Burda campaña mediática trata de justificar el despliegue militar impuesto por Porfirio Lobo
por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Dos semanas después de la masacre de cinco miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), a manos de las guardias de seguridad del productor palmero Miguel Facussé Barjum, la zona del Bajo Aguán vive una nueva pesadilla. La bota militar volvió a pisar esas tierras fértiles que fueron usurpadas para implementar el monocultivo de palma africana. En medio de una campaña mediática que criminaliza la lucha campesina para el acceso a la tierra, las organizaciones de la zona alertan sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días.
El Bajo Aguán está nuevamente militarizado. Respaldado por una feroz campaña mediática de los principales medios de comunicación, que denuncian la presencia de grupos irregulares armados y la infiltración terrorista en las organizaciones campesinas de la zona, Porfirio Lobo ha anunciado que va a resolver personalmente el problema.
Centenares de efectivos policiales y militares fueron enviados a la zona, se tomaron las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) y montaron retenes en todas las carreteras, supuestamente en búsqueda de armas de las que aún no hay rastro alguno.
“Porfirio Lobo emitió un decreto con el que intervino administrativamente el INA, en búsqueda de supuestas irregularidades. Las instalaciones siguen tomadas por el Ejército y la Policía, y a diario llegamos a la institución para ver si nos dejan entrar a trabajar”, explicó a Sirel, la presidenta de la seccional de Tocoa del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), Esly Banegas.
A la comisión interventora, encabezada por el director del Instituto de la Propiedad (IP), Pompeyo Bonilla y el Viceministro del Interior, José Zelaya, se le otorgó también la facultad de remover o suspender a los trabajadores.
“Ya no están hablando de buscar armas, sino que comenzaron a revisar las informaciones contenidas en las computadoras y hasta pidieron su decomiso. Nuestro temor -continuó Banegas- es que el verdadero objetivo es enterrar a la institución y acabar con el Sindicato”.
Para la directiva del SITRAINA, esta grave situación acontece en medio de una fuerte campaña mediática de atemorización de la gente y criminalización de los movimientos sociales y campesinos.
“Es un recrudecimiento de la estrategia para defender los intereses de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales. Son ellos que los que mandan y lo van a hacer a punta de armas”, alertó Banegas.
Un plan hegemónico
Según Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y de la UITA, la crisis que se está viviendo en el Bajo Aguán es algo más complejo de lo que se puede creer.
“Desmontaron la reforma agraria, promueven los monocultivos que benefician a los grandes terratenientes, aprobaron leyes que privatizan el sector público que legalizan el trabajo temporal y arrebatan los derechos de los trabajadores.
Es claro -continuó Reyes- que en el país no son las instituciones las que gobiernan, sino una dictadura, un grupo hegemónico golpista que les dicta órdenes, como la de reprimir al pueblo, de criminalizar y satanizar la protesta social.
Hoy más que nunca es necesario luchar por una Constituyente para refundar nuestro país”, concluyó el dirigente sindical.
Yoni Rivas, secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), responsabilizó a Porfirio Lobo y a los que controlan los hilos de su política errática en el Bajo Aguán, de estar generando una situación insostenible.
“Tratamos de volver a nuestras labores en los proyectos de desarrollo alimentario que tenemos en los terrenos del INA, pero no fue posible porque no hay ninguna garantía de seguridad.
Hay un montaje permanente para desprestigiar al movimiento campesino, vinculándolo con supuestos grupos armados. Condenamos la actitud del señor Porfirio Lobo porque se está prestando a un juego muy peligroso”, dijo Rivas.
El dirigente del MUCA alertó también sobre el peligro que se cierne sobre las organizaciones sociales y campesinas.
“Estamos viviendo días sumamente tensos, sin embargo seguimos exigiendo que se derogue la Ley de Modernización Agrícola, que reconcentró las tierras en pocas manos, y que se implemente una reforma agraria integral.
Queremos producir para garantizar la seguridad alimentaria en la región y en el país. ¡Basta ya de los monopolios de quienes se adueñaron fraudulentamente de las tierras!
