En vista de la mediación que se llevará a cabo en Costa Rica, los movimientos populares sientan su posición
La noticia de una posible salida a la crisis hondureña provocada por un brutal golpe de Estado ha despertado muchos rumores y abundantes preocupaciones entre las organizaciones que han encabezado la resistencia popular a lo largo de doce días, exponiendo la vida de sus integrantes ante la embestida represiva de las fuerzas golpistas.
Antes y después de una nueva movilización masiva que ha paralizado el tránsito vehicular y comercial en la salida a Ciudad Danlí, arteria principal que desemboca en la Carretera Panamericana hacia Nicaragua, los movimientos sociales y las organizaciones populares y sindicales que conforman el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado se reunieron por varias horas para sentar su posición ante el inicio del proceso de mediación que se llevará a cabo en Costa Rica a partir de hoy, jueves 9.
En un documento al que Sirel pudo tener acceso en exclusiva y que será dado a conocer a la población en las próximas horas, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado pide el “reintegro a la institucionalidad y la restitución incondicional del presidente constitucional de la República José Manuel Zelaya Rosales, a efectos de concluir el periodo presidencial para el cual fue electo”.
Señala también que ante la situación que vive el país a raíz del golpe de Estado planificado y ejecutado por la oligarquía política, económica, religiosa y militar, “el pueblo ha actuado en legítima defensa del derecho de participación, manteniéndose en una insurrección pacífica y popular frente al gobierno de facto y tirano resultado de dicho golpe”.
En el documento se evidencia además que esta instancia de coordinación de las organizaciones populares no renuncia a procesos de participación y consulta incluyentes. Es por eso que propone continuar con un debate que permita alcanzar la democracia participativa, a través de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, elemento que estaba en la base de la Consulta Popular contra la que se desencadenó el golpe de Estado.
El Frente Nacional Contra el Golpe de Estado descalificó la propuesta de los actores del golpe de Estado respecto a una posible amnistía, “que dejaría en impunidad a los golpistas, restringiendo la correspondiente deducción de responsabilidades y la justicia vital para la conservación de la institucionalidad democrática”.
Finalmente, denunció el retroceso de las Fuerzas Armadas y pidió revisar su papel institucional, aclarando al mismo tiempo que “cualquier proceso de mediación tendrá que darse en el marco del posicionamiento del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado”.
Zelaya aclara a la población
Las muchas especulaciones que se han dado en las últimas horas han obligado al presidente Manuel Zelaya Rosales explicar exactamente los términos de la propuesta consensuada con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Según el mandatario hondureño no se trata de una negociación, sino de una mediación en la que se va a decidir la forma en que se le restituye el cargo que le fue arrebatado a través del golpe de Estado. En diferentes entrevistas brindadas a la prensa, Zelaya aclaró que no se sentará a negociar con Roberto Micheletti, quien tendrá que responder por los delitos que ha cometido.
Denunció también que el régimen de facto no está permitiendo la salida de sus Ministros que se iban a integrar al proceso de mediación.
Ante esta situación, parece que ese proceso, además de dar cierta legitimidad al régimen de facto de Micheletti, podría estar encaminado a darle una salida “soft” a los sectores golpistas, posiblemente a través de una amnistía en aras de la “paz y tranquilidad” del país.
Según Marvin Ponce, diputado del partido Unificación Democrática (UD) y directivo del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), “Todavía no está claro cuál ha sido el punto de partida del proceso de mediación, y además no le tenemos confianza a la persona que ha sido escogida como mediador, por su historial durante los años 80 y en este nuevo mandato presidencial, en el que confrontó a los sectores sociales.
Sabemos también que grandes grupos económicos de la derecha estadounidense se están trasladando a Costa Rica para boicotear la negociación. Creemos –continuó Ponce– que este proceso tiene que mantener elementos no negociables, como son la reinstalación del presidente Zelaya en su puesto y la condena para los golpistas. Es muy probable que estén buscando una amnistía para no ir a la cárcel por haber perpetrado un golpe contra la constitución y por traición a la patria”.
Para seguir de cerca los acontecimientos de los próximos días, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado nombró una comisión que viajará a Costa Rica para reunirse con el presidente Zelaya y entregarle una carta de posicionamiento para que sea tomada en cuenta al momento de entrar al proceso de mediación.
Como medida concreta, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH) presentó ayer, miércoles 8, una denuncia en la Fiscalía contra todas las personas que de alguna manera han participado al golpe de Estado. Según Andrés Pavón, del CODEH, “Esta denuncia tiene el objetivo de que el Ministerio Público desarrolle una investigación criminal por los delitos cometidos contra altos funcionarios del Estado, contra la forma de gobierno, por rebelión, falsificación de documentos públicos, detención ilegal y allanamiento de moradas”, aseveró el defensor de derechos humanos.
