Nueva arremetida
contra estudiantes universitarios criminalizadosPor Giorgio Trucchi | LINyM
La última década en
Honduras ha sido caracterizada por la represión y la violación sistemática de
los derechos fundamentales de personas y organizaciones que luchan contra un
modelo político y económico que pone a la venta el país, privatiza servicios
básicos, precariza el trabajo, acapara tierras, saquea bienes comunes, militariza
territorios y expulsa pueblos y comunidades indígenas y campesinas.
Después del golpe y durante la rectoría de
Julieta Castellanos (2009-2017), las y los estudiantes de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emprendieron una larga y tenaz lucha en defensa
de la autonomía universitaria y de una educación superior pública, gratuita y
de calidad.
Ante la actitud represiva de Castellanos, punta
de lanza de los gobiernos continuadores del golpe contra las demandas del
movimiento estudiantil, las y los jóvenes intensificaron las movilizaciones y
multiplicaron las tomas pacíficas de recintos universitarios en todo el país.
La demanda de democratización interna y la
defensa de la educación pública tuvieron como respuesta la criminalización del
movimiento. Al menos 200 estudiantes sufrieron diferentes tipos de persecución.
Muchos de ellos y ellas fueron perseguidos judicialmente, unos fueron suspendidos
y expulsados, otros tuvieron que abandonar el país.
Aún más violenta, y con señales evidentes de
ensañamiento, fue la arremetida contra trabajadoras y trabajadores organizados sindicalmente en la UNAH. Además de sufrir acoso sistemático
y ser despedidos ilegalmente, fueron víctimas de asesinato y desaparición
forzada, como es el caso de los dirigentes sindicales Donatilo Jiménez Euceda y
Héctor Martínez
Motiño.
