sábado, 31 de octubre de 2009
viernes, 30 de octubre de 2009
Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, Comunicado No. 32
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, ante la inminente firma del acuerdo negociado entre la comisión representante del presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales y los representantes del régimen de facto, comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:1. Celebramos como una victoria popular sobre los intereses mezquinos de la oligarquía golpista, la próxima restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales. Esta victoria se ha obtenido con más de 4 meses de lucha y sacrificio del pueblo, que a pesar de la salvaje represión desatada por los cuerpos represivos del estado en manos de la clase dominante, ha sabido resistir y crecer en conciencia y organización hasta convertirse en una fuerza social incontenible.
2. La firma por parte de la Dictadura del documento donde se establece “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio”, representa la aceptación explícita de que en Honduras hubo un golpe de estado que debe ser desmontado para volver al orden institucional y garantizar un marco democrático en el que el pueblo pueda hacer valer su derecho de transformar la sociedad.
3. Exigimos que a los acuerdos que se firmen en la mesa de negociación se les de trámite expedito en el Congreso Nacional. En ese sentido, alertamos a todos nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional para que se sumen a las acciones de presión para que se cumpla inmediatamente lo consignado en el documento final que se elabore en la mesa de negociación.
4. Reiteramos que la Asamblea Nacional Constituyente es una aspiración irrenunciable del pueblo hondureño y un derecho innegociable por el cual seguiremos luchando en las calles, hasta lograr la refundación de la sociedad para convertirla en justa, igualitaria y verdaderamente democrática.
“A 125 DÍAS DE LUCHA AQUÍ NADIE SE RINDE”
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de octubre de 2009
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de octubre de 2009
Último Momento: Firmado acuerdo para la restitución del presidente Zelaya
Asoma solución a la crisis. Y ahora la última palabra pasa al CongresoLas presiones de los últimos días de parte de la comunidad internacional y la presencia en Honduras del subsecretario de Estado norteamericano para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, y de una nueva delegación de la OEA, parecen haber forzado el presidente de facto, Roberto Micheletti, a aceptar firmar el punto número 6 del Acuerdo de San José, que prevé pedir al Congreso Nacional retrotraer la situación de los poderes del Estado a su estado previo al 28 de junio.
La noticia, que llegó un día después de haberse cumplido cuatro meses del golpe de Estado y a un mes de las elecciones nacionales, desencadenó la euforia de centenares de miles de hondureños que salieron a la calle formando largas caravanas de vehículos, enseñando sus banderas y mantas de la Resistencia en todo el país.
En Tegucigalpa, la gente se dirigió en altas horas de la noche hacia Radio Globo en el céntrico Boulevard Morazán, bloqueando el tráfico y coreando consignas de victoria.
Pese a la evidente satisfacción, el presidente Manuel Zelaya llamó el pueblo hondureño a la calma, explicando que por el momento se trata de un primer importante paso hacia la restitución del orden democrático en el país.
“Llamo al pueblo hondureño a que tenga calma, sin hacer escarnio de nadie. Las comisiones firmaron hoy el punto más difícil y mañana, 30 de octubre, vamos a firmar todo el documento que consta de ocho puntos. Se trata ahora de hacer un plan de trabajo para la ejecución de todos los puntos, incluyendo la restauración del sistema democrático.
Siento satisfacción y soy optimista –continuó Zelaya–, y agradezco a toda la comunidad internacional por haber sostenido esta solución. Restituir a un gobierno con todo lo que ha ocurrido es un hecho histórico para nuestra sociedad y para toda la comunidad latinoamericana. Estamos haciendo escuela, siendo ejemplo de paz y democracia para el mundo.
Sin embargo, se trata de un proceso, de un plan que debe ejecutarse. Primero se va a construir un calendario, después hay que llevarlo al Congreso Nacional y los diputados tomarán las determinaciones que competen en su carácter de independencia de poderes, y finalmente estaremos participando en todo el proceso de la reconstrucción de la democracia a través de la inminente restitución al cargo de Presidente por el cual me eligió el pueblo hasta el 27 de enero de 2010”, explicó el Presidente legítimo de Honduras.
Faltando pocos minutos para finalizar el día 29 de octubre, la comisión negociadora del presidente Manuel Zelaya Rosales brindó una conferencia de prensa para dar a conocer el contenido del acuerdo firmado con la comisión del presidente de facto, Roberto Micheletti.
Víctor Meza, miembro de la comisión negociadora del presidente Zelaya, dio lectura al texto del acuerdo en el que se expresa que “para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, solicitar que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de su facultades en consulta con las instancias que considere pertinentes, como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio de 2009, hasta la conclusión del actual periodo gubernamental el 27 de enero de 2010.
La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y la gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita”.
Meza explicó también que ninguno de los ochos puntos que conforman el acuerdo, por sí solo, tiene valor individual, sino que están relacionados entre sí y forman parte de un todo integral que se llama Acuerdo de San José, con el sólo objetivo de restaurar el orden constitucional en el país.
Siento satisfacción y soy optimista –continuó Zelaya–, y agradezco a toda la comunidad internacional por haber sostenido esta solución. Restituir a un gobierno con todo lo que ha ocurrido es un hecho histórico para nuestra sociedad y para toda la comunidad latinoamericana. Estamos haciendo escuela, siendo ejemplo de paz y democracia para el mundo.
Sin embargo, se trata de un proceso, de un plan que debe ejecutarse. Primero se va a construir un calendario, después hay que llevarlo al Congreso Nacional y los diputados tomarán las determinaciones que competen en su carácter de independencia de poderes, y finalmente estaremos participando en todo el proceso de la reconstrucción de la democracia a través de la inminente restitución al cargo de Presidente por el cual me eligió el pueblo hasta el 27 de enero de 2010”, explicó el Presidente legítimo de Honduras.
Faltando pocos minutos para finalizar el día 29 de octubre, la comisión negociadora del presidente Manuel Zelaya Rosales brindó una conferencia de prensa para dar a conocer el contenido del acuerdo firmado con la comisión del presidente de facto, Roberto Micheletti.
Víctor Meza, miembro de la comisión negociadora del presidente Zelaya, dio lectura al texto del acuerdo en el que se expresa que “para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, solicitar que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de su facultades en consulta con las instancias que considere pertinentes, como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio de 2009, hasta la conclusión del actual periodo gubernamental el 27 de enero de 2010.
La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y la gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita”.
Meza explicó también que ninguno de los ochos puntos que conforman el acuerdo, por sí solo, tiene valor individual, sino que están relacionados entre sí y forman parte de un todo integral que se llama Acuerdo de San José, con el sólo objetivo de restaurar el orden constitucional en el país.
Último Momento
por Giorgio Trucchi
El día de hoy, 30 de octubre, las dos comisiones negociadoras firmaron el documento de ocho puntos y fuerona entregarlo a la Secretaría del Congreso Nacional, tal como prevé el punto que trata el tema de la restitución del presidente Manuel Zelaya.
Según el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Alfredo Saavedra, obligadamente habrá que consultar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para decidir si se restituye o no al presidente Manuel Zelaya, como acordaron ayer las comisiones de diálogo en la crisis del país.
"Tenemos que escuchar la opinión de la honorable CSJ previo a emitir un dictamen favorable o desfavorable, porque las normas parlamentarias nos obligan a seguir un procedimiento, y este acuerdo tiene realmente relación directa con otros poderes del Estado, que hay que escuchar su opinión porque así lo ordena en este tipo de materia la misma Constitució", dijo Saavedra.
El presidente del Congreso agregó que en este momento no es posible poner plazos para la resolución y que de inmediato iba a convocar a la junta directiva y a los jefes de bancadas para conocer el contenido del documento y "continuar con lo que procede"
En las próximas horas se sabrá si se trata de una verdadera salida a la crisis o una nueva maniobra dilatoria de los poderes fácticos de Honduras.
por Giorgio Trucchi
El día de hoy, 30 de octubre, las dos comisiones negociadoras firmaron el documento de ocho puntos y fuerona entregarlo a la Secretaría del Congreso Nacional, tal como prevé el punto que trata el tema de la restitución del presidente Manuel Zelaya.
Según el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Alfredo Saavedra, obligadamente habrá que consultar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para decidir si se restituye o no al presidente Manuel Zelaya, como acordaron ayer las comisiones de diálogo en la crisis del país.
"Tenemos que escuchar la opinión de la honorable CSJ previo a emitir un dictamen favorable o desfavorable, porque las normas parlamentarias nos obligan a seguir un procedimiento, y este acuerdo tiene realmente relación directa con otros poderes del Estado, que hay que escuchar su opinión porque así lo ordena en este tipo de materia la misma Constitució", dijo Saavedra.
El presidente del Congreso agregó que en este momento no es posible poner plazos para la resolución y que de inmediato iba a convocar a la junta directiva y a los jefes de bancadas para conocer el contenido del documento y "continuar con lo que procede"
En las próximas horas se sabrá si se trata de una verdadera salida a la crisis o una nueva maniobra dilatoria de los poderes fácticos de Honduras.
Honduras: Una victoria del pueblo, la lucha debe ser mas intensa que nunca
Ahora nuestra visión debe ser de más largo plazo; debemos escoger muy bien las acciones que vamos a tomar, sin renunciar a nuestros principios ni a nuestras reivindicacionesRicardo Arturo Salgado
Los que afirmaron que el presidente seria restituido a principios de noviembre para legitimar las elecciones, y atado de pies y manos, lograron describir hace muchas semanas el final que ahora estamos presenciando. Pero que conste, no es el final del golpe; este continua vigente, sus propósitos prevalecen; las condiciones que lo ocasionaron siguen tan vigentes como el 28 de junio.
El acuerdo político presionado por la diplomacia gringa no contempla temas críticos, sino mas bien trata de ignorar asuntos de fondo y pone de relieve la preeminencia de los intereses oligárquicos. El presidente Zelaya firmó con su restitución lo que puede interpretarse como la victoria del golpe y los golpistas.
