por defensoresenlinea.com
En materia de derechos humanos, 2009 es un año de graves violaciones y de enormes retrocesos, en particular en el derecho a la libertad de expresión, según los hallazgos encontrados en el informe que dio a conocer el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) el pasado 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión.
En el contexto de la ruptura del orden constitucional acontecido el 28 de junio de 2009, varios medios de comunicación fueron víctimas de las restricciones impuestas por el régimen de facto de Roberto Micheletti. La orden del día fue la censura, la persecución, el sabotaje, el decomiso de equipo, amenazas a la integridad física de las personas y la imposición de medidas que restringían o limitaban el libre ejercicio del periodismo, sostiene el contexto del informe.
En el informe de libertad de expresión 2009, se destacan una serie de acciones graves ejecutadas por el régimen de facto de Roberto Micheletti en contra de varios medios de comunicación que difundieron las voces que condenaron el golpe de estado y que denunciaron un sin número de violaciones a los derechos humanos.
Las acciones contra la integridad psico-física del periodista que predominaron fueron las agresiones físicas y verbales (73% del total de casos), el asesinato de periodistas (6%), atentados contra periodistas (9%), secuestro de comunicadores sociales (8%) y asesinato de familiares de periodistas (3%).
Entre los meses de febrero a abril de 2010, fueron asesinados los periodistas Nicolás Jesús Asfura, Joseph Hernández, David Meza Montecinos, Nahum Palacios, Bayardo Mairena, Manuel Juárez, Luis Chévez Hernández y Jorge Alberto Orellana.
Entre las acciones intimidatorias contra la libertad de expresión, el informe señala que las amenazas (anónimas en muchos casos) contabilizaron un 55% del total de las violaciones denunciadas, los casos de hostigamiento un 14% de las veces, y los daños a las instalaciones de los medios y los ataques con explosivos y armas en un 9 y 6 por ciento, respectivamente.
El resto de los casos fueron seguimiento con fines intimidatorios (4%), robos a medios de comunicación y periodistas con fines intimidatorios (3%), amenazas de multas y otras acciones administrativas también con este propósito, intento de decomiso de equipo por parte de la autoridad, intento de robo de equipo y allanamientos inconstitucionales, éstas últimas con un 2% cada una. También se denunciaron amenaza de cierre de medios, intentos de allanamiento ilegal y pintadas contra medios y casas de comunicadores sociales con un 1% en cada caso.
Dentro de las actuaciones orientadas a impedir el trabajo periodístico destacan las detenciones ilegales de periodistas con un 23%, seguida de la ocupación de las instalaciones de los medios de comunicación (21%), y el cierre de medios (17%). Los actos de sabotaje contra los medios de comunicación alcanzaron un 15% del total de casos y el decomiso de equipo de trabajo y material informativo (10%) también fueron violaciones recurrentes.
Les siguen la cancelación definitiva de programas con un 5%, acciones que impidieron el acceso a periodistas a edificios públicos (4%), el despido de comunicadores sociales (3%) y la restricción al acceso a la información pública (1%).
La ocupación de las instalaciones de los medios se realizó en el 80% de los casos a través de una militarización – que en muchos casos implicó el cierre del medio-, el 12% a través de una intervención de funcionarios de otras instalaciones del Estado (con la excusa de una “inspección técnica” o “solicitud de documentos legales” lo que dificulta el trabajo periodístico) y un 8% fue con una irrupción con violencia desmedida en las instalaciones con fuerzas policiales y militares por un período de tiempo determinado.
La interferencia de la señal o emisión fue el acto de sabotaje en un 53% de los casos, seguido de un corte deliberado de los servicios públicos (suministro eléctrico básicamente) para obstaculizar las transmisiones en un 18% de las ocasiones, mientras que la destrucción de transmisores ocurrió en un 12% de los casos. Se realizaron actos de sabotaje en el interior de las instalaciones en un 12%, y en un 6% de las ocasiones se realizó un bloqueo informativo de transmisiones de televisión y radio.
Censura y Restricciones a la libertad de expresión
Entre las normas implementadas para impedir la libre expresión y el acceso a la información destacan las orientadas a restringir la libertad de prensa (50%), la emisión de normativas que buscaban prohibir la libre emisión del pensamiento (25%), y la emisión de acuerdos ejecutivos orientados a restringir las garantías constitucionales (13%), junto con denuncias por difamación contra comunicadores sociales (13%).
Los actos de censura denunciados sumaron el 3% de las acciones que afectaron la libertad de expresión durante el 2009. Si bien, algunas de las acciones denunciadas en las categorías anteriores pudieron provocar indirectamente actos de censura o autocensura los mismos no fueron denunciados explícitamente como tales y por lo tanto no forman parte del recuento que hizo C-Libre bajo esta categoría.
