testigos, investigaciones de medicina forense, y a
menudo las mismas aulas de los tribunales, ha demostrado que no se
trata de conflictos a fuego sino de uso ilegitimo y despropositado del
uso de la fuerza, hasta llegar a casos de verdaderas ejecuciones extrajudiciales
(con este término se indica la privación deliberada de la vida de una
o varias personas por parte de los agentes del Estado), un crimen
condenado por todos los tribunales internacionales y por el Derecho
Internacional de los derechos humanos.
Emblemático es el caso descrito antes de Miguel Ángel Paulino Reyes
o el de Jesús de la Rosa Santana, asesinado con un disparo en la
cabeza el 28 de junio de 2010, cuando una docena de policías vestidos de
civil entraron en su casa, lo arrastraron fuera de la puerta y lo
ejecutaron delante de su esposa y de sus hijos. Después de ponerle una
pistola en la mano y haber disparado con ella un par de tiros, le
robaron 11mil pesos (300 dólares). La policía en el informe declaró que
Jesús había muerto durante un intercambio de disparos.
La jurista Rosalía Sosa Pérez, refiriéndose al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, declaró que a pesar de que no exista la pena de muerte en el país desde hace tiempo, en estos casos se puede hablar de “pena de muerte encubierta [7], mientras que el analista en materia de de seguridad Daniel Pou habla de una “cultura del exterminio, una cultura una cultura de aplicar penas que son ilegales, fuera del contexto jurídico, como es la pena de muerte a determinados grupos, de manera tal que se ejerza una suerte de efecto demostración para amedrentar el influjo que pueda tener el mundo criminal”. [8]
Estos grupos al que se refiere Pou, son los sectores más marginados
de la sociedad y los más vulnerables, marcados por una especie de
prejuicio colectivo según el cual “eres un delincuente porqué eres
pobre” (o viceversa).
La tortura es una práctica muy extendida y se utiliza a menudo como “herramienta” de investigación o para obtener una confesión. Esto ocurre tanto en los cuarteles como en las cárceles.
Los métodos utilizados son: golpes en diversas partes del cuerpo,
especialmente en los genitales, dejar los detenidos en posiciones
incómodas o de rodillas durante mucho tiempo, mantenerlos esposados y
colgando sin tocar con los pies en el suelo. Por lo menos en un caso
reportado, se ha utilizado un instrumento eléctrico.
Lo ocurrido al joven Eduardo, las quemaduras repetidas en su cuerpo
con el mofle del motor, ¿no son acaso una forma de tortura con el
agravio del sadismo?
Entre el 2009 y el 2011 también hubo dos casos de desapariciones forzadas La
desaparición forzada es considerada como un crimen contra la humanidad
por todos los tratados internacionales ratificados por la República
Dominicana. Sin embargo este país todavía no ha firmado ni ratificado
propio la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra la Desaparición Forzada.
Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas
se consideran en general el límite del uso excesivo de la fuerza, más
allá de eso, hablar de Democracia y de Estado de Derecho es eufemístico.
El caso de Juan Almonte Herrera:[9]
“El 28 de septiembre de 2009, Juan Almonte Herrera, miembro del
Comité Dominicano de los Derechos Humanos, se dirigía a pie a la oficina
donde trabajaba como contable cuando cuatro hombres armados le dieron
el alto. Los hombres lo obligaron a entrar en un vehículo. Según los
informes, varios testigos presenciales identificaron a los cuatro
hombres armados como agentes del Departamento Antisecuestro de la
Policía Nacional. Dos horas después de la detención, la policía anunció
por televisión que buscaba a Juan Almonte Herrera porque lo estaban
investigando en relación con el secuestro de Eduardo Baldera Gómez.
El 2 de octubre de 2009, después de que los abogados que actuaban en
nombre de Juan Almonte presentaran una petición de hábeas corpus
cuestionando la legalidad de la detención, la Segunda Sala de la Cámara
Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó a
las autoridades que lo liberaran de inmediato. La policía no cumplió la
orden, pues negó que se encontrara bajo su custodia y lo declaró
prófugo.
