España: Los "indignados" de Barcelona protestan ante los mayores recortes sociales de la historia de Catalunya.

Por Diario Vasco GARA

Miles de personas trataron ayer de bloquear la sesión del Parlamento catalán en la que se debatieron los presupuestos de los recortes sociales del gobierno de Convegencia i Unio (CiU). Las protestas obligaron a los diputados catalanes a acceder al Hemiciclo camuflados en furgones policiales o en helicóptero. Quienes trataron de llegar a pie fueron increpados y, algunos, agredidos, lo que avivó la criminalización del movimiento. Las cuentas del «tijeretazo» salieron adelante gracias a la abstención del PP.

Escondidos en el interior de furgones policiales, sobrevolando a los manifestantes a bordo de un helicóptero o escoltados por un cordón policial, los parlamentarios catalanes lo tuvieron ayer difícil para acceder al interior de de la Cámara del Principat. 

Los «indignados», que protestaban contra los recortes sociales, trataron de bloquear la sesión en la que el Parlament debatía sobre los presupuestos. No lo consiguieron, pero sí que lograron llevar a las calles de Barcelona el creciente descontento ante el «tijeretazo» que el Gobierno de CiU trata de imponer en ámbitos como Sanidad o Educación.

Algunos hechos aislados (empujones o escupitajos) contra parlamentarios que intentaban atravesar la protesta a pie fueron aprovechados por medios de comunicación y políticos para criminalizar la protesta e instar a la represión contra los concentrados.  

No obstante, la jornada de ayer podría marcar un punto de inflexión para el movimiento. Tras semanas de debate sobre su continuidad y el desmantelamiento de las tiendas de Plaça de Catalunya, parece que los «indignados» habían encontrado en el marcaje a los políticos una vía para la continuidad de las movilizciones compatible con su descentralización en barrios. Su próxima cita, el 19 de junio, cuando se celebrará una manifestación contra los recortes.

Desde el martes por la noche, más de 4.000 personas permanecían acampadas en la Ciutadella con el objetivo de bloquear el Parlament. La concentración , que pretendía cerrar los accesos a la Cámara, estaba convocada a las 7.00 horas, así que los Mossos d´Esquadra (policía catalana) madrugaron para desalojarles. Alrededor de las 6.20 horas, agentes de la Policía Autonómica irrumpieron en el recinto y cargaron contra la protesta. «Las primeras cargas han sido las más duras, con continuas salvas con peloteros», indicó a GARA uno de los manifestantes, que subrayó que «a pesar de todo, la gente no ha retrocedido». En total, al menos 36 personas resultaron heridas durante la intervención policial, aunque ninguna de ellas de gravedad.

Los Mossos trataron de abrir un pasillo que permitiese el acceso a los parlamentarios. Aunque no fue fácil. Los diputados de las dos fuerzas más conservadoras, CiU y PP, optaron por entrar en la Cámara en el interior de furgones policiales, después de acercarse a las inmediaciones de la Ciutadella y comprobar el gran número de manifestantes que les aguardaba. Un total de 40 parlamentarios, entre los que se encontraban Oriol Pujol, actual portavoz parlamentario de los convergentes, o el ex presidente del Barça Joan Laporta, terminaron retrocediendo y acudiendo a una comisaría, desde donde fueron trasladados hasta el Parlament.

En helicóptero

No obstante, los principales líderes políticos optaron por sortear la protesta por vía aérea. El president, Artur Mas, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, o diversos consejeros, como el de Interior, Felip Puig, recurrieron a un helicóptero para sobrevolar a los concentrados y aterrizar en el interior del recinto de la Ciutadella. A los miembros del Gobierno se le sumaron otros líderes como el portavoz de ERC, Joan Puigcercós. En total, 32 aforados y 10 viajes en helicóptero.

Sin embargo, los momentos de mayor tensión se vivieron en la confluencia entre la avenida Meridiana y las calles Pujades y Wellington. Éste era el punto que los Mossos habían «limpiado» de manifestantes para permitir el acceso de los parlamentarios. Pero las cargas policiales no impidieron que decenas de personas hicieran llegar su indignación a los aforados.