Las represalias económicas contra medios de comunicación (suspensión de la pauta publicitaria y cancelación de subvenciones estatales) por mantener una línea editorial adversa a los intereses de ciertos grupos económicos y del gobierno de facto alcanzaron apenas el 1% del total de las violaciones a la libertad de expresión, y develaron una práctica inveterada con el fin de evitar el acceso a la información veraz durante la crisis política que se vivió después del 28 de junio.
Un dato importante de resaltar es el repunte de las violaciones contra la libertad de expresión y el derecho de información tras el Golpe de Estado del 28 de junio. Entre enero y el 27 de junio el promedio ascendía a 3.4 violaciones por mes, pero tras el derrocamiento del presidente Zelaya el promedio llega a 39 violaciones mensuales, registrándose el mayor número entre el 28 y el 30 de junio con 97 violaciones, seguido de julio con 90, agosto con 36, septiembre con 56 y con una caída en octubre (7), para luego incrementarse en los meses de noviembre (18) y diciembre con 8 violaciones.
Durante el 2009 la mayoría de los agresores identificados corresponden a fuerzas policiales y militares (54%), entes o funcionarios gubernamentales (21%), los propios medios de comunicación (7%), operadores de justicia (5%), el sector privado (4%) y otros sectores (11%).
[Varios periodistas independientes tuvieron que abandonar el país] Si vemos al detalle encontraremos algunos elementos importantes tras el Golpe de Estado: la participación del ejército en agresiones a la libertad de expresión (29% del total) y de integrantes del movimiento social que se conformó para oponerse al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya (11%).
Las principales agresiones atribuidas a la policía tras el 28 de junio son detenciones ilegales (26%), amenazas (18%), agresión física y verbal (27%) y decomiso de equipos y materiales (12%). Mientras que a las Fuerzas Armadas se le atribuye haber participado en la militarización de canales de televisión y emisoras de radio (27%), ser el autor directo que provocó la suspensión de transmisiones en medios de comunicación debido a cierres forzados (24%), haber detenido ilegalmente a periodistas (11%) y dañar el equipo de varios medios de comunicación (8%).
La mayoría de las agresiones en general, tras el 28 de junio, corresponden a sectores identificados como simpatizantes del Gobierno de Facto en un 88% de los casos, opositores al mismo en un 11% y el restante sin postura política identificada con relación a los sucesos del 28/6.
LEER TODO EL INFORME:
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=723:2009-ano-de-grandes-retrocesos-y-graves-violaciones-a-la-libertad-de-expresion&catid=67:monitoreo&Itemid=192
En el contexto de la ruptura del orden constitucional acontecido el 28 de junio de 2009, varios medios de comunicación fueron víctimas de las restricciones impuestas por el régimen de facto de Roberto Micheletti. La orden del día fue la censura, la persecución, el sabotaje, el decomiso de equipo, amenazas a la integridad física de las personas y la imposición de medidas que restringían o limitaban el libre ejercicio del periodismo, sostiene el contexto del informe.
En el informe de libertad de expresión 2009, se destacan una serie de acciones graves ejecutadas por el régimen de facto de Roberto Micheletti en contra de varios medios de comunicación que difundieron las voces que condenaron el golpe de estado y que denunciaron un sin número de violaciones a los derechos humanos.
Las acciones contra la integridad psico-física del periodista que predominaron fueron las agresiones físicas y verbales (73% del total de casos), el asesinato de periodistas (6%), atentados contra periodistas (9%), secuestro de comunicadores sociales (8%) y asesinato de familiares de periodistas (3%).
Entre los meses de febrero a abril de 2010, fueron asesinados los periodistas Nicolás Jesús Asfura, Joseph Hernández, David Meza Montecinos, Nahum Palacios, Bayardo Mairena, Manuel Juárez, Luis Chévez Hernández y Jorge Alberto Orellana.
Entre las acciones intimidatorias contra la libertad de expresión, el informe señala que las amenazas (anónimas en muchos casos) contabilizaron un 55% del total de las violaciones denunciadas, los casos de hostigamiento un 14% de las veces, y los daños a las instalaciones de los medios y los ataques con explosivos y armas en un 9 y 6 por ciento, respectivamente.
El resto de los casos fueron seguimiento con fines intimidatorios (4%), robos a medios de comunicación y periodistas con fines intimidatorios (3%), amenazas de multas y otras acciones administrativas también con este propósito, intento de decomiso de equipo por parte de la autoridad, intento de robo de equipo y allanamientos inconstitucionales, éstas últimas con un 2% cada una. También se denunciaron amenaza de cierre de medios, intentos de allanamiento ilegal y pintadas contra medios y casas de comunicadores sociales con un 1% en cada caso.
