Por FNRP La ruptura violenta del orden constitucional producida el 28 de junio de 2009 por sectores antidemocráticos y oligárquicos con apoyo externo, opuestos a la consulta legítima del Presidente Constitucional de la República José Manuel Zelaya Rosales, conocida como el “Proyecto de la cuarta urna”, interrumpió un sano proceso de maduración y transformación de la cultura democrática electoral a una democracia participativa y soberana.
La inmediata creación de un Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado militar y su lucha pacífica a lo largo de dos años en todo el país, produjo una nueva identidad política en la que participan sectores populares, democráticos, progresistas y revolucionarios que lucharon en todo este periodo por el establecimiento de la auténtica democracia.
Ese instrumento del pueblo que comenzó como respuesta al arrebato de los sectores que dieron el golpe, se convirtió en el Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, que además de sostener las demandas políticas del retorno de los exiliados, Justicia para los que fueron abusados por los actores del golpe de estado, constituyeron la principal trinchera de denuncias en contra de las constantes violaciones a los derechos humanos y del rápido retroceso de las conquistas de los trabajadores de los últimos 50 años; afectando principalmente a los maestros, campesinos y obreros del país.
Con el Retorno del Presidente Constitucional de la República José Manuel Zelaya Rosales, período 2006-2010 y Coordinador Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular, que se produjo gracias al Acuerdo para la Reconciliación Nacional que suscribieran el Presidente Porfirio Lobo Sosa en calidad de Jefe de Estado de Honduras, y los Presidentes Manuel Santos de Colombia y Hugo Rafael Chaves Frías de la República Bolivariana de Venezuela, estos nuevos acontecimientos en el país nos obligan a reafirmar nuestra demanda del cumplimiento de ese gran clamor popular que es el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y el castigo a los violadores de Derechos Humanos.
En su reciente Asamblea Nacional el Frente decidió la Creación del Frente Amplio de la Resistencia Popular para la participación política electoral en todos los procesos del país, justamente con la intención de continuar dando muestras de la voluntad de reconciliación nacional en el marco de la norma pacífica y democrática por la que ha luchado el pueblo hondureño en los últimos dos años, demandando justicia en las urnas.
No obstante, ese proceso de reconciliación ha tenido serios obstáculos que deben superarse de inmediato para que continuemos avanzando por ese camino de reconciliación. El caso de persecución política contra el Abogado Enrique Flores Lanza, ex ministro de la Presidencia en el gobierno del Poder Ciudadano y miembro de la comisión política del Frente Nacional, Rebeca Santos prisionera en su propio país, al igual que las amenazas a muerte al Padre Fausto Milla de Copán y su Asistente Denia Mejía, miembros de la coordinación del Frente Nacional, así como la sostenida negación de la nacionalidad del Padre Andrés Tamayo miembro de la Comisión Política; son solo muestras de hechos que el Frente encuentra en este proceso de diálogo. Las voluntades deben expresarse justamente en el terreno de las acciones y no solamente en las declaraciones convenientes ante la comunidad internacional.
El día jueves 7 de julio la Comisión de la Verdad, creada por el propio gobierno del Presidente Porfirio Lobo Sosa, reconoció que los hechos ocurridos el 28 de junio constituyeron un golpe de estado.
En un extenso documento la Comisión recomienda al Estado de Honduras:
“1. En Honduras respecto a la reforma constitucional enfrenta el problema de que, paradójicamente, por la propia redacción de los Artículos como los 373 y 374 de la Constitución vigente, pareciera imposible reformar la Constitución para que se admita una revisión integral del texto a través de una asamblea nacional constituyente, pues ello podría entenderse como una modificación de artículos “inmodificables”.
Para buscar una salida a este dilema, los comisionados proponemos seguir los parámetros definidos por la doctrina constitucionalista moderna, que defiende la meta-juridicidad y meta-constitucionalidad del poder originario de una asamblea constituyente”.
Por tanto, como así mismo lo dicta la Constitución, todos los actos del gobierno de facto que substituyó al gobierno legítimo, son nulos. Más allá de eso, se exige la obligación del Estado de reparar a las víctimas y dar castigo a los asesinos, así como la obligación de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria que de paso a una Nueva Constitución que garantice el Orden Constitucional a la República. Como también lo ha dicho la Comisión de Verdad, que desde hace más de un año pelea duramente contra la impunidad y la indiferencia y cuyas visiones merecen ser incorporadas en el criterio de la Comisión.
Estamos en la completa disposición de contribuir a los procesos de reconciliación nacional de la república y a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyentes siempre y cuando se reconozca y se actué sobre la necesidad de dar pleno cumplimiento al acuerdo de Reconciliación suscrito por el Presidente Lobo como jefe de estado.
