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| Foto ipys.org |
El 6 de febrero de 2011, Emilio Palacio, editor de la sección de Opinión del diario “El Universal” publicaba la columna “No a las mentiras” [1] , en la que acusaba a Rafael Correa, al que se refería como “el Dictador”, de “crímenes de lesa humanidad”.
Palacios sostenía que el Presidente ecuatoriano era responsable de las muertes y los heridos que se produjeron el día 30 de septiembre de 2010, durante la entrada de las fuerzas especiales en el Hospital de la Policía de Quito para rescatar a Rafael Correa, secuestrado por los policías amotinados.
Emilio Palacio aseveraba, en su artículo, que el Presidente había ordenado abrir fuego a discreción contra todos los que se encontraban en el hospital. En una entrevista con el canal “CNN en español” en abril de 2011, Palacio se reafirmaba en sus acusaciones y descartaba rectificar o aportar pruebas de sus imputaciones.
Leer: Ecuador y la SIP: ¿Asunto de "opinión"?
Antecedentes: el 30-S y la lucha por su interpretación
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Antecedentes: el 30-S y la lucha por su interpretación
El 30 de septiembre de 2010 diferentes regimientos de la Policía Nacional se declararon en huelga en Quito y otras ciudades importantes del país. Protestaban contra una Ley del servicio público que equiparaba las condiciones y salarios para todos los trabajadores del Estado. El amotinamiento pronto se convirtió en un levantamiento que desconoció la autoridad del Gobierno nacional y al que se unieron algunos sectores de la Fuerza Aérea, que tomó el Aeropuerto de Quito.
Tras un incidente en el Regimiento 1 de la policía de Quito donde había acudido a interpelar a los policías facciosos, el presidente Rafael Correa tuvo que ser trasladado, junto con otros miembros de su Gabinete, al cercano Hospital de la policía de Quito para ser atendido por los golpes sufridos y la intoxicación por gases lacrimógenos. Desde su entrada en el hospital, el recinto fue cerrado por la policía, que disparó munición real contra los manifestantes que acudieron a repudiar el Golpe de Estado y el secuestro del Presidente democráticamente elegido.
La crisis se cerró cuando, tras diversas negociaciones entre los mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, los golpistas, entre los que había importantes miembros de la derecha política, entendieron su aislamiento internacional y la carencia de un bloque social cohesionado de apoyo interno, y desistieron de la sustitución del Gobierno democrático por uno “de transición”, según el guión marcado por el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009.
El Presidente Rafael Correa estuvo toda la jornada del 30 de septiembre secuestrado por policías enmascarados, hasta que un Grupo de Operaciones Especiales entró en el Hospital para rescatarle, siendo recibidos con ráfagas de ametralladora por los policías sublevados. Durante la evacuación del presidente, su coche recibió numerosos impactos de bala que permiten pensar en un intento de magnicidio como complemento u objetivo secundario por parte de los sublevados contra la legalidad democrática.
Desde entonces, se ha venido desarrollando una intensa disputa política por la interpretación de lo sucedido el 30-S, que para el Gobierno y la izquierda constituye un intento de Golpe de Estado precipitado a partir de una insubordinación de una parte de la policía, y que la oposición conservadora presenta como unos incidentes desorganizados y manipulados por el Ejecutivo.
Las sucesivas victorias electorales y políticas de PAÍS y Rafael Correa en Ecuador han modificado de forma abrupta el escenario político nacional, produciendo una crisis de los partidos y las élites políticas tradicionales. En ausencia, por tanto, de fuerzas políticas robustas de oposición, los medios de comunicación empresariales, que ocupan la inmensa mayoría del espectro mediático nacional, han devenido en el principal actor de oposición a la reforma del Estado. En esa tarea, los medios de comunicación empresariales juegan un rol político de primer orden en la esfera pública, no en razón de su representatividad democrática sino del poder económico acumulado por las familias históricamente privilegiadas del país.
La querella y la condena contra El Universo y Rafael Palacio
Rafael Correa, a título individual, interpuso una querella por injurias calumniosas – equivalente al tipo de “calumnias” en España- contra el Diario El Universo, de alcance nacional pero directamente ligado al capital latifundista y agroexportador de Guayaquil, contra sus directivos y contra Rafael Palacio. Antes de eso, y en virtud de su derecho a la réplica reconocido en la Constitución Ecuatoriana y la Carta Iberoamericana de Derechos Humanos, había exigido sin éxito en repetidas ocasiones al diario la rectificación de las acusaciones dirigidas contra él, sin prueba alguna, en la columna del 6 de febrero, siempre sin éxito. La querella no estaba motivada por el apelativo reiterado de “Dictador” con el que Palacio se refería al Presidente ecuatoriano en su artículo del 6 de febrero, sino por la imputación de “crímenes de lesa humanidad” a Correa.
