miércoles, 12 de octubre de 2016

Honduras: A punto de ser aprobada ley de Consulta impulsada por el Estado y el Pnud

Por Ofraneh

La inminente aprobación en el Congreso Nacional del anteproyecto de Ley de Consulta (CPLI), promovida por el Estado de Honduras y el Pnud, nos coloca en estado de alerta a los pueblos indígenas del país, defensores de los bienes comunes y la madre tierra.

El anteproyecto en cuestión, no pasa de ser en su esencia un formato de socialización donde la búsqueda del consentimiento, es erradicada en función de los intereses de empresarios y un Estado caracterizado desde hace décadas como representante de los intereses de la élite de poder y las empresas multinacionales.


El anteproyecto promovido por el Estado, menciona en su texto en una sola ocasión la palabra consentimiento en su artículo 21, y es en referencia a materiales tóxicos. Tanto las versiones elaboradas por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la de Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH), así como la del Observatorio de los Derechos Humanos de los Indígenas y Negros de Honduras (ODHPINH) coinciden en señalar que el objetivo de la consulta es la obtención del consentimiento.

El Derecho a la Consulta para la obtención del Consentimiento, Previo, Libre e Informado en Honduras ha sido ignorado y motivo de una serie de abusos por parte del Estado de Honduras, el que hasta hace algunos meses por las presiones a raíz del asesinato de Berta Cáceres, comenzó a mostrar ¨cierto interés¨ en aplicar el Convenio 169 de la OIT, el que fue ratificado por el Congreso Nacional en 1995.

Después de 21 años de eludir la creación de una Ley de Consulta, aparece DINAFROH acompañado del PNUD efectuando simples socializaciones en varias partes del país -a las cuales denominan Consultas- presentando en las reuniones la versión del anteproyecto de Ley de Consulta, elaborado aparentemente por técnicos extranjeros con una narrativa que pareciera tener el propósito de defender los derechos de los empresarios y el Estado que los derechos de los pueblos indígenas.

La primera consulta para la obtención del consentimiento en Honduras se remonta al año 2003, cuando la OFRANEH realizó una consulta comunitaria en San Juan tela, en relación a la Ley de Propiedad, promovida por el Banco Mundial. La asamblea comunitaria rechazó las dos versiones de ley presentadas por los agentes estatales. A pesar de las observaciones presentadas, para el 2004 la Ley de propiedad fue aprobada, desconociendo los señalamientos efectuados por los asambleístas. Posteriormente nuestra organización recurrió al Panel de Inspección del Banco Mundial, el que en su informe final señaló al Estado de Honduras por violar el Convenio 169.

A partir del golpe de Estado del año 2009, se han venido aprobando una serie de leyes inconsultas que pone en peligro la sobrevivencia de los pueblos indígenas como culturas diferenciadas: la Ley de Aguas, Forestal, Minería RED y ZEDE, Pesca, Plan de Nación, entre otras, forman parte de una estrategia neoliberal para despojar los territorios de nuestras comunidades y pueblos, así como el saqueo de los bienes comunes de la naturaleza.

La posición asumida por el PNUD bordea con el intervencionismo, tal como sucedió hace unas semana en Panamá, cuando el Representante adjunto en ese país se plegó a la destrucción de Kiad, aldea sagrada del pueblo Buglé, la que está siendo anegada por la hidroeléctrica de Barro Blanco.

Al igual que la controvertida Ley de Consulta del Perú, el anteproyecto promovido por el PNUD, otorga al Estado la decisión final en relación a la consulta. De esta forma la consulta se convierte en una simple socialización al servicio de las múltiples formas despojo que se vienen impulsando a lo lago de América Latina y el Mundo.

La OFRANEH denuncia en forma categórica la pretensión de la actual dictadura, al imponer una Ley que además de inconsulta viene a diluir la obtención del consentimiento, parte esencial del espíritu del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio de Diversidad Biológica.