Los detalles siguen siendo engorrosos: todavía esta pendiente una calendarización de las acciones que llevaran a Zelaya de vuelta a la casa presidencial. Técnicamente el acuerdo todavía puede mantener al presidente constitucional varios días encarcelado en la embajada de Brasil, pues es el Congreso Nacional el que deberá decidir la suerte del país.
Este mismo congreso que cometió el delito de falsificar la firma del presidente, y que decretó su destitución. Menudo acuerdo donde el ladrón decide que tipo de justicia recibirá su victima. La Corte Suprema de Justicia, que ordenó el arresto y deportación de Manuel Zelaya Rosales, tendrá que dar una opinión jurídica para orientar al congreso. Vaya solución.
Hay varias comisiones a formar: de seguimiento, de la verdad, y quien sabe que mas. En el marco de este enredo la oligarquía gana el reconocimiento de las fraudulentas elecciones; ahora Zelaya prestará sus esfuerzos para lograr que se reabran las puertas de la ayuda internacional a la ya maltrecha economía hondureña.
Al final no hay garantías de lo que va a suceder, ni como ni cuando. Igual que ha sucedido a lo largo de todos estos meses trágicos, la incertidumbre domina el escenario. Seguimos dependiendo de los embustes de los asesinos que inventan decretos que ellos mismos no respetan.
Ayer, contrastando con la mesa de negociaciones, la resistencia fue brutalmente reprimida. A pesar de contar con los permisos requeridos, la policía y los militares decidieron darle una nueva dosis de gas, golpes y balas al movimiento popular, como un recordatorio de que los acuerdos no eliminan la represión; no eliminan los grupos paramilitares; no eliminan los asesinatos selectivos; no eliminan las violaciones a los derechos humanos.
Seria muy ingenuo pensar que hemos llegado a solventar algo. Los militares mantienen una posición muy autónoma frente a los políticos y obedecen a sus amos empresarios, quienes siguen con la idea de que apaleando al pueblo sus intereses se preservan. También siguen vigentes los decretos represivos que firmó Micheletti. La estructura de violación a los derechos humanos sigue viva, bien aceitada y sobre todo, activa contra el pueblo hondureño.
Parece que la negociación, al menos hasta el momento que escribo estas líneas, ha olvidado la enorme cárcel que ha creado el régimen de facto. Vale la pena preguntarse que va a pasar ahora con el presidente Zelaya; ¿tendrá la misma Guardia de Honor?; ¿cuál será su relación con las Fuerzas Armadas?; ¿y su relación con el Congreso de Micheletti?
Por otro lado sigue pendiente el asunto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares con la complicidad del régimen de facto y la oligarquía criminal. Afortunadamente para el pueblo hondureño, por soberbia o torpeza, los golpistas obviaron el tema de la amnistía que Oscar Arias les había regalado en su plan original.
Vendrán cuestiones muy importantes para el movimiento popular hondureño. El golpe fue precipitado por las justas reivindicaciones del pueblo hondureño, y estas siguen sin respuesta de parte de las clases dominantes. Si acaso estas ganaron tiempo para demorar el proceso de cambio en Honduras.
¿Que va a pasar con el proceso electoral? Hay un fraude que tampoco esta incluido en la negociación. Sin embargo, habrá ahora mucha presión para que las candidaturas progresistas participen en este proceso. Este delicado tema requiere de un análisis muy atinado. Sin embargo, la participación en este proceso electoral, independientemente de los resultados, puede permitir que se mantenga la movilización popular.
Ahora nuestra visión debe ser de más largo plazo; debemos escoger muy bien las acciones que vamos a tomar, sin renunciar a nuestros principios ni a nuestras reivindicaciones.La situación política plantea nuevos retos, y ahora la UNIDAD es un asunto critico; no con fines electoreros; la coyuntura obliga a darle respuestas al pueblo; respuestas que incluyen darle a nuestragente su espacio político.
Vale la pena recordar aquí muchos argumentos que se hicierona través de todos los aportes de compañeros que han generado opinión. Vale la pena recordar que la acción de la resistencia ha sido la clave para forzar a las fuerzas oscuras de la derecha a negociar posiciones. Sin el movimiento popular esta conclusión no hubiera sido necesaria.
El protagonismo que ha ganado el pueblo de este país ha sido el elemento central para que se produzca un fenómeno poco común en la historia de América Latina: un presidente derrocado es devuelto a su posición. Ojalá el presidente Zelaya no olvide nunca que ha sido el accionar del pueblo el que ha conquistado su restitución; que no olvide su deuda moral con la refundación de Honduras.
Esta es una victoria popular, pero solo es un triunfo en el camino de mucho sufrimiento y desesperanza que ha de venir en la búsqueda de un nuevo país, donde todos podamos vivir en paz. La oligarquía y el imperio han demostrado que no nos darán nada. Si queremos conquistar nuestra libertad debemos luchar por ella.
De este modo, las consignas permanecen. Hoy celebramos, pero nos mantenemos alerta. La lucha, si acaso es hoy mas intensa que nunca. Hoy que emergerán de nuevo muchos traidores de entre las sombras; hoy debemos recordar con más intensidad que nunca nuestros mártires, a quienes les debemos la conquista de un sueño: la independencia de Honduras.
Recordemos: la lucha comienza aquí. No cometamos el error de confundir esto con nuestras aspiraciones.
Para los asesinos ni olvido ni perdón
El acuerdo político presionado por la diplomacia gringa no contempla temas críticos, sino mas bien trata de ignorar asuntos de fondo y pone de relieve la preeminencia de los intereses oligárquicos. El presidente Zelaya firmó con su restitución lo que puede interpretarse como la victoria del golpe y los golpistas.
Los detalles siguen siendo engorrosos: todavía esta pendiente una calendarización de las acciones que llevaran a Zelaya de vuelta a la casa presidencial. Técnicamente el acuerdo todavía puede mantener al presidente constitucional varios días encarcelado en la embajada de Brasil, pues es el Congreso Nacional el que deberá decidir la suerte del país.
Este mismo congreso que cometió el delito de falsificar la firma del presidente, y que decretó su destitución. Menudo acuerdo donde el ladrón decide que tipo de justicia recibirá su victima. La Corte Suprema de Justicia, que ordenó el arresto y deportación de Manuel Zelaya Rosales, tendrá que dar una opinión jurídica para orientar al congreso. Vaya solución.
Hay varias comisiones a formar: de seguimiento, de la verdad, y quien sabe que mas. En el marco de este enredo la oligarquía gana el reconocimiento de las fraudulentas elecciones; ahora Zelaya prestará sus esfuerzos para lograr que se reabran las puertas de la ayuda internacional a la ya maltrecha economía hondureña.
Al final no hay garantías de lo que va a suceder, ni como ni cuando. Igual que ha sucedido a lo largo de todos estos meses trágicos, la incertidumbre domina el escenario. Seguimos dependiendo de los embustes de los asesinos que inventan decretos que ellos mismos no respetan.
Ayer, contrastando con la mesa de negociaciones, la resistencia fue brutalmente reprimida. A pesar de contar con los permisos requeridos, la policía y los militares decidieron darle una nueva dosis de gas, golpes y balas al movimiento popular, como un recordatorio de que los acuerdos no eliminan la represión; no eliminan los grupos paramilitares; no eliminan los asesinatos selectivos; no eliminan las violaciones a los derechos humanos.
Seria muy ingenuo pensar que hemos llegado a solventar algo. Los militares mantienen una posición muy autónoma frente a los políticos y obedecen a sus amos empresarios, quienes siguen con la idea de que apaleando al pueblo sus intereses se preservan. También siguen vigentes los decretos represivos que firmó Micheletti. La estructura de violación a los derechos humanos sigue viva, bien aceitada y sobre todo, activa contra el pueblo hondureño.
Parece que la negociación, al menos hasta el momento que escribo estas líneas, ha olvidado la enorme cárcel que ha creado el régimen de facto. Vale la pena preguntarse que va a pasar ahora con el presidente Zelaya; ¿tendrá la misma Guardia de Honor?; ¿cuál será su relación con las Fuerzas Armadas?; ¿y su relación con el Congreso de Micheletti?
Por otro lado sigue pendiente el asunto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares con la complicidad del régimen de facto y la oligarquía criminal. Afortunadamente para el pueblo hondureño, por soberbia o torpeza, los golpistas obviaron el tema de la amnistía que Oscar Arias les había regalado en su plan original.
Vendrán cuestiones muy importantes para el movimiento popular hondureño. El golpe fue precipitado por las justas reivindicaciones del pueblo hondureño, y estas siguen sin respuesta de parte de las clases dominantes. Si acaso estas ganaron tiempo para demorar el proceso de cambio en Honduras.
¿Que va a pasar con el proceso electoral? Hay un fraude que tampoco esta incluido en la negociación. Sin embargo, habrá ahora mucha presión para que las candidaturas progresistas participen en este proceso. Este delicado tema requiere de un análisis muy atinado. Sin embargo, la participación en este proceso electoral, independientemente de los resultados, puede permitir que se mantenga la movilización popular.
Ahora nuestra visión debe ser de más largo plazo; debemos escoger muy bien las acciones que vamos a tomar, sin renunciar a nuestros principios ni a nuestras reivindicaciones.La situación política plantea nuevos retos, y ahora la UNIDAD es un asunto critico; no con fines electoreros; la coyuntura obliga a darle respuestas al pueblo; respuestas que incluyen darle a nuestragente su espacio político.
Vale la pena recordar aquí muchos argumentos que se hicierona través de todos los aportes de compañeros que han generado opinión. Vale la pena recordar que la acción de la resistencia ha sido la clave para forzar a las fuerzas oscuras de la derecha a negociar posiciones. Sin el movimiento popular esta conclusión no hubiera sido necesaria.
El protagonismo que ha ganado el pueblo de este país ha sido el elemento central para que se produzca un fenómeno poco común en la historia de América Latina: un presidente derrocado es devuelto a su posición. Ojalá el presidente Zelaya no olvide nunca que ha sido el accionar del pueblo el que ha conquistado su restitución; que no olvide su deuda moral con la refundación de Honduras.
