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| Foto Oscar García |
La Corte Suprema los sentenció por genocidio, el próximo paso será extraditar al fugado Sánchez de Lozada
Por Rebelión/Bolpress
La Corte Suprema de Justicia de Bolivia sentenció este martes en Sucre a cinco ex jefes militares y a dos ex ministros en el juicio de responsabilidades por genocidio que se instauró hace ocho años al ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
Los ex jefes militares Roberto Claros y Juan Veliz Herrera fueron condenados a 15 años y seis meses de reclusión; el general José Quiroga y el almirante Luis Alberto Aranda, a 11 años de presidio, y el general Gonzalo Mercado, a 10 años. Los ex ministros de Medio Ambiente y de Trabajo Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, respectivamente, fueron condenados a tres años de reclusión por el cargo de complicidad por genocidio.
El abogado defensor de las familias de las víctimas Rogelio Mayta consideró establecidas las condiciones para "extraditar" al ex mandatario refugiado en Estados Unidos. El juicio de responsabilidades, por la denominada masacre de octubre de 2003, que se saldó con la muerte de más de 60 personas y más de 500 heridos, se inició el 22 de octubre de 2003 con la primera denuncia presentada ante el Fiscal General de la Nación.
El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En el juicio declararon al menos 320 testigos entre ellos ex presidentes, viceministros, dirigentes y otras autoridades.
Los únicos Ministros que respondieron al proceso presente fueron Kuajara y Reyes Villa, quien es hermano del ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, quien igualmente huyó a Estados Unidos. Otros ex ministros de Sánchez de Lozada huyeron al exterior. Junto a Sánchez de Lozada salieron a Estados Unidos a mediados de octubre de 2003 Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. Mientras que los ex ministros Mirtha Quevedo, Javier Tórrez, Jorge Torres Obleas y Dante Pino Archondo se refugiaron en Perú.
"En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia por unanimidad y en única instancia falla: declarar a Roberto Claros Flores y a Juan Veliz Herrera, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta condenando a la pena de presidio de 15 años y seis meses a cada uno", señala la sentencia leída después de varios días de deliberación.
La sentencia declara a José Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta y los condena a 11 años de presidio; mientras que sanciona a Gonzalo Mercado Rocabado con una pena de 10 años de presidio.
Los ex militares sentenciados formaron parte del Alto Mando Militar del ex presidente Sánchez de Lozada: Claros Flores fue Comandante de las Fuerzas Armadas; Rocabado Mercado Jefe de Estado Mayor de las FFAA; Veliz Herrera, Comandante del Ejército; Aranda Granados, Comandante de la Fuerza Naval y Quiroga Mendoza, Comandante de la Fuerza Aérea.
El fallo puntualiza que todos los sancionados deben cumplir la sentencia en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre, la capital constitucional de Bolivia.
"Declarando a Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara autores mediáticos en grado de complicidad en delito de genocidio bajo la modalidad masacre sangrienta, condenándoles a la pena de presidio de 3 años a cumplir en el penal de San Roque", complementa la sentencia en referencia a los dos ex ministros de Sánchez de Lozada.
El 14 de octubre de 2004 el Congreso autorizó el juicio por dos tercios de votos del total de los miembros y en diciembre de 2005 la Sala Penal Primera impuso medidas cautelares a los ex ministros del Gobierno de Sánchez de Lozada, que huyó a Estados Unidos tras la revuelta popular que se opuso a su idea de vender gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos.
Mayta va a por Goni
El abogado defensor de las familias de las víctimas de la represión militar de septiembre y octubre de 2003, Rogelio Mayta, consideró establecidas las condiciones para "extraditar" al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03), refugiado en Estados Unidos desde hace ocho años.
"Estamos listos para conseguir nuestro próximo reto que es la extradición de Sánchez de Lozada. Éste es nuestro próximo camino y estaremos seguramente prestos a seguir luchando", afirmó un sereno Mayta luego de escuchar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano. La sentencia, que Mayta calificó de histórica, fue leída en la sala de la Corte Suprema poco después del mediodía.
