lunes, 15 de agosto de 2016

Tres años del gobierno Cartes: endeudar, privatizar y transgenizar el país

Por Julio Benegas Vidallet | E'a

A la fecha, solo en bonos “soberanos” se endeudó al país con los bancos de Nueva York por US$ 2.380 millones. Se liberaron 20 variedades de semillas transgénicas y se privatizaron el Puerto de Villeta, la estación de Radio Nacional y rutas.

Estas tres lineas se desarrollaron  desde el primer gobierno luego de la destitución de Fernando Lugo, en el marco del acuerdo “azulgrana” (ANR Y PLRA). La primera emisión de los bonos soberanos se realizó en enero de 2013 por 500 millones de dólares. La segunda, la tercera y la cuarta ya pertenecen al actual gobierno de Horacio Cartes.


El gobierno ya  ha emitido bonos para cubrir intereses de dichas deudas. Las mismas deberán pagarse íntegramente en el 2023 (US$ 780 millones); 2026 (US$ 600 millones), y 2044 (US$ 1.000 millones).

Estas emisiones se dan entre pompas oficiales y de medios oficiales que sostienen lo atractivo que se ha puesto el país para el sistema financiero internacional.

La Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPy) advierte, en su último comunicado, que la carga financiera anual de la deuda pública total “también tiene una tendencia creciente, pues el pago de intereses y amortizaciones ha pasado de US$ 366 millones (2013) a más de US$ 474 millones (2015). En el primer semestre 2016 el pago ya llegó a US$ 330 millones”.

Sostiene que con los bonos soberanos y otros bonos en el mercado interno, el sector financiero privado nacional e internacional es tenedor de más del 50% del total en la actualidad.

El rumbo transgénico

De todas las políticas instaladas, la menos publicitada es la liberación sin más consideraciones de las semillas transgénicas. Durante el gobierno de Federico Franco se promulgó el decreto 9699 del 19 de setiembre de 2012, allanándose el camino para la nuevas liberaciones.

Con esta normativa se aprobaron dos cultivos transgénicos de algodón y cuatro de maíz (2012), uno de soja, otro de maíz y otro de algodón (2013); uno de soja y tres de maíz (2014) y seis de maíz transgénico (en 2015), cuenta la abogada Silvia González en su artículo “Semillas transgénicas y agronegocios: Variedades y procedimientos para su aprobación”. El escrito forma parte del dossier “Con la soja al cuello: Informe sobre agronegocios en Paraguay 2013-2015”, editado en diciembre pasado por Base Investigaciones Sociales (BASE IS).

Las semillas transgénicas han disparado sobremanera la tasa de ganancia de empresas trasnacionales como la Monsanto, Cargill, ADM. El informe de la SEPPy nos cuenta que en el 2014, las seis agroexportadoras más grandes realizaron remesas al exterior por US$ 2.558 millones, pero sólo tributaron al fisco 14 millones de dólares.

Las alianzas público privadas (APP)


Esta parte de la matriz instalada luego de la destitución del gobierno de Fernando Lugo ha tenido un desarrollo no tan rápido como el endeudamiento del Estado paraguayo con los bancos privados  y la liberación, sin muchas consideraciones, de las semillas transgénicas. 

El gobierno de Horacio Cartes licitó la primera APP en setiembre del 2015 para duplicar 142 kilómetros de las rutas 2 y 7. Poco tiempo después, en junio del 2016 licitó, también por la APP, la ampliación del aeropuerto de Silvio Petirossi. Aún con ofertas ya establecidas, las obras no comenzaron. Los proyectos han migrado hacia las figuras ya establecidas, como la de la concesión de la ruta Nacional 7 al consorcio Tape Porâ, “que logró extender su actual contrato hasta el 2053. 

También, se busca migrarlos a los proyectos ‘llave en mano’ como lo ya mencionado, pero cubriendo el costo comercial del financiamiento del consorcio de empresas, por lo que el costo será muy superior al costo real de las obras”, sostiene en su último comunicado la SEPPy.

Amén de esto, el gobierno de Horacio Cartes alquiló por 500 dólares mensuales el predio de 30 hectáreas de la estación de Radio Nacional al grupo coreano Sumidenso (ensamble), Ruta 1, Km 21, y privatizó el puerto de Villeta con cánones de 5.000 dólares mensuales. En solo un embarque de transformadores, un operador de puertos nos confió haber pagado 7.000 mil dólares.

En la actualidad ya no existen puertos administrados por el Estado paraguayo. Son operadores privados en un momento de gran auge de exportaciones de materia prima y embarques de estupefacientes mimetizados con mercaderías legales.

El último golpe en la “generación de empleos”

El gobierno de Horacio Cartes asestó un último golpe legal en su interés de garantizar las ganancias y la trasferencias de las mismas a inversionistas extranjeros.  A través de la Ley de Garantía de las Inversiones y Generación de Empleos se ató a diez años las cláusulas que otorgan a los capitales exoneraciones impositivas en la radicación de capital, importación de insumos, el impuesto del 10 por ciento sobre la renta y la trasferencia, sin restricciones, del capital y sus ganancias.

Todas estas premisas ya están estipuladas en la Ley número 60-90 de Inversiones, en  la 1064-97 y la Ley de Adecuación Fiscal del 2004. Pero el gobierno de Horacio Cartes, que ofrecía el país a empresarios fácil como “una chica linda”, quería garantizar la oferta, con una ley cerrojo. Luego de un impasse en Senadores, fue ratificado el proyecto en la Cámara de Diputados, promulgándose la ley en diciembre de 2015.

En el discurso del gobierno de Horacio Cartes todas estas facilidades para la radicación de capitales están pensadas en la generación de empleos.  Una línea fundamental de la política de gobierno es la instalación de empresas ensambladoras, con el régimen de maquila. 

Las maquilas, sin embargo, saturan rápidamente el mercado interno (nótese el fenómeno de las motos), y, al existir altísima barrera de protección a productos manufacturados en Brasil y Argentina, su expansión en el merco regional es casi nula, cuenta el economista Luis Rojas. 

Según Rojas, el gran negocio de las maquilas es la expansión regional o, que no es el caso de Paraguay, su radicación en países con gran mercado interno.