Agronegocios, monocultivos, latifundismo y la lucha del campesinado por el acceso a la tierra son factores clave en esta historia.
Giorgio Trucchi - ALBA SUD
El pasado 15 de noviembre 2010, la violencia irracional y despiadada de quienes pretenden erigirse como dueños absolutos del país enlutó nuevamente la zona del Bajo Aguán, en el norte de Honduras.
Cinco campesinos - Teodoro Acosta, Ignacio Reyes, Raúl Castillo, Ciriaco Muñoz y José Luis Saucedo Pastrana – fueron masacrados por las guardias privadas del productor palmero y presidente de Corporación Dinant, Miguel Facussé Barjum. Cuerpos paramilitares que dispararon sin mediar palabras con armas de grueso calibre contra campesinos del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), quienes luchan para recuperar las tierras que les fueron usurpadas por terratenientes sin escrúpulos.
Unos pocos grupos de poder y familias que controlan la vida económica y política del país, y que en algunos casos expanden su poder a través del monocultivo de palma africana. Esa nueva masacre se enmarca en un contexto de falta casi total de acceso a la tierra para decenas de miles de familias campesinas. Donde a la justa aspiración de poder alcanzar una reforma agraria integral, una vida y un salario digno, se le responde con balas, persecución, violencia y muerte.
Tierra rica, gente pobre
El sector agropecuario en Honduras contribuye entre el 26 y 28 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y según datos del Banco Mundial y de la FAO, más de un tercio de su territorio es constituido por tierras cultivables y pastizales, y es el segundo país de la región en cuanto a la relación entre tierras cultivables y población (alrededor de 0,28 hectáreas por habitante).
Pese a esa gran disponibilidad de tierra y la elevada intensidad de mano de obra por actividad agrícola, sobre todo en la producción de cultivos de exportación (banano, café, carne, productos lácteos, azúcar y aceite de palma), 300 mil familias – aproximadamente 1,5 millones de personas que representan más de la mitad de la población rural – continúan sin tener acceso a la tierra, mientras que otras 200 mil poseen apenas entre 1 y 3,5 hectáreas (SARA - Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria 2009).
Tierra rica, gente pobre
El sector agropecuario en Honduras contribuye entre el 26 y 28 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y según datos del Banco Mundial y de la FAO, más de un tercio de su territorio es constituido por tierras cultivables y pastizales, y es el segundo país de la región en cuanto a la relación entre tierras cultivables y población (alrededor de 0,28 hectáreas por habitante).
Pese a esa gran disponibilidad de tierra y la elevada intensidad de mano de obra por actividad agrícola, sobre todo en la producción de cultivos de exportación (banano, café, carne, productos lácteos, azúcar y aceite de palma), 300 mil familias – aproximadamente 1,5 millones de personas que representan más de la mitad de la población rural – continúan sin tener acceso a la tierra, mientras que otras 200 mil poseen apenas entre 1 y 3,5 hectáreas (SARA - Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria 2009).
Esta dramática situación ha aumentado los niveles de pobreza y pobreza extrema de un país enormemente rico en recursos naturales.
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