La UE debe repudiar la amnistía y exigir la Comisión de la Verdad

Dina Meza - Defensores en linea

Organizaciones de derechos humanos de Europa solicitaron este miércoles a la Unión Europea, UE, repudiar la posibilidad de una amnistía, exigir una Comisión de la verdad que pueda garantizar los derechos de las víctimas, a la justicia, a la reparación y a establecer garantías de no repetición frente a las violaciones de derechos humanos.

Esa reacción tiene como causa el anuncio de la UE del posible reinicio de negociaciones del Acuerdo de Asociación entre ésta y Centroamérica, en Bruselas a finales de febrero próximo. Además le solicitan que mantenga y extienda las sanciones contra Honduras adoptadas con el golpe al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, quien en una transición ilegitima asumirá la presidencia de Honduras el próximo 27 de enero.

En una carta enviada a Herman Van Rompuy, Presidente Permanente de la Unión Europea, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Presidencia española de la Unión Europea; Catherine Asthon, Alta Representante para la Política Exterior y Vicepresidenta de la Comisión Europea y a Karel de Gucht/Benita Ferrero, Comisario de Comercio Exterior de la UE, las organizaciones le insisten el mantenimiento de las sanciones tanto a nivel de cooperación y diplomáticas a fin de no aceptar en territorio europeo a ninguna persona vinculada con el golpe de Estado del pasado 28 de junio.

“Recordamos igualmente que el régimen de facto no desaparecerá con la transición presidencial ilegítima del próximo 27 de enero, tanto la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, como otras instancias del Estado están no solamente comprometidas con el golpe de Estado, sino con las violaciones de derechos humanos y, en particular el crimen de persecución política denunciado ante la Corte Penal Internacional”, dice el documento.

Agregan que estas sanciones por tanto deben mantenerse y extenderse en relación con la persona de Porfirio Lobo Sosa, quien asumirá la transición del régimen de facto el próximo 27 de enero, habiendo sido electo en un proceso electoral no reconocido por la comunidad internacional y viciado por la militarización del país, las limitaciones a las libertades fundamentales y bajo la perpetración del crimen de persecución política desde el golpe de Estado mismo.

Para las organizaciones firmantes de la carta, Lobo Sosa no solamente no condenó el golpe de Estado ni ha condenado las violaciones de derechos humanos perpetradas desde entonces, sino que además en su condición de jefe de su bancada política y de presidente electo no contribuyó al restablecimiento del orden democrático, ni al cumplimiento del Acuerdo Guaymuras/San José que hubiese permitido un gobierno de unidad nacional y de reconciliación entre los hondureños. Por el contrario promueve una amnistía para cobijar con la impunidad los crímenes perpetrados por el régimen golpista.

La Unión Europea y los Estados miembros no deberían dar señal alguna de que puede legitimarse un golpe de Estado a través de un proceso electoral cuando no se ha garantizado el restablecimiento previo de la democracia y las autoridades electas ellas mismas han sido auspiciadoras o cómplices del rompimiento de la democracia, esto sentaría un pésimo precedente para Latinoamérica, una región que celebra en este 2010 el bicentenario de la independencia y cuya construcción democrática ha costado la vida y la libertad de millones de
personas, se reiteran.

Para estas organizaciones los anuncios de la UE sobre la reanudación de relaciones con el próximo gobierno que nació del golpe de Estado les parece contradictorio a la política exterior que promueve la Unión Europea para favorecer el respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y la integración regional que se decidiera reanudar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.

La situación en Honduras es una razón más para que se siga congelando estas negociaciones y que se dé tiempo tanto para que se restablezca una democracia plena en la región como para que se preste más atención a las consecuencias sociales y medioambientales de dicho acuerdo.

La carta es firmada Souhayr Belhassen, Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH; Dilcia Figueroa, Presidente Coordinadora Grupo Sur; Martin Wolpold Bosien Fian Internacional y Luis Guillermo Pérez Casas, de CIFCA - Iniciativa de Copenhague para América Central y México.


Contenido completo de la carta


Bruselas 20 de enero de 2010.

