Sube la tensión en Nicaragua

La Primerísima (Fotos END)

Mientras miles de ciudadanos le exigían en las calles trabajar por el país, un grupo de diputados cuyo número no se precisó, pero que ellos mismos decían ser 47 y otros 48, realizó este martes una sesión nula de toda nulidad en un hotel capitalino, en la que pretendían dejar acéfalo a otro poder del Estado, la propia Asamblea Nacional.

Después de cuatro meses de negarse a trabajar, alegando una protesta tras otra, todo bajo su estrategia de dejar acéfalas las instituciones, este grupo de diputados se reunió y se constituyó en "sesión" con la presencia de cuatro de los siete directivos del Parlamento, sin tener a mano, por estar en el edificio del Legislativo, lo que pretendían "aprobar", mucho menos los sellos oficiales.

Desde las primeras horas de la mañana, los diputados liberales anunciaron que realizarían "sesión" en el hotel Holliday Inn, pero el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez Téllez, aclaró a los periodistas que de conformidad con la nueva Ley Orgánica del Parlamento, sólo la junta directiva puede definir dónde se realizarían las sesiones.

El presidente del Congreso, René Núñez Téllez, desconoció la legalidad de una supuesta sesión plenaria de la oposición, efectuada en un hotel capitalino para discutir la derogación de un decreto ejecutivo.

"No conozco ninguna reunión, ni me consta que se hayan reunido los diputados", declaró a un noticiero de la televisión local, Núñez, miembro del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Al margen de esto, los diputados liberales dijeron hacer "sesión" en ese lugar, alegando que no podían hacerlo en la Asamblea Nacional, porque las "turbas" sandinistas que les pedían que desquitaran su jugoso sueldo de 5,000 dólares, más 250 galones de gasolina, libres para introducir automóviles, etc., y que para comenzar cumplan su mandato constitucional de elegir a 25 funcionaros que se les vence o venció su período en el cargo.

Los diputados liberales se atrincheraron en el Holliday Inn, utilizando como una barrera de contención al ex "diputado pistolero" Fernando Avellán, como jefe de seguridad, quien provocando a la población, intentaba darle órdenes a varios agentes de la Policía Nacional, que llegaron a proteger a los legisladores liberales en ese local, para que dispararan gas lacrimógeno a la gente.

Baja "la presidencia" de Óscar Moncada Reyes y supuestamente con la presencia de 47 o 48 legisladores, lo que nunca se comprobó y nadie puede dar fe, los diputados liberales se declararon "en sesión", y sin tener a mano la iniciativa para derogar el Decreto Presidencial 03-2010, decidieron enviarlo a la Comisión de Justicia para su dictamen.

El presidente Daniel Ortega promulgó en enero pasado ese decreto con el fin de evitar que los demás poderes del Estado quedaran acéfalos, porque estaba a punto de vencerse el período de sus más altas autoridades, como ya había sucedido con la Procuraduría de Derechos Humanos, y señala que ese decreto pierde su vigencia una vez que la Asamblea Nacional cumpla con su mandato constitucional de elegirlas.

Para tratar de convencer a los medios de comunicación de la derecha y en particular a funcionarios de ciertas embajadas, los diputados liberales se dieron un compás de espera, y en un gesto de "legalidad" integraron a Reyna Jérez García, diputada suplente de Ramón González, jefe de bancada del PLC, dado que éste no pudo asistir, por el fallecimiento de su madre.

Carlos García, secretario general de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), uno de los diputados presentes en la "sesión" que contó hasta con gente que no es diputado, como es el caso del ex vicepresidente José Rizo Castellón, confesó a los medios de comunicación que verdaderamente la intención de sus colegas en esa reunión era "destituir al presiente del Parlamento René Núñez", dejando descabezado otro poder del Estado.

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http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/74869/diputados-liberales-realizan-en-hotel-sesion-nula-e-ilegal

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Comunicado CENIDH

En el presente año el Presidente Daniel Ortega, ha irrespetado y manipulado normas jurídicas nacionales y a los diferentes Poderes del Estado con el fin de garantizar su reelección y la de funcionarios allegados que son titulares de instituciones claves como el Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Este 20 de Abril, Managua inicio el día con falta de transporte colectivo y grandes congestionamientos vehiculares por todas partes de la Capital, porque desde tempranas horas simpatizantes del partido de gobierno y funcionarios del Poder Judicial, marcharon encabezados por los ex magistrados orteguistas Rafael Solís y Armengol Cuadra, hacia la Asamblea Nacional, para imponerles a los diputados de la oposición su reelección como Magistrados.

En este nuevo atropello a la institucionalidad, fueron movilizadas fuerzas partidarias organizadas paramilitarmente y jóvenes en situación de riesgo agrupados en grupos juveniles y pandillas apertrechadas con morteros, piedras y otros instrumentos con los que provocaron daños a las instalaciones de la Asamblea Nacional, rompiendo el cerco policial y los portones de la misma; no bastándoles los marchistas se dirigieron hasta las instalaciones del Hotel Holiday Inn, donde se
encontraban reunidos los diputados opositores, instalaciones a las que penetraron y causaron grandes destrozos con sus piedras y morteros. Al CENIDH le resulta intolerante la actitud permisible de la institución policial ante estos hechos delincuenciales.

