Bases del MUCA aceptaron firmar acuerdo con el gobierno

por Giorgio Trucchi

En medio de consignas y puños en alto el presidente Porfirio Lobo entregó tierra a los campesinos en resistencia

Después de la firma de una Acta de Compromiso el pasado 14 de abril, las bases del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) decidieron aceptar la propuesta del gobierno, con la que les serán entregada 11 mil hectáreas de tierra, entre cultivada con Palma Africana y sin cultivar.

A partir del 18 de abril, las más de 2,600 familias campesinas que desde hace varios años han emprendido una fuerte lucha para recuperar las tierras que les fueron usurpadas por los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, iniciarán su reubicación en las tierras que obtuvieron gracias al acuerdo.

De las 28 cooperativas que integran el MUCA, solo 3 decidieron no firmar el acuerdo con el gobierno, en cuanto tienen juicios legales en los juzgados que esperan concluir satisfactoriamente, reapropiándose de las tierras.

Bajo un control militar y policial sin precedentes y con varias comunidades campesinas todavía rodeadas y amenazadas por efectivos del ejército y la policía, el presidente Porfirio Lobo llegó a en la ciudad de Trujillo, en el Valle del Aguán, para firmar el acuerdo.

Lo que seguramente no se esperaba es que centenares de miembros de la Resistencia y de las organizaciones campesinas, estuviesen esperándolo para reclamarle mucho más que este acuerdo.

“Fuera los golpistas del Aguán”, “Del Aguán los golpistas ya se van”, “¿Què es lo que quiere la gente? La Asamblea Constituyente”, fueron las consignas que resonaron en la antigua fortaleza española, donde se celebró la actividad, cuando el presidente Lobo hizo su aparición para dar un breve discurso a la gente reunida.

Mucho menos se esperaba que, al momento de entonar el himno nacional, toda la delegación del MUCA y buena parte de los asistentes levantara su puño izquierdo, como siempre lo hacen los participantes en las marchas de la Resistencia.

“Este proceso de negociación lo comenzamos porque hay necesidades reales que resolver, y ha sido un proceso que se ha desarrollado en medio del peligro, amenazas y represión. Sin embargo nos fortaleció”, dijo Rudy Hernández, miembro de la comisión negociadora del MUCA.

No podemos olvidar que a lo largo de estos años le lucha hemos perdido a varios compañeros. Son 6 los campesinos que fueron asesinados, y siempre los llevaremos en nuestros corazones, y nos servirá para seguir luchando contra el poder de quienes quieren que la riqueza se quede en pocas manos.

Ese acuerdo –explicó Hernández– reconoce que la tierra tiene que estar en manos de los campesinos, porque la trabajan con amor y sacrificio”.

El miembro del MUCA recordó también que no van a implementar solamente el cultivo de la Palma Africana, sino otros proyectos para garantizar la soberanía alimentaria para miles de familias, y por eso pidió al presidente Porfirio Lobo el apoyo necesario para poder enfrentar ese reto.

La firma del acuerdo fue la ocasión también para los abogados del MUCA de pedir el cese de la represión contra las organizaciones campesinas. Actualmente hay más de 200 juicios contra miembros de estas organizaciones y no ha parado la ola represiva y la militarización del Bajo Aguán.

En medio del entusiasmo por el resultado logrado, que para el MUCA sigue siendo solo el inicio de un proceso que pretende desembocar en la recuperación de todas las tierras que fueron usurpadas, fue evidente el distanciamiento entre el presidente Lobo y el otro actor de esta difícil situación que se ha generado en el Aguán: los terratenientes que pretenden mantener el control de la mayoría de las tierras de la zona.

A una pregunta sobre ese tema, que la Lista Informativa "Nicaragua y más" logró hacer al Presidente pese el férreo control de su aparato de seguridad, Porfirio Lobo contestó muy escuetamente que "todo estaba resuelto".

Pocas horas después, comenzó a circular la noticia de que el poderoso productor palmero, Miguel Facussé Barjum, habría iniciado un proceso para ampararse en los tribunales contra esta decisión del Presidente.