A finales de octubre de 2009, dos cadáveres calcinados no
identificados fueron encontrados en un automóvil en la capital, Santo
Domingo, y llevados al Instituto Nacional de Patología Forense. Uno de
los cadáveres fue identificado como el de Juan Almonte por su hermana.
Sin embargo, cuando se llevaron a cabo las pruebas de ADN, los
resultados fueron negativos, aunque la familia ha expresado motivos de
preocupación por la forma en que se realizaron los análisis.
En diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
dictó medidas cautelares por las que instaba a República Dominicana a
hacer público el paradero de Juan Almonte; a garantizar su seguridad y
la de sus familiares y abogados, y a informar a la Comisión sobre las
medidas adoptadas para investigar su desaparición.
Las autoridades dominicanas mantienen que Juan Almonte
Herrera es un prófugo y no han tomado ninguna medida para aclarar su
paradero, excepto comprobar los registros de las personas que
han entrado o salido del país y los registros penitenciarios. La familia
y los abogados de Juan Almonte no han recibido ninguna comunicación
oficial sobre el estado de la investigación de su desaparición, a pesar
de haber presentado tres denuncias ante las autoridades judiciales.
En marzo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
determinó que la respuesta de las autoridades dominicanas era inadecuada
y solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictase
medidas provisionales. En mayo de 2010, la Corte dictó las medidas
provisionales, por las que solicitaba a las autoridades dominicanas que
emprendiesen todas las acciones necesarias para proteger la vida,
libertad e integridad de Juan Almonte y que planificasen y aplicasen
medidas de protección efectivas para los familiares y abogados de Juan
Almonte, respetando sus deseos.
En respuesta a los informes periódicos presentados por República
Dominicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha criticado
que las autoridades dominicanas no hayan adoptado medidas concretas para
determinar el paradero de Juan Almonte.”
Más allá de la extrema gravedad de algunos casos, como por ejemplo
los de desaparición forzada, en general podemos decir que se han
realizado progresos reales en la República Dominicana para combatir la
impunidad en la violencia de Estado. Desde 2004, todos los tipos de
delitos cometidos por miembros de la policía son juzgados por los
tribunales civiles.
Son muchos los casos en que miembros de la Policía Nacional y del Ejército son llevados ante la justicia. En el caso de Eduardo Hernández Portoreal, que contamos en abertura de la nota, por ejemplo, el teniente fue inmediatamente detenido. Sin embargo, como hemos visto, un largo camino queda por hacer.
Respecto a los métodos de investigación de los
crímenes cometidos por la policía, son diferentes las versiones
proporcionadas por el Ministerio Público, por la policía y por los
fiscales, dejando imaginar una situación confusa y poco clara, en la
que no es difícil eludir las investigaciones y procedimientos legales y
evadir el enjuiciamiento.
Todo depende de sí y cómo viene llevada la demanda por parte de la
víctima o de sus familiares. Esto no siempre ocurre, ya sea por
ignorancia sobre el procedimiento a seguir o también, por temor a
represalias.
Muy frecuentemente se llega a un acuerdo monetario fuera de corte entre la parte ofendida y el militar o el policía que cometió el abuso. Cuando la compensación económica es impuesta por la corte casi nunca es honrada.
Muy frecuentemente se llega a un acuerdo monetario fuera de corte entre la parte ofendida y el militar o el policía que cometió el abuso. Cuando la compensación económica es impuesta por la corte casi nunca es honrada.
La rapidez y el éxito de las investigaciones también dependen
en gran medida por la atención que el caso recibe por los medios de
comunicación y por el perfil de la víctima. Si es de clase
social baja, si tiene vínculos con la criminalidad, si tiene pendientes
con la justicia, recibe menos atención de los medios de
comunicación. Y por lo tanto menos justicia en los
tribunales. Seguramente la exposición masiva e inmediata de los casos
a los medios de comunicación hace la diferencia en la resolución de los
mismos.