Esta es una victoria popular, pero solo es un triunfo en el camino de mucho sufrimiento y desesperanza que ha de venir en la búsqueda de un nuevo país, donde todos podamos vivir en paz. La oligarquía y el imperio han demostrado que no nos darán nada. Si queremos conquistar nuestra libertad debemos luchar por ella.
De este modo, las consignas permanecen. Hoy celebramos, pero nos mantenemos alerta. La lucha, si acaso es hoy mas intensa que nunca. Hoy que emergerán de nuevo muchos traidores de entre las sombras; hoy debemos recordar con más intensidad que nunca nuestros mártires, a quienes les debemos la conquista de un sueño: la independencia de Honduras.
Recordemos: la lucha comienza aquí. No cometamos el error de confundir esto con nuestras aspiraciones.
Para los asesinos ni olvido ni perdón
jueves, 29 de octubre de 2009
Protesta estudiantil contra el CNEA e injerencia USA
Miles de estudiantes universitarios volvieron a la calle. Ataques con morteros caseros al Parlamento y a la embajada norteamericanapor Giorgio Trucchi
Los estudiantes universitarios de Nicaragua volvieron a pisar las calles de Managua en protesta contra la aprobación de la ley que crea el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, Cnea, la cual le resta facultades al Consejo Nacional de Universidades, Cnu.
Para los miles de estudiantes que se hicieron presentes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, montados en decenas de buses y luciendo sus morteros caseros, pancartas, mantas y banderas, es necesario que el presidente Daniel Ortega vete de inmediato esta ley, en cuanto atentaría contra la autonomía universitaria y pondría en riesgo la distribución del 6 por ciento del Presupuesto de la República, que la Constitución otorga para la educación superior y que el Cnu reparte entre las universidades públicas y privadas que lo conforman.
"Con esta ley se derogan funciones del Cnu que han costado lucha, sudor y sangre de la comunidad universitaria y del pueblo nicaragüense - dijo Telémaco Talavera, presidente del Cnu -.
En honor a esta sangre derramada no vamos a permitir que se manosee la autonomía universitaria, ni que se violente el derecho del pueblo a educarse y a erradicar el analfabetismo en Nicaragua. Nosotros - continuó Talavera - respetamos el trabajo que le corresponde al Cnea en cuanto a evaluación y acreditación de los centros de estudios universitarios, verificando que cumplan estándares mínimos de calidad en la enseñanza, pero no vamos a permitir que se le arrebaten antojadizamente al Cnu sus funciones, como por ejemplo la distribución del 6 por ciento, dejándola en mano de alguien que desconocemos y que no sabemos qué criterios va a usar.
Vamos a defender a la autonomía universitaria, vamos a luchar por ella y contra quienes, por mezquinos intereses particulares, han querido arrebatar lo que ha costado sangre a este pueblo", concluyó el presidente del Consejo Nacional de Universidades.
Para el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan Managua, Francisco Guzmán, el intento de esta nueva ley es desaparecer al Cnu.
"Las dos instancias, el Cnea y el Cnu, tienen razón de existir cada quien en su campo de competencia, pero no puede invadirse la competencia del organismo estatal responsable de coordinar el sector universitario.
Aquí todos los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional son responsable de lo que pasó, pero hay tiempo para revisar, refleccionar y rectificar. Por eso pedimos al presidente Ortega que vete esta ley y la devuelva a la Asamblea", concluyó.
La actividad, a la que participaron varias personalidades del mundo académico y de las organizaciones estudiantiles, fue frecuentemente interrumpida por la reacción de algunos sectores de estudiantes que adversaron la presencia en la tarima del diputado sandinista Edwin Castro, quien, a pesar de expresar el total respaldo de su partido a esta lucha y garantizar el veto presidencial, tuvo que retirarse por el nutrido lanzamiento de bolsas de agua.
Pocos minutos después, la actividad fue suspendida por la reacción descontrolada de los presentes, muchos de los cuales se acercaron al edificio de la Asamblea Nacional, atacándolo con violencia con disparos de morteros caseros y piedras, para finalmente dirigirse hacia los buses que los conducirían hacia la embajada de Estados Unidos.
La injerencia de Callahan
No es primera vez que el embajador Robert Callahan, ex miembro del equipo de Jhon Negroponte en Honduras durante la dura década de los 80, es acusado de injerencia por el gobierno sandinista del presidente Ortega.
Durante una actividad de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, el embajador norteamericano había duramente condenado y rechazado la sentencia de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, con la que en los días pasados declararon "inaplicable" el artículo de la Constitución que prohíbe la candidatura del Presidente de la República, Vicepresidente y alcaldes por dos periodos consecutivos.
Con esta sentencia muy discutida, que ha desencadenado una nueva crisis política en el país y la paralisis de la Asamblea Nacional, se está de hecho garantizando al presidente Ortega la posibilidad de candidarse para las elecciones nacionales del 2011, lo cual no significa necesariamente su reelección ya que todo dependerá de la decisión del pueblo nicaragüense durante el voto.
"Desde nuestro punto de vista, la Corte Suprema actuó de una forma indebidamente y atípicamente precipitada, en secreto, con la participación de jueces de un solo movimiento político, y sin debate público ni discusión. Pensamos que un asunto de tal importancia y que concierne el futuro de la democracia nicaragüense, merece la debida deliberación y análisis. Esperamos que todos los nicaragüenses tengan una oportunidad para expresarse, ya sea directamente o mediante sus representantes electos, sobre la enmienda a la constitución que permita la reelección del presidente", dijo Callahan.
Inmediata la reacción de la comunidad sandinista y del gobierno.
En una nota emitida hoy, 29 de octubre, la Cancillería declaró "inaceptable la política injerencista y desestabilizadora del gobierno de los Estados Unidos de Norte América, expresada el día de ayer por el embajador Robert Callahan, frente a complacientes políticos de derecha.
El gobierno de Nicaragua considera inadmisible la intervención de los Estados Unidos en asuntos de orden interno, y en decisiones soberanas de las instituciones del Estado nicaragüense".
Mientras tanto, miembros del Frente Nacional de los Trabajadores, Fnt, de la Juventud Sandinista y estudiantes universitarios se hicieron presentes frente a la embajada de Estados Unidos, para reclamarle al embajador Callahan y pedir que el gobierno nicaragüense lo declare "non grato".
"A este señor hay que rechazarlo, hay que decretarlo no grato. Es un injerencista. Que se vaya de Nicaragua, porque aquí no puede hacer su gusto. Con sus declaraciones ha botado todo lo avanzado en términos de las relaciones diplomáticas de Nicaragua con los Estados Unidos", sentenció el secretario general del Fnt, Gustavo Porras.
Mantas y pancartas con las escritas "Callahan go home" y "Callahan no grato" fueron puestas frente a la entrada de la embajada, mientras decenas de morteros caseros tronaban y caían certeros en suelo estadounidense.
Casi nula la presencia de la policía que se limitó a observar y resguardar la entrada de la embajada, mientras los manifestantes seguían pintando las paredes con escritas y coreando consignas.
Para los miles de estudiantes que se hicieron presentes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, montados en decenas de buses y luciendo sus morteros caseros, pancartas, mantas y banderas, es necesario que el presidente Daniel Ortega vete de inmediato esta ley, en cuanto atentaría contra la autonomía universitaria y pondría en riesgo la distribución del 6 por ciento del Presupuesto de la República, que la Constitución otorga para la educación superior y que el Cnu reparte entre las universidades públicas y privadas que lo conforman.
"Con esta ley se derogan funciones del Cnu que han costado lucha, sudor y sangre de la comunidad universitaria y del pueblo nicaragüense - dijo Telémaco Talavera, presidente del Cnu -.
En honor a esta sangre derramada no vamos a permitir que se manosee la autonomía universitaria, ni que se violente el derecho del pueblo a educarse y a erradicar el analfabetismo en Nicaragua. Nosotros - continuó Talavera - respetamos el trabajo que le corresponde al Cnea en cuanto a evaluación y acreditación de los centros de estudios universitarios, verificando que cumplan estándares mínimos de calidad en la enseñanza, pero no vamos a permitir que se le arrebaten antojadizamente al Cnu sus funciones, como por ejemplo la distribución del 6 por ciento, dejándola en mano de alguien que desconocemos y que no sabemos qué criterios va a usar.
Vamos a defender a la autonomía universitaria, vamos a luchar por ella y contra quienes, por mezquinos intereses particulares, han querido arrebatar lo que ha costado sangre a este pueblo", concluyó el presidente del Consejo Nacional de Universidades.
Para el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan Managua, Francisco Guzmán, el intento de esta nueva ley es desaparecer al Cnu.
"Las dos instancias, el Cnea y el Cnu, tienen razón de existir cada quien en su campo de competencia, pero no puede invadirse la competencia del organismo estatal responsable de coordinar el sector universitario.
Aquí todos los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional son responsable de lo que pasó, pero hay tiempo para revisar, refleccionar y rectificar. Por eso pedimos al presidente Ortega que vete esta ley y la devuelva a la Asamblea", concluyó.
La actividad, a la que participaron varias personalidades del mundo académico y de las organizaciones estudiantiles, fue frecuentemente interrumpida por la reacción de algunos sectores de estudiantes que adversaron la presencia en la tarima del diputado sandinista Edwin Castro, quien, a pesar de expresar el total respaldo de su partido a esta lucha y garantizar el veto presidencial, tuvo que retirarse por el nutrido lanzamiento de bolsas de agua.
Pocos minutos después, la actividad fue suspendida por la reacción descontrolada de los presentes, muchos de los cuales se acercaron al edificio de la Asamblea Nacional, atacándolo con violencia con disparos de morteros caseros y piedras, para finalmente dirigirse hacia los buses que los conducirían hacia la embajada de Estados Unidos.
La injerencia de Callahan
No es primera vez que el embajador Robert Callahan, ex miembro del equipo de Jhon Negroponte en Honduras durante la dura década de los 80, es acusado de injerencia por el gobierno sandinista del presidente Ortega.
