Juez dicta sentencia para los 24 detenidos

18 sobreseídos y seis con medidas cautelares

por Giorgio Trucchi - Rel-UITA

A las 21:30 de ayer, jueves 20, el juez de la Sala de Juicios Orales de Tegucigalpa emitió una sentencia en el caso de las 24 personas que el pasado 12 de agosto fueron detenidas y brutalmente golpeadas, durante la represión desatada por la Policía y el Ejército hondureño en las cercanías del Congreso. El juez, sin embargo, omitió iniciar una investigación sobre las denuncias de torturas infligidas por la Policía.

Después de 72 horas, la audiencia inicial concluyó con el sobreseimiento de 18 personas que ya fueron puestas en libertad, y la aplicación de leves medidas cautelares contra las restantes seis personas por el delito de participación en manifestación ilícita, sólo por el hecho de aparecer en algunos vídeos mientras eran detenidos por la Policía.

A estas personas se les impuso la obligación de presentarse todos los viernes en el tribunal y la prohibición de participar en manifestaciones violentas. La defensa apelará esta resolución del juez.

Gracias a las contundentes pruebas presentadas por el equipo de abogados del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado decayeron casi todas las graves y absurdas acusaciones presentadas por el Ministerio Público, aunque no fue aceptada la demanda de nulidad presentada por los abogados, por las evidentes ilegalidades cometidas por la Policía y la Fiscalía.

“Creo que la población que está en resistencia debe celebrar este resultado porque las 24 personas están en libertad, aunque a seis de ellas se les aplicará medidas cautelares como instrumento del sistema judicial y del gobierno dictatorial y usurpador, para seguir mostrando sus garras y su ejercicio ilegítimo de la violencia –dijo el abogado defensor Víctor Fernández en las afueras de la Corte Suprema de Justicia–.

Un elemento importante que reflejó esta audiencia son los macabros comportamientos de la Policía que torturó física y psicológicamente a las personas. Como el Ministerio Público tuvo un papel tolerante con estas violaciones de los derechos fundamentales de los detenidos, pedimos al juez que solicite a la Fiscalía el inicio de un proceso de investigación.

Lamentablemente –continuó Fernández–, en su resolución el juez no hizo ninguna alusión a eso y esta es la prueba de que se trataba de un juicio eminentemente político, que pone en duda la independencia del sistema judicial”, concluyó.

El equipo de abogados aseguró que acudirá a las respectivas instancias para que los torturadores sean sometidos a un proceso penal.

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