El pasado miércoles 20 de julio de 2011, el juez 15 de Garantías Penales emitía, tras la vista realizada en el Consejo Provincial de la Judicatura de Guayas, una sentencia condenatoria que dictaminaba tres años de prisión contra los dos directivos de “El Universo” Carlos, César y Nicolás Pérez y el editor Rafael Palacio, así como 30 millones de dólares en concepto de compensación y 10 millones de dólares de multa para el rotativo.
El juez Juan Paredes, en su sentencia, señala que tanto Palacio como los hermanos Pérez incurrieron en un delito de injurias calumniosas tipificado en el artículo del Código Penal, Palacios en grado de autor y los propietarios de El Universo en grado de autores coadyuvantes. Paredes dictaminaba así que había una diferencia fundamental entre la libertad de opinión y la atribución de delitos a terceros sin presentar pruebas que lo acreditasen, ampliamente fundamentada en jurisprudencia nacional e internacional.
Los condenados, que el día antes anunciaron la disposición a conciliar a la que se habían negado anteriormente, aunque sin reconocer responsabilidad alguna por las supuestas injurias, anunciaron que recurrirán la sentencia.
Reacciones nacionales e internacionales
Desde que se conoció la sentencia, los medios empresariales de comunicación han reaccionado denunciando el “ataque contra la libertad de expresión”. Los directivos de El Universo convocaron a un parón a los trabajadores de su periódico, que se convirtió en una manifestación contra el Gobierno a la que acudieron Jaime Nebot, importante empresario y alcalde de Guayaquil, y otras figuras destacadas de la oposición.
El Presidente de la República, por su parte, declaró que entregaría a las arcas públicas la totalidad de la indemnización que debía recibir. Manifestó su respeto a la decisión judicial. La apelación, en todo caso, se producirá en el mismo Consejo provincial de la Judicatura en la región de Guayas, donde el poder local históricamente asentado del Partido Social Cristiano y sus redes clientelares permearon profundamente la judicatura en el pasado, lo que deja abierto el interrogante sobre el proceso en marcha.
Gran parte de las críticas dirigidas contra el juez Paredes descansaban en el carácter supuestamente sospechoso de su celeridad para emitir sentencia en apenas 13 horas tras la vista. Olvidaban voluntariamente que el Coronel César Carrión, exjefe del Hospital de la Policía de Quito, fue absuelto del cargo de intento de magnicido el 30-S por el magistrado Hugo Sierra, presidente del Tribunal de Quito que empleó tan sólo 55 minutos de deliberación [2] . Otra línea principal de crítica ha estado orientada por el carácter de “suplente” del juez Paredes, a pesar de que sobre ese estatus el Ejecutivo no tenía responsabilidad alguna.
La polémica por la sentencia ha adquirido dimensión internacional, fundamentalmente por el posicionamiento del Departamento de Estado norteamericano, que manifestó por boca de un portavoz su “preocupación” por el “acoso a la prensa independiente” y su apoyo a las críticas de la Sociedad Interamericana de Prensa [3] .
Sin duda ha sido la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la organización que con más fuerza ha criticado el peligro de los supuestos ataques a la libertad de prensa, atacando no sólo la sentencia sino la propuesta de Ley de Medios de Comunicación, dirigida a combatir la concentración oligopólica de propiedad de imprentas y canales de radio y televisión.
Estas manifestaciones de la SIP han nutrido los ataques de la prensa empresarial contra el Gobierno, en la medida en que han sido tomadas como la posición de un organismo internacional de consideración similar a la ONU o la OEA. En ese sentido se expresa la visita de su presidente, el guatemalteco Gonzalo Marroquín, a Ecuador, exigiendo entrevistarse con el Presidente Rafael Correa, y en paralelo llamando a la “resistencia civil” de la ciudadanía ecuatoriana.
