Justicia climática: empresas condenadas ética y moralmente por delitos ambientales

Contundente sentencia a pocas semanas de la COP 16 en Cancún

por Giorgio Trucchi

Los días 29 y 30 de octubre se realizó en Managua, Nicaragua, una sesión del Tribunal Centroamericano de Justicia Climática, instancia conformada por  importantes personalidades de la región, que se propone de “dar voz a los sin voz”, evidenciando y demostrando como empresas nacionales, transnacionales, gobiernos nacionales y municipales, en su lógica de desarrollo, están afectando gravemente al medioambiente, haciendo más vulnerable la región ante el cambio climático.

Durante la sesión del Tribunal, los jueces encontraron culpables a ocho entre empresas, Estados centroamericanos y gobiernos municipales, evidenciando claramente un sinnúmero de violaciones y afectaciones al medioambiente, que están contribuyendo a una mayor vulnerabilidad de la región ante el cambio climático.

“Hemos evidenciado y demostrado claramente como estos sujetos están destruyendo los ecosistemas, el medioambiente, los bienes comunes. Se han presentado ocho casos, entre ellos los de la empresa española Pescanova en Nicaragua (Chinandega), de la empresa minera canadiense Infinito Gold Ltd. en Costa Rica (Las Crucitas), del Grupo Pellas en Nicaragua (Ingenio San Antonio – Chichigalpa) y de la transnacional anglo-holandesa Unilever, siempre en Nicaragua (palma africana – Río San Juan)”, dijo William Rodríguez, del Movimiento Social Nicaragüense “Otro Mundo es Posible” y Fiscal de la sesión del Tribunal.

También se abordaron los casos de la empresa público-privada Hidrogesa en Nicaragua, de la transnacional suiza Holcim, de las transnacionales norteamericanas Dole y Dow Chemical y de la anglo-holandés Shell en Nicaragua (Caso Nemagón), entre otros.

“Los testigos acusaron a estas empresas y a algunos gobiernos de violentar convenios internacionales que obligan a consultar a las poblaciones, antes de poner en marcha estos proyectos. En todos estos casos –continuó Rodríguez– las comunidades y los municipios no fueron tomados en cuenta.

Están convirtiendo a Centroamérica en un desierto y esto pone en peligro el Corredor Biológico Centroamericano, nos expone más a los efectos del cambio climático.

No son nuestros pueblos los responsables, sino las empresas globalizadas del Norte que han instalado sus industrias en nuestros países. Debemos demandar y exigir una reparación del daño, una indemnización por la deuda ecológica que implica todo esto. En este sentido –subrayó el miembro del Movimiento Social Nicaragüense– es vital tener una resolución positiva para los pueblos, para elevarlas a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos”, dijo.

El también Fiscal de la sesión del Tribunal Centroamericano de Justicia Climática, tomó como ejemplo la denuncia presentada por la Fundación del Río contra Palcasa SA (Unilever), empresa que ha impulsado el cultivo de miles de hectáreas de palma africana en la zona sur de Nicaragua.

“Este proyecto está afectando buena parte de la Reserva de ‘SI-A-PAZ’. Para nosotros es muy peligroso, porque rompe la conectividad biológica en la región. En este sentido –continuó–, el Tribunal reivindica la lucha de los pueblos, la pone en evidencia, porque nunca han sido escuchados, ni tomados en cuenta. Son crímenes de lesa naturaleza y por lo tanto, hay que condenarlos a nivel nacional e internacional”.

Después de dos días de trabajo, durante los cuales organizaciones y comunidades presentaron las pruebas de estas violaciones, el jurado, conformado por el sociólogo belga François Houtart, el catedrático cubano Armando Chaguaceda, el coordinador de Acción Global Nicaragua, Clemente José Martínez y el especialista en temas ambientales, William Montiel, dictó su condena contra las ocho empresas nacionales e transnacionales, y los Estados de Nicaragua y Costa Rica.

Copia de la sentencia será enviada a los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica, a los de los países donde las empresas tienen sus casas matrices, a las empresas acusadas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los Organismos financieros internacionales indicados en la sentencia misma.