Durante una actividad de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, el embajador norteamericano había duramente condenado y rechazado la sentencia de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, con la que en los días pasados declararon "inaplicable" el artículo de la Constitución que prohíbe la candidatura del Presidente de la República, Vicepresidente y alcaldes por dos periodos consecutivos.
Con esta sentencia muy discutida, que ha desencadenado una nueva crisis política en el país y la paralisis de la Asamblea Nacional, se está de hecho garantizando al presidente Ortega la posibilidad de candidarse para las elecciones nacionales del 2011, lo cual no significa necesariamente su reelección ya que todo dependerá de la decisión del pueblo nicaragüense durante el voto.
"Desde nuestro punto de vista, la Corte Suprema actuó de una forma indebidamente y atípicamente precipitada, en secreto, con la participación de jueces de un solo movimiento político, y sin debate público ni discusión. Pensamos que un asunto de tal importancia y que concierne el futuro de la democracia nicaragüense, merece la debida deliberación y análisis. Esperamos que todos los nicaragüenses tengan una oportunidad para expresarse, ya sea directamente o mediante sus representantes electos, sobre la enmienda a la constitución que permita la reelección del presidente", dijo Callahan.
Inmediata la reacción de la comunidad sandinista y del gobierno.
En una nota emitida hoy, 29 de octubre, la Cancillería declaró "inaceptable la política injerencista y desestabilizadora del gobierno de los Estados Unidos de Norte América, expresada el día de ayer por el embajador Robert Callahan, frente a complacientes políticos de derecha.
El gobierno de Nicaragua considera inadmisible la intervención de los Estados Unidos en asuntos de orden interno, y en decisiones soberanas de las instituciones del Estado nicaragüense".
Mientras tanto, miembros del Frente Nacional de los Trabajadores, Fnt, de la Juventud Sandinista y estudiantes universitarios se hicieron presentes frente a la embajada de Estados Unidos, para reclamarle al embajador Callahan y pedir que el gobierno nicaragüense lo declare "non grato".
"A este señor hay que rechazarlo, hay que decretarlo no grato. Es un injerencista. Que se vaya de Nicaragua, porque aquí no puede hacer su gusto. Con sus declaraciones ha botado todo lo avanzado en términos de las relaciones diplomáticas de Nicaragua con los Estados Unidos", sentenció el secretario general del Fnt, Gustavo Porras.
Mantas y pancartas con las escritas "Callahan go home" y "Callahan no grato" fueron puestas frente a la entrada de la embajada, mientras decenas de morteros caseros tronaban y caían certeros en suelo estadounidense.
Casi nula la presencia de la policía que se limitó a observar y resguardar la entrada de la embajada, mientras los manifestantes seguían pintando las paredes con escritas y coreando consignas.
Comunicado No. 31 Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras, ante los últimos hechos de violencia acaecidos en el país, que se están usando con fines políticos por parte de la Dictadura, comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:
- Condenamos contundentemente los asesinatos y el secuestro de personas sucedidos en la última semana en circunstancias inciertas, y que vienen a aumentar el clima de violencia generalizada que vive la sociedad hondureña como producto del golpe de estado perpetrado por la oligarquía el 28 de junio.
- Denunciamos que estos hechos de violencia están siendo utilizados por los medios de comunicación al servicio de la Dictadura, para denigrar la Resistencia, mediante una tendenciosa campaña de vinculación que no tiene ningún sustento probatorio y que se hace con el único fin de desmeritar la lucha pacífica que hemos llevado a cabo durante 123 días continuos.
- Hacemos ver que mientras los medios condenan y manipulan los recientes asesinatos y el secuestro de personas cercanas al régimen de facto, no han dicho nada frente a los crímenes realizados contra los miembros de la Resistencia y la población en general y que incluye decenas de asesinatos, golpizas a miles de personas, agresiones sexuales, persecución, apresamiento por razones políticas y otras violaciones de derechos humanos; perpetrados por los organismos de seguridad del Estado.
- Denunciamos que los miembros de la Conducción del Frente Nacional contra el Golpe de Estado están bajo permanente acoso de los organismos represivos, y en días recientes han recibido amenazas a muerte, que están siendo justificadas como la revancha ante los hechos de violencia de la última semana. Mencionamos especialmente el caso de amenazas directas e indirectas contra el compañero Juan Barahona.
Responsabilizamos al régimen de facto por cualquier atentado que pueda darse contra los y las dirigentes de nuestro Frente. - Reiteramos que los métodos de lucha que hemos usado y usaremos son no violentos y corresponden a una lucha de masas amplia, pacífica y democrática.
- Exigimos que la oligarquía y sus representantes detengan todas las maniobras con las que intentan boicotear una posible salida negociada y extender la crisis política y social que vive nuestro país, lo que tendrá terribles consecuencias para el futuro de nuestra población.
“A 123 DÍAS DE LUCHA AQUÍ NADIE SE RINDE” Tegucigalpa, M.D.C. 28 de octubre de 2009
miércoles, 28 de octubre de 2009
ANAIRC reafirma su compromiso de lucha
Asamblea General nombra a nuevas autoridades y llama a nuevas accionespor Giorgio Trucchi - Rel-UITA
La Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), organización afiliada a la UITA, desarrolló su tercera Asamblea General para nombrar nuevas autoridades y hacer el punto de la situación sobre la lucha emprendida hace casi ocho meses para que la Nicaragua Sugar Estates Ltd., propietaria del Ingenio San Antonio e integrante del Grupo Pellas, responda por los daños causados a la salud de sus integrantes.
Alrededor de 160 afiliados se dieron cita en el campamento en las inmediaciones de la céntrica rotonda Rubén Darío, a pocos centenares de metros de la catedral de Managua, y marcharon hacia el Edificio Pellas resguardados por la policía.
Con sus banderas y mantas que recuerdan los miles de fallecidos por insuficiencia renal crónica (IRC), producto del uso indiscriminado de agrotóxicos en los cañaverales donde han trabajado y dejado su juventud y su vida, los ex trabajadores azucareros y las viudas de la ANAIRC se apostaron por más de dos horas en silencio, cerrando las cuatro entradas del Edificio Pellas, mientras el cuerpo privado de vigilancia observaba nervioso, comunicándose a menudo por radio con sus jefes.
Tomándose el carril derecho de la Carretera a Masaya, una de las principales arterias de la capital Managua, hombres y mujeres de la ANAIRC regresaron al campamento para dar inicio a la Asamblea General que iba a nombrar nuevas autoridades.
“La lucha que hemos llevado adelante en estos casi ocho meses ha sido una lucha de todos y de todas, y nos ha costado tanto –dijo Carmen Ríos, presidenta saliente, al iniciar la Asamblea–.
Pese a que se trata de una lucha llevada adelante por personas que estamos enfermas, ha sido un esfuerzo constante y necesitamos seguir así, con la participación de todos y todas. Sabemos que cada persona tiene muchos problemas de salud, que tiene asuntos pendientes en su casa y tiene que buscar como seguir adelante, sin embargo es necesario hacer un último esfuerzo para lograr nuestros objetivos”.
Durante el debate tomó la palabra Adilia Flores. “Para todos y todas ha sido una lucha larga y dura por todo lo que nos ha tocado vivir. No obstante, tal como en 2004 éramos pocos los que comenzamos el proceso para que se aprobara la Ley 456 que reconoce la IRC como una enfermedad laboral, y seguimos adelante hasta lograrlo, ahora somos pocos los que hemos emprendido esta nueva lucha y no podemos parar hasta que se nos respeten nuestros derechos.
Invito a todos los que están aquí hoy que se queden para seguir en la lucha”, aseveró Flores en medio de los aplausos.
Al final de la actividad, los afiliados a la ANAIRC reeligieron la Junta Directiva saliente con cambios solamente en las secretarías de Actas, Organización y Propaganda y el Fiscal.
Además se volvieron a confirmar los miembros que conforman la Comisión Negociadora y los asesores legales y económicos, en vista de la instalación de una mesa de negociaciones con la Nicaragua Sugar Estates Ltd.
“Me siento muy orgullosa de que la Asamblea me haya reelegido como presidenta de la ANAIRC, porque significa que las compañeras y los compañeros han valorado como positivo el trabajo desarrollado en estos dos años –dijo Carmen Ríos a Sirel–.
Nuestra asociación tiene solamente cuatro años de haberse conformado, sin embargo creo que hemos desarrollado un trabajo importante, comprometidos con las necesidades y las esperanzas de los ex trabajadores azucareros y las viudas.
Hemos luchado –continuó Ríos– para que se aplique la Ley 456 y se les otorgue las pensiones por riesgo laboral a miles de ex trabajadores y viudas. Hemos peleado para que el Instituto de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) atiendan la demanda de medicamentos y atención médica para la enfermedad renal.
Hemos enterrados a miles de compañeros y hemos buscado apoyo para las velas y el entierro. Y ahora estamos en esta nueva etapa de la lucha para que se nos indemnice.
En este día queremos agradecer de manera especial a la UITA por su apoyo incondicional, a la Asociación Italia-Nicaragua y a todas las demás organizaciones nacionales e internacionales que en estos años nos han brindado su respaldo y amistad.
Sabemos que no va a ser fácil, que muchas personas se han enfermado y que en este momento hay escasez de medicamentos en el Centro de salud en Chichigalpa, sin embargo vamos a permanecer aquí en Managua. No importa cuántas personas sigamos aguantando después de casi 8 meses de lucha. No nos vamos a rendir”, concluyó.
Alrededor de 160 afiliados se dieron cita en el campamento en las inmediaciones de la céntrica rotonda Rubén Darío, a pocos centenares de metros de la catedral de Managua, y marcharon hacia el Edificio Pellas resguardados por la policía.
Con sus banderas y mantas que recuerdan los miles de fallecidos por insuficiencia renal crónica (IRC), producto del uso indiscriminado de agrotóxicos en los cañaverales donde han trabajado y dejado su juventud y su vida, los ex trabajadores azucareros y las viudas de la ANAIRC se apostaron por más de dos horas en silencio, cerrando las cuatro entradas del Edificio Pellas, mientras el cuerpo privado de vigilancia observaba nervioso, comunicándose a menudo por radio con sus jefes.