Sr.
Herman Van Rompuy
Presidente Permanente de la Unión Europea

Sr.
Jose Luis Rodríguez Zapatero
Presidencia española de la Unión Europea

Sra.
Catherine Asthon
Alta Representante para la Política Exterior y Vicepresidenta de la Comisión Europea

Sr.
Karel de Gucht/Benita Ferrero
Comisario de Comercio Exterior de la UE.
C.C. Estados miembros de la Unión Europea


Asunto: Sobre Honduras y anuncio que se retomarían las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.

Señores Van Rompuy, Rodríguez Zapatero, Karel de Gucht, señora Asthon, señora Ferrero

Las organizaciones abajo firmantes nos dirijimos a ustedes para insistir sobre los siguientes aspectos en relación con la situación en Honduras y, frente al anuncio de que se podrían recomenzar las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica en Bruselas a finales de febrero próximo.

1.) Insistimos ante la Unión Europea y los estados miembros para que se mantengan las sanciones sobre Honduras tanto a nivel de la cooperación - salvo la dirigida directamente a organizaciones de la sociedad civil y la ayuda humanitaria-, como las sanciones diplomáticas de manera de que no se acepte en territorio europeo a ninguna persona vinculada con el golpe de Estado del pasado 28 de junio.

2.) Recordamos igualmente que el régimen de facto no desaparecerá con la transición presidencial ilegítima del próximo 27 de enero, tanto la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, como otras instancias del Estado están no solamente comprometidas con el golpe de Estado, sino con las violaciones de derechos humanos y, en particular el crimen de persecución política denunciado ante la Corte Penal Internacional.

3.) Estas sanciones por tanto deben mantenerse y extenderse en relación con la persona de Porfirio Lobo Soza, quien asumirá la transición del régimen de facto el próximo 27 de enero, habiendo sido electo en un proceso electoral no reconocido por la comunidad internacional y viciado por la militarización del país, las limitaciones a las libertades fundamentales y bajo la perpetración del crimen de persecución política desde el golpe de stado mismo. El Señor Lobo Soza, no solamente no condenó el golpe de Estado ni ha condenado las violaciones de derechos humanos perpetradas desde entonces, sino que además en su condición de jefe de su bancada política y de presidente electo no contribuyó al restablecimiento del orden democrático, ni al cumplimiento del Acuerdo Guaymuras/San José que hubiese permitido un gobierno de unidad nacional y de reconciliación entre los hondureños. Por el contrario promueve una amnistía para cobijar con la impunidad los crímenes perpetrados por el régimen golpista.

4.) La Unión Europea ni los Estados miembros por tanto, no deberían reconocer el gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo Soza que ha de tomar posesión el próximo 27 de enero. Se debe repudiar la posibilidad de una amnistía, exigir una Comisión de la verdad que pueda garantizar los derechos de las víctimas además, a la justicia, a la reparación y a establecer garantías de no repetición frente a las violaciones de derechos humanos.

5.) La Unión Europea y los Estados miembros no deberían dar señal alguna de que puede legitimarse un golpe de Estado a través de un proceso electoral cuando no se ha garantizado el restablecimiento previo de la democracia y las autoridades electas ellas mismas han sido auspiciadoras o cómplices del rompimiento de la democracia, esto sentaría un pésimo precedente para Latinoamérica, una región que celebra en este 2010 el bicentenario de la independencia y cuya construcción democrática ha costado la vida y la libertad de millones de personas.

6.) Por lo dicho, nos parecería contradictorio a la política exterior que promueve la Unión Europea para favorecer el respeto de los derechos humanos, los valoresdemocráticos y la integración regional que se decidiera reanudar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. La situación en Honduras es una razón más para que se siga congelando estas negociaciones y que se de tiempo tanto para que se retablezca una democracia plena en la región como para que se preste más atención a las consecuencias sociales y medioambientales de dicho acuerdo. Consideramos además que se debe contemplar la posibilidad de establecer sanciones económicas como la suspensión de Honduras al SGP plus en caso que permanezca esta situación en el país .

De ustedes muy cordialmente,

Souhayr Belhassen
Presidente Coordinadora FIDH

Dilcia Figueroa
Federación Internacional de Derechos Humanos Grupo Sur

Martin Wolpold Bosien
Fian Internacional

Luis Guillermo Pérez Casas
CIFCA - Iniciativa de Copenhague para América