Dentro de las actuaciones orientadas a impedir el trabajo periodístico destacan las detenciones ilegales de periodistas con un 23%, seguida de la ocupación de las instalaciones de los medios de comunicación (21%), y el cierre de medios (17%). Los actos de sabotaje contra los medios de comunicación alcanzaron un 15% del total de casos y el decomiso de equipo de trabajo y material informativo (10%) también fueron violaciones recurrentes.
Les siguen la cancelación definitiva de programas con un 5%, acciones que impidieron el acceso a periodistas a edificios públicos (4%), el despido de comunicadores sociales (3%) y la restricción al acceso a la información pública (1%).
La ocupación de las instalaciones de los medios se realizó en el 80% de los casos a través de una militarización – que en muchos casos implicó el cierre del medio-, el 12% a través de una intervención de funcionarios de otras instalaciones del Estado (con la excusa de una “inspección técnica” o “solicitud de documentos legales” lo que dificulta el trabajo periodístico) y un 8% fue con una irrupción con violencia desmedida en las instalaciones con fuerzas policiales y militares por un período de tiempo determinado.
La interferencia de la señal o emisión fue el acto de sabotaje en un 53% de los casos, seguido de un corte deliberado de los servicios públicos (suministro eléctrico básicamente) para obstaculizar las transmisiones en un 18% de las ocasiones, mientras que la destrucción de transmisores ocurrió en un 12% de los casos. Se realizaron actos de sabotaje en el interior de las instalaciones en un 12%, y en un 6% de las ocasiones se realizó un bloqueo informativo de transmisiones de televisión y radio.
Censura y Restricciones a la libertad de expresión
Entre las normas implementadas para impedir la libre expresión y el acceso a la información destacan las orientadas a restringir la libertad de prensa (50%), la emisión de normativas que buscaban prohibir la libre emisión del pensamiento (25%), y la emisión de acuerdos ejecutivos orientados a restringir las garantías constitucionales (13%), junto con denuncias por difamación contra comunicadores sociales (13%).
Los actos de censura denunciados sumaron el 3% de las acciones que afectaron la libertad de expresión durante el 2009. Si bien, algunas de las acciones denunciadas en las categorías anteriores pudieron provocar indirectamente actos de censura o autocensura los mismos no fueron denunciados explícitamente como tales y por lo tanto no forman parte del recuento que hizo C-Libre bajo esta categoría.
Las represalias económicas contra medios de comunicación (suspensión de la pauta publicitaria y cancelación de subvenciones estatales) por mantener una línea editorial adversa a los intereses de ciertos grupos económicos y del gobierno de facto alcanzaron apenas el 1% del total de las violaciones a la libertad de expresión, y develaron una práctica inveterada con el fin de evitar el acceso a la información veraz durante la crisis política que se vivió después del 28 de junio.
Un dato importante de resaltar es el repunte de las violaciones contra la libertad de expresión y el derecho de información tras el Golpe de Estado del 28 de junio. Entre enero y el 27 de junio el promedio ascendía a 3.4 violaciones por mes, pero tras el derrocamiento del presidente Zelaya el promedio llega a 39 violaciones mensuales, registrándose el mayor número entre el 28 y el 30 de junio con 97 violaciones, seguido de julio con 90, agosto con 36, septiembre con 56 y con una caída en octubre (7), para luego incrementarse en los meses de noviembre (18) y diciembre con 8 violaciones.
Durante el 2009 la mayoría de los agresores identificados corresponden a fuerzas policiales y militares (54%), entes o funcionarios gubernamentales (21%), los propios medios de comunicación (7%), operadores de justicia (5%), el sector privado (4%) y otros sectores (11%).
[Varios periodistas independientes tuvieron que abandonar el país] Si vemos al detalle encontraremos algunos elementos importantes tras el Golpe de Estado: la participación del ejército en agresiones a la libertad de expresión (29% del total) y de integrantes del movimiento social que se conformó para oponerse al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya (11%).
Las principales agresiones atribuidas a la policía tras el 28 de junio son detenciones ilegales (26%), amenazas (18%), agresión física y verbal (27%) y decomiso de equipos y materiales (12%). Mientras que a las Fuerzas Armadas se le atribuye haber participado en la militarización de canales de televisión y emisoras de radio (27%), ser el autor directo que provocó la suspensión de transmisiones en medios de comunicación debido a cierres forzados (24%), haber detenido ilegalmente a periodistas (11%) y dañar el equipo de varios medios de comunicación (8%).
La mayoría de las agresiones en general, tras el 28 de junio, corresponden a sectores identificados como simpatizantes del Gobierno de Facto en un 88% de los casos, opositores al mismo en un 11% y el restante sin postura política identificada con relación a los sucesos del 28/6.
LEER TODO EL INFORME:
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=723:2009-ano-de-grandes-retrocesos-y-graves-violaciones-a-la-libertad-de-expresion&catid=67:monitoreo&Itemid=192
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