Tomándose el carril derecho de la Carretera a Masaya, una de las principales arterias de la capital Managua, hombres y mujeres de la ANAIRC regresaron al campamento para dar inicio a la Asamblea General que iba a nombrar nuevas autoridades.
“La lucha que hemos llevado adelante en estos casi ocho meses ha sido una lucha de todos y de todas, y nos ha costado tanto –dijo Carmen Ríos, presidenta saliente, al iniciar la Asamblea–.
Pese a que se trata de una lucha llevada adelante por personas que estamos enfermas, ha sido un esfuerzo constante y necesitamos seguir así, con la participación de todos y todas. Sabemos que cada persona tiene muchos problemas de salud, que tiene asuntos pendientes en su casa y tiene que buscar como seguir adelante, sin embargo es necesario hacer un último esfuerzo para lograr nuestros objetivos”.
Durante el debate tomó la palabra Adilia Flores. “Para todos y todas ha sido una lucha larga y dura por todo lo que nos ha tocado vivir. No obstante, tal como en 2004 éramos pocos los que comenzamos el proceso para que se aprobara la Ley 456 que reconoce la IRC como una enfermedad laboral, y seguimos adelante hasta lograrlo, ahora somos pocos los que hemos emprendido esta nueva lucha y no podemos parar hasta que se nos respeten nuestros derechos.
Invito a todos los que están aquí hoy que se queden para seguir en la lucha”, aseveró Flores en medio de los aplausos.
Al final de la actividad, los afiliados a la ANAIRC reeligieron la Junta Directiva saliente con cambios solamente en las secretarías de Actas, Organización y Propaganda y el Fiscal.
Además se volvieron a confirmar los miembros que conforman la Comisión Negociadora y los asesores legales y económicos, en vista de la instalación de una mesa de negociaciones con la Nicaragua Sugar Estates Ltd.
“Me siento muy orgullosa de que la Asamblea me haya reelegido como presidenta de la ANAIRC, porque significa que las compañeras y los compañeros han valorado como positivo el trabajo desarrollado en estos dos años –dijo Carmen Ríos a Sirel–.
Nuestra asociación tiene solamente cuatro años de haberse conformado, sin embargo creo que hemos desarrollado un trabajo importante, comprometidos con las necesidades y las esperanzas de los ex trabajadores azucareros y las viudas.
Hemos luchado –continuó Ríos– para que se aplique la Ley 456 y se les otorgue las pensiones por riesgo laboral a miles de ex trabajadores y viudas. Hemos peleado para que el Instituto de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) atiendan la demanda de medicamentos y atención médica para la enfermedad renal.
Hemos enterrados a miles de compañeros y hemos buscado apoyo para las velas y el entierro. Y ahora estamos en esta nueva etapa de la lucha para que se nos indemnice.
En este día queremos agradecer de manera especial a la UITA por su apoyo incondicional, a la Asociación Italia-Nicaragua y a todas las demás organizaciones nacionales e internacionales que en estos años nos han brindado su respaldo y amistad.
Sabemos que no va a ser fácil, que muchas personas se han enfermado y que en este momento hay escasez de medicamentos en el Centro de salud en Chichigalpa, sin embargo vamos a permanecer aquí en Managua. No importa cuántas personas sigamos aguantando después de casi 8 meses de lucha. No nos vamos a rendir”, concluyó.
Cuatro meses desde el golpe
TeleSUREste miércoles se cumplen cuatro meses desde que se ejecutó un golpe de Estado en Honduras que sacó al presidente Manuel Zelaya del poder, y en donde persiste una grave crisis política debido a la postura de un régimen de facto que no termina de abandonar el Gobierno para que la constitucionalidad retorne a esa nación.
"Yo considero que a estas alturas, después de cuatro meses, ya las autoridades de todos los países se han dado cuenta que en Honduras se está instalando un régimen dictatorial", denunció el primer mandatario legítimo desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se resguarda desde el pasado mes.
El jefe de Estado centroamericano fue sacado a la fuerza de su país el pasado 28 de junio, por un grupo de militares encapuchados el día en que se realizaría un sondeo para medir la opinión pública sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Zelaya intentó ingresar a su país en dos oportunidades fallidas y finalmente, el 21 de septiembre regresó a Tegucigalpa y desde entonces se encuentra refugiado en la sede diplomática bajo fuertes mecanismos de seguridad.
"Regresé para buscar una salida pacífica a la crisis, para revertir el golpe y poder celebrar las elecciones y para que el país sea aceptado nuevamente por la comunidad internacional", dijo el primer mandatario en esa oportunidad.
El pasado 7 de octubre, se instaló una mesa de diálogo con la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), y comisiones de ambos gobiernos, que no logró concretar ningún acuerdo ante la insistencia del presidente de facto, Roberto Micheletti, de seguir en el poder.
Ante la grave situación, el secretario de Asuntos Políticos del organismo internacional, Víctor Rico, llegó a Honduras en las últimas horas para preservar las negociaciones.
Asimismo, se espera que este miércoles llegue a Tegucigalpa una delegación encabezada por el secretario de Estado adjunto para Asuntos de América Latina, Thomas Shannon.
La intención es lograr avances en el Acuerdo de San José, promovido por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que contempla en primera instancia la restitución de Zelaya a la presidencia con una serie de condicionamientos que restringen sus funciones.
Micheletti había anunciado su propósito de no permitir el regreso al poder del presidente Zelaya y sugirió nombrar a un tercero con la intención de aplazar cualquier solución a la crisis actual.
El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, descartó el martes que la restitución del presidente constitucional, Manuel Zelaya, sea tema a tratar en la reunión que sostendrá con el subsecretario de Estado estadounidense para América Latina, Thomas Shannon, que arribará al país centroamericano este miércoles.
"Nosotros estamos claros: no hay restitución, nosotros podemos hablar del tema de una tercería, de una sustitución constitucional, es lo que hemos platicado", afirmó Micheletti en rueda de prensa.
El mandatario de facto informó había sostenido una conversación "como de media hora" con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, acerca de la comisión oficial estadounidense que llega este miércoles a Honduras.
Indicó que lo importante "de ahora en adelante (es) el tema de las elecciones, no vamos a arreglar absolutamente nada, ni el diálogo, ni nada si no es posterior a las elecciones, ya estamos a 32 días de los comicios y no podemos estar jugando con ese tema".
A pesar de esto, una de los tres integrantes del equipo negociador de Micheletti, Vilma Morales, aseguró que se podría lograr un acuerdo "a más tardar la próxima semana".
El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, aseguró este lunes que el secretario de estado adjunto Tomas Shannon encabezará la delegación que buscará instar a Micheletti y a Zelaya a hallar una solución.
La comitiva estadounidense se reunirá "con los representantes de ambas partes para discutir estrategias para hacer avanzar el proceso" del Acuerdo de San José, indicó este lunes a periodistas el vocero.
Las negociaciones quedaron estancadas la semana pasada cuando la delegación del gobierno de facto no aceptó las propuestas de los enviados de Zelaya que determinar la restitución del mandatario, algo que fue catalogado por las autoridades consitucionales como trabas destinadas a dilatar la vuelta a la democracia.
martes, 27 de octubre de 2009
Nicaragua: la reforma tributaria no tasará a las pulperías, ni las remesas, ni las pensiones
Ni las pequeñas ni medianas pulperías serán afectadas por la reforma tributaria que presentó el gobierno ante la Asamblea Nacional, las cuales se encuentran listas para seguir siendo concertadas en la Comisión Económica.
El 19 Digital
El 19 Digital
En una amplia explicación sobre los efectos que tendrán la aplicación de las reformas tributarias una vez aprobada, el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez, dejó claro que la inmensa mayoría de comerciantes y dueños de pulperías que se encuentran dentro del régimen simplificado de cuota fija, NO serán afectados por la reforma fiscal.
Tampoco serán afectadas aquellas remesas familiares que envían los nicaragüenses que laboran en otras naciones, y mucho menos el 99.2 por ciento de las pensiones de miles de ciudadanos.
Wálmaro manifestó que los pequeños comerciantes de los mercados del país, se verán beneficiados con la reforma fiscal, pues solamente con presentar sus facturas de compra de los productos que le suplen sus proveedores, pueden incluso enterar ni un córdoba en concepto de cuota fija.
“El gobierno no está interesado en recibir recursos como consecuencia del régimen simplificado de cuota fija, lo que persigue el gobierno, es integrar a la formalidad, a los que le suplen recursos a los que están afectos a este régimen simplificado de cuota fija”, dijo.
De acuerdo al legislador, el artículo 262 de la propuesta presentada por el ejecutivo, establece que si un pequeño comerciante presenta las facturas donde su proveedor le cobra el Impuesto al Valor Agregado, IVA, puede descontar esa cantidad en concepto de la cuota fija.
“Un comerciante que tenga que pagar 2 mil 200 pesos mensuales y ha pagado en IVA la mitad, o toda esa cantidad, su régimen de cuota fija puede llegar a ser cero, o sea no pagar un centavo de cuota fija, porque presentó facturas donde paga IVA al suplidor de los productos que vende en el mercado”, añadió.
Wálmaro brindó estas aclaraciones a representantes de las diferentes asociaciones de comerciantes con los que se reunió, a los cuales les explicó las bondades que trae la propuesta de reforma fiscal, la que pretende hacer pagar a aquellos grandes importadores que se amparan bajo la cuota fija, cuando sus ganancias son millonarias.
En la reunión, el legislador les explicó que el artículo 263 de la propuesta, deja exento del pago de cuota fija, a los vendedores ambulantes, a los pequeños comerciantes mayores de 60 años, los propietarios de pequeñas pulperías que no tengan capacidad contributiva y las personas naturales sin local formal.
En el conversatorio con diversos medios de comunicación, incluyendo los medios manipuladores y desinformadores, Wálmaro aclaró que la propuesta fiscal, no pretende, ni persigue tasar impuestos a las remesas familiares que envían los nicaragüenses que residen en el exterior.