Tegucigalpa 9 de julio de 2011, Tegucigalpa MDC.
La inmediata creación de un Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado militar y su lucha pacífica a lo largo de dos años en todo el país, produjo una nueva identidad política en la que participan sectores populares, democráticos, progresistas y revolucionarios que lucharon en todo este periodo por el establecimiento de la auténtica democracia.
Ese instrumento del pueblo que comenzó como respuesta al arrebato de los sectores que dieron el golpe, se convirtió en el Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, que además de sostener las demandas políticas del retorno de los exiliados, Justicia para los que fueron abusados por los actores del golpe de estado, constituyeron la principal trinchera de denuncias en contra de las constantes violaciones a los derechos humanos y del rápido retroceso de las conquistas de los trabajadores de los últimos 50 años; afectando principalmente a los maestros, campesinos y obreros del país.
Con el Retorno del Presidente Constitucional de la República José Manuel Zelaya Rosales, período 2006-2010 y Coordinador Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular, que se produjo gracias al Acuerdo para la Reconciliación Nacional que suscribieran el Presidente Porfirio Lobo Sosa en calidad de Jefe de Estado de Honduras, y los Presidentes Manuel Santos de Colombia y Hugo Rafael Chaves Frías de la República Bolivariana de Venezuela, estos nuevos acontecimientos en el país nos obligan a reafirmar nuestra demanda del cumplimiento de ese gran clamor popular que es el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y el castigo a los violadores de Derechos Humanos.
En su reciente Asamblea Nacional el Frente decidió la Creación del Frente Amplio de la Resistencia Popular para la participación política electoral en todos los procesos del país, justamente con la intención de continuar dando muestras de la voluntad de reconciliación nacional en el marco de la norma pacífica y democrática por la que ha luchado el pueblo hondureño en los últimos dos años, demandando justicia en las urnas.
No obstante, ese proceso de reconciliación ha tenido serios obstáculos que deben superarse de inmediato para que continuemos avanzando por ese camino de reconciliación. El caso de persecución política contra el Abogado Enrique Flores Lanza, ex ministro de la Presidencia en el gobierno del Poder Ciudadano y miembro de la comisión política del Frente Nacional, Rebeca Santos prisionera en su propio país, al igual que las amenazas a muerte al Padre Fausto Milla de Copán y su Asistente Denia Mejía, miembros de la coordinación del Frente Nacional, así como la sostenida negación de la nacionalidad del Padre Andrés Tamayo miembro de la Comisión Política; son solo muestras de hechos que el Frente encuentra en este proceso de diálogo. Las voluntades deben expresarse justamente en el terreno de las acciones y no solamente en las declaraciones convenientes ante la comunidad internacional.
El día jueves 7 de julio la Comisión de la Verdad, creada por el propio gobierno del Presidente Porfirio Lobo Sosa, reconoció que los hechos ocurridos el 28 de junio constituyeron un golpe de estado.
En un extenso documento la Comisión recomienda al Estado de Honduras:
“1. En Honduras respecto a la reforma constitucional enfrenta el problema de que, paradójicamente, por la propia redacción de los Artículos como los 373 y 374 de la Constitución vigente, pareciera imposible reformar la Constitución para que se admita una revisión integral del texto a través de una asamblea nacional constituyente, pues ello podría entenderse como una modificación de artículos “inmodificables”.
Para buscar una salida a este dilema, los comisionados proponemos seguir los parámetros definidos por la doctrina constitucionalista moderna, que defiende la meta-juridicidad y meta-constitucionalidad del poder originario de una asamblea constituyente”.
Por tanto, como así mismo lo dicta la Constitución, todos los actos del gobierno de facto que substituyó al gobierno legítimo, son nulos. Más allá de eso, se exige la obligación del Estado de reparar a las víctimas y dar castigo a los asesinos, así como la obligación de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria que de paso a una Nueva Constitución que garantice el Orden Constitucional a la República. Como también lo ha dicho la Comisión de Verdad, que desde hace más de un año pelea duramente contra la impunidad y la indiferencia y cuyas visiones merecen ser incorporadas en el criterio de la Comisión.
Estamos en la completa disposición de contribuir a los procesos de reconciliación nacional de la república y a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyentes siempre y cuando se reconozca y se actué sobre la necesidad de dar pleno cumplimiento al acuerdo de Reconciliación suscrito por el Presidente Lobo como jefe de estado.
Tegucigalpa 9 de julio de 2011, Tegucigalpa MDC.
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