Desapariciones y asesinatos: Ola represiva contra la Resistencia

CODEH denuncia plan de terror para acabar con el proceso de fortalecimiento de una alternativa política y social en el país

por Giorgio Trucchi - Rel-UITA

Allanamientos y detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones han caracterizado las últimas semanas en Honduras, en lo que las diferentes organizaciones de derechos humanos han clasificado como una verdadera ofensiva para aplastar el trabajo de fortalecimiento organizativo del recién conformado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en su intento de iniciar un camino hacia la conformación de una fuerza política y social capaz de desplazar a los partidos tradicionales golpistas y apuntar a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

Después de las cuestionadas elecciones del pasado 29 de noviembre, en las que en medio de una significativa abstención que alcanzó el 60 por ciento salió electo el candidato del Partido Nacional, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, en Honduras se desató una ola represiva en contra de miembros activos de la Resistencia, intensificando la que ha sido una constante a lo largo de todo el periodo de ruptura constitucional originada por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

En la madrugada del 14 de diciembre, fue asesinado Walter Tróchez, defensor de derechos humanos, especialmente de la comunidad LGTTB. Le dispararon desde un carro en el centro de Tegucigalpa después de que unos días antes había sido secuestrado, brutalmente golpeado y había logrado salvarse tirándose del vehículo conducido por hombres que le acusaban de ser parte integrante del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado.

El 6 de diciembre, cinco jóvenes, todos ellos miembros activos de la Resistencia, fueron asesinados a sangre fría en la Colonia Villanueva, en la parte oriental de la capital hondureña, mientras que un día antes hombres armados irrumpieron en las instalaciones del periódico El Libertador, amenazando al personal del rotativo que en estos últimos cinco meses ha trabajado arduamente para denunciar el golpe de Estado, y llevándose computadoras y camaras fotográficas.

El 8 de diciembre fueron liberados cuatro de los cinco activistas de la Resistencia que habían sido secuestrados unos días antes. El quinto, Santos Corrales García, fue brutalmente asesinado y su cuerpo decapitado fue encontrado a 50 km al este de la capital.

“Los días 4 y 5 de diciembre, un grupo de cinco personas con pasamontañas y vestidas con uniformes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), con fusiles Galil y pistolas 9 mm, que es el armamento oficial de la Policía, detuvieron al señor Santos Corrales García y a cuatro personas más en la colonia Nueva Capital en Tegucigalpa –contó a Sirel el director del Comite para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Andrés Pavón–.

Fueron encapuchadas para que no puedieran identificar el lugar hacia donde fueron llevadas, posiblemente un centro de detención clandestino. Fueron torturadas para que dieran información sobre los líderes de la Resistencia en la colonia donde viven, y exigieron conocer el paradero de la señora Ada Marina Castillo, también miembro de la Resistencia.

Estamos ante una verdadera estrategia del terror –continuó Pavón– y a un plan para detener el proceso organizativo de la Resistencia antes de la toma de posesión el próximo 27 de enero.

Es un plan que se va a intensificar en las próximas semanas y ya estamos viendo cómo la Policía y el Ejército captura a los jóvenes en los barrios y colonias, mientras que los líderes de la Resistencia a nivel nacional siguen sin poder conducir una vida normal por temor a lo que les pueda pasar”.

Para el director del CODEH la ola represiva apunta a descabezar al movimiento de resistencia, para que el nuevo gobierno, surgido de un proceso electoral irregular e ilegítimo, no tenga que lidiar con una resistencia organicamente activa.

“El CODEH y la Plataforma que integran las diferentes organizaciones de derechos humanos estamos pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que implemente el mecanismo de medidas cautelares a favor de las personas que viven bajo amenazas.

Además, estamos denunciando todo lo que está pasando ante los organos de derechos humanos de la ONU y ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), para que se comience un juicio en contra de los responsables de estos crímenes.

Sabemos –explicó Pavón– que el Acuerdo Tegucigalpa-San José prevé la conformación en los próximos meses de una Comisión de la Verdad. Sin embargo, creemos que no hay condiciones para instalarla, porque en el país todavía no hay garantías del Estado de derecho, y mucho menos confianza y fiabilidad en los organismos de justicia del país.
No puede haber una Comisión de la Verdad en el marco de estas barbaries”.

Organismos internacionales siguen de cerca el caso de Honduras

El pasado septiembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaron una comunicación ante la CPI, para que inicie una investigación de oficio para determinar la responsabilidad penal de quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras, mientras que el Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN) hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante las graves violaciones a los derechos humanos en el país.

Por su lado, Amnesty International pidió una investigación independiente que garantice que todos los responsables de abusos a los derechos humanos sean llevados ante la justicia.

En un documento dado a conocer durante una conferencia de prensa en Honduras, la delegación de esta instancia internacional exigió “revocar toda la legislación, decretos y órdenes ejecutivas emitidas por las autoridades de facto que afecten directa o indirectamente a los derechos humanos, asegurar que las Fuerzas Armadas vuelvan a sus cuarteles y que se termine definitivamente su papel en operaciones policiales, y que todos los miembros de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos a los derechos humanos cometidos entre el 28 de junio y finales de noviembre”, cita el documento.

“Es importante –concluyó el director del CODEH– que siga la solidaridad con el pueblo hondureño y la observación sobre lo que está pasando en Honduras, sobre todo en este momento en que se está incrementando la persecución de carácter selectivo”.