MUCA denuncia nuevos desalojos y un macabro plan contra los campesinos

Palma Africana y Garrote
Asesinatos, secuestros, torturas y desalojos en la nueva era de “Pepe” Lobo

por Giorgio Trucchi - Rel-UITA

En el marco del desacreditado Acuerdo de Tegucigalpa-San José, el próximo 25 de febrero se instalará la Comisión de la Verdad, para supuestamente investigar los hechos acaecidos durante el golpe de Estado y dar así por “concluida” esa triste etapa de la historia de Honduras. El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y las diferentes organizaciones de derechos humanos rechazan tajantemente la que consideran la última pieza de una pantomima, orquestada para aparentar que Honduras ha vuelto a la normalidad. Así mismo denuncian los secuestros, torturas, asesinatos contra miembros de la Resistencia y los desalojos violentos contra los campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), quienes siguen defendiendo sus tierras usurpadas por empresarios golpistas.

La región del bajo Aguán, en el departamento norteño del Atlántico hondureño, ha sido nuevamente escenario de violentos desalojos que han dejado un saldo de varios heridos.

El MUCA ha denunciado que el pasado 12 y 14 de febrero, cuerpos armados del ejército y de la policía, con el apoyo de guardias de seguridad contratados por el empresario palmero Miguel Facussé, atacaron a grupos de campesinos que a partir del 9 de diciembre 2009 iniciaron un proceso de recuperación de tierras.

Según esta organización, las tierras fueron usurpadas por los empresarios Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales, quienes aprovechando del golpe de Estado, paralizaron el proceso de negociación iniciado bajo la presidencia de Manuel Zelaya.

“Los campesinos del MUCA están siendo constantemente amenazados de muerte y han sido objeto de varios desalojos violentos por parte del Ejército, la Policía nacional preventiva y guardias de seguridad (paramilitares), conformados fundamentalmente por reservistas del ejército bajo el mando de dos Coroneles de la zona”, denunció a Sirel el vocero del MUCA, Wilfredo Paz.

El 12 de febrero, los miembros del MUCA que se encontraban en las tierras recuperadas en la comunidad de La Concepción, municipio de Tocoa, en el Departamento de Colón, fueron atacados con armas de fuego y hubo varios heridos, entre ellos Margarito Peralta, quien se encuentra muy grave en el hospital.

“Estábamos en la finca cuando llegó una patrulla de la Policía y tres carros con los guardias de seguridad de Miguel Facussé, todos con pasamontañas –relató Juan Ramón Chichilla, uno de los miembros del MUCA quien sufrió el intento de desalojo–.

Comenzaron a amenazarnos, diciéndonos que nos iban a capturar y a matar. Después de media hora llegó otra patrulla con elementos de la Policía Preventiva y de las Fuerzas Armadas y comenzaron a dispararnos.

Empezó un fuerte tiroteo donde hubo varios heridos de ambos lados y mientras huíamos nos seguían disparando. Estamos viviendo en un clima de terror –continuó Chinchilla– y la comunidad entera se siente constantemente amenazada por la continua presencia militar y por los helicópteros que sobrevuelan la zona, bajitos, casi pegados a la matas de palma”, concluyó.

Más desalojos

El día 14 de febrero, cuerpos paramilitares, juntos con efectivos de la policía y del ejército, atacaron a miembros del MUCA en la cooperativa Aurora, en la margen derecha del Río Aguán.

“Los guardias de seguridad llegaron disfrazados con uniformes militares y comenzaron a disparar. En ese caso también hubo varios heridos y se habla de dos muertos –explicó Wilfredo Paz–.

Los campesinos del MUCA no atacan a nadie, solo quieren recuperar las tierras que les fueron usurpadas, sin embargo si las fuerzas represivas y los paramilitares llegan disparando, tienen que defenderse.

En este sentido –continuó el vocero del MUCA– es importante denunciar que ya ha comenzado una campaña para desacreditar a nuestro movimiento, señalando que en estas tierras hay guerrilleros, lo cual es totalmente falso. Solamente hay campesinos defendiendo sus tierras”.

Según denunció el MUCA, el ejército y la policía estarían preparando una ofensiva con más de 500 efectivos para realizar “un peinado de la zona”, lo cual equivaldría a una verdadera masacre.

“No respetan a nadie y no les importa si hay mujeres, ancianos y niños. Cuando llegan disparan a matar. Pedimos –concluyó Paz– a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que se desplacen hacia la zona del Bajo Aguán, porque las próximas horas van a ser cruciales.

Pedimos también a la comunidad internacional y a organizaciones solidarias que denuncien lo que está ocurriendo, y que presionen para que se reactiven las negociaciones, porque en estas zonas la vida no vale nada, los derechos humanos no valen nada. Lo único que vale es el interés y el dinero de los empresarios”.

El MUCA denunció también que hay aproximadamente 300 órdenes de captura en contra de sus miembros.

La nueva era del presidente “Pepe” Lobo

Los hechos ocurridos en el Bajo Aguán son parte de una estrategia represiva más amplia, que ya no parece interesar a buena parte de la comunidad internacional, ya proyectada hacia la normalización de sus relaciones comerciales con Honduras.

El 15 de febrero fue asesinado Julio Funes Benitez, miembro activo del FNRP y del Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAAYS). Dos sicarios que conducían una motocicleta le dispararon tres balazos.

El 12 de febrero, Hermes Reyes, representante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ante el FNRP, fue insultado, agredido y herido por desconocidos.

El 11 de febrero, desconocidos asaltaron la casa del vicepresidente del STIBYS, Porfirio Ponce, llevándose una computadora que contenía valiosas informaciones sobre el Sindicato y la Resistencia.

El fin de semana recién pasado, estos tres activistas de la Resistencia habían participado a la asamblea del FNRP en Siguatepeque, donde se está llevando a cabo un proceso de discusión y fortalecimiento de la Resistencia de cara a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.