martes, 23 de agosto de 2016

Nuevos acuerdos de comercio legalizan el robo corporativo y vuelven ilegales las semillas campesinas

GRAIN
Por GRAIN

Firmado en 1994, el acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés) fue el primer tratado en imponer estándares globales sobre propiedad intelectual o propiedad legal sobre plantas, animales, microorganismos, impulsando un mecanismo de cumplimiento de sus normas. Los representantes de la industria semillera y biotecnológica estadounidense trajeron el punto a las conversaciones de comercio. ¿Su intención? Garantizar que compañías como Monsanto, Dow y Pioneer, que gastan dinero en el cultivo y mejoramiento de plantas con el fin de producir semillas para el mercado, puedan recuperar su inversión y hacer ganancias evitando que los campesinos reutilicen dichas semillas, mediante un mecanismo que los obliga a comprarle semillas a las corporaciones año con año.


Patentar la vida se ha disputado candentemente por décadas. A los agricultores les vuelve las semillas y los animales más caros y les quita el derecho de reproducirlos libremente. Reduce la vida y la cultura a una mercancía que las corporaciones pueden poseer y controlar. Mientras el acuerdo de la OMC le permitía a los países que excluyeran plantas, animales que no fueran microorganismos de sus leyes de patentes, requirió que se pusiera en efecto alguna forma de protección a la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales—las semillas que los campesinos siembran— sin especificar cómo hacer esto. Según los representantes de la industria que ayudaron a redactar los borradores de dichos acuerdos, las corporaciones estadounidenses obtuvieron 95 por ciento de lo que buscaban de los ADPIC.[1]

 Robo legalizado

Los acuerdos de libre comercio negociados fuera de la OMC van mucho más allá y le ayudan a las corporaciones estadounidenses y europeas a conseguir lo que no fueron capaces de conseguir con los ADPIC. Estos acuerdos le exigen a los países que: 1) permitan que las compañías obtengan patentes sobre plantas y animales, 2) adopten las reglas de la Unión Internacional Para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) que proporcionan a los obtentores de variedades derechos parecidos a patentes y 3) unirse al Tratado de Budapest sobre el reconocimiento de depósitos de micro-organismos con el propósito de protegerlos con patentes. Estas medidas les confieren poderes monopólicos a los agronegocios a expensas de las comunidades agrícolas indígenas o pequeñas. Por ejemplo, UPOV y las leyes de patentes generalmente vuelven ilegal que los campesinos guarden, intercambien o modifiquen semillas de las así llamadas “variedades vegetales protegidas”. Esto es una tremenda injusticia, dado que los campesinos y pueblos originarios son la fuente original de estas semillas. Las corporaciones toman semillas de los campos de los agricultores, juguetean con ellas y luego alegan derechos de propiedad sobre éstas por ser variedades “nuevas”.

Es más, las variedades corporativas, promovidas como más “modernas” que las semillas tradicionales, terminan reemplazando la diversidad en los campos de los agricultores. Esta uniformidad genética vuelve las existencias mundiales de alimento extremadamente vulnerables, sobre todo en el contexto de un siempre creciente caos climático.

 Los principales países que impulsan estas medidas mediante acuerdos de comercio bilaterales y regionales son Australia, Europa, Japón y Estados Unidos siendo Europa y Estados Unidos los más agresivos, por mucho margen. Esto es lógico, porque son sede de las más importantes corporaciones semilleras del mundo. Tan sólo las firmas estadounidenses dan cuenta de más del 51 por ciento de las ventas de semillas comerciales en todo el mundo.[2] Washington promueve la línea más dura: patentar donde se pueda y cuando se pueda, siendo UPOV la segunda opción. la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, Australia y Japón son países que impulsan la entrada a UPOV. El resultado es que nuestra lista (ver Anexo 1) que incluye a quienes se vieron forzados a entrar a UPOV o permitir patentes sobre la vida como parte de algún tratado de libre comercio por fuera de los arreglos de la OMC sigue creciendo.

Qué es lo más reciente


Un montón de acuerdos de comercio e inversión regionales y bilaterales se han firmado en el último año, y un número de otros son negociados actualmente. El Acuerdo Económico y Comercial Global (o CETA por sus siglas en inglés) fue firmado en septiembre de 2015 y en la actualidad necesita ser ratificado por los parlamentos europeo y canadiense. La versión final de CETA a fin de cuentas no cambia el nivel de derechos para las semilleras de Canadá o la UE, pero sí les otorga instrumentos más poderosos para hacer cumplir sus derechos contra los campesinos mediante decomisos y mandatos basados en la mera sospecha de infracción, incluido el guardar semillas. Preocupados por las crecientes restricciones sobre la custodia y guardado de semillas, los grupos a ambos lados del Atlántico, incluida la Canada National Farmers Union y los miembros europeos de La Via Campesina luchan duro contra la ratificación de CETA.[3]

Durante todo el año pasado, la Unión Europea logró iniciar o firmar acuerdos de libre comercio “provisionales” con la mayoría de los países africanos. Hasta ahora estos nuevos Acuerdos de Asociación Económica (EPA por sus siglas en inglés) no cumplen lo que quieren las compañías europeas: la obligatoriedad de UPOV 1991. Pero sí comprometen a los signatarios a una cláusula de “reunión” que especifica que se encontrarán de nuevo en el futuro cercano para establecer los estándares sobre propiedad intelectual, que se proponen para incluir la privatización de las semillas.