El Orden Jurídico Constitucional está totalmente manoseado por el orteguismo, con la corresponsabilidad de los que han pactado con él, desde hace varios años en perjuicio de todo el país.

El CENIDH lamenta que Jueces y Magistrados afines al orteguismo hayan participado de esta marcha, donde además fueron partícipes de actos vandálicos, con esta actuación los operadores de justicia dejan en total evidencia la partidización del Poder Judicial aumentando la desconfianza en la administración de justicia.

El CENIDH considera que la crisis que afecta la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional y el CSE, es la peor que se ha vivido, el trasfondo es la manipulación de toda la institucionalidad en función de los intereses del impuesto bipartidismo y la reelección en la historia de Nicaragua, y el impacto a la institucionalidad es tan negativo como el que provoca un golpe de Estado.

Ante esta situación el CENIDH demanda:

1. Al Presidente Daniel Ortega a respetar la Constitución y no hacer interpretaciones antojadizas, tendiente a satisfacer sus desproporcionados intereses de poder.

2. Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia a defender la institucionalidad de este Poder del Estado y no permitir la usurpación de cargos por parte de los abogados Rafael Solís y Armegol Cuadra.

3. Al Ministerio Público a adherirse en estricto respeto a lo que establece la ley y realice las acciones penales frente a quienes atentan contra la institucionalidad del país.

4. A la Policía Nacional a ejercer las acciones tendientes a garantizar la seguridad de los y las ciudadanas nicaragüenses, especialmente a la protección de la seguridad física de las personas y la propiedad privada.

5. A la ciudadanía en general a defender el respeto a la Constitución Política de nuestro país, nuestro orden jurídico y nuestra democracia.

Managua, 20 de Abril del 2010.

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El Nuevo Diario

Diputados opositores realizaron en las instalaciones del hotel Holiday Inn la sesión parlamentaria prevista para hoy, luego de que grupos orteguistas armados de piedras y palos les negaran el ingreso a la Asamblea Nacional, sitiada desde primeras horas de la mañana. Los legisladores de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN; del Partido Liberal Constitucionalista, PLC; y de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, consiguieron reunir los 47 votos necesarios para enviar a la Comisión de Justicia el anteproyecto de Ley que deroga el decreto ejecutivo 03-2010.

Los 47 legisladores opositores aprobaron "a mano alzada" dar trámite a esta iniciativa luego de que la comisión emita un dictamen, explicó el diputado liberal Enrique Quiñonez. No obstante, en declaraciones al Canal 12 el presidente del Parlamento, René Núñez Téllez, desconoció la legalidad de este encuentro porque, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Ley 606), solo la Junta Directiva tiene la facultad de elegir otro lugar cuando considere necesario para efectuar las sesiones ordinarias. Y agregó, que pese a "la asistencia de los cuatro directivos parlamentarios", no le consta que estuvieran presentes los 47 diputados, sin embargo, en el acta de la sesión aparece la firma de ellos.

En esta reunión, los diputados también buscaban debatir la posibilidad de destituir a Núñez Téllez e invocar la carta democrática interamercana, que según Carlos García, secretario general de ALN, significaría solicitar la intervencion de la OEA. Ambos temas fueron anulados de agenda por la misma presión con que se llevó a cabo dicha actividad. De acuerdo al primer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea, Wilfredo Navarro, el Subdirector de la Policía Nacional, Horacio Rocha, advirtió que la reunión debía finalizar pronto "porque ya habían desbordado la capacidad de resguardo policial".

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, encabezado por el mismo Rocha, consuegro del ex vicepresidente José Rizo Castellón, logró ingresar al hotel Reyna Jerez García, diputada suplente de Ramón González, quien no se presentó a la sesión por el fallecimiento de su madre. Con la presencia de Jerez García se completaron los 47 votos.

Tras conocer que la sesión legislativa se realizaría en el Holiday Inn, los simpatizantes del partido de gobierno junto a los trabajadores judiciales -convocados a una marcha por los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís y Armengol Cuadra- se movilizaron del Congreso a las instalaciones de este establecimiento para continuar con su protesta progubernamental, misma que se tornó violenta después de que los orteguistas lanzaran piedras y morteros hacia las puertas y ventanales del complejo.

"La verdad es que no tuvieron la valentía de ir a la Asamblea donde fueron convocados" para sesionar, señaló por su parte Solís, uno de los funcionarios cuyo período para su cargo en el Poder Judicial caducó. Solís, que estaba al frente de los manifestantes, calificó la sesión de diputados opositores como "ilegal" y "violatoria" de la Constitución, y afirmó que la CSJ no tiene por qué acatar sus decisiones.

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http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/72655