© Foto G. Trucchi/Rel-UITA |
Campaña de terror contra familias campesinas en Rigores
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
El 24 de junio pasado unas 150 familias campesinas de los caseríos colindantes con la comunidad de Rigores, en la margen izquierda del río Aguán, fueron brutalmente desalojadas y sus casas quemadas y destruidas.
Pese a la campaña de terror impulsada por militares y policías, la gente volvió a recuperar sus tierras y defiende su derecho a vivir en paz.
Casas quemadas, paredes de ladrillos y techos derribados, cultivos y proyectos alimentarios destruidos, gente detenida y golpeada. De las seis aulas de la escuela, solamente una resistió al impacto de la retroexcavadora. Hasta la iglesia fue arrasada.
Casas quemadas, paredes de ladrillos y techos derribados, cultivos y proyectos alimentarios destruidos, gente detenida y golpeada. De las seis aulas de la escuela, solamente una resistió al impacto de la retroexcavadora. Hasta la iglesia fue arrasada.
Galería fotográfica Rigores 1 (LINyM)
Galería fotográfica Rigores 2 (Rel-UITA)
Galería Militarización 1 (LINyM)
La gente aglutinada en el Movimiento Campesino de Rigores (MCR) calcula en 120 las casas abatidas por la violencia irracional de militares y policías que, según Porfirio Lobo, estarían en el Bajo Aguán para garantizar la seguridad y la paz de la población.
Después de haber recuperado hace 11 años estas tierras que estaban ociosas, el MCR ha sufrido cinco desalojos. El último ha dejado secuelas profundas en la población, sobre todo en los niños y niñas.
“Fue algo terrible. Entraron con violencia y comenzaron a destruir todo, sin ningún respeto. Nos insultaban, nos sacaban de nuestras casas. Comenzaron a quemarlas y a derribar las paredes. Fue un infierno y muchas personas ni siquiera pudieron sacar sus pertenencias. Los niños sufrieron un fuerte trauma y aún no se han recuperado”, dijo Hilda, directiva del MCR.
La maestra del kínder (preescolar) Sofía López, confirmó a Sirel estas graves secuelas psicológicas. “Cuando miran los militares o los policías corren a buscar a sus padres, se esconden, se ponen a llorar. Estoy tratando de que recuperen la confianza y que acudan a clase para que no pierdan el año escolar”, afirmó.
Pese a la campaña de terror, la violencia no logró debilitar el espíritu de estas familias campesinas. Pocos días después del desalojo volvieron a recuperar sus tierras.
No cesa la represión
Desde que volvieron a recuperar sus tierras y a comenzar a levantar sus casas, los miembros del MCR han seguido sufriendo el hostigamiento y la represión.
“El 2 de agosto estaba trabajando en la construcción de un pozo cuando llegaron tres patrullas de la Policía disparando con unos M-16. Mientras les decía a unos niños que se tiraran al suelo una bala me atravesó el brazo y se colocó cerca de la columna. No me han podido operar y he perdido el uso del brazo herido”, relató desconsolado Adiel Lara, miembro del MCR.
Según Hilda, ese trágico episodio es parte de una verdadera campaña represiva en contra de la comunidad.
“Vivimos en el terror. Los militares y policías entran en los caseríos, nos amenazan, nos tratan como delincuentes, nos insultan y nos dicen que nos van a matar. A mí hasta me metieron una pistola en el pecho para que dijera dónde estaba mi marido.
En lugar de dar mayor seguridad, como dice el gobierno, la militarización en el Bajo Aguán ha traído más violencia y represión. Nosotros no somos delincuentes, sino un movimiento campesino que lucha por sus tierras”, dijo la directiva del MCR.
Secuestro y tortura
Lo que le ha tocado vivir al joven Santos Bernabé Cruz Aldana, de 16 años, es algo que impacta en lo más profundo.
“El 19 de septiembre estaba reparando una bicicleta en mi casa cando llegaron varios militares disparando. Rodearon la casa y nos obligaron a salir. Me tiraron al piso, me quitaron la camisa, me amarraron las manos con los cordones de los zapatos y a empujones me llevaron hacia el cementerio. Después comenzaron a golpearme”.
En su dramático relato, Santos Cruz explicó que los militares lo montaron a una patrulla de la Policía y que le pedían que les diera informaciones sobre algunos episodios ocurridos en la zona y que les dijera dónde estaban las armas.
