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Por Dina Meza - Defensores en línea
El desplazamiento de un comando policial, patrullas y agentes
antimotines fue la respuesta del nuevo ministro de Seguridad para los
familiares de 13 personas desaparecidas, donde están señalados policías
como responsables de sus desapariciones, que llegaron este 14 de
septiembre junto a COFADEH para exigir se investigue este crimen de lesa
humanidad.
Cargando las fotos de sus parientes y camisetas con los rostros de
ellos, gritaban “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “dónde
están los secuestradores? están aquí”. “qué exigimos para nuestros
familiares: libertad”, llegaron con la intención de entregar una carta
al ministro, pero prevaleció la intolerancia y se dejó evidenciado que
la política represiva solamente cambió de rostro.
Se trata de 13 nuevas familias que han sufrido la desaparición de un
pariente desde febrero de 2010 a agosto de 2011. Todas llegaron al
COFADEH con la angustia y el pesar en sus espaldas.
Los nuevos casos de desapariciones forzadas son las de Osmin Obando
Cáceres (22), desparecido 13 de junio de 2010, en Tela. Atlántida;
Denis Alexander Russel (19), desaparecido el 13 de julio de 2010, en El
Progreso, Yoro; Vilmar Edmundo Talavera Avilez, desaparecido el 15 de
julio de 210, Tocoa, Colón; Samuel Josué Pastrana Molina, desaparecido
el 07 de febrero de 2011, en El Paraíso; Francisco Pascual López
desaparecido desde el 15 de mayo de 2011, en Rigores, Colón.
Se suman las de Kelvin Omar Andrade Hernández (18), desaparecido el l
11 de junio de 2011, en Catacamas, Olancho; Mauricio Joel Urbina
Castro (34), desaparecido el 02 de agosto de 2011, en La Ceiba,
Atlántida; Oscar Elías López Muñoz (49), desaparecido el 21 de agosto
de 2011, en Chamelecón; Mauririo Joel Urbina Castro (24), desaparecido
el 02 de agosto de 2011, en San Pedro Sula y José Reynaldo Cruz Palma,
desaparecido el 30 de agosto de 2011.
El COFADEH distribuyó un comunicado a los medios de comunicación donde
señala que “Los escuadrones asesinos de “mano blanca”, los
“controladores aéreos” y los ex agentes del batallón de la muerte 3-16
en su condición de “asesores” de la policía, siguen agazapados asechando
a la ciudadanía como fieras sedientas de sangre”.
Al principio se informó a través de una mujer con uniforme policial
que sería recibida una comisión de los familiares por el Ministro de
Seguridad Pompeyo Bonilla, pero lo que en realidad pretendía era
enlistar los nombres de todas las personas que asistieron al plantón
frente a esa institución del Estado.
Los familiares solicitaban que el propio ministro Bonilla recibiera
una carta que el COFADEH les entregaría donde detalla cada uno de los
casos y demanda que se investiguen cada uno de ellos castigando a los
responsables.
Nuevo ministro saca comandos y antimotines para intimidar a familiares
La petición fue infructuosa porque alrededor de una hora después de
haber llevado y permanecer gritando consignas para que sus parientes
sean regresados con vida, llegaron dos patrullas policiales, un
escuadrón de antimotines que se apostaron a la entrada de la Secretaría
para que no pasaran los familiares, un comando del Escuadrón COBRAS y
hombres de civil en los alrededores, en actitud amenazante contra los
familiares.
No venimos a pelear, al COFADEH no le gusta pelear lo que hacemos
siempre es decir la verdad, dijo Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH
ante la negativa final de evitar a toda costa que las familias dejaran
aunque fuera en la recepción la carta con las peticiones.
Hay patrones claros que indican que presumamos la participación de las
fuerzas policiales y militares y de agentes del Estado de Honduras, la
poca acción para recibir la denuncia de los propios familiares de las
víctimas nos está indicando que hay una complicidad absoluta y que lejos
estamos de romper estas cadenas de impunidad que se han estado gestando
contra el pueblo hondureño.