Respecto a las investigaciones, aunque el derecho internacional
establezca que estas no pueden ser llevadas a cabo por las mismas
instituciones involucradas en los abusos, en República Dominicana esta
parece ser la regla. “Según abogados y organizaciones de derechos
humanos, en casos de homicidios cometidos por la policía donde no hay
testigos ni denuncia formal de la familia, muchos fiscales se limitan a
dar el visto bueno a los informes de las investigaciones policiales que
afirman que la muerte fue debida a un “intercambio de disparos”. [10]
Una práctica también ampliamente aplicada, que demuestra propio la
discrecionalidad con que la Policía Nacional lleva a cabo las
investigaciones, es la de los traslados. Un teniente
acusado de haber cometido un abuso, simplemente es trasladado de una
ciudad a otra el tiempo necesario para “enfriarse”. Es obvio que esta no
es una solución y contribuye a mantener alto el nivel de impunidad.
Causas y posibles soluciones — Sugerencias y recomendaciones de Amnistía Internacional
Lo que más destaca del análisis de estos y de otros casos
ampliamente descritos en el informe de Amnistía Internacional, es que
la violencia de Estado parece ser utilizada como un elemento de
disuasión del crimen o para eliminar físicamente a los delincuentes
reincidentes.
Algunos casos de violencia son sin duda relacionados con el ajuste
de cuentas entre delincuentes y agentes de policía. El tráfico de
drogas, la extorsión, el sicariato, son las prácticas criminales que
por la mayoría ven implicados miembros de las fuerzas del Estado. El
sicariato es un fenómeno relativamente reciente, es una práctica
criminal originaria de América del Sur que en los últimos años ha
tomado pie en el país y que involucra siempre más agentes, a veces con
rol de intermediarios.[11]
No hay muchos casos de violencia utilizada como sistema de represión
política. Esta era una práctica frecuente durante la dictadura de
Trujillo y luego bajo el gobierno de Joaquín Balaguer (1986–1996). Sin
embargo, en algunos casos, especialmente como forma de “control del orden público”,
parece que se han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales de
personas determinadas la noche antes de una manifestación política
anunciada.
Otras veces, agentes SWAT (un cuerpo especial antidisturbios de la
Policía Nacional) se han apostados en los techos de las casas
disparando a cualquiera que iba a poner barricadas o a quemar neumáticos
en la calle.
El 16 de junio de 2009, un joven recibió varios tiros solamente
porque estaba pasando cerca a una marcha a la cual era completamente
ajeno. Murió en el hospital poco después.
Un testigo dijo que este asesinato se llevó a cabo como un ajuste de cuentas por la muerte de un policía ocurrido durante otro evento.
Un caso según mi opinión, sumamente grave y que pero ningún medio
de comunicación internacional ha señalado (como sucede casi siempre con
lo que ocurre en este país) fue el asesinato a sangre fría de
Anderson Parra Cruceta , de 33 años. Sea por la forma, sea por
el contexto en el que ocurrió, podría muy bien ser comparado con el de
Brad Will, reportero de Indymedia asesinado en Oaxaca, México, en 2006.
El 11 de julio, durante una huelga general, Anderson Parra Cruceta estaba filmando[12]
los disturbios en la calle y el abuso que estaba cometiendo un policía
hacia un joven. Este le disparó a Anderson en la boca mientras que le
decía: “toma, grava esto también”, matándolo al instante. Durante la huelga ese día un muchacho haitiano de 13 años resultó herido de bala en ambas rodillas.
Entre las causas de la corrupción y la violencia debemos recordar, como decíamos antes, la cuestión de los salarios.
Lo que un teniente gana mensual, alrededor de 140 dólares,
es realmente una miseria y sin duda no es un salario que permita una
vida digna en este país.
Un jardinero o una mujer de limpieza
en República Dominicana ganan el doble. Sobre la base de este factor se
ha ido formando una Policía Nacional no responsable y no consciente del
valor de su trabajo, pero también psicológicamente poco apta a
desarrollarlo. Sobre todo sobre este punto confía el crimen organizado.
Con excelentes resultados. Cabe destacar también que es vigente la prohibición del derecho de voto para los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, derecho revocado en 1924[13], y también que estas instituciones no tienen derecho de asociación y ni de sindicalización.
Estos son los principales puntos a partir de los cuales debería iniciar una reforma seria de la Policía Nacional.