“Me pusieron una bolsa plástica en la cabeza para que me ahogara. Seguían golpeándome, apuntándome con el fusil, poniéndomelo en la boca. Después me rociaron todo el cuerpo de gasolina y me amenazaron con quemarme vivo. Otros decían que era mejor enterrarme vivo o amarrarme una piedra en la cintura y tirarme en el río Aguán. Estaba aterrorizado y sentía que me iban a matar”, dijo el joven.
Finalmente, Cruz fue llevado a la posta de Policía y fue liberado el día siguiente, no sin antes ser nuevamente amenazado de muerte. Ahora vive escondido y tuvo que abandonar su hogar.
Asegura que la militarización sólo trajo más problemas y represión.
Fuente: Rel-UITA
Después de haber recuperado hace 11 años estas tierras que estaban ociosas, el MCR ha sufrido cinco desalojos. El último ha dejado secuelas profundas en la población, sobre todo en los niños y niñas.
“Fue algo terrible. Entraron con violencia y comenzaron a destruir todo, sin ningún respeto. Nos insultaban, nos sacaban de nuestras casas. Comenzaron a quemarlas y a derribar las paredes. Fue un infierno y muchas personas ni siquiera pudieron sacar sus pertenencias. Los niños sufrieron un fuerte trauma y aún no se han recuperado”, dijo Hilda, directiva del MCR.
La maestra del kínder (preescolar) Sofía López, confirmó a Sirel estas graves secuelas psicológicas. “Cuando miran los militares o los policías corren a buscar a sus padres, se esconden, se ponen a llorar. Estoy tratando de que recuperen la confianza y que acudan a clase para que no pierdan el año escolar”, afirmó.
Pese a la campaña de terror, la violencia no logró debilitar el espíritu de estas familias campesinas. Pocos días después del desalojo volvieron a recuperar sus tierras.
No cesa la represión
Desde que volvieron a recuperar sus tierras y a comenzar a levantar sus casas, los miembros del MCR han seguido sufriendo el hostigamiento y la represión.
“El 2 de agosto estaba trabajando en la construcción de un pozo cuando llegaron tres patrullas de la Policía disparando con unos M-16. Mientras les decía a unos niños que se tiraran al suelo una bala me atravesó el brazo y se colocó cerca de la columna. No me han podido operar y he perdido el uso del brazo herido”, relató desconsolado Adiel Lara, miembro del MCR.
Según Hilda, ese trágico episodio es parte de una verdadera campaña represiva en contra de la comunidad.
“Vivimos en el terror. Los militares y policías entran en los caseríos, nos amenazan, nos tratan como delincuentes, nos insultan y nos dicen que nos van a matar. A mí hasta me metieron una pistola en el pecho para que dijera dónde estaba mi marido.
En lugar de dar mayor seguridad, como dice el gobierno, la militarización en el Bajo Aguán ha traído más violencia y represión. Nosotros no somos delincuentes, sino un movimiento campesino que lucha por sus tierras”, dijo la directiva del MCR.
Secuestro y tortura
Lo que le ha tocado vivir al joven Santos Bernabé Cruz Aldana, de 16 años, es algo que impacta en lo más profundo.
“El 19 de septiembre estaba reparando una bicicleta en mi casa cando llegaron varios militares disparando. Rodearon la casa y nos obligaron a salir. Me tiraron al piso, me quitaron la camisa, me amarraron las manos con los cordones de los zapatos y a empujones me llevaron hacia el cementerio. Después comenzaron a golpearme”.
En su dramático relato, Santos Cruz explicó que los militares lo montaron a una patrulla de la Policía y que le pedían que les diera informaciones sobre algunos episodios ocurridos en la zona y que les dijera dónde estaban las armas.
“Me pusieron una bolsa plástica en la cabeza para que me ahogara. Seguían golpeándome, apuntándome con el fusil, poniéndomelo en la boca. Después me rociaron todo el cuerpo de gasolina y me amenazaron con quemarme vivo. Otros decían que era mejor enterrarme vivo o amarrarme una piedra en la cintura y tirarme en el río Aguán. Estaba aterrorizado y sentía que me iban a matar”, dijo el joven.
Finalmente, Cruz fue llevado a la posta de Policía y fue liberado el día siguiente, no sin antes ser nuevamente amenazado de muerte. Ahora vive escondido y tuvo que abandonar su hogar.
Asegura que la militarización sólo trajo más problemas y represión.
Fuente: Rel-UITA
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