La noticia de una posible salida a la crisis hondureña provocada por un brutal golpe de Estado ha despertado muchos rumores y abundantes preocupaciones entre las organizaciones que han encabezado la resistencia popular a lo largo de doce días, exponiendo la vida de sus integrantes ante la embestida represiva de las fuerzas golpistas.
Antes y después de una nueva movilización masiva que ha paralizado el tránsito vehicular y comercial en la salida a Ciudad Danlí, arteria principal que desemboca en la Carretera Panamericana hacia Nicaragua, los movimientos sociales y las organizaciones populares y sindicales que conforman el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado se reunieron por varias horas para sentar su posición ante el inicio del proceso de mediación que se llevará a cabo en Costa Rica a partir de hoy, jueves 9.
En un documento al que Sirel pudo tener acceso en exclusiva y que será dado a conocer a la población en las próximas horas, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado pide el “reintegro a la institucionalidad y la restitución incondicional del presidente constitucional de la República José Manuel Zelaya Rosales, a efectos de concluir el periodo presidencial para el cual fue electo”.
Señala también que ante la situación que vive el país a raíz del golpe de Estado planificado y ejecutado por la oligarquía política, económica, religiosa y militar, “el pueblo ha actuado en legítima defensa del derecho de participación, manteniéndose en una insurrección pacífica y popular frente al gobierno de facto y tirano resultado de dicho golpe”.
En el documento se evidencia además que esta instancia de coordinación de las organizaciones populares no renuncia a procesos de participación y consulta incluyentes. Es por eso que propone continuar con un debate que permita alcanzar la democracia participativa, a través de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, elemento que estaba en la base de la Consulta Popular contra la que se desencadenó el golpe de Estado.
El Frente Nacional Contra el Golpe de Estado descalificó la propuesta de los actores del golpe de Estado respecto a una posible amnistía, “que dejaría en impunidad a los golpistas, restringiendo la correspondiente deducción de responsabilidades y la justicia vital para la conservación de la institucionalidad democrática”.
Finalmente, denunció el retroceso de las Fuerzas Armadas y pidió revisar su papel institucional, aclarando al mismo tiempo que “cualquier proceso de mediación tendrá que darse en el marco del posicionamiento del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado”.
Zelaya aclara a la población
Las muchas especulaciones que se han dado en las últimas horas han obligado al presidente Manuel Zelaya Rosales explicar exactamente los términos de la propuesta consensuada con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Según el mandatario hondureño no se trata de una negociación, sino de una mediación en la que se va a decidir la forma en que se le restituye el cargo que le fue arrebatado a través del golpe de Estado. En diferentes entrevistas brindadas a la prensa, Zelaya aclaró que no se sentará a negociar con Roberto Micheletti, quien tendrá que responder por los delitos que ha cometido.
Denunció también que el régimen de facto no está permitiendo la salida de sus Ministros que se iban a integrar al proceso de mediación.
Ante esta situación, parece que ese proceso, además de dar cierta legitimidad al régimen de facto de Micheletti, podría estar encaminado a darle una salida “soft” a los sectores golpistas, posiblemente a través de una amnistía en aras de la “paz y tranquilidad” del país.
Según Marvin Ponce, diputado del partido Unificación Democrática (UD) y directivo del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), “Todavía no está claro cuál ha sido el punto de partida del proceso de mediación, y además no le tenemos confianza a la persona que ha sido escogida como mediador, por su historial durante los años 80 y en este nuevo mandato presidencial, en el que confrontó a los sectores sociales.
Sabemos también que grandes grupos económicos de la derecha estadounidense se están trasladando a Costa Rica para boicotear la negociación. Creemos –continuó Ponce– que este proceso tiene que mantener elementos no negociables, como son la reinstalación del presidente Zelaya en su puesto y la condena para los golpistas. Es muy probable que estén buscando una amnistía para no ir a la cárcel por haber perpetrado un golpe contra la constitución y por traición a la patria”.
Para seguir de cerca los acontecimientos de los próximos días, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado nombró una comisión que viajará a Costa Rica para reunirse con el presidente Zelaya y entregarle una carta de posicionamiento para que sea tomada en cuenta al momento de entrar al proceso de mediación.
Como medida concreta, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH) presentó ayer, miércoles 8, una denuncia en la Fiscalía contra todas las personas que de alguna manera han participado al golpe de Estado. Según Andrés Pavón, del CODEH, “Esta denuncia tiene el objetivo de que el Ministerio Público desarrolle una investigación criminal por los delitos cometidos contra altos funcionarios del Estado, contra la forma de gobierno, por rebelión, falsificación de documentos públicos, detención ilegal y allanamiento de moradas”, aseveró el defensor de derechos humanos.
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