“No estamos gravando las remesas familiares, no estamos pretendiendo ponerle un sólo córdoba de impuesto a las remesas familiares, no es una fuente constitutiva de renta por nacionales, no es una fuente nacional de generación de riquezas, se hace en el extranjero por lo tanto no la podés gravar, es por sentido común que no se puede gravar las remesas y no se está gravando, la posición oficial del gobierno es no afectar las remesas familiares, punto”, resaltó Wálmaro.
El legislador, indicó que existe un patrón de comportamiento de empresarios que realizan transferencias financieras significativas de Estados Unidos hacia Nicaragua, cobijadas como remesas familiares, algunas que superan los dos mil o tres mil dólares, cada quincena.
Señaló que primero se debe definir claramente que es un remesa familiar, pues es aquella que manda el nicaragüense para ayudar a subsistir a su familia en el país, las cuales no sobrepasan los 400 dólares mensuales.
“Es sensato que un hermano nicaragüense que se revienta trabajando en la construcción mande 200, 300 o 400 dólares a su familia, pero les parece sensato que bajo este tipo de régimen (remesa familiar) estén mandando dos o tres mil dólares cada quincena, lo que hay que hacer correctamente para evitar que ese mecanismo, que desde ningún punto de vista persigue afectar la remesa familiar, lo estén utilizando para verdaderas transferencias fuertes de capital que vengan del extranjero, eso se tiene que revisar, dejando claramente establecido que es una remesa familiar”, apuntó.
En el caso de las pensiones, Wálmaro refrendó que la propuesta establece que solamente serán afectados aquellos pensionados que reciben más de mil dólares mensuales, los que apenas llegan a 934, es decir el 0.8 por ciento de los 115 mil pensionados que se encuentran registrados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Entre los afortunados que reciben pensiones superiores a los mil dólares es el propietario pro derechista El Nuevo Diario, Danilo Aguirre, cuya pensión sobrepasa los 1 mil 500 dólares mensuales.
Wálmaro señaló que el 99.2 por ciento de los pensionados no se les gravará ningún impuesto del dinero que reciben cada mes por los años que cotizaron al seguro social.
El legislador explicó el porque se tasaran las mega-pensiones, como las de Danilo Aguirre, pues refrendó que existen beneficios de las empresarios que le otorgan a socios de sus empresas “que están maquilladas bajo la lógica de prestaciones sociales, o indemnizaciones, incluso pensiones, y como pensión se distribuyen utilidades, pero como están bajo la lógica de pensión están exentas, hay distribuciones fuertes de utilidades a empresas que se las trasladan a este supuesto trabajador, que es un socio, y le están trasladando utilidades vía pensión, esto es incorrecto, es inmoral, es una elusión, y una evasión fiscal”.
Tampoco serán afectadas aquellas remesas familiares que envían los nicaragüenses que laboran en otras naciones, y mucho menos el 99.2 por ciento de las pensiones de miles de ciudadanos.
Wálmaro manifestó que los pequeños comerciantes de los mercados del país, se verán beneficiados con la reforma fiscal, pues solamente con presentar sus facturas de compra de los productos que le suplen sus proveedores, pueden incluso enterar ni un córdoba en concepto de cuota fija.
“El gobierno no está interesado en recibir recursos como consecuencia del régimen simplificado de cuota fija, lo que persigue el gobierno, es integrar a la formalidad, a los que le suplen recursos a los que están afectos a este régimen simplificado de cuota fija”, dijo.
De acuerdo al legislador, el artículo 262 de la propuesta presentada por el ejecutivo, establece que si un pequeño comerciante presenta las facturas donde su proveedor le cobra el Impuesto al Valor Agregado, IVA, puede descontar esa cantidad en concepto de la cuota fija.
“Un comerciante que tenga que pagar 2 mil 200 pesos mensuales y ha pagado en IVA la mitad, o toda esa cantidad, su régimen de cuota fija puede llegar a ser cero, o sea no pagar un centavo de cuota fija, porque presentó facturas donde paga IVA al suplidor de los productos que vende en el mercado”, añadió.
Wálmaro brindó estas aclaraciones a representantes de las diferentes asociaciones de comerciantes con los que se reunió, a los cuales les explicó las bondades que trae la propuesta de reforma fiscal, la que pretende hacer pagar a aquellos grandes importadores que se amparan bajo la cuota fija, cuando sus ganancias son millonarias.
En la reunión, el legislador les explicó que el artículo 263 de la propuesta, deja exento del pago de cuota fija, a los vendedores ambulantes, a los pequeños comerciantes mayores de 60 años, los propietarios de pequeñas pulperías que no tengan capacidad contributiva y las personas naturales sin local formal.
En el conversatorio con diversos medios de comunicación, incluyendo los medios manipuladores y desinformadores, Wálmaro aclaró que la propuesta fiscal, no pretende, ni persigue tasar impuestos a las remesas familiares que envían los nicaragüenses que residen en el exterior.
“No estamos gravando las remesas familiares, no estamos pretendiendo ponerle un sólo córdoba de impuesto a las remesas familiares, no es una fuente constitutiva de renta por nacionales, no es una fuente nacional de generación de riquezas, se hace en el extranjero por lo tanto no la podés gravar, es por sentido común que no se puede gravar las remesas y no se está gravando, la posición oficial del gobierno es no afectar las remesas familiares, punto”, resaltó Wálmaro.
El legislador, indicó que existe un patrón de comportamiento de empresarios que realizan transferencias financieras significativas de Estados Unidos hacia Nicaragua, cobijadas como remesas familiares, algunas que superan los dos mil o tres mil dólares, cada quincena.
Señaló que primero se debe definir claramente que es un remesa familiar, pues es aquella que manda el nicaragüense para ayudar a subsistir a su familia en el país, las cuales no sobrepasan los 400 dólares mensuales.
“Es sensato que un hermano nicaragüense que se revienta trabajando en la construcción mande 200, 300 o 400 dólares a su familia, pero les parece sensato que bajo este tipo de régimen (remesa familiar) estén mandando dos o tres mil dólares cada quincena, lo que hay que hacer correctamente para evitar que ese mecanismo, que desde ningún punto de vista persigue afectar la remesa familiar, lo estén utilizando para verdaderas transferencias fuertes de capital que vengan del extranjero, eso se tiene que revisar, dejando claramente establecido que es una remesa familiar”, apuntó.
En el caso de las pensiones, Wálmaro refrendó que la propuesta establece que solamente serán afectados aquellos pensionados que reciben más de mil dólares mensuales, los que apenas llegan a 934, es decir el 0.8 por ciento de los 115 mil pensionados que se encuentran registrados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Entre los afortunados que reciben pensiones superiores a los mil dólares es el propietario pro derechista El Nuevo Diario, Danilo Aguirre, cuya pensión sobrepasa los 1 mil 500 dólares mensuales.
Wálmaro señaló que el 99.2 por ciento de los pensionados no se les gravará ningún impuesto del dinero que reciben cada mes por los años que cotizaron al seguro social.
El legislador explicó el porque se tasaran las mega-pensiones, como las de Danilo Aguirre, pues refrendó que existen beneficios de las empresarios que le otorgan a socios de sus empresas “que están maquilladas bajo la lógica de prestaciones sociales, o indemnizaciones, incluso pensiones, y como pensión se distribuyen utilidades, pero como están bajo la lógica de pensión están exentas, hay distribuciones fuertes de utilidades a empresas que se las trasladan a este supuesto trabajador, que es un socio, y le están trasladando utilidades vía pensión, esto es incorrecto, es inmoral, es una elusión, y una evasión fiscal”.
lunes, 26 de octubre de 2009
El COFADEH denuncia más de 4 mil violaciones a los derechos humanos
Un pueblo en situación de emergenciaPor Giorgio Trucchi - Rel-UITA
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presentó su segundo informe sobre violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado, “Rostros y Cifras de la Represión”, en el que se evidencia la brutalidad del régimen de facto en su intento por acallar las diferentes expresiones de resistencia contra el golpe del pasado 28 de junio.
Según los datos presentados por Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, organización surgida al inicio de la “Década Perdida” de los años ochenta, cuando en plena aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional la sociedad hondureña estuvo militarizada y sus instituciones civiles subordinadas a las Fuerzas Armadas, del 28 de junio al 15 de octubre del 2009 han sido 4.234 los casos de violación al los derechos humanos reportados por esta organización.
Durante una muy concurrida y emotiva conferencia de prensa, Oliva explicó que se registraron 21 muertes violentas y asesinatos con visos políticos, diez de los cuales ocurrieron directamente durante acciones públicas de la Resistencia y once presentan patrones de ejecuciones selectivas, con un modus operandi típico de los cuerpos paramilitares.
A lo largo de 115 días se produjeron también tres atentados contra la vida o intentos de homicidio, 108 amenazas de muerte, 133 casos de tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia personas en detención administrativa, 21 lesiones graves y 453 lesiones y golpes. Además, 211 personas fueron afectadas por armas no convencionales como bombas lacrimógenas, gases tóxicos y armas sónicas.
Hubo también 3.033 detenciones ilegales, en su mayoría jóvenes, dos intentos de secuestro, 114 acusados políticos –cinco de los cuales permanecen detenidos mientras el resto está con medidas sustitutivas a la prisión o han sido sobreseido en forma provisional–, diez allanamientos ilegales, 13 casos de persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y cuatro atentados contra organizaciones, entre ellas el mismo COFADEH y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).
Con respecto a la libertad de expresión y movilización, el Informe del COFADEH registró 27 casos de violación a la libertad los medios de comunicación, entre ellos el cierre de Radio Globo y Canal 36, 26 agresiones a periodistas, el cierre de tres programas radiales de organizaciones de mujeres, 52 retenes militares y policiales en todo el país que violentaron el derecho de circulación a más de 20 mil hondureños, y una escalada represiva que limitó de forma indefinida la libertad de la población a asociarse y manifestar.
“Confieso que al escribir este informe me he sentido turbada –expresó Bertha Oliva–.