Sin embargo, varios intentos de reformar la institución desde 1999 hasta 2005, cuando se implementa en el país el Plan de Seguridad Democrática con “el objetivo de abordar las causas de la violencia y la delincuencia de forma integral, y de mejorar las relaciones entre las policía y las comunidades marginadas”[14], no han dado grandes resultados.
Sin embargo, varios intentos de reformar la institución desde 1999 hasta 2005, cuando se implementa en el país el Plan de Seguridad Democrática con “el objetivo de abordar las causas de la violencia y la delincuencia de forma integral, y de mejorar las relaciones entre las policía y las comunidades marginadas”[14], no han dado grandes resultados.
Dentro de este plan se había establecido un Programa de Reforma y
Modernización de la Policía, que pero fue criticado por muchas ONG de
derechos humanos y por organizaciones de la sociedad civil por la superficialidad con que se trataban algunos aspectos clave del problema. Por
encima de todo, lo que fue duramente criticado fue el hecho de que
estas reformas se habían llevado a cabo sin ningún tipo de diálogo con
las asociaciones civiles.
Un último proyecto de ley, en junio de 2011 fue entregado al Congreso
por el Presidente de la República, después de la aprobación del Senado,
pero sin tener en cuenta las sugerencias formuladas por un equipo de
expertos contactados por el mismo presidente.
Entre los mecanismos que podrían facilitar el trabajo de reforma de la Policía Nacional uno fundamental es el Defensor del Pueblo, figura prevista por una ley del 2001 para investigar las demandas de los ciudadanos contra las instituciones del Estado. Hasta la fecha aún no se ha nombrado al primer Defensor del Pueblo, a pesar de que todas las candidaturas se han presentado.
El país también carece de una institución nacional de derechos humanos. Hay dos ONG de derechos humanos, la CNDH (afiliada a la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH) y el Comité Dominicano de los de Derechos Humanos, que trabajan con absoluta escasez de fondos, con personal voluntario y con recursos totalmente insuficientes para dar una respuesta concreta a la población sobre los numerosos casos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, son la única forma de disuasión civil a la violencia de Estado y desarrollan una labor encomiable.
El país también carece de una institución nacional de derechos humanos. Hay dos ONG de derechos humanos, la CNDH (afiliada a la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH) y el Comité Dominicano de los de Derechos Humanos, que trabajan con absoluta escasez de fondos, con personal voluntario y con recursos totalmente insuficientes para dar una respuesta concreta a la población sobre los numerosos casos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, son la única forma de disuasión civil a la violencia de Estado y desarrollan una labor encomiable.
Las recomendaciones generales de Amnistía Internacional al Estado dominicano han sido las siguientes:
• La aplicación inmediata de medidas para reducir los asesinatos
policiales y erradicar las prácticas de tortura, malos tratos y otras
violaciones.
• Garantizar de que las investigaciones en todos los casos de
presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía
Nacional se lleven a cabo de manera imparcial, inmediata, independiente
y exhaustiva.
• Proteger a las víctimas y los testigos.
• Garantizar la indemnización completa a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.
• Elaborar e implementar una reforma policial eficaz, basada en el respeto de los derechos humanos.
• Mejorar el sistema de control sobre las actividades de la policía.
• Ratificar y aplicar los tratados internacionales de los derechos humanos.
Cada uno de estos aspectos generales desarrolla recomendaciones
específicas que se pueden leer detalladamente en el texto integral del
informe de Amnistía Internacional.
Las reacciones
El primer paso en la solución de un problema consiste en aceptarlo.
El primer paso en la solución de un problema consiste en aceptarlo.
La Policía Nacional no acepta y no reconoce que en el país
haya un problema de violencia de Estado y de mala gestión de la fuerza
pública. La delegación de Amnistía Internacional se reunió con
todas las instituciones, con el Fiscal, con el Ministerio de Interior y
Policía, con la Cámara de Diputados, y todos, unos más que otros, están
de acuerdo que hay que hacer pasos en adelante y que a veces la
situación está afuera de control.