Sin embargo, la SIP no es un organismo internacional público ni una instancia neutral de mediación. Es un cártel internacional de propietarios de medios de comunicación privados que, como señalaba el canal de televisión argentino Visión 7, nació, con aliento estadounidense, enmarcada en el marco de la Guerra Fría y defendiendo la geopolítica “anticomunista” norteamericana en el continente, que justificaba intervenciones autoritarias y de guerra sucia dentro del contexto “contrainsurgente”, lo que le llevó a mantener lazos directos con algunos regímenes dictatoriales, especialmente en Centroamérica, como el de Jacobo Arbenz en Guatemala.
En ese sentido, los posicionamientos de la SIP, que obtienen a modo de profecía autocumplida un enorme eco en los medios de comunicación privados de toda la región, representan exclusivamente las posiciones de la patronal de los dueños de imprentas, un sector de propiedad altamente concentrada.
Existe así una metonimia deliberada al pretender que los intereses gremiales de los propietarios privados de medios coinciden y agotan el derecho general a la libertad de expresión. La SIP no está así exenta de conflicto de intereses, cuando defiende la concentración oligopólica de propiedad de medios. Su presidente, Gonzalo Marroquín, es un buen exponente de ello, en la medida en que su familia reúne cinco de los más importantes periódicos de Guatemala.
La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), aunque consideró “desmesurada” la sentencia, había reconocido ya, en un comunicado emitido el 1 de abril, la extrema virulencia de los ataques del Jefe de Opinión de El Universo contra Rafael Correa. Eric Samson, periodista de Radio Francia Internacional y representante de RSF en Ecuador, pese a no compartir la sentencia, señaló que “existe una diferencia entre opinar y acusar o difamar”. A juicio de Samson, llamar “dictador” a Correa puede ser una opinión extrema, pero legítima. Sin embargo, para acusarle de un delito –como ordenar asesinatos- hay que ser capaz de aportar pruebas [4] , o de lo contrario se incurre en un delito de injurias.
Evaluación política
La sentencia condenatoria de los directivos de El Universo y su exeditor de opinión es sin duda polémica, y debe enmarcarse en una dinámica de enfrentamiento creciente entre los medios de comunicación empresariales y el Gobierno ecuatoriano democráticamente elegido. Esta dinámica produce resultados ciertamente no deseables y excepcionales, como la reciente resolución judicial. No obstante, también resulta excepcional la virulencia de los ataques contra el Ejecutivo, desconocida en los sistemas políticos europeos. En general, en todo caso, es conveniente tratar de evitar una espiral ascendente de judicialización de la disputa política.
De hecho, existen en Europa numerosos ejemplos de sentencias condenatorias –en Inglaterra, Noruega o España- contra particulares o periodistas y medios de comunicación considerados responsables de la atribución de delitos sin probar o de atentados contra el honor contra personajes públicos o privados. Existe por tanto una amplia base jurídica en sistemas políticos democrático-liberales que indica que el derecho al honor constituye una variable que pondera la libertad de opinión.
En el escenario político ecuatoriano, y a la espera de lo que suceda con el recurso interpuesto por los directivos de El Universo, la pugna entre el Gobierno y los medios de comunicación empresariales seguirá marcando en gran medida la agenda política. De manera llamativa, la Coordinadora Plurinacional, con Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, se ha posicionado en contra de la postura del presidente Correa y ha manifestado su solidaridad para con El Universo, lo que muestra las dificultades de los grupos pequeños críticos para ubicarse en el nuevo escenario político sin gravitar hacia la oposición más conservadora.
Este es uno de los ejes fundamentales de la disputa por el Estado, entre el poder político emanado de la soberanía popular expresada en las urnas, y los sectores formalmente privados que constituyen sin embargo instituciones de importancia central en la esfera pública. Esta disputa determinará en gran medida el alcance y las sendas del proceso de transformación política democrática tras la crisis general del sistema político neoliberal ecuatoriano, y la emergencia del impulso constituyente cristalizado desde 2007 en el Gobierno de PAÍS.
Informe elaborado por la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) www.ceps.es
Notas:
[2] http://www.teleamazonas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11450:coronel-cesar-carrion-fue-absuelto-se-dispuso-su-libertad-inmediata&catid=50:noticias-nacionales&Itemid=88
[3] http://www.larepublica.ec/blog/politica/2011/07/21/departamento-de-estado-se-une-a-la-preocupacion-por-el-universo/
[4] http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=154321&umt=para_periodista_reporteros_sin_fronteras_hay_diferencia_entre_opinar_y_acusar_o_difamar
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