El MUCA firma un Acta de Compromiso con el gobierno y denuncia que continúa la represión
por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Después de una larga y extenuante reunión entre la comisión negociadora del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y el gobierno, las partes firmaron una Acta de Compromiso que recoge parte de la contrapropuesta presentada por la organización campesina. El texto será ahora consultado con las bases del MUCA para su posible aprobación el próximo 17 de abril, en la ciudad de Trujillo. Mientras tanto, sigue la militarización y la represión en el Bajo Aguán: 40 personas fueron detenidas durante el proceso negociador.
Han sido necesarias más de 14 horas para que el gobierno y el MUCA lograran acordar una Acta de Compromiso que, se espera, sea el inicio de un proceso que conduzca a una solución definitiva del grave conflicto agrario que se ha desatado en la zona del Bajo Aguán, en el atlántico hondureño.
Según el texto firmado por las partes en la madrugada de ayer, 14 de abril, a todas las familias campesinas del MUCA se les otorgarán de inmediato 3 mil hectáreas ya cultivadas con palma africana y otras 3 mil sin cultivar en el término de tres meses, y previo desalojo voluntario de las tierras actualmente recuperadas. Cabe señalar que los campesinos no podrán vender ni dar como garantía estas tierras una vez que les sean otorgadas.
Además, recibirán otras mil hectáreas cultivadas y 4 mil hectáreas sin cultivar en un plazo máximo de un año.
Se realizará también un estudio para averiguar si las tierras, en manos de los tres terratenientes productores de palma africana –Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reinaldo Canales– no exceden el límite registrado en el Instituto Nacional Agrario (INA), si se comprueba que han cultivado más tierras de las que tienen inscriptas, automáticamente las mismas pasarán a manos del MUCA, pero deduciéndole las mil hectáreas ya cultivadas.
Se realizará un análisis técnico y financiero para determinar las áreas a entregar a las familias campesinas, su valor, la factibilidad productiva y la rentabilidad de las mismas, y la forma en que esas tierras fueron adquiridas, y se conformará una comisión técnica jurídica bipartita.
El Acta de Compromiso rechaza también una propuesta gubernamental por la cual las familias campesinas venderían obligatoriamente su producción a las plantas extractoras de aceite de palma africana de propiedad de los mencionados terratenientes, a través de contratos de co-inversión*.
Según lo acordado, será el MUCA el que decidirá qué tipo de contrato se implementará.
Finalmente, las partes acordaron desarrollar proyectos sociales de salud, educación y construcción de viviendas en la zona, y plantear conjuntamente “la imperiosa necesidad de generar un debate nacional sobre la legislación agraria”.
Sólo es un inicio
Según Rudy Hernández, miembro de la comisión negociadora del MUCA, “No podemos decir que esa Acta de Compromiso, que vamos a consultar con nuestras bases que son las que deciden, sea una solución definitiva al conflicto, sino un inicio y algo que va a traer un poco de paz a la zona del Bajo Aguán.
En ese sentido, consideramos muy importante la decisión del gobierno de garantizar el retiro del ejército de la zona. Ahora esperamos que cumpla”.
También para Yony Rivas, otro miembro de la comisión del MUCA, “Lo que hemos logrado hoy es parte de un proceso.
Nuestra lucha sigue, porque nuestra demanda es la recuperación de 20 mil hectáreas de tierra. Y mientras no nos entreguen las áreas que hemos acordado en el Acta, no nos vamos a mover de las tierras que hemos recuperado durante estos meses de lucha”, declaró Rivas a Sirel.
Un elemento de gran satisfacción es haber logrado detener el intento de atar las miles de familias campesinas a la venta forzada de la producción a los terratenientes, que en su momento usurparon esas mismas tierras.
“Fracasaron en este intento –continuó Rivas–, y ahora vamos a ser nosotros los que decidamos de nuestro futuro. También logramos incluir en el Acta el tema de la reforma de la legislación agraria de los años 90, que tanto daño trajo al sector campesino”.
Acuerdos y garrote
Si la firma del Acta de Compromiso trajo cierta esperanza entre las bases del MUCA, no deja de generar temor la fuerte presencia militar en la zona del Bajo Aguán y, sobre todo, los episodios de violencia y represión contra los campesinos organizados.
Mientras en Casa Presidencial se desarrollaba la negociación, 40 campesinos eran detenidos por efectivos militares y policiales, entre ellos el jefe regional del Instituto Nacional Agrario (INA), Coronado Ávila Mendoza.
En caso de ser condenados por el delito de usurpación, estas personas no podrán ser beneficiadas con el acuerdo recién alcanzado, lo cual genera mucha preocupación sobre las reales intenciones del gobierno de cumplir lo pactado.
