Organizaciones sindicales salvadoreñas exigen el cese de la represión en Honduras

Crece la Solidaridad Internacional

por Gilberto García - Rel-UITA

Diferentes organizaciones sindicales y populares incluyendo el Frente Sindical Salvadoreño FSS, FESTSSABHRA (Federación del Alimento afiliada de la UITA), y la Coordinadora Popular por un País sin Hambre y con Seguridad Social (COMPAHAS), dirigieron una carta al Canciller salvadoreño y a la delegación de la Unión Europea en El Salvador, para solicitar el cese de la represión en Honduras.

Desde que se inició el mandato de Porfirio Lobo, surgido de unas elecciones dominadas por los golpistas, se han incrementado los niveles de represión.

Las organizaciones se concentraron el lunes el 22 de febrero en el monumento al Salvador del Mundo, de donde partieron en caravana hacia la delegación de la Unión Europea, y al Ministerio de Relaciones Exteriores al mismo tiempo que en Bruselas, se encuentran reunidos los gobiernos de Centroamérica y la Unión Europea.

El documento entregado al canciller detalla varios casos de esos hechos. El día 2 de febrero, dos periodistas fueron desaparecidos temporalmente y fueron objeto de serias amenazas, los periodistas trabajaron en casa presidencial durante el mandato del Presidente Zelaya hasta antes del golpe y luego fueron activos colaboradores de la resistencia.

Ese mismo día, Vanessa Yaneth Zepeda una conocida activista contra el golpe de Estado, enfermera, madre de 3 hijas y activista del sindicato Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguro Social, SITRAIHSS, fue desaparecida y posteriormente lanzado su cuerpo sin vida por un vehículo en marcha al sur de Tegucigalpa.

El 10 de febrero, Edgar Martínez, otro activista contra el golpe de Estado fue secuestrado temporalmente siendo objeto de interrogatorios y torturas durante su cautiverio.

El día 11 de febrero, se da un allanamiento ilegal en la casa de Porfirio Ponce miembro del sindicato de la bebida STIBYS, una de las organizaciones que participa activamente de la resistencia. Durante este allanamiento se sustrae documentación y una computadora con información de las actividades del sindicato y de la resistencia contra el golpe.

El día 12 de febrero sufre un atentado el artista Hermes Reyes, Coordinador de Educación, Arte y Cultura del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que integra el Frente Nacional de Resistencia Popular cuando se retiraba de una reunión.

Posteriormente el día 15 de febrero es asesinado Julio Funes Benitez otro conocido líder de la resistencia y del sindicato Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA.

Todos estos hechos, dice la carta, se dan al mismo tiempo que “el nuevo gobierno hondureño, esta realizando esfuerzos por regresar a los diferentes foros internacionales y regionales como el SICA y la OEA, y por participar en las negociaciones del acuerdo de asociación entre CA y la Unión Europea”. Y ciertamente, al mismo tiempo en Bruselas, el gobierno de Lobo intenta participar en la ronda de negociaciones que se lleva a cabo del 22 al 24 de febrero.

Los participantes también dirigieron una nota a la delegación de la Unión Europea en El Salvador manifestando su oposición al Acuerdo de Asociación conocido como ADA, ya que reproduce regulaciones a favor de empresas multinacionales, mismos que han permitido, por ejemplo a la empresa minera PACIFIC RIM demandar al Estado Salvadoreño por más de 70 millones de dólares, luego que las comunidades aledañas se han opuesto a la instalación de una mina de oro y que se han suscitado asesinatos de ambientalistas comunitarios vinculados a dicha resistencia.

Las organizaciones salvadoreñas pidieron a su canciller “que ante cualquier solicitud del gobierno Hondureño, el Estado Salvadoreño se mantenga firme en exigir previamente al gobierno Hondureño, un retorno a la democracia, el cual debe empezar por el respeto irrestricto a los derechos humanos, el cese inmediato de la persecución, los asesinatos y las desapariciones forzosas y el juicio y castigo a los responsables de todos los crímenes que se vienen cometiendo contra los activistas sindicales y sociales que se han constituido como defensores de la democracia en Honduras”.

Asimismo le manifestaron que la actitud firme del gobierno salvadoreño “puede contribuir a salvar vidas de los luchadores y luchadoras por la democracia en el hermano país”.