Y si estos militares y policías, entrenados a disparar contra un pueblo indefenso, vienen a desalojarnos, una vez más quedará demostrado ante el mundo que aquí no es el Presidente él que manda, sino los poderes fácticos del país”, concluyó Rivas.
por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Dos semanas después de la masacre de cinco miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), a manos de las guardias de seguridad del productor palmero Miguel Facussé Barjum, la zona del Bajo Aguán vive una nueva pesadilla. La bota militar volvió a pisar esas tierras fértiles que fueron usurpadas para implementar el monocultivo de palma africana. En medio de una campaña mediática que criminaliza la lucha campesina para el acceso a la tierra, las organizaciones de la zona alertan sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días.
El Bajo Aguán está nuevamente militarizado. Respaldado por una feroz campaña mediática de los principales medios de comunicación, que denuncian la presencia de grupos irregulares armados y la infiltración terrorista en las organizaciones campesinas de la zona, Porfirio Lobo ha anunciado que va a resolver personalmente el problema.
Centenares de efectivos policiales y militares fueron enviados a la zona, se tomaron las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) y montaron retenes en todas las carreteras, supuestamente en búsqueda de armas de las que aún no hay rastro alguno.
“Porfirio Lobo emitió un decreto con el que intervino administrativamente el INA, en búsqueda de supuestas irregularidades. Las instalaciones siguen tomadas por el Ejército y la Policía, y a diario llegamos a la institución para ver si nos dejan entrar a trabajar”, explicó a Sirel, la presidenta de la seccional de Tocoa del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), Esly Banegas.
A la comisión interventora, encabezada por el director del Instituto de la Propiedad (IP), Pompeyo Bonilla y el Viceministro del Interior, José Zelaya, se le otorgó también la facultad de remover o suspender a los trabajadores.
“Ya no están hablando de buscar armas, sino que comenzaron a revisar las informaciones contenidas en las computadoras y hasta pidieron su decomiso. Nuestro temor -continuó Banegas- es que el verdadero objetivo es enterrar a la institución y acabar con el Sindicato”.
Para la directiva del SITRAINA, esta grave situación acontece en medio de una fuerte campaña mediática de atemorización de la gente y criminalización de los movimientos sociales y campesinos.
“Es un recrudecimiento de la estrategia para defender los intereses de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales. Son ellos que los que mandan y lo van a hacer a punta de armas”, alertó Banegas.
Un plan hegemónico
Según Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y de la UITA, la crisis que se está viviendo en el Bajo Aguán es algo más complejo de lo que se puede creer.
“Desmontaron la reforma agraria, promueven los monocultivos que benefician a los grandes terratenientes, aprobaron leyes que privatizan el sector público que legalizan el trabajo temporal y arrebatan los derechos de los trabajadores.
Es claro -continuó Reyes- que en el país no son las instituciones las que gobiernan, sino una dictadura, un grupo hegemónico golpista que les dicta órdenes, como la de reprimir al pueblo, de criminalizar y satanizar la protesta social.
Hoy más que nunca es necesario luchar por una Constituyente para refundar nuestro país”, concluyó el dirigente sindical.
Yoni Rivas, secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), responsabilizó a Porfirio Lobo y a los que controlan los hilos de su política errática en el Bajo Aguán, de estar generando una situación insostenible.
“Tratamos de volver a nuestras labores en los proyectos de desarrollo alimentario que tenemos en los terrenos del INA, pero no fue posible porque no hay ninguna garantía de seguridad.
Hay un montaje permanente para desprestigiar al movimiento campesino, vinculándolo con supuestos grupos armados. Condenamos la actitud del señor Porfirio Lobo porque se está prestando a un juego muy peligroso”, dijo Rivas.
El dirigente del MUCA alertó también sobre el peligro que se cierne sobre las organizaciones sociales y campesinas.
“Estamos viviendo días sumamente tensos, sin embargo seguimos exigiendo que se derogue la Ley de Modernización Agrícola, que reconcentró las tierras en pocas manos, y que se implemente una reforma agraria integral.
Queremos producir para garantizar la seguridad alimentaria en la región y en el país. ¡Basta ya de los monopolios de quienes se adueñaron fraudulentamente de las tierras!
Y si estos militares y policías, entrenados a disparar contra un pueblo indefenso, vienen a desalojarnos, una vez más quedará demostrado ante el mundo que aquí no es el Presidente él que manda, sino los poderes fácticos del país”, concluyó Rivas.
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