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La
Comisión
Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) analiza una visita a Ecuador. Sería parte de la
campaña conjunta (SIP, OEA y Departamento de Estado) para jaquear al presidente
Correa.
Emilio Marín - La Arena
Rafael Correa es el presidente de
Ecuador. Goza de suficiente apoyo popular pues ha ganado las últimas seis
elecciones, contando las presidenciales, las de reforma constitucional y el plebiscito
sobre reformas judiciales.
Pero debe ser por eso que no lo dejan
en paz. Algunas multinacionales de hidrocarburos, están entre los principales
afectados por ciertas disposiciones de la “revolución ciudadana”.
En junio pasado se nacionalizó la estadounidense
Noble Energy y su controlada Energy Development Company (EDC). A fines de 2010
el gobierno convirtió las concesiones petroleras en contratos de prestación de
servicios: el dueño del petróleo y el gas pasaba a ser el Estado, que pagaba a
las extractoras un precio fijo por cada barril, tomando en cuenta el costo y un
margen de ganancia.
Noble Energy-EDC no aceptó esas reglas de juego y Correa
regateó un precio para que se fuera del campo de hidrocarburos “Amistad”,
pagando 74 millones de dólares.
Con matices esa es la política
hidrocarburífera de Hugo Chávez y Evo Morales; no así de Cristina Fernández y
Dilma Rousseff. De allí que haya tanta bronca de las petroleras, el
Departamento de Estado y el establishment empresarial de Quito y Guayaquil contra
Correa y esos otros dos presidentes del ALBA (Alianza Bolivariana de Nuestra
América).
Esa campaña de desestabilización llegó
a su máxima cota el setiembre de 2010, cuando en Quito hubo una rebelión
policial disfrazada con reivindicaciones supuestamente “gremiales”. Esa cortina
de humo disimulaba un golpe de Estado contra el presidencial palacio de
Carondelet. Correa fue tomado prisionero por los golpistas y fue rescatado al
costo de cinco muertos. En total, en la asonada, murieron diez personas y el
presidente se salvó “raspando”.
Otra vez las similitudes. Chávez enfrentó
un golpe de Estado en abril de 2002 y también tuvo la fortuna de no ser
ultimado en la isla de Orchilla. Evo sufrió el putsch en setiembre de 2008,
motorizado por la ultraderechista Santa Cruz, que casi lo saca finado del
Palacio Quemado.
Todos esos eventos desestabilizadores,
del que también formó parte el lock out de la Mesa de Enlace de Argentina, tuvieron un ejército
mediático. Desde las “tribunas de doctrina” y muchos medios que presumían de
“independientes” se justificaba la rebelión policial de Quito y similares
sudamericanas.
En tren de decir barbaridades contra
el jefe de Estado, los medios de Ecuador no fueron menos que Clarín y “La Nación”. Correa era un “tirano”
clonado de Chávez y Fidel Castro. Pasado el putsch, El Universo de Guayaquil
aseguró que Correa era un dictador y en el futuro podría ser demandado por
delitos de “lesa humanidad”.
Todos a Miami
Emilio Palacio, entonces jefe de
Opinión de ese matutino, el de mayor tirada nacional, publicó el 6 de febrero
de 2011 su artículo “No a las mentiras”. Allí acusaba al presidente de haber
ordenado, aquel 30 de setiembre de 2010, “fuego a discreción y sin previo aviso
contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”.
La verdad es que Correa estaba preso
en ese lugar, en poder de los golpistas, y los que dispararon contra el público
y contra quienes fueron en rescate del presidente, fueron los efectivos policiales
violadores del orden constitucional.
En julio de este año hubo un primer
fallo favorable al presidente, cuando el juez Juan Paredes condenó a tres años
de prisión a los tres dueños del diario, Carlos, César, Nicolás Pérez, y al
columnista Palacio, así como a pagar una indemnización de 40 millones de
dólares al injuriado.
Deducida la apelación por la parte
empresaria, un fallo de segunda instancia confirmó el 20 de setiembre aquella
sentencia. La línea de defensa de los cuatro sentenciados se había bifurcado.
Palacio se exilió en Miami el 24 de agosto, aduciendo que “en los últimos días,
la dictadura redobló de tal modo su persecución en mi contra que debí concluir
que mi seguridad corre peligro”.
