Red Morazánica de Información
El dictador Roberto Micheletti Baín y el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, fueron denunciados hoy, ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos por los delitos de “asesinato, tortura y/o detención ilegal de 439 personas adultas y de 43 niños y niñas”, durante el mes de julio de 2009, en el departamento de El Paraíso.
La denuncia es también contra la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, los generales Luis Javier Prince, Miguel Ángel García, Juan Pablo Rodríguez y Venancio Cervantes, lo mismo que contra el ex ministro de Defensa, Adolfo Leonel Sevilla y el ex ministro de Seguridad Jorge Rodas Gomero.
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras CIPRODEH, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ, y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras ERIC-SJ, han interpuesto la denuncia ante la fiscalía.
Los denunciantes piden que oportunamente se presente Requerimiento Fiscal contra los señalados, así mismo solicitar las ordenes de captura “por suponerlos responsables de un delito de asesinato, y de múltiples comportamiento constitutivos de abuso de autoridad, discriminación, torturas, detención ilegal y daños”, cometidos en perjuicio de Pedro Magdiel Muñoz Salvador y cientos de ciudadanos.
Según el director ejecutivo de CIPRODEH, Wilfredo Méndez, la denuncia se interpone por las “violaciones sistemáticas y múltiples”, de los derechos humanos, ocurridas durante los interminables toques de queda aplicados por la dictadura, que afectaron el departamento de El Paraíso.
Muñoz Salvador, fue detenido por policías y militares, la tarde del viernes 24 de julio, en la comunidad de Alauca, para después aparecer muerto el día 25, con claras señales de tortura.
Muñoz Salvador intentaba llegar a la frontera con Nicaragua, donde se encontraba el expatriado Presidente Manuel Zelaya Rosales.
Entre quienes atravesaron las montañas rumbo a Nicaragua para encontrarse con Zelaya, se encontraban miles de indígenas que denunciaron eran perseguidos por hombres encapuchados, armados de chuchillos y en algunos tramos habían trampas, hoyos cubiertos con matorral para hacer caer a quienes corrían huyendo de la persecución.
Se estima que unas mil personas quedaron cercadas por los comandos élites del ejército en Alauca, a diez kilómetros de la frontera con Nicaragua, suspendiéndoles el derecho de circular e impidiéndoles comprar alimentos y agua.
En la denuncia se incluye a jefes policiales y militares de la zona de El paraíso, contra quienes se solicita investigar su identidad completa ya que de la revisión de los libros de novedades y los testimonios de las victimas solo se les puede identificar, solamente por sus apellidos.
En la denuncia también se señala a siete oficiales con rango de tenientes, “Gaitán, Castillo, Pérez, Ordóñez, Mejía, Sony y López, como partícipes directos en la ejecución de los delitos aquí denunciados, solicitamos la práctica de las diligencias necesarias que conduzcan a la identidad plena de los mismos”.
Finalmente las organizaciones solicitan desarrollar todos los mecanismos de protección a las víctimas del presente caso y en especial a aquellos que pudieran contribuir en el proceso de investigación, al mismo tiempo que la Fiscalía considere a los peticionarios para intervenir en la investigación por tratarse de hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos.
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Finalmente las organizaciones solicitan desarrollar todos los mecanismos de protección a las víctimas del presente caso y en especial a aquellos que pudieran contribuir en el proceso de investigación, al mismo tiempo que la Fiscalía considere a los peticionarios para intervenir en la investigación por tratarse de hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos.
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