por Daniel Gatti - Rel-UITA
La ley que consagró la impunidad de los violadores a los derechos humanos en Uruguay será letra muerta en las próximas semanas, declaró a Sirel el abogado y senador Oscar López Goldaracena, uno de los referentes de la campaña por la anulación de esta ley.
La bancada parlamentaria del oficialista Frente Amplio (FA) se puso de acuerdo en un proyecto que sería aprobado por ambas cámaras en el correr del mes de octubre, justo a tiempo para evitar una condena a Uruguay por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El lunes 4 ese organismo se reúne en Quito para examinar oralmente una denuncia presentada por Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija nacida en cautiverio de María Claudia García de Gelman, secuestrada en Buenos Aires en 1976 y asesinada en Montevideo tras dar a luz.
El proyecto fue trabajosamente negociado en el marco de una comisión que reunió a representantes de los distintos espacios políticos que coexisten en la coalición progresista de gobierno. “Yo hubiera preferido que la ley de impunidad fuera lisa y llanamente anulada, pero en el Frente Amplio existen diferentes culturas políticas, ideológicas y jurídicas y algunas no están a favor de la nulidad. Finalmente se llegó a un texto que permitirá satisfacer la necesidad de suprimir esta aberración jurídica”, señaló López Goldaracena.
El acuerdo se traduce en una interpretación de la Constitución de la República y de la propia ley de impunidad, adoptada en 1986 bajo el nombre de ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Un artículo de la Constitución, el 72, llamado “norma ventana” por López Goldaracena, porque “permite darle rango constitucional a todos los derechos inherentes a la persona humana y a la forma republicana de gobierno”, incluso a aquellos que no están descritos en la propia Carta, fue interpretado de manera tal que se consagra a texto expreso “el derecho a no ser desaparecido, el derecho a no ser torturado, y el derecho y el deber de indagar, perseguir, juzgar y castigar crímenes de lesa humanidad”.
La ley que consagró la impunidad de los violadores a los derechos humanos en Uruguay será letra muerta en las próximas semanas, declaró a Sirel el abogado y senador Oscar López Goldaracena, uno de los referentes de la campaña por la anulación de esta ley.
La bancada parlamentaria del oficialista Frente Amplio (FA) se puso de acuerdo en un proyecto que sería aprobado por ambas cámaras en el correr del mes de octubre, justo a tiempo para evitar una condena a Uruguay por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El lunes 4 ese organismo se reúne en Quito para examinar oralmente una denuncia presentada por Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija nacida en cautiverio de María Claudia García de Gelman, secuestrada en Buenos Aires en 1976 y asesinada en Montevideo tras dar a luz.
El proyecto fue trabajosamente negociado en el marco de una comisión que reunió a representantes de los distintos espacios políticos que coexisten en la coalición progresista de gobierno. “Yo hubiera preferido que la ley de impunidad fuera lisa y llanamente anulada, pero en el Frente Amplio existen diferentes culturas políticas, ideológicas y jurídicas y algunas no están a favor de la nulidad. Finalmente se llegó a un texto que permitirá satisfacer la necesidad de suprimir esta aberración jurídica”, señaló López Goldaracena.
El acuerdo se traduce en una interpretación de la Constitución de la República y de la propia ley de impunidad, adoptada en 1986 bajo el nombre de ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Un artículo de la Constitución, el 72, llamado “norma ventana” por López Goldaracena, porque “permite darle rango constitucional a todos los derechos inherentes a la persona humana y a la forma republicana de gobierno”, incluso a aquellos que no están descritos en la propia Carta, fue interpretado de manera tal que se consagra a texto expreso “el derecho a no ser desaparecido, el derecho a no ser torturado, y el derecho y el deber de indagar, perseguir, juzgar y castigar crímenes de lesa humanidad”.
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