Por TeleSUR
El proceso para la exhumación de los restos del ex presidente chileno Salvador Allende inició este lunes en Santiago, luego de casi 30 años, para determinar las circunstancias de su muerte durante el golpe militar de 1973. El féretro fue abierto para fotografiar el cuerpo, posteriormente fue enviado al Servicio Médico Legal (SML).
El juez Mario Carroza, que encabeza las investigaciones de las ejecuciones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet, señaló que el proceso de la exhumación se inició a las 07H30 locales (11H30 GMT) en el Cementerio General de Santiago (capital chilena).
Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Legal, con el fin de determinar el motivo de su deceso durante el 11 de septiembre de 1973.
El juez Mario Carroza, que encabeza las investigaciones de las ejecuciones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet, señaló que el proceso de la exhumación se inició a las 07H30 locales (11H30 GMT) en el Cementerio General de Santiago (capital chilena).
Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Legal, con el fin de determinar el motivo de su deceso durante el 11 de septiembre de 1973.
El procedimiento estuvo custodiado por los Carabineros (Policía chilena), y sólo hicieron acto de presencia en la apertura del mausoleo los familiares y la prensa.
La corresponsal de teleSUR en Chile, Beatriz Michell informó que en el proceso de exhumación “estuvieron alrededor de 16 peritos, que se demoraron un poco para abrir el féretro”.
El grupo de peritos estuvo encabezado por el doctor Patricio Bustos, director del SML. “El procedimiento consistía en abrir la urna, fotografiar los restos para verificar su contenido y luego enviarlos al Servicio Médico Legal”, señaló Michell.
El grupo de peritos estuvo encabezado por el doctor Patricio Bustos, director del SML. “El procedimiento consistía en abrir la urna, fotografiar los restos para verificar su contenido y luego enviarlos al Servicio Médico Legal”, señaló Michell.
La exhumación no irá acompañada de una nueva autopsia al cadáver del ex mandatario, sino que será sometido a otros peritajes para tratar de dilucidar las causas de su muerte.
Aunque la versión oficial señaló en su momento que el ex mandatario se “suicidó” el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe militar, algunas versiones desmienten dicha información. Es por eso que la Justicia chilena ordenó el pasado 27 de enero investigar tanto la muerte de Allende, como las de sus colaboradores que fallecieron durante el ataque al Palacio La Moneda (sede del Gobierno).
Aunque la versión oficial señaló en su momento que el ex mandatario se “suicidó” el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe militar, algunas versiones desmienten dicha información. Es por eso que la Justicia chilena ordenó el pasado 27 de enero investigar tanto la muerte de Allende, como las de sus colaboradores que fallecieron durante el ataque al Palacio La Moneda (sede del Gobierno).
Ese bombardeo fue liderado por Augusto Pinochet con el apoyo de miembros de la Agencia Central de Información de Estados Unidos (CIA).
Tras su fallecimiento , el cuerpo de Allende fue sometido a una necropsia antes de que sus restos fueran trasladados a la ciudad costera de Viña del Mar, a unos 125 kilómetros de Santiago de Chile.
En 1990, el cadáver fue exhumado y trasladado a la capital chilena. En esa ocasión se le realizó una segunda autopsia. La decisión judicial forma parte de un esfuerzo de la Corte Suprema por investigar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas en la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y partidos de izquierda, han abogado porque se determine si el fallecimiento de Allende fue suicidio u homicidio.
El caso del ex presidente Allende, líder de la Unidad Popular (UP) se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos que fueron presentadas en enero pasado por la fiscal Beatriz Pedrals ante el juez especial Mario Carroza, en su calidad de representante del Ministerio Público Judicial.
Las causas presentadas corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet. Anteriormente, no se habían abierto acciones judiciales por estos hechos.
En 1990, el cadáver fue exhumado y trasladado a la capital chilena. En esa ocasión se le realizó una segunda autopsia. La decisión judicial forma parte de un esfuerzo de la Corte Suprema por investigar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas en la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y partidos de izquierda, han abogado porque se determine si el fallecimiento de Allende fue suicidio u homicidio.
El caso del ex presidente Allende, líder de la Unidad Popular (UP) se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos que fueron presentadas en enero pasado por la fiscal Beatriz Pedrals ante el juez especial Mario Carroza, en su calidad de representante del Ministerio Público Judicial.
Las causas presentadas corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet. Anteriormente, no se habían abierto acciones judiciales por estos hechos.
No aceptan la versión de suicidio
Carolina Toha, hija del ministro de Interior del Gobierno de Allende, José Tohá, señaló en entrevista para teleSUR que existen más de 700 casos de chilenos que murieron en la dictadura de Pinochet. “Todas las personas que conocieron los antecedentes de estos hechos sostuvieron muchas dudas de estas muertes y no aceptamos la versión de suicidios”.
“Hay antecedentes mucho más profundos y ahora el camino que queremos recorrer es saber realmente qué fue lo que pasó, confiamos en que la justicia nos va hacer saber esa verdad”, indicó.
Para Toha, conocer la verdad de la muerte de Allende, de su padre y demás víctimas de la dictadura de Pinochet “es reparador para todas las familias y también para la democracia en Chile”.
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