La Comisión de Cancilleres y el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitaron Honduras con el propósito de escuchar a los actores políticos y sociales y promover la aprobación del Acuerdo de San José, para lograr una solución pacífica, democrática, respetuosa del orden constitucional de la República de Honduras.La Comisión sostuvo el 24 y 25 de agosto un amplio y franco diálogo a través de reuniones con representantes del gobierno del presidente Manuel Zelaya, con los Poderes y organos del Estado - Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, Secretaría de Defensa y Fuerzas Armadas -, todos los candidatos presidenciales, autoridades de la Iglesia Católica, representantes de las Iglesias evangélicas, empresarios, representantes de la sociedad civil y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas.
En todas las reuniones la Comisión ha manifestado de manera clara que el Acuerdo de San José, reconocido internacionalmente como la base para la reconciliación nacional, es el camino inmediato, equilibrado y viable para lograr el restablecimiento del orden democrático en Honduras.
Describieron el conjunto de garantías que el Acuerdo ofrece a los diferentes actores políticos de la sociedad hondureña, y destacaron, entre ellos, la formación de un Gobierno de unidad y reconciliación nacional, la Comisión internacional de Verificación de la aplicación del propio acuerdo, la Comisión de la Verdad, que se preocupará de establecer la realidad de los hechos acaecidos antes y después del 28 de junio, y la observación internacional del proceso electoral.
La mayoría de los actores expresó conformidad con los fundamentos del Acuerdo de San José, aunque muchos de ellos manifestaron preocupaciones entorno al mismo.
Los Poderes y organos del Estado manifestaron reservas sobre dos puntos: el relativo con la amnistía prevista en el artículo 205, inciso 16, de la Constitución de Honduras y el que se refiere al retorno de los Poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio 2009, lo que implica el retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República hasta el día 27 de enero de 2010.
Por su parte, los representantes de la sociedad civil contrarios al gobierno del presidente Zelaya expresaron sus temores por las consecuencias que su retorno al poder podría tener para la paz y la estabilidad social del país.
Los representantes del gobierno del presidente Zelaya y las organizaciones de la sociedad civil que lo apoyan expresaron grave preocupación por la integridad física y la violación de los derechos humanos de sus seguidores.
La Comisión recibió las opiniones y preocupaciones de los diferentes candidatos presidenciales en torno al inminente proceso electoral. El presidente Zelaya, a través de sus representantes y en especial de su esposa Xiomara Castro de Zelaya, reiteró su decisión de aceptar el Acuerdo de San José en todos sus puntos y su disposición de suscribirlo de inmediato.
Conclusiones
Si bien la Comisión considera que se lograron avances durante su visita, debe reconocer que aún no existe la disposición para la aceptación plena del Acuerdo de San José por parte del Sr. Micheletti y sectores que le son afínes.
La Comisión considera imprescindible el pronto retorno a la normalidad democrática que garantice a todos los hondureños seguridad, prosperidad y desarrollo.
La Comisión reitera la necesidad de aprobar el Acuerdo de San José dado el inminente inicio de la campaña electoral prevista para el 1 de septiembre.
La Comisión hace también un llamado a todos los actores para que, en aras de establecer un ánimo de consenso, se abstengan de hacer declaraciones y expresar opiniones que sean contrarias al espíritu del Acuerdo de San José.
La Comisión lamenta que en esta ocasión no se haya logrado obtener el respaldo al Acuerdo de San José, y hace un llamado a todos los sectores de la sociedad hondureña a considerar favorablemente la suscripción del Acuerdo de San José que, a su juicio, contiene los elementos necesarios para el diálogo y la reconciliación, para la restauración del orden constitucional y el estado de derecho, y para la pronta reintegración de Honduras a la comunidad hemisférica.
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