La versión oficial de la Policía Nacional y a veces de las mismas
instituciones, por lo menos en las declaraciones públicas, es que se
trata de algunas “manzana podridas” que actúan fuera del contexto
institucional en el que los derechos humanos y civiles son respetados y
que tal acciones aisladas siempre están perseguidas en términos de
leyes.
El informe de Amnistía Internacional ha desatado, como era de
esperarse, una serie de reacciones, algunas hasta muy duras y vulgares,
sea entre los mismos vértices de la Policía Nacional que entre las
demás instituciones, inclusive por la Iglesia Católica. Algunos
sectores de la sociedad, permeados por un fuerte nacionalismo han
desaprobado el informe, que ven como una injerencia en los asuntos
internos del país. Entre ellos, el senador José Rafael Vargas,
ha hablado de un “plan internacional” contra la República Dominicana,
del cual Amnistía Internacional sería un instrumento.[15]
El vocero de la policía, coronel Máximo Báez Aybar, en una
entrevista concedida a un programa televisivo ha cuestionado hasta la
portada y el título del informe (“Cállate si no quieres que te matemos”)
afirmando que “condicionan la opinión pública” dando una imagen
negativa de la Policía Nacional ya desde antes de abrirlo y empezar a
leerlo. Dijo que las cifras denunciadas por la ONG representan una
“margen de error” posible en el ámbito de la acción de un cuerpo
constituido por 30 mil hombres.
El cardenal de Santo Domingo Nicolás de Jesús López Rodríguez
ha declarado de no tener confianza en el informe de Amnistía
International pero admite que en el país la Policía Nacional ha
cometido muchos abusos que sin embrago hay que relacionar solamente con
algunos elementos y no con toda la institución.
El Vice-Presidente de la República Dominicana, Rafael Alburquerque ha declarado que “Amnistía exagera”.
Al presidente de la CNDH, Licdo. Manuel María Mercedes Medina,
quien el día siguiente de la presentación oficial del informe ha
solicitado la renuncia del jefe de la policía, un anónimo periodista
desde las columnas del periódico el Nacional, lo ha tildado de “ignorante”.
El periodista ha llegado a escribir que “usar una investigación
incompleta y discriminatoria para sugerir la dimisión o despido del
jefe de la Policía constituye un cretinismo mayor”.[16]
Sin embargo la cosa más importante es que la sociedad civil
en su conjunto ha acogido positivamente el informe, concordando con
todas las recomendaciones emitidas. Esto no nos asombra porque
el mismo ha sido redactado tratando de reflejar los anhelos de la
sociedad dominicana que verdaderamente quiere una policía digna de un
estado democrático. Sobre todo los jóvenes han demostrado interés y
preocupación por la situación actual, demostrándolo con la gran
participación que ha tenido la presentación del informe a la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD).
En conclusión, creo que sea importante llamar la atención de los medios de comunicación internacionales respecto a lo que pasa en el país.
Muchas veces los intereses económicos imponen una forma de censura
por la cual la República Dominicana debe ser solo y solamente el país de
las playas, de las palmas y de las hermosas mujeres. Pero en República
Dominicana vive también todo un pueblo que reclama el respecto de sus
derechos fundamentales frente a sus autoridades y la comunidad
internacional.
Los turistas son alojados y pasan días y semanas “cerrados” en “resorts all inclusive”
con escasas posibilidad de interactuar espontáneamente y líberamente
con el ambiente y la sociedad que rodea estos complejos turísticos.
Agencias especializadas se ocupan de cada mínima necesidad de ellos
reduciendo a cero el contacto con la realidad del país.
En esta forma se construye casi un mundo paralelo que excluye
y marginaliza dramáticamente el pueblo dominicano de uno de los más
poderoso instrumentos de disuasión de los crímenes de Estado: la
comunidad internacional, formada no solamente por instituciones y ONG
sino también y sobre todo por hombres y mujeres que crean enlaces y
redes, que se buscan, que se observan, se reconocen y solidarizan, que
intercambian informaciones y se ayudan en el reciproco crecimiento, che
desenrollan caminos de lucha y de resistencia.