Mayta, que representa a los familiares de 67 muertos y cerca de 500 heridos de bala durante la represión militar que bañó en sangre una insurrección popular alzada, en las ciudades de El Alto y La Paz, contra la decisión de Sánchez de Lozada de exportar gas a Estados Unidos y México por una puerto de Chile, dijo que este momento será reconocido como "hito" en la historia de la justicia y política bolivianas.
"Nunca antes dentro un gobierno democrático se había sancionado a un gobierno también democrático, el de Sánchez de Lozada", afirmó. Con tal antecedente, el segundo desde 1989, cuando la Corte Suprema sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a perdón judicial al ex dictador militar Luis García Meza (1980-81), "seguramente nunca más los militares actuarán al margen de la ley".
La condena a siete procesados en el caso Octubre Negro, cinco ex jefes militares y dos ex ministros "abre las puertas a la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, manifestó el fiscal Milton Mendoza. Dijo que hasta hoy, Sánchez de Lozada "era un sindicado, pero al existir una sentencia emitida por el máximo tribunal de justicia de Bolivia, forma parte de los acusados en este caso".
Los familiares de las víctimas reciben con "satisfacción" el fallo judicial
Los familiares de las victimas de "octubre negro" recibieron con "satisfacción" el fallo judicial dictaminó este martes la Corte Suprema de Justicia. Estas personas realizaron una vigilia a las puertas de la Fiscalía del Distrito de La Paz.
La presidenta de la Asociación de heridos y afectados de 2003, Elena Kullahua Ticona, aseguró que luego de la vigilia de 53 días efectuada en puertas del Tribunal Supremo de Justicia en la capital del Estado y después de ochos años se logró "por fin hacer justicia".
Sin embargo, repudiaron que la determinación judicial no haya contemplado sentencia en contra del ex presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro Carlos Sánchez Berzain. Afirmó que esa será la próxima tarea de la justicia boliviana, la de "poner a los principales responsables tras las rejas".
"Varios meses de vigilia, pero Dios es grande por fin la justicia llegó, pero no estamos conformes con la decisión judicial a los ex ministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, sólo tres años, nos sentimos realmente indignados, es muy poca la sentencia", lamentó.
"La sentencia es clara y se debe cumplir en la cárcel de San Pedro", dijo el fiscal General del Estado, Mario Uribe, al finalizar la audiencia judicial en la capital del país, tras ocho años que duró el proceso y que no logró enjuiciar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al ex ministro Carlos Sánchez Berzaín.
El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En el juicio declararon al menos 320 testigos entre ellos ex presidentes, viceministros, dirigentes y otras autoridades.
Los únicos Ministros que respondieron al proceso presente fueron Kuajara y Reyes Villa, quien es hermano del ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, quien igualmente huyó a Estados Unidos. Otros ex ministros de Sánchez de Lozada huyeron al exterior. Junto a Sánchez de Lozada salieron a Estados Unidos a mediados de octubre de 2003 Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. Mientras que los ex ministros Mirtha Quevedo, Javier Tórrez, Jorge Torres Obleas y Dante Pino Archondo se refugiaron en Perú.
"En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia por unanimidad y en única instancia falla: declarar a Roberto Claros Flores y a Juan Veliz Herrera, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta condenando a la pena de presidio de 15 años y seis meses a cada uno", señala la sentencia leída después de varios días de deliberación.
La sentencia declara a José Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta y los condena a 11 años de presidio; mientras que sanciona a Gonzalo Mercado Rocabado con una pena de 10 años de presidio.
Los ex militares sentenciados formaron parte del Alto Mando Militar del ex presidente Sánchez de Lozada: Claros Flores fue Comandante de las Fuerzas Armadas; Rocabado Mercado Jefe de Estado Mayor de las FFAA; Veliz Herrera, Comandante del Ejército; Aranda Granados, Comandante de la Fuerza Naval y Quiroga Mendoza, Comandante de la Fuerza Aérea.
