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Delegación de alto nivel pide que el próximo gobierno impulse un plan nacional de derechos humanos
Por Giorgio Trucchi - LINyM
Los delegados de Amnesty International (AI) que en los días pasados visitaron Nicaragua, brindaron una conferencia de prensa en la que se mostraron sumamente preocupados por la grave situación de violencia de género y de impunidad que existe en el páis.
Entre las recomendaciones vertidas por los delegados destacan la elaboración de un plan nacional de derechos humanos, la formulación de una invitación permanente a las instancias internacionales de derechos humanos y la despenalización del aborto terapéutico.
Según datos de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, entre enero y agosto de 2010 se denunciaron 1,259 casos de violación. Asimismo, durante todo el 2010 se recibieron un total de 3,778 denuncias de delitos sexuales y 39 mujeres y niñas fueron asesinadas.
Antes esta situación, Beltrán consideró como “ insuficiente, limitada y descorazonada” la respuesta del Estado y señaló como ejemplo el caso de la joven Fátima Hernández. “Esta aberrante sentencia - con la que la Corte Suprema de Justicia redujo la pena contra su violador - no menciona ni una sola de las normas internacionales de derechos humanos que son de obligatorio cumplimiento”, afirmó el director de AI España.
En su informe, la delegación de Amnesty International reconoció sin embargo la importancia del aumento del número de Comisarías para la Mujer (59) en todo el país, considerándolo “un paso importante en la dirección correcta”.
Situación en Centroamérica
La violencia de género se ha convertido en una verdadera epidemia en Centroamérica y aunque la situación en Nicaragua resulta ser preocupante, los países que conforman el llamado Triángulo Negro (El Salvador, Honduras y Guatemala) viven días aún más difíciles.
De acuerdo con datos del poder judicial de Guatemala, en 2010 hubo 46 mil denuncias de delitos sexuales y 680 asesinatos de mujeres y niñas - más de 1,000 según la Asociación de Mujeres en Solidaridad de Guatemala -. También hubo un promedio de 80 violaciones por mes (Médicos Sin Fronteras) y el 98 por ciento de los crímenes quedaron en la impunidad (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala).
En Honduras, la Fiscalía Especial de la Mujer señaló que se han cometido 407 feminicidios en 2009 y 351 en 2010. Además, se registraron cerca de 16 mil denuncias de violencia contra las mujeres y la impunidad ronda el 94 por ciento de los casos (Centro de Derechos de Mujeres).
El Salvador vive una situación parecida. La Policía Nacional Civil registró 580 femicidios en 2010 y 6,320 casos de violencia contra mujeres (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer). Además, 9 de cada 100 homicidios llegaron a sede judicial. De esos, un 2 por ciento llegó hasta las últimas etapas y sólo un 0.8 por ciento acaba en condena para el responsable.
Recomendaciones
Durante su estadía en el país, la delegación de AI se entrevistó con los candidatos presidenciales - con exepción del Presidente y candidato sandinista Daniel Ortega, quien no recibió a la organización -, con organizaciones de la sociedad civil, diputados, representantes de alto nivel de la Policiá Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Salud. También se reunió con niñas y mujeres sobrevivientes de violencia.
“La percepción general es que no se están haciendo todos los esfuerzos posibles para erradicar la violencia de género en Nicaragua. Hemos pedido a todos los candidatos una declaración expresa de ‘tolerancia cero’ hacia la violencia contra mujeres y niñas”, aseveró Beltrán.
Además, la delegación señaló la importancia de que se apruebe una ley integral contra la violencia hacia la mujer y que se permita el libre acceso al país de todos los mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos. “Pedimos eso porque no hay nada que temer del escrutinio nacional e internacional en la defensa y la promoción de los derechos humanos”, afirmó Guadalupe Marengo, directora adjunta para América de AI.
Finalmente, los delegados pidieron a los candidatos presidenciales y a las autoridades la creación de un plan nacional de derechos humanos, para que sea un elemento que “permee toda la política del próximo gobierno”, así como aceptar las recomendaciones de todo el sistema internacional e interamericano de derechos humanos de eliminar los artículos del Código Penal que impiden el aborto terapéutico.
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