Por su parte los tres hermanos dueños
de la editorial adujeron que no era una empresa ecuatoriana neta, sino mitad y
mitad con capitales estadounidenses con sede en la isla Gran Caimán. A partir
de ese dato antes oculto y negado, los empresarios solicitaban la aplicación de
normas de defensa del capital en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones.
¡Ecuatorianos para mentir, estadounidenses para procurarse impunidad!
Los calumniadores tuvieron desde Miami
la defensa incondicional de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP), una colateral de la
OEA y el Departamento de Estado. Como en casos similares
contra Chávez, Evo y la propia presidenta argentina por la ley de medios, la
cloaca de Miami rebalsó en contra del gobierno de Ecuador.
No lo hizo no sólo por defender los
intereses de El Universo sino en general de la corporación mediática
conservadora. Es que Correa tiene presentado al Congreso un proyecto de ley
de medios, más democrática, que busca
poner límites al poder concentrado de las comunicaciones.
Los enemigos dicen
que está copiada de la ley de responsabilidad de los medios impulsada por
Chávez en Caracas, donde también éstos podían decir cualquier cosa, incluso
alentar el magnicidio.
El reciente plebiscito ecuatoriano aprobó crear un Consejo
“para establecer límites a los contenidos racistas o discriminatorios”. Lo
había hecho antes Evo en el altiplano y los medios opositores lo tildaron de
“censor”.
Pelea no cesa
La última asamblea anual de la SIP fue hace diez días en
Lima. Allí el titular saliente de la entidad, el guatemalteco Gonzalo
Marroquín, y el nuevo directivo de la Comisión de Libertad de prensa, el uruguayo
Claudio Paolillo, dispararon contra el presidente ecuatoriano por el caso de El
Universo.
La Resolución
de las patronales gráficas criticó a Ecuador y advirtió que “muchos gobiernos
intolerantes y autoritarios intentan conseguir el mismo objetivo de enmudecer a
los medios”. Algo bueno debe haber hecho Correa
para que ese órgano tan desprestigiado en el continente lo haya colocado como el
enemigo público número 1.
El principal motivo de ese enojo es la
política del gobernante partido Alianza País para con los medios. Además de lo
ya comentado, el gobierno ecuatoriano decidió transmitir Telesur por señal
abierta en el estatal Canal 48, que se moverá a la grilla del 7.
El operativo estará
listo a mediados del año próximo, según declaró a la Radio del Sur el secretario
de Comunicación, Fernando Alvarado. A propósito, una parte de la población
argentina también está aguardando que el gobierno de CFK ponga Telesur en la Televisión Pública,
por canal de aire, las 24 horas.
¿Qué hará Correa con los 40 millones
de dólares, si finalmente los cobra por el juicio? Ha dicho que los donará al
fondo ecológico que recauda para la iniciativa Yasuní ITT. Se trata de un
parque amazónico donde existen reservas petroleras, que Ecuador se compromete a
no explotar, a cambio de ayuda internacional por la mitad de los ingresos que
tendría si ese crudo es explotado. El clima saldría ganando y la caja estatal
también. Debe ser por eso que hasta ahora la colecta mundial anda flojita, pese
a tantas declamaciones preocupadas por el cambio climático…
El presidente no ha descartado
renunciar a ese cobro, una vez que quede firme la sentencia contra los
empresarios periodísticos que lo calificaron de dictador y genocida.
El viernes 28 los diarios ecuatorianos
publicaron que una misión de la
CIDH podría visitar el país, preocupada por la situación legal
de esos empresarios. Estos confían que la comisión repudie a Correa y que sus
disposiciones “garantistas” se pongan por sobre el ordenamiento jurídico local.
Si no fuera grave, sería cómico leer que este lobby conservador alega con el artículo
424, de la nueva Constitución impulsada por Correa, que dice: “la Constitución y los
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que
reconozcan derechos, más favorables a los contenidos en la Constitución,
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”.
Quieren zafar por ese lado, con aval de la SIP, Adepa, Clarín y la runfla monopólica, más el
Departamento de Estado de Hillary Clinton (http://www.eluniverso.com/
Este jueves Correa anunció en Riobamba
que en cuatro años erradicará la desnutrición infantil, un flagelo nacional.
Los medios detractores no dieron mayor espacio a la noticia, empeñados como
están en derrotar al presidente y que la corporación salga indemne de
Tribunales. Seguramente en Paraguay, en la Cumbre Iberoamericana,
Correa dirá lo suyo. La pelea va para largo y no está claro quién vencerá a
quién.
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