El fallo puntualiza que todos los sancionados deben cumplir la sentencia en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre, la capital constitucional de Bolivia.
"Declarando a Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara autores mediáticos en grado de complicidad en delito de genocidio bajo la modalidad masacre sangrienta, condenándoles a la pena de presidio de 3 años a cumplir en el penal de San Roque", complementa la sentencia en referencia a los dos ex ministros de Sánchez de Lozada.
El 14 de octubre de 2004 el Congreso autorizó el juicio por dos tercios de votos del total de los miembros y en diciembre de 2005 la Sala Penal Primera impuso medidas cautelares a los ex ministros del Gobierno de Sánchez de Lozada, que huyó a Estados Unidos tras la revuelta popular que se opuso a su idea de vender gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos.
Mayta va a por Goni
El abogado defensor de las familias de las víctimas de la represión militar de septiembre y octubre de 2003, Rogelio Mayta, consideró establecidas las condiciones para "extraditar" al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03), refugiado en Estados Unidos desde hace ocho años.
"Estamos listos para conseguir nuestro próximo reto que es la extradición de Sánchez de Lozada. Éste es nuestro próximo camino y estaremos seguramente prestos a seguir luchando", afirmó un sereno Mayta luego de escuchar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano. La sentencia, que Mayta calificó de histórica, fue leída en la sala de la Corte Suprema poco después del mediodía.
Mayta, que representa a los familiares de 67 muertos y cerca de 500 heridos de bala durante la represión militar que bañó en sangre una insurrección popular alzada, en las ciudades de El Alto y La Paz, contra la decisión de Sánchez de Lozada de exportar gas a Estados Unidos y México por una puerto de Chile, dijo que este momento será reconocido como "hito" en la historia de la justicia y política bolivianas.
"Nunca antes dentro un gobierno democrático se había sancionado a un gobierno también democrático, el de Sánchez de Lozada", afirmó. Con tal antecedente, el segundo desde 1989, cuando la Corte Suprema sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a perdón judicial al ex dictador militar Luis García Meza (1980-81), "seguramente nunca más los militares actuarán al margen de la ley".
La condena a siete procesados en el caso Octubre Negro, cinco ex jefes militares y dos ex ministros "abre las puertas a la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, manifestó el fiscal Milton Mendoza. Dijo que hasta hoy, Sánchez de Lozada "era un sindicado, pero al existir una sentencia emitida por el máximo tribunal de justicia de Bolivia, forma parte de los acusados en este caso".
Los familiares de las víctimas reciben con "satisfacción" el fallo judicial
Los familiares de las victimas de "octubre negro" recibieron con "satisfacción" el fallo judicial dictaminó este martes la Corte Suprema de Justicia. Estas personas realizaron una vigilia a las puertas de la Fiscalía del Distrito de La Paz.
La presidenta de la Asociación de heridos y afectados de 2003, Elena Kullahua Ticona, aseguró que luego de la vigilia de 53 días efectuada en puertas del Tribunal Supremo de Justicia en la capital del Estado y después de ochos años se logró "por fin hacer justicia".
Sin embargo, repudiaron que la determinación judicial no haya contemplado sentencia en contra del ex presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro Carlos Sánchez Berzain. Afirmó que esa será la próxima tarea de la justicia boliviana, la de "poner a los principales responsables tras las rejas".
"Varios meses de vigilia, pero Dios es grande por fin la justicia llegó, pero no estamos conformes con la decisión judicial a los ex ministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, sólo tres años, nos sentimos realmente indignados, es muy poca la sentencia", lamentó.
"La sentencia es clara y se debe cumplir en la cárcel de San Pedro", dijo el fiscal General del Estado, Mario Uribe, al finalizar la audiencia judicial en la capital del país, tras ocho años que duró el proceso y que no logró enjuiciar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al ex ministro Carlos Sánchez Berzaín.
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