Los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la integración centroamericana (SICA),
HABIENDO conocido con preocupación la exposición presentada por el Presidente de la República de Guatemala en relación con los hechos de violencia sucedidos recientemente en ese hermano país, que atentan con la integridad de los guatemaltecos,
PREOCUPADOS porque los ataques a la institucionalidad democrática del país son reiterados y que la situación que crean es aprovechada para atentar contra la estabilidad del orden constitucional democrático de Guatemala,
TOMANDO NOTA que la Cumbre Presidencial del SICA, que se reunió en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2009, en su Declaración final expresó "...todo su apoyo y solidaridad al Presidente de Guatemala,
Álvaro Colom Caballeros, ante la campaña desestabilizadora que grupos del crimen organizado y otros sectores que se oponen al avance democrático de Guatemala, llevan a cabo con el fin de frenar la política de justicia social y fortalecimiento de la institucionalidad democrática que ha iniciado su gobierno",
ENTERADOS de la Resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
aprobada en sesión celebrada el 13 de mayo del 2009, en el cual se respalda al Gobierno Constitucional de Guatemala en su deber de preservar la institucionalidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho,
SABIDOS también del apoyo al Gobierno de Guatemala expresado por el Grupo de Río, el cual acoge con
satisfacción el compromiso de Guatemala de defender la legalidad e investigar los hechos criminales recientemente ocurridos en Guatemala,
BASADOS en los valores y principios democráticos que sirven de fundamento al Sistema de la Integración
Centroamericana, y que se expresan en los diversos instrumentos que forman parte integral del mismo y,
REITERANDO que en el espíritu del Tratado Marco de Seguridad Democrática se reconoce que aquellas
situaciones que quebranten la Paz y afecten la seguridad de cualesquiera de los Estados centroamericanos, afectan también a todos los Estados de la región y sus habitantes,
HABIENDO conocido con preocupación la exposición presentada por el Presidente de la República de Guatemala en relación con los hechos de violencia sucedidos recientemente en ese hermano país, que atentan con la integridad de los guatemaltecos,
PREOCUPADOS porque los ataques a la institucionalidad democrática del país son reiterados y que la situación que crean es aprovechada para atentar contra la estabilidad del orden constitucional democrático de Guatemala,
TOMANDO NOTA que la Cumbre Presidencial del SICA, que se reunió en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2009, en su Declaración final expresó "...todo su apoyo y solidaridad al Presidente de Guatemala,
Álvaro Colom Caballeros, ante la campaña desestabilizadora que grupos del crimen organizado y otros sectores que se oponen al avance democrático de Guatemala, llevan a cabo con el fin de frenar la política de justicia social y fortalecimiento de la institucionalidad democrática que ha iniciado su gobierno",
ENTERADOS de la Resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
aprobada en sesión celebrada el 13 de mayo del 2009, en el cual se respalda al Gobierno Constitucional de Guatemala en su deber de preservar la institucionalidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho,
SABIDOS también del apoyo al Gobierno de Guatemala expresado por el Grupo de Río, el cual acoge con
satisfacción el compromiso de Guatemala de defender la legalidad e investigar los hechos criminales recientemente ocurridos en Guatemala,
BASADOS en los valores y principios democráticos que sirven de fundamento al Sistema de la Integración
Centroamericana, y que se expresan en los diversos instrumentos que forman parte integral del mismo y,
REITERANDO que en el espíritu del Tratado Marco de Seguridad Democrática se reconoce que aquellas
situaciones que quebranten la Paz y afecten la seguridad de cualesquiera de los Estados centroamericanos, afectan también a todos los Estados de la región y sus habitantes,
DECIDEN
1. Respaldar al Gobierno Constitucional Guatemala en su deber de preservar institucionalidad democrática y la vigencia de Estado de Derecho.
2. Condenar enérgicamente los crímenes y hechos de violencia contra ciudadanos guatemaltecos que tienen como propósito socavar el régimen constitucional y el orden democrático que con tanto sacrificio ha venido construyendo el pueblo de Guatemala desde los Acuerdos de Paz de 1996.
3. Recibir con satisfacción el compromiso del Gobierno de Guatemala por investigar y esclarecer los hechos recientes, defender la legalidad, evitar la impunidad, asegurando el ejercicio efectivo de las garantías constitucionales y plena vigencia de las instituciones democráticas.
4. Tomar nota que para los fines anteriores, el Gobierno de Guatemala ha solicitado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciar una investigación que asegure una justicia independiente pronta y cumplida.
5. Reafirmar que bajo el principio de solidaridad regional establecido en el Protocolo de Tegucigalpa y en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centromérica, las amenazas al proceso democrático en cualquiera de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana constituyen una amenaza al
patrimonio común de valores democráticos compartidos en todos los miembros del Sistema.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los veinte días del mes de mayo de dos mil nueve.
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