Quizás porque me había hecho a la idea de que en este largo proceso de las últimas décadas habíamos logrado al menos pocos y relativos avances en materia de derechos humanos; pero soy una ilusa.
A más de 100 días de aquella fecha fatídica del 28 de junio que sacudió las entrañas del COFADEH –continuó Oliva– sabemos que estamos ante un violento retroceso de 25 o 30 años, quizas más.
Conocedores de los efectos de la dictadura militar asumimos que no era un hecho aislado, sino que estábamos frente a toda una estrategia para tomar y controlar el poder a largo plazo, o sea que la dictadura ha llegado para quedarse en la región.
Ante esta situación –advirtió la coordinadora del COFADEH– es imprescindible prepararse, porque igual que en el pasado somos depositarias de lágrimas, de angustias, de dolor y de desesperanzas, pero más aún de desesperación”.
Oliva explicó también estar sumamente preocupada por el ataque directo de la dictadura contra el gremio magisterial, que se ha materializado con asesinatos, persecuciones, detenciones ilegales y arbitrarias, retención de cuotas de los colegios magisteriales, levantamiento de perfiles, requerimientos a través del Ministerio Público para abrirles juicio.
También los jóvenes han sido objeto de represión y ya son muchos los que han sido secuestrados, torturados y asesinados, mientras que varios han tenido que abandonar el país.
“Con pruebas documentales en nuestro poder estamos afirmando ante el mundo que en el país vivimos una situación de emergencia. Por tal razón, apelamos ante la comunidad internacional para que permanezca vigilante y observante, para acompañar el desafío de ver juzgados a los perpetradores de los crímines de lesa humanidad”, sentenció Bertha Oliva, no sin antes denunciar las amenazas y el hostigamiento al que está sometido el COFADEH por el régimen de facto, al quererle cancelar su personería jurídica.
“No necesitamos de personería jurídica para buscar la verdad, acompañar a los que sufren, denunciar ante el mundo las barbaries que estamos viviendo. Esta dictadura pretende acallarnos, pero no lo va a lograr. Podrán callarnos la voz, pero no los ideales, ni el pensamiento. Mientras más nos reprimen, más fuerza agarramos”, concluyó.
Según los datos presentados por Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, organización surgida al inicio de la “Década Perdida” de los años ochenta, cuando en plena aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional la sociedad hondureña estuvo militarizada y sus instituciones civiles subordinadas a las Fuerzas Armadas, del 28 de junio al 15 de octubre del 2009 han sido 4.234 los casos de violación al los derechos humanos reportados por esta organización.
Durante una muy concurrida y emotiva conferencia de prensa, Oliva explicó que se registraron 21 muertes violentas y asesinatos con visos políticos, diez de los cuales ocurrieron directamente durante acciones públicas de la Resistencia y once presentan patrones de ejecuciones selectivas, con un modus operandi típico de los cuerpos paramilitares.
A lo largo de 115 días se produjeron también tres atentados contra la vida o intentos de homicidio, 108 amenazas de muerte, 133 casos de tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia personas en detención administrativa, 21 lesiones graves y 453 lesiones y golpes. Además, 211 personas fueron afectadas por armas no convencionales como bombas lacrimógenas, gases tóxicos y armas sónicas.
Hubo también 3.033 detenciones ilegales, en su mayoría jóvenes, dos intentos de secuestro, 114 acusados políticos –cinco de los cuales permanecen detenidos mientras el resto está con medidas sustitutivas a la prisión o han sido sobreseido en forma provisional–, diez allanamientos ilegales, 13 casos de persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y cuatro atentados contra organizaciones, entre ellas el mismo COFADEH y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).
Con respecto a la libertad de expresión y movilización, el Informe del COFADEH registró 27 casos de violación a la libertad los medios de comunicación, entre ellos el cierre de Radio Globo y Canal 36, 26 agresiones a periodistas, el cierre de tres programas radiales de organizaciones de mujeres, 52 retenes militares y policiales en todo el país que violentaron el derecho de circulación a más de 20 mil hondureños, y una escalada represiva que limitó de forma indefinida la libertad de la población a asociarse y manifestar.
“Confieso que al escribir este informe me he sentido turbada –expresó Bertha Oliva–.
Quizás porque me había hecho a la idea de que en este largo proceso de las últimas décadas habíamos logrado al menos pocos y relativos avances en materia de derechos humanos; pero soy una ilusa.
A más de 100 días de aquella fecha fatídica del 28 de junio que sacudió las entrañas del COFADEH –continuó Oliva– sabemos que estamos ante un violento retroceso de 25 o 30 años, quizas más.
Conocedores de los efectos de la dictadura militar asumimos que no era un hecho aislado, sino que estábamos frente a toda una estrategia para tomar y controlar el poder a largo plazo, o sea que la dictadura ha llegado para quedarse en la región.
Ante esta situación –advirtió la coordinadora del COFADEH– es imprescindible prepararse, porque igual que en el pasado somos depositarias de lágrimas, de angustias, de dolor y de desesperanzas, pero más aún de desesperación”.
Oliva explicó también estar sumamente preocupada por el ataque directo de la dictadura contra el gremio magisterial, que se ha materializado con asesinatos, persecuciones, detenciones ilegales y arbitrarias, retención de cuotas de los colegios magisteriales, levantamiento de perfiles, requerimientos a través del Ministerio Público para abrirles juicio.
También los jóvenes han sido objeto de represión y ya son muchos los que han sido secuestrados, torturados y asesinados, mientras que varios han tenido que abandonar el país.
“Con pruebas documentales en nuestro poder estamos afirmando ante el mundo que en el país vivimos una situación de emergencia. Por tal razón, apelamos ante la comunidad internacional para que permanezca vigilante y observante, para acompañar el desafío de ver juzgados a los perpetradores de los crímines de lesa humanidad”, sentenció Bertha Oliva, no sin antes denunciar las amenazas y el hostigamiento al que está sometido el COFADEH por el régimen de facto, al quererle cancelar su personería jurídica.
“No necesitamos de personería jurídica para buscar la verdad, acompañar a los que sufren, denunciar ante el mundo las barbaries que estamos viviendo. Esta dictadura pretende acallarnos, pero no lo va a lograr. Podrán callarnos la voz, pero no los ideales, ni el pensamiento. Mientras más nos reprimen, más fuerza agarramos”, concluyó.
Frente Amplio marcha adelante en Uruguay
TeleSURLa Corte Electoral de Uruguay culminó este lunes el conteo de votos de las elecciones generales y reveló que el candidato del izquierdista Frente Amplio, José Mujica, ganó la primera vuelta con 48.1 por ciento de los sufragios.
En segundo lugar, informó el organismo comicial, se ubicó el candidato del Partido Nacional (Blanco), Luis Alberto Lacalle, con 28.9 por ciento, seguido del abanderado del Partido Colorado, Pedro Bordeberry, quien alcanzó 16.9 por ciento de los votos.
El Partido Independiente, representado por la candidatura de Pablo Mieres, quedó en cuarto lugar al obtener 2.4 por ciento de los votos de una jornada que estuvo marcada por la incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda vuelta.
Con estos datos, se oficializa que el 29 de noviembre próximo habrá una segunda vuelta entre Mujica y Lacalle, ya que el candidato del Frente necesitaba por lo menos la mitad más uno de los votos para haber ganado la víspera la presidencia de Uruguay.
Los resultados oficiales también especificaron que el Senado tendrá una mayoría simple de 15 legisladores del Frente Amplio, más nueve del Partido Blanco y cinco del partido Colorado, aunque aún falta un escaño por definir.
En la Cámara de Diputados, en tanto, habrá 49 bancas para el Frente Amplio, 29 del Partido Nacional, 18 del Partido Colorado y dos del Partido Independiente, pero, al igual que en el Senado, todavía resta definir una curul.
Con respecto a los plebiscitos, la Corte Electoral reportó que 47.3 por ciento de los electores aprobó la anulación de la Ley de Caducidad que permite la impunidad de los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1985).
Sin embargo, esta norma de amnistía no se derogará porque para ello se necesitaba el 50 por ciento más uno de los votos.
En el mismo caso se encuentra el plebiscito que se realizó para permitir el voto por correo de los 700 mil uruguayos que radican en el extranjero, y que sólo obtuvo el respaldo del 36.9 de los electores.
La condición indispensable para haber sacado adelante esas dos reformas era obtener el apoyo de más del 50 por ciento de los votos emitidos, pero los uruguayos no escucharon a las organizaciones de derechos humanos que pidieron la anulación de la ley, entre ellas Amnistía Internacional.
En segundo lugar, informó el organismo comicial, se ubicó el candidato del Partido Nacional (Blanco), Luis Alberto Lacalle, con 28.9 por ciento, seguido del abanderado del Partido Colorado, Pedro Bordeberry, quien alcanzó 16.9 por ciento de los votos.
El Partido Independiente, representado por la candidatura de Pablo Mieres, quedó en cuarto lugar al obtener 2.4 por ciento de los votos de una jornada que estuvo marcada por la incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda vuelta.
Con estos datos, se oficializa que el 29 de noviembre próximo habrá una segunda vuelta entre Mujica y Lacalle, ya que el candidato del Frente necesitaba por lo menos la mitad más uno de los votos para haber ganado la víspera la presidencia de Uruguay.
Los resultados oficiales también especificaron que el Senado tendrá una mayoría simple de 15 legisladores del Frente Amplio, más nueve del Partido Blanco y cinco del partido Colorado, aunque aún falta un escaño por definir.
En la Cámara de Diputados, en tanto, habrá 49 bancas para el Frente Amplio, 29 del Partido Nacional, 18 del Partido Colorado y dos del Partido Independiente, pero, al igual que en el Senado, todavía resta definir una curul.
Con respecto a los plebiscitos, la Corte Electoral reportó que 47.3 por ciento de los electores aprobó la anulación de la Ley de Caducidad que permite la impunidad de los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1985).
Sin embargo, esta norma de amnistía no se derogará porque para ello se necesitaba el 50 por ciento más uno de los votos.
