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| Foto G. Trucchi |
Audiencias públicas en Washington evidenciaron la falta de argumentos de las instituciones hondureñas
Por Giorgio Trucchi
El 141 período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) significó una nueva y aplastante derrota para la delegación del régimen hondureño, que viajó a Washington, Estados Unidos, para tratar de rebatir, sin mayores resultados, la avalancha de señalamientos vertidos por las organizaciones sociales y los ofendidos.
La criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos, la situación de los magistrados y jueces separados de su cargo y el uso desproporcionado de la fuerza por la Policía y el Ejército, fueron los tres temas abordados por la CIDH durante la audiencia pública sobre Honduras que se realizó el día de ayer (25/3) en Washington.
Según las organizaciones hondureñas que solicitaron la audiencia, el régimen hondureño salió aplazado, evidenciando su incapacidad y falta de argumentos antes las acusaciones presentadas.
“Durante la audiencia quedaron evidenciadas la incapacidad de la delegación del Estado de Honduras y la manipulación que hicieron de la realidad”, dijo la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva.
Según la defensora de derechos humanos, ver la actuación del Estado de Honduras fue muy triste.
“Da tristeza ver como estas personas actuaron con tanta negligencia y parcialismo. En este sentido -continuó Oliva- quedó claramente evidenciado el estado de indefensión en que nos encontramos.
En las tres audiencias sobre Honduras se pudo demostrar que existe un Estado fallido y que no tenemos institucionalidad en el país”, explicó la coordinadora del COFADEH, agregando su preocupación por la presencia de militares en la delegación.
En efecto, en varias ocasiones los mismos comisionados de la CIDH expresaron su inconformidad con los débiles planteamientos presentados, exigiendo al Estado de Honduras aclarar las múltiples contradicciones que se dieron a lo largo de las audiencias temáticas.
“Una vez más quedó al descubierto la complicidad de las instituciones con los delitos que se han venido cometiendo a partir del golpe de Estado y el recrudecimiento de las violaciones a los derechos Humanos.
Además, llegaron al absurdo de querer vender una imagen de tranquilidad, reconciliación y respeto de los derechos humanos, culpando a las organizaciones de derechos humanos por el simple hecho de no querernos plegar a fortalecer la impunidad.
Mientras hacían esto -continuó Oliva- , en todo el país la protesta de la gente era reprimida con violencia. Ya son seis días de represión constante contra el magisterio y la población en resistencia”.
Para la magistrada destituida Tirza Flores Lanza, la audiencia evidenció también el doble discurso del gobierno.
“Por un lado Porfirio Lobo se manifestó públicamente contra los despidos de los jueces, pero envía en representación del Estado a una de las magistradas que integró el Pleno que nos despidió, y que sigue insistiendo que nuestros despidos fueron legales.
Nosotros asumimos una posición totalmente contraria a la de la Corte Suprema de Justicia que defendió el golpe, y es por eso que nos despidieron. Quisieron sentar un precedente y enviar un mensaje de intimidación a los jueces. Tal como lo dijo la ONU, nuestro despido fue un atentado que socava la independencia judicial”, sentenció Flores.
Según la magistrada, en la audiencia el Estado quedó definitivamente aplazado. “No tienen argumentos legales y están tratando de justificar lo injustificable, igual como trataron de hacerlo al querer decir que a un golpe de Estado se le puede llamar ‘sucesión constitucional’”, concluyó.
Para los próximos meses se espera que la CIDH se pronuncie sobre los temas que fueron debatidos durante las audiencias.
Por Giorgio Trucchi
El 141 período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) significó una nueva y aplastante derrota para la delegación del régimen hondureño, que viajó a Washington, Estados Unidos, para tratar de rebatir, sin mayores resultados, la avalancha de señalamientos vertidos por las organizaciones sociales y los ofendidos.
La criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos, la situación de los magistrados y jueces separados de su cargo y el uso desproporcionado de la fuerza por la Policía y el Ejército, fueron los tres temas abordados por la CIDH durante la audiencia pública sobre Honduras que se realizó el día de ayer (25/3) en Washington.
Según las organizaciones hondureñas que solicitaron la audiencia, el régimen hondureño salió aplazado, evidenciando su incapacidad y falta de argumentos antes las acusaciones presentadas.
“Durante la audiencia quedaron evidenciadas la incapacidad de la delegación del Estado de Honduras y la manipulación que hicieron de la realidad”, dijo la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva.
Según la defensora de derechos humanos, ver la actuación del Estado de Honduras fue muy triste.
“Da tristeza ver como estas personas actuaron con tanta negligencia y parcialismo. En este sentido -continuó Oliva- quedó claramente evidenciado el estado de indefensión en que nos encontramos.
En las tres audiencias sobre Honduras se pudo demostrar que existe un Estado fallido y que no tenemos institucionalidad en el país”, explicó la coordinadora del COFADEH, agregando su preocupación por la presencia de militares en la delegación.
En efecto, en varias ocasiones los mismos comisionados de la CIDH expresaron su inconformidad con los débiles planteamientos presentados, exigiendo al Estado de Honduras aclarar las múltiples contradicciones que se dieron a lo largo de las audiencias temáticas.
“Una vez más quedó al descubierto la complicidad de las instituciones con los delitos que se han venido cometiendo a partir del golpe de Estado y el recrudecimiento de las violaciones a los derechos Humanos.
Además, llegaron al absurdo de querer vender una imagen de tranquilidad, reconciliación y respeto de los derechos humanos, culpando a las organizaciones de derechos humanos por el simple hecho de no querernos plegar a fortalecer la impunidad.
Mientras hacían esto -continuó Oliva- , en todo el país la protesta de la gente era reprimida con violencia. Ya son seis días de represión constante contra el magisterio y la población en resistencia”.
Para la magistrada destituida Tirza Flores Lanza, la audiencia evidenció también el doble discurso del gobierno.
“Por un lado Porfirio Lobo se manifestó públicamente contra los despidos de los jueces, pero envía en representación del Estado a una de las magistradas que integró el Pleno que nos despidió, y que sigue insistiendo que nuestros despidos fueron legales.
Nosotros asumimos una posición totalmente contraria a la de la Corte Suprema de Justicia que defendió el golpe, y es por eso que nos despidieron. Quisieron sentar un precedente y enviar un mensaje de intimidación a los jueces. Tal como lo dijo la ONU, nuestro despido fue un atentado que socava la independencia judicial”, sentenció Flores.
Según la magistrada, en la audiencia el Estado quedó definitivamente aplazado. “No tienen argumentos legales y están tratando de justificar lo injustificable, igual como trataron de hacerlo al querer decir que a un golpe de Estado se le puede llamar ‘sucesión constitucional’”, concluyó.
Para los próximos meses se espera que la CIDH se pronuncie sobre los temas que fueron debatidos durante las audiencias.
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