“Es lamentable lo que pasó, y justo mientras estábamos en el proceso de negociación. Esto no puede ser. Vamos a exigir la inmediata liberación de todas estas personas y el retiro de las fuerzas militares y policiales”, concluyó Yony Rivas.
por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Después de una larga y extenuante reunión entre la comisión negociadora del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y el gobierno, las partes firmaron una Acta de Compromiso que recoge parte de la contrapropuesta presentada por la organización campesina. El texto será ahora consultado con las bases del MUCA para su posible aprobación el próximo 17 de abril, en la ciudad de Trujillo. Mientras tanto, sigue la militarización y la represión en el Bajo Aguán: 40 personas fueron detenidas durante el proceso negociador.
Han sido necesarias más de 14 horas para que el gobierno y el MUCA lograran acordar una Acta de Compromiso que, se espera, sea el inicio de un proceso que conduzca a una solución definitiva del grave conflicto agrario que se ha desatado en la zona del Bajo Aguán, en el atlántico hondureño.
Según el texto firmado por las partes en la madrugada de ayer, 14 de abril, a todas las familias campesinas del MUCA se les otorgarán de inmediato 3 mil hectáreas ya cultivadas con palma africana y otras 3 mil sin cultivar en el término de tres meses, y previo desalojo voluntario de las tierras actualmente recuperadas. Cabe señalar que los campesinos no podrán vender ni dar como garantía estas tierras una vez que les sean otorgadas.
Además, recibirán otras mil hectáreas cultivadas y 4 mil hectáreas sin cultivar en un plazo máximo de un año.
Se realizará también un estudio para averiguar si las tierras, en manos de los tres terratenientes productores de palma africana –Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reinaldo Canales– no exceden el límite registrado en el Instituto Nacional Agrario (INA), si se comprueba que han cultivado más tierras de las que tienen inscriptas, automáticamente las mismas pasarán a manos del MUCA, pero deduciéndole las mil hectáreas ya cultivadas.
Se realizará un análisis técnico y financiero para determinar las áreas a entregar a las familias campesinas, su valor, la factibilidad productiva y la rentabilidad de las mismas, y la forma en que esas tierras fueron adquiridas, y se conformará una comisión técnica jurídica bipartita.
El Acta de Compromiso rechaza también una propuesta gubernamental por la cual las familias campesinas venderían obligatoriamente su producción a las plantas extractoras de aceite de palma africana de propiedad de los mencionados terratenientes, a través de contratos de co-inversión*.
Según lo acordado, será el MUCA el que decidirá qué tipo de contrato se implementará.
Finalmente, las partes acordaron desarrollar proyectos sociales de salud, educación y construcción de viviendas en la zona, y plantear conjuntamente “la imperiosa necesidad de generar un debate nacional sobre la legislación agraria”.
Sólo es un inicio
Según Rudy Hernández, miembro de la comisión negociadora del MUCA, “No podemos decir que esa Acta de Compromiso, que vamos a consultar con nuestras bases que son las que deciden, sea una solución definitiva al conflicto, sino un inicio y algo que va a traer un poco de paz a la zona del Bajo Aguán.
En ese sentido, consideramos muy importante la decisión del gobierno de garantizar el retiro del ejército de la zona. Ahora esperamos que cumpla”.
También para Yony Rivas, otro miembro de la comisión del MUCA, “Lo que hemos logrado hoy es parte de un proceso.
Nuestra lucha sigue, porque nuestra demanda es la recuperación de 20 mil hectáreas de tierra. Y mientras no nos entreguen las áreas que hemos acordado en el Acta, no nos vamos a mover de las tierras que hemos recuperado durante estos meses de lucha”, declaró Rivas a Sirel.
Un elemento de gran satisfacción es haber logrado detener el intento de atar las miles de familias campesinas a la venta forzada de la producción a los terratenientes, que en su momento usurparon esas mismas tierras.
“Fracasaron en este intento –continuó Rivas–, y ahora vamos a ser nosotros los que decidamos de nuestro futuro. También logramos incluir en el Acta el tema de la reforma de la legislación agraria de los años 90, que tanto daño trajo al sector campesino”.
Acuerdos y garrote
Si la firma del Acta de Compromiso trajo cierta esperanza entre las bases del MUCA, no deja de generar temor la fuerte presencia militar en la zona del Bajo Aguán y, sobre todo, los episodios de violencia y represión contra los campesinos organizados.
Mientras en Casa Presidencial se desarrollaba la negociación, 40 campesinos eran detenidos por efectivos militares y policiales, entre ellos el jefe regional del Instituto Nacional Agrario (INA), Coronado Ávila Mendoza.
En caso de ser condenados por el delito de usurpación, estas personas no podrán ser beneficiadas con el acuerdo recién alcanzado, lo cual genera mucha preocupación sobre las reales intenciones del gobierno de cumplir lo pactado.
“Es lamentable lo que pasó, y justo mientras estábamos en el proceso de negociación. Esto no puede ser. Vamos a exigir la inmediata liberación de todas estas personas y el retiro de las fuerzas militares y policiales”, concluyó Yony Rivas.
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