El gobierno estadounidense, entretanto, presiona para que sus socios comerciales acaten sus compromisos de propiedad intelectual. En su informe especial 301—un informe anual preparado por la oficina del representante de Comercio de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) bajo la sección 301 de la ley de Comercio de 1974— el USTR critica a Chile y Colombia por no adoptar UPOV 1991 como dijeron que lo harían en sus respectivos acuerdos bilaterales con Washington de 2003 y 2006.[4]

Y en cuanto a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI o TTIP por sus siglas en inglés), entre Estados Unidos y la Unión Europea, el público no tiene acceso al texto que se negocia y no ha habido filtraciones del capítulo de propiedad intelectual como para que la sociedad civil lo revise.

El ATP o TPP y el AERI o RCEP son las dos más grandes amenazas

En la actualidad, las dos amenazas más grandes al control que han tenido los campesinos sobre sus semillas son el Acuerdo Trans-Pacífico (ATP o TPP por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de Asociación Económica Regional Integral (AERI o RCEP por sus siglas en inglés).

El ATP lo firmaron en febrero de 2016 12 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. El ATP especifica que todos los signatarios deben unirse a UPOV 1991. Esto significa que Brunei, Chile, Malasia, México y Nueva Zelanda deben cambiar sus leyes actuales.[5] Los cambios aplicarán medidas drásticas a la capacidad del campesinado de guardar semillas de variedades protegidas; expandirán los derechos de los obtentores a todas las especies; y extenderán el control corporativo a variedades semejantes y a las que se cosechen. Incluso si los legisladores en algún país miembro del ATP decidieran permitirle a los campesinos que guardaran semilla de variedades controladas por las corporaciones, los campesinos tendrán ahora que pagarles año con año por este “privilegio”.

El ATP también requiere que todos los miembros permitan patentes sobre invenciones “derivadas de plantas”. No queda claro qué es lo que esto significa —y la vaguedad es con toda seguridad deliberada.[6] Cuando menos parece significar que los genes de plantas y los cultivos celulares, y todos los productos derivados de estos, incluidas las plantas, serán patentables en todos los países del ATP. La industria semillera y biotecnológica considera que esto abre la puerta para el patentamiento más general de las plantas..[7] No extraña entonces que el USTR le llame al ATP el “instrumento más grande” hasta ahora por imponer más altos estándares de propiedad intelectual no sólo en Asia sino a nivel global.[8]


En Malasia, las organizaciones como la asociación de consumidores de Penang y miembros de la National Human Rights Society están urgiendo al gobierno a que frene la posibilidad de que se aprueben estos cambios.[9] Estos grupos no quieren que se toque la ley de protección de variedades vegetales del país, que protege los derechos de los agricultores a reproducir su semillas. En Chile, la ulterior privatización que traerá el ATP es una preocupación importante entre los movimientos sociales que luchan contra la ratificación del acuerdom. Durante los últimos años, estudiantes, campesinos y consumidores han logrado evitar que el senado adopte lo que llaman “la Ley Monsanto” que requeriría que Chile se uniera a UPOV 1991—que el ATP exige como obligatorio. Numerosas campañas nacionales se enfocan actualmente en hacer que los parlamentos rechacen la ratificación del ATP.[10]

Los agricultores en Tailandia y Filipinas también se preocupan por la perspectiva de concederle a corporaciones agroquimicas transnacionales como Monsanto, mayor control sobre los sistemas locales de semillas. Los gobiernos de estos dos países han expresado un fuerte interés en unirse al ATP, lo que significaría unirse a UPOV. Al igual que Malasia, ambos países tienen leyes de protección de variedades vegetales que actualmente brindan mayor protección al derecho que tienen los campesinos de intercambiar y vender sus semillas que lo que brinda UPOV 1991. En Tailandia, los agricultores, los científicos, funcionarios del gobierno anterior y abogados de derechos humanos están denunciando las implicaciones que tiene el ATP para las semillas, incluido el precio más alto a pagar. Según el grupo de la sociedad civil BioThai y el National Farmers Council, los precios de las semillas en Tailandia subirán entre 100 y 600 por ciento si el país se une a UPOV.[11] El movimiento campesino en Filipinas KMP correctamente describe los cambios en políticas que conllevaría el ATP, no sólo para las semillas sino también para la tierra y otros recursos, como “el fin del mundo como lo conocemos”[12]

Además de Tailandia y Filipinas, los gobiernos de Corea del Sur, Taiwán, Colombia e Indonesia también intentan unirse al ATP. Un grupo de otros países, de Sri Lanka a Argentina, también está considerando unirse. En América Latina, muchos miran la nueva y neoliberal “Alianza del Pacífico” como un trampolín para la integración con el ATP.[13] Si se ratifica el ATP podría de hecho fortalecer el control de las corporaciones sobre las semillas y el suministro de alimentos.