En el mismo caso se encuentra el plebiscito que se realizó para permitir el voto por correo de los 700 mil uruguayos que radican en el extranjero, y que sólo obtuvo el respaldo del 36.9 de los electores.
La condición indispensable para haber sacado adelante esas dos reformas era obtener el apoyo de más del 50 por ciento de los votos emitidos, pero los uruguayos no escucharon a las organizaciones de derechos humanos que pidieron la anulación de la ley, entre ellas Amnistía Internacional.
Luis Puig, portavoz de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, admitió que el resultado frena los intentos de enjuiciar a los policías y militares que participaron en torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de disidentes políticos en tiempos de la dictadura (1973-1985).
No obstante, Puig señaló que "la lucha por la verdad y la justicia no termina ni se menoscaba" con este resultado desfavorable y dejó en manos de los procesos particulares la posibilidad de que la Justicia actúe.
Al menos, "el tema de la memoria y la justicia ha tenido un gran empuje en los jóvenes uruguayos", dijo Puig, también secretario de Derechos Humanos de la principal central obrera de Uruguay, Plenario Intersindical-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).
Esta organización sindical fue la principal impulsora de la reunión de las 255 mil firmas necesarias para convocar el plebiscito celebrado el día domingo de manera simultánea a las elecciones nacionales y a la consulta popular sobre la habilitación del voto por correo, reforma también desestimada por los electores, ya que sólo obtuvo un 33 por ciento de apoyo.
viernes, 23 de octubre de 2009
Cifras y rostros de la represión en Honduras
El COFADEH presentó el II Informe sobre violaciones a los derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Hondurashttp://www.defensoresenlinea.com/cms/documentos/segundo_informe_situacional_cofadeh.pdf
Pase lo que pase ¡Aquí voy a estar!
117 días movilizada pidiendo que se revierta el golpe de Estadopor Giorgio Trucchi - Rel-UITA
El diálogo está empantanado. Ante la nueva propuesta dilatoria de la comisión negociadora del régimen de facto, que ahora pretende pedir los informes elaborados por la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional sobre el caso del presidente Zelaya, para que las dos comisiones los conozcan antes de lograr un acuerdo, la comisión del presidente Zelaya emitió una declaración en la que considera "formalista, absurda y en algunos casos insultante y hasta provocadora" esta nueva maniobra para obstaculizar su restitución. El diálogo se suspendió hasta que el régimen de facto presente una propuesta seria, y la crisis política, económica y social se profundiza cada día más.
Pese a esta difícil situación y a las alarmantes repercusiones económicas que, por ejemplo, han llevado el gobierno de facto a reducir de un 60 por ciento el Presupuesto de la República, los hombres y mujeres de la Resistencia continúan su incansable movilización, desconociendo el proceso electoral y sus resultados, haciendo limpieza en las calles de la propaganda electoral, y preparando el camino hacia la Asamblea Constituyente.
Son estos hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas que mantienen viva la esperanza de que se pueda revertir el golpe de Estado. Pase lo que pase el pueblo ha despertado y Honduras ya no podrá ser la misma.
Entre todos estos rostros que por 117 días han resistido a la burda violencia del régimen de facto, está Dionisia Díaz, la “abuela”, como le llaman las miles de personas de la Resistencia.
Originaria de El Progreso, nació en 1935 y vivió el famoso alzamiento popular de 1954, originado por la huelga general de los trabajadores bananeros contra las nefastas United Fruit Co. y Standard Fruit Co. Su marido se internó en la montaña para escapar de la represión que vino después y nunca más regresó.
Desde el primer día del golpe de Estado, armada de su infaltable megáfono, Dionisia se involucró en la lucha del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado y no se ha perdido ni un sólo día de movilización.
Sirel aprovechó la ocasión para conversar con ella.
-Tiene más de 100 días marchando y participando en todas las actividades de la Resistencia. ¿Qué es lo que más la motiva para seguir en la lucha?
-Ha habido un golpe de Estado y lo que queremos es la restitución del presidente Zelaya y que se vayan estos golpistas, estos militares. Que se vaya también Micheletti porque no lo reconocemos como Presidente. Los militares y los grupos económicos lo mantienen ahí como títere.
El pueblo sigue manifestándose en la calle y hay que estar claro de una cosa: aquí no están marchando los cubanos, ni los venezolanos, tal como dice el gobierno de facto. Aquí marcha y se manifiesta el pueblo hondureño que reclama sus derechos. Ese movimiento que ha surgido no es comprado, nadie nos paga. Ese movimiento es del pueblo organizado. No vamos a permitir que siga esta Constitución, porque no sirve para el pueblo. Vamos a seguir luchando para una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución que sí sea para el pueblo.
-¿No está cansada de tanto caminar, de tantas cosas que han pasado en estos casi cuatro meses de lucha?
-No, para nada. Estoy como el primer día. Yo siempre les digo a los compañeros y compañeras que hay que olvidarse de los más de cien días que han pasado y comenzar cada día como si fuese el primero. Sabemos en lo que andamos, lo que necesitamos y sabemos lo que queremos. Siempre pido a la gente que se una, que venza el miedo y vuelva a la calle.
-¿Hasta cuándo piensa mantenerse movilizada?
-Hasta que no se restituya al presidente Manuel Zelaya Rosales y es mejor que lo hagan porque esto se va a poner caliente. Sin la restitución del presidente Zelaya no va a haber elecciones. Y que no se engañe el gobierno de facto, porque el pueblo no va a ir a votar, así de sencillo.
-¿No tiene miedo a toda esta represión de la policía y del ejército?
-No tengo miedo porque mi vida ha sido mucho más difícil de lo que estoy viendo en estos días. Nací en una lancha en 1935 porque el río se había desbordado y mi mamá no podía llegar a tierra firme. Ahí nací y mi mamá tiró la placenta al río.
En 1954 participé en la huelga general y ahí perdí mi marido. Se enmontañó para escapar de la represión y no lo volví a ver. Los represores perseguían a la gente en la montaña y la mataba, hasta la quemaba. Ahora tenemos a este señor Micheletti que ni siquiera es hondureño. Ordena a la policía y a los soldados que nos dispare y que nos tire gases, pero nosotros seguimos adelante.
-¿La vamos a seguir viendo en las calles?
-Siempre. Pase lo que pase aquí voy a estar.
Pese a esta difícil situación y a las alarmantes repercusiones económicas que, por ejemplo, han llevado el gobierno de facto a reducir de un 60 por ciento el Presupuesto de la República, los hombres y mujeres de la Resistencia continúan su incansable movilización, desconociendo el proceso electoral y sus resultados, haciendo limpieza en las calles de la propaganda electoral, y preparando el camino hacia la Asamblea Constituyente.
Son estos hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas que mantienen viva la esperanza de que se pueda revertir el golpe de Estado. Pase lo que pase el pueblo ha despertado y Honduras ya no podrá ser la misma.
Entre todos estos rostros que por 117 días han resistido a la burda violencia del régimen de facto, está Dionisia Díaz, la “abuela”, como le llaman las miles de personas de la Resistencia.
Originaria de El Progreso, nació en 1935 y vivió el famoso alzamiento popular de 1954, originado por la huelga general de los trabajadores bananeros contra las nefastas United Fruit Co. y Standard Fruit Co. Su marido se internó en la montaña para escapar de la represión que vino después y nunca más regresó.
Desde el primer día del golpe de Estado, armada de su infaltable megáfono, Dionisia se involucró en la lucha del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado y no se ha perdido ni un sólo día de movilización.
Sirel aprovechó la ocasión para conversar con ella.
-Tiene más de 100 días marchando y participando en todas las actividades de la Resistencia. ¿Qué es lo que más la motiva para seguir en la lucha?
-Ha habido un golpe de Estado y lo que queremos es la restitución del presidente Zelaya y que se vayan estos golpistas, estos militares. Que se vaya también Micheletti porque no lo reconocemos como Presidente. Los militares y los grupos económicos lo mantienen ahí como títere.
El pueblo sigue manifestándose en la calle y hay que estar claro de una cosa: aquí no están marchando los cubanos, ni los venezolanos, tal como dice el gobierno de facto. Aquí marcha y se manifiesta el pueblo hondureño que reclama sus derechos. Ese movimiento que ha surgido no es comprado, nadie nos paga. Ese movimiento es del pueblo organizado. No vamos a permitir que siga esta Constitución, porque no sirve para el pueblo. Vamos a seguir luchando para una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución que sí sea para el pueblo.
-¿No está cansada de tanto caminar, de tantas cosas que han pasado en estos casi cuatro meses de lucha?
-No, para nada. Estoy como el primer día. Yo siempre les digo a los compañeros y compañeras que hay que olvidarse de los más de cien días que han pasado y comenzar cada día como si fuese el primero. Sabemos en lo que andamos, lo que necesitamos y sabemos lo que queremos. Siempre pido a la gente que se una, que venza el miedo y vuelva a la calle.
-¿Hasta cuándo piensa mantenerse movilizada?
-Hasta que no se restituya al presidente Manuel Zelaya Rosales y es mejor que lo hagan porque esto se va a poner caliente. Sin la restitución del presidente Zelaya no va a haber elecciones. Y que no se engañe el gobierno de facto, porque el pueblo no va a ir a votar, así de sencillo.
-¿No tiene miedo a toda esta represión de la policía y del ejército?
-No tengo miedo porque mi vida ha sido mucho más difícil de lo que estoy viendo en estos días. Nací en una lancha en 1935 porque el río se había desbordado y mi mamá no podía llegar a tierra firme. Ahí nací y mi mamá tiró la placenta al río.
En 1954 participé en la huelga general y ahí perdí mi marido. Se enmontañó para escapar de la represión y no lo volví a ver. Los represores perseguían a la gente en la montaña y la mataba, hasta la quemaba. Ahora tenemos a este señor Micheletti que ni siquiera es hondureño. Ordena a la policía y a los soldados que nos dispare y que nos tire gases, pero nosotros seguimos adelante.
-¿La vamos a seguir viendo en las calles?
-Siempre. Pase lo que pase aquí voy a estar.
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