Por eso creímos que era oportuno entregar una nota para que el día de
mañana no fueran a decir que las informaciones escuetas que estamos
dando no tienen las fechas y las circunstancias de cómo se dieron las
desapariciones forzadas de hoy, por eso hemos querido venir para dar
testimonio público, para continuar la discriminación junto a ese pueblo
que exige con vida a sus familiares.
En algunos casos antes de las 24 horas ejercimos Habeas Corpus
Nacional y uno a nivel internacional y aún así no se ha dado respuesta,
por eso creemos que está muy lejos la posibilidad de respeto de los
derechos humanos en nuestro país y con esto lo que indican es que están
dispuestos a implementar esa práctica oprobiosa de la desaparición
forzada desde los organismos del Estado de Honduras, y en este caso
desde la Secretaría de Seguridad.
Lejos de ver que se aproxima el ministro de Seguridad para recibir la
nota han enviado antimotines y eso me asusta porque no venimos armadas,
nuestra propia arma es la doctrina de los derechos humanos, el respeto a
los mismos, y esa es una intimidación y de fuerza hacia los familiares
que lo que esperan es una respuesta, “aquí hay gente de Olancho,
Tegucigalpa, La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, El Progreso. Por eso es el
momento de parar la desaparición forzada e iniciar una investigación”,
señalo Oliva.
Un oficial de apellido Ruíz ordenó que ni siquiera dejaran entrar a
tres representantes de los familiares a la recepción a entregar la nota,
policías atravesaron sus escudos y el oficial dijo que consultaría por
teléfono, pero a los minutos expresó que no había nadie y que no podían
dejar la carta al ministro Pompeyo Bonilla. Las excusas fueron y
vinieron, antes una policía informó que era hora de almuerzo y que hasta
la una de la tarde, las familias esperaron pacientemente, no obstante
se trataba simplemente de una negativa a recepcionar la carta.
Creímos que ya no habrían más desapariciones forzadas
En la década de los 80 en que nace el COFADEH varias familiares
sufrieron la pérdida de uno de sus familiares por razones políticas. Los
cuerpos de seguridad los secuestraron e iniciaron campañas de
intimidación y desprestigio contra los familiares, pero esta
organización logró probar que lo que se estaba dando en el país era este
crimen contra la humanidad, cuyos autores materiales e intelectuales
estaban en el propio Estado.
El Estado hondureño fue condenado en casos de desaparición forzada por
ejemplo de Manfredo Velásquez, secuestrado y desaparecido el 12 de
septiembre de 1981, por siete hombres de civil que lo obligaron a
subirse a un carro Ford, desde esa fecha nunca más sus parientes lo
volvieron a ver.
En Julio 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a Honduras responsable de la desaparición de Velásquez.
El Estado también fue sentenciado en el año 1989 por el caso de Saúl
Godínez Cruz, secuestrado y desaparecido el 22 de julio de 1982,
después de haber salido de su casa en motocicleta .Un testigo vio a una
persona cuya descripción coincidía con la de Godínez en el momento de
ser detenido por un hombre que vestía uniforme militar, acompañado por
dos personas vestidas de civil, quienes lo habrían introducido, junto
con su motocicleta, en un vehículo de doble cabina sin placas. Según
algunos vecinos, la casa de Godínez había sido vigilada, presumiblemente
por agentes de investigación, en los días anteriores a su desaparición.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la
desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y
continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los
Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de
la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca,
además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y
a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su
arresto
Sin embargo aunque se creía que ya no habría más desapariciones
forzadas de personas en Honduras, esta lesiva práctica se ha reiniciado.
El contexto en que se dan las actuales desapariciones es con la
utilización de hombres encapuchados que asaltan las casas donde están
las víctimas ó las siguen y detienen con toda impunidad. Al momento de
su arresto se han identificado como policías y los carros en que llevan a
los capturados han sido vistos en uso policial.
El COFADEH ha presentado Habeas Corpus en los casos que las familias
han denunciado, además de la correspondiente acción ante el Ministerio
Público, pero en ninguno de los hechos se han iniciado investigaciones y
la angustia de los familiares crece todos los días.
Lea algunos de los casos:
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