Según recogía la agencia Efe, los Mossos d'Esquadra habían establecido un cordón para permitir el acceso de los diputados al Parlament, pero los manifestantes lograron acercarse a los representantes de los partidos políticos, a algunos de los cuales se les rodeó, insultó y se les lanzó pintura.

Uno de los más afectados por el lanzamiento de pintura fue el diputado de ICV y ex conseller de Interior, Joan Saura, a quien le pintaron la nuca con spray. Lo mismo que le ocurrió a la ex consellera de Justicia, Montserrat Tura (PSC), que fue marcada con una X en la espalda. 

No obstante, éstos fueron incidentes aislados que, tal y como señalaba el periodista David Fernández, «no estaban previstos». En ese mismo sentido, Hibai Arbide, uno de los portavoces de la protesta, señaló que estas actuaciones «se salen del consenso» de lo debatido en las asambleas.

Sensación de normalidad

La principal obsesión de Artur Mas era generar una sensación de normalidad. Y esto motivó que el pleno comenzase pocos minutos después de las 10.00 horas, a pesar de que buena parte de los diputados todavía no habían ocupado su escaño. De hecho, la sesión tuvo que suspenderse durante unos minutos a la espera que los aforados lograsen acceder hasta el Parlament.

Con la mayoría de diputados en el interior del Hemiciclo, los incidentes se extendieron por las calles aledañas, donde se registraron cargas esporádicas. Finalmente, varios centenares de personas celebraron una asamblea en la que se decidió mantener la protesta hasta la salida de los parlamentarios para después desplazarse en manifestación hasta la Plaça de Sant Jaume, donde se encuentran las sedes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat.

Por la tarde, cientos de personas marcharon por el centro de la capital del Principat. En ese momento, los manifestantes se dividieron en dos grupos: el primero se mantuvo en Sant Jaume, mientras que el segundo se concentró en las inmediaciones del Parlament, donde fueron detenidas al menos cinco personas. Finalmente, una marcha tras una pancarta con el lema «Em perdut la por (hemos perdido el miedo)» avanzó hasta la Cámara en el momento en el que los diputados la abandonaban. A pesar de ello, los «indignados» no lograron paralizar la salida de los aforados.

La jornada de ayer podría marcar un punto de inflexión en un movimiento que, en los últimos tiempos, ha buscado cómo mantenerse. El debate sobre los incidentes aparece como un intento de dividir el movimiento. Ante estas tentaciones, Hibai Arbide reivindicó que «ésta ha sido una acción no violenta estricta». En este sentido, los incidentes registrados a primera hora de la mañana, que desde la asamblea se calificaron como «aislados», fueron la excusa utilizada por medios de comunicación y representantes políticos para cargar contra los «indignados». 

El primero de ellos fue el president, Artur Mas, que aprovechó para amenazar con nuevas cargas policiales. «Se han traspasado las líneas rojas», aseguró Mas, que llegó a pedir «comprensión» ante una posible respuesta policial.

Al discurso beligerante de Mas se sumó Felip Puig, conseller de Interior, que sacó pecho y defendió el brutal intento de desalojo de la Plaça de Catalunya del pasado 27 de mayo, que dejó un saldo de 121 heridos.

Curiosamente, los grupos parlamentarios, que no acordaron ningún tipo de condena de la intervención policial de mayo, sí que pactaron ayer rechazar las protestas. «Esto evidencia el divorcio entre la sociedad civil y la clase política», señalaba ayer David Fernández.

El debate sobre los incidentes ocurridos en el exterior del Parlament permitió desviar la atención sobre el hecho de que la derecha catalana y española se unieran ayer para sacar adelante los presupuestos «más regresivos de los últimos 30 años», tal y como indicó Fernández. 

La abstención del PP (y el apoyo de Joan Laporta) tumbaron las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Un paso más para el «tijeretazo» de CiU, que se ceba especialmente con la Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales y que se aprobará definitivamente el próximo 21 de junio.