Al momento de cerrar la presente nota, hoy 3 de noviembre, el
presidente Leonel Fernández, después de una semana de haber entregado
su informe a la sociedad civil Amnistía International, se ha reunido
con la plana mayor de la Policía Nacional propio respecto al tema de los
abusos.
Ha pedido que los agentes actúen en el respecto de los derechos humanos de los ciudadanos y se ha comprometido a agilizar el proyecto de reforma de la Policía que está en espera en el Congreso. Sin embargo recordamos que este texto ha sido considerado insuficiente e inadecuado, sea por la misma Amnistía Internacional, que por las demás asociaciones de defensa de los derechos humanos.
Ha pedido que los agentes actúen en el respecto de los derechos humanos de los ciudadanos y se ha comprometido a agilizar el proyecto de reforma de la Policía que está en espera en el Congreso. Sin embargo recordamos que este texto ha sido considerado insuficiente e inadecuado, sea por la misma Amnistía Internacional, que por las demás asociaciones de defensa de los derechos humanos.
P.S. 10/11/2011 En un artículo del 9 de noviembre se escribe lo siguiente:
“El ministro de Interior y Policía declaró hoy que está viciado y
carece de objetividad el informe de Amnistía Internacional que denunció
que la Policía incurre en violaciones a los derechos humanos, porque
fue preparado por un mexicano con la finalidad de distanciar el
turismo del país y presentar la nación con altos niveles de violencia
similares a México.
El doctor José Ramón Fadul expresó que el jefe de la delegación de
Amnistía Internacional fue el mexicano Javier Zuñiga, y vino “con
la finalidad de dañar el turismo que visita el país a pesar de que es
la principal fuente de generación de divisas”.
El ministro de Interior y Policía habló en el programa “A Diario”,
entrevistado por los periodistas Cristhian Jiménez y Niurka Pérez, que
se transmite por Digital15. Advirtió que aunque que el informe tuvo
poca publicidad, “estos documentos casi siempre son colocados en los
aeropuertos y entregados a los guías turísticos con la finalidad de
hacer daño a la nación”.[17]
* Annalisa Melandri es periodista, activista por la defensa de los
derechos humanos, miembro de la Comisión Nacional por la Defensa de
los Derechos Humanos (CNDH), encargada de asuntos internacionales de
la filial de La Romana de la CNDH.
Comunicado de prensa de Amnistía Internacional en República Dominicana
Artículo de Chiara Liguori: “La historia de algunos supervivientes de abusos policiales en República Dominicana”.
Artículo de Chiara Liguori: “¿Quién controla a la policía? (pag.32)
Video Amnistía International: “Cállate si no quieres que te matemos”
[1] Informe de Amnistía International “Cállate si no quieres que te matemos” Pag. 5
[2] Ibid. Pag. 9
[3]
Ibid. Pag. 34 “el procurador general de la República en junio de 2010:
Eso [las redadas] es totalmente irregular e ilegal, eso viola lo que es
todo el procedimiento que establece nuestro Codigo de Normativa Procesal
Penal”.
[4] http://www.acento.com.do/index.php/news/4632/56/La-Policia-mata-a-civiles-policias-y-militares-amparada-en-la-mano-dura-y-los-intercambios-de-disparos.html
[6] Informe Amnistía International “Cállate si no quieres que te matemos” pag. 17
[8] http://www.acento.com.do/index.php/news/4632/56/La-Policia-mata-a-civiles-policias-y-militares-amparada-en-la-mano-dura-y-los-intercambios-de-disparos.html
[9] Informe Amnistía International “Cállate si no quieres que te matemos”. Pag. 31
[10] Informe Amnistía International: “Cállate si no quieres que te matemos” Pag. 39
[11] http://noticiastelemicro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29050:expertos-afirman-contactos-del-sicariato-son-poicias-y-presos&catid=1:principal&Itemid=4
[12]http://www.noticiassin.com/2011/07/matan-hombre-filmaba-huelga-e-hieren-menor-en-protesta-en-villa-faro/
[13] http://www.hoy.com.do/opiniones/2007/10/2/120206/El-derecho-al-voto-para-los-militares-y-policias
[14] Informe Amnistía International “Cállate si no quieres que te matemos”. Pag. 51
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