En tanto la lucha contra el ATP se recrudece, una nueva lucha se abre contra el RCEP, un nuevo acuerdo mega-regional entre la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y seis de sus socios comerciales: India, China, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. El RCEP es mayor que el ATP en términos de cuánta genta afectaría. Y dado que incluye a varios signatarios del ATP, suponemos que intentarán armonizar el RCEP con el ATP, por lo menos en ciertos puntos como el patentamiento de semillas.[14] Mientras que los textos de negociación se mantienen en secreto, las últimas filtraciones muestran que Corea y Japón empujan para hacer que el RCEP exija a todos sus miembros que se unan a UPOV 1991.[15] Esto significa que los movimientos sociales y los agricultores asiáticos deben luchar contra dos frentes: el ATP y el RCEP.

Dónde nos hallamos

Se incluyen dos tablas como anexos en este informe. El anexo 1 nos brinda evidencia de qué imponen estos tratados de comercio a los países en términos de patentamiento de formas de vida. Es claro que la presión para establecer nuevos poderes para la industria de biotecnología y semillas viene de un puñado de gobiernos (Estados Unidos, Europa, Japón) para un puñado de beneficiarios (las cada vez más concentradas corporaciones que tiene su sede en esos países). La tabla en el Anexo 2 proporciona una lista que indica en dónde están los países en términos de unirse a varios tratados que tienen apartados completos referentes a semillas..[16] Aunque es claro que la agenda corporativa gana terreno, no es tarde aún para frenar un número de estos megaacuerdos antes de que el daño esté perpetrado.

Descargue este informe

Notas

[1] Citado en Susan K. Sell, Private power, public law: the globalization of intellectual property rights, Cambridge University Press, 2003, p 55.

[2] ETC Group, “Breaking bad”, diciembre de 2015, http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_breakbad_23dec15.pdf

[3] Ver NFU, “Six points about CETA”, http://www.nfu.ca/issue/six-points-about-ceta y Gallen Simmons, “NFU hosts European farmers in Brodhagen”, Mitchell Advocate, 1 de marzo, 2016, http://www.mitchelladvocate.com/2016/02/29/nfu-hosts-european-farmers-in-brodhagen

[4] USTR, “Special 301 Report”, Washington DC, 27 de abril, 2016, https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/Special-301

[5] Chile, México y Nueva Zelanda son miembros de una versión previa de UPOV (1978) que no era tan anticampesina. Malasia no es miembro de UPOV. Brunei no tiene siquiera una ley de protección de variedades vegetales.

[6] Ver Alex Press, “The Trans-Pacific Partnership will hurt farmers and make seed companies richer”, The Nation, 10 de junio, 2016, https://www.thenation.com/article/the-trans-pacific-partnership-will-hurt-farmers-and-make-seed-companies-richer/

[7] “Report of the Industry Trade Advisory Committee on Intellectual Property Rights (ITAC-15)”, Washington DC, 3 de diciembre, 2015, https://ustr.gov/sites/default/files/ITAC-15-Intellectual-Property.pdf, p. 10.

[8] Michael Froman, US Trade Representative, speaking at the Council on Foreign Relations, 20 de junio, 2016, http://www.cfr.org/trade/future-us-trade-trans-pacific-partnership-conversation-michael-froman/p37973

[9]Mohammed Idriss, “Save our seeds from corporate control”, Malaysiakini, 15 de octubre, 2015, https://www.malaysiakini.com/letters/314296 and Karina Yong, “The TPPA: trading human rights?”, Malay Mail, 20 de diciembre, 2015, http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/the-tppa-trading-human-rights.

[10] “Chile: Miles en las calles rechazan TPP y Ley Monsanto”, Servindi, 26 de enero, 2016, http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Chile_Miles_en_las_calles_rechazan_TPP_y_Ley_Monsanto y  Lucía Sepúlveda Ruiz, “El TPP, un acuerdo de las transnacionales contra los movimientos sociales”, Diario U Chile, 27 de mayo, 2016, http://radio.uchile.cl/2016/05/27/el-tpp-un-acuerdo-de-las-transnacionales-contra-los-movimientos-sociales

[11] Witoon Lianchamroon, comunicación personal, 21 de junio, 2016.

[12] KMP, “Farmers’ ‘October Protests’ to highlight broad people’s opposition to global land grabbing and plunder”, Quezon City, 7 de octubre, 2015, http://kilusangmagbubukidngpilipinas.com/?p=1004

[13] La Alianza Pacífico es un bloque de comercio compuesto de Chile, Colombia, México y Perú, con Costa Rica Y Panamá en el proceso de volverse miembros. Argentina es el miembro oficial más reciente.

[14] GRAIN, “New leaked chapter of Asia trade deal shows RCEP will undercut farmers’ control over seeds”, 24 de mayo, 2016, https://www.grain.org/e/5498.

[15]  Corea no es miembro del ATP pero sí es miembro de UPOV 1991. El gobierno aspira a entrar al ATP.

[16] Estas bases de datos son un trabajo en curso. Si hay adiciones o correcciones que quisieran compartir, por favor contáctenos: grain@grain.org