viernes, 27 de mayo de 2016

Guatemala: ¿Qué pasa con la justicia cuando de autoridades indígenas se trata?

Foto Quimy De León
Por Nelton Rivera | Desinformémonos

Dos autoridades indígenas del municipio de Santa Eulalia en el territorio norte de Huehuetenango uno de los departamentos fronterizos con México, cumplieron catorce meses en prisión preventiva en el Centro Preventivo para hombres de la zona 18 en la ciudad capital. Ambos son autoridades comunitarias, uno de ellos además es autoridad ancestral indígena del pueblo maya Q’anjob’al.

Su detención fue considerada como arbitraria, en un contexto de criminalización y persecución penal contra aquellas personas que se oponen a las empresas extractivas en todo el país. Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, son considerados como presos políticos por organizaciones sociales y activistas de derechos humanos, comunidades y pueblos indígenas que ven con preocupación cómo va en aumento la persecución penal y la cárcel para quienes se oponen a los megaproyectos.

Durante catorce meses han sido trasladados una y otra vez por el Sistema Penitenciaro a las audiencias programadas por el Tribunal de Mayor Riesgo A, pero varias de estas se suspenden y se vuelven a reprogramar por varias razones, la más común es por la inasistencia de alguno de los querellantes de la parte acusadora: el director del Centro de Administración de Justicia -CAJ- de Santa Eulalia, un ex alcalde acusado de múltiples delitos graves y un agente fiscal de la sección de derechos humanos del Ministerio Público -MP-.

La prisión preventiva de ambos se sigue alargando, deben nuevamente esperar un mes más para que la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba se realice luego de 4 meses de programar, cancelar y reprogramarla, la juzgadora ordenó que un juzgado en Huehuetenango notifique personalmente al ex alcalde Diego Marcos Pedro (querellante) en una de las casas que posee en el Cantón Centro de la ciudad de Huehuetenango, aunque consta en el expediente que no existe una nomenclatura de la casa.

La audiencia de ofrecimiento de medios de prueba se suspendió por cuarta vez consecutiva simplemente el ex alcalde no asistió el día 19 de mayo, su abogado tampoco asistió al tribunal.

¿Qué está pasando con la justicia? ¿Por qué se retarda el proceso? ¿Porque se les castiga cuando las empresas actuan con impunidad en su territorio? Estas son algunas de las interrogantes que ellos mismos responden a quienes asisten a acompañarles a la sala de audiencias.

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La prisión política

Desde el mes de marzo del 2015 fueron detenidos en el centro histórico de la capital, en un operativo que incluyo el seguimiento y aprensión en una de las avenidas peatonales más transitadas del centro histórico de la capital, esto ocurrió cuando ambos se dirigían a una actividad con representantes de otros pueblos indígenas y comunidades en oposición a los megaproyectos, ellos iban a representar a la autoridad comunitaria y ancestral de su pueblo.

Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, luego de su detención fueron ligados a proceso penal por la juez Carol Patricia Flores presidenta del tribunal de mayor riesgo del grupo A de la capital, la fiscalía de la sección de derechos humanos del Ministerio Publico (MP) los acuso de varios delitos, uno de los más graves por plagio o secuestro, finalmente la juez de mayor riesgo desestimó este delito y fueron ligados por delitos menores.

El fiscal del MP, Maynor Alfredo Aguilar Bernardino y la juez de Mayor Riesgo A, Cluadette Domínguez decidieron lo contrario, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar cumplieron catorce meses en prisión y aun no se realiza la audiencia de presentación de pruebas, para los abogados de su defensa, el MP está apostando por alargar la prisión preventiva, realizando un litigio malicioso, esto como una medida de castigo, a pesar que la ley establece que lo preventivo de la prisión debe de durar la menor cantidad de tiempo posible.

La juez esta sindicada de enriquecimiento ilícito por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y el MP, solicitando un antejuicio contra la juzgadora por lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, finalmente la juez fue trasladada a otro juzgado.1

Las audiencias se suspenden una y otra vez

“… uno como ser humano, como persona que no tengo que ver en nada con estos problemas, desde el año pasado cuando di mi primera declaración afirme que no tengo participación en ningún delito por los que se me acusa, están jugando con mi dignidad. Quienes me acusan como el Sr. Diego Marcos Pedro desde el año pasado nunca ha presentado nada, no entiendo que intereses lo mueven para hacerlo, para acusarme. Él es el verdadero culpable de los hechos que ocurrieron el 19 de enero, de verdad no entiendo qué tipo de justicia hay en este despacho.” Domingo Baltazar.

En la causa penal que enfrentan Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar la juez Claudette Domínguez a solicitud de la fiscalía de derechos humanos del MP, decidió que ambos deben permanecer en prisión preventiva, porque considera la juzgadora, que personas como ellos, que son reconocidas, que tienen honorabilidad, que tienen mucho liderazgo en las comunidades, podrían poner en riesgo la “seguridad” de los trabajadores del Centro de Administración de Justicia –CAJ-.

Jueces, fiscales del MP, abogados de la defensa publica, administrativos, agentes de la Policía Nacional Civil, entre otros, a pesar que todos desde el 20 de enero 2015 se encuentran trabajando en el complejo de justicia de la ciudad de Huehuetenango a casi 300 kilómetros de Santa Eulalia.

Los delitos por los que fueron ligados a proceso no ameritan la prisión preventiva según el código procesal penal guatemalteco, a criterio de la juzgadora y del MP sí, de esa cuenta ambas autoridades comunitarias permanecen en el sector 13 del preventivo, mientras este proceso penal se sigue prolongado, son 452 días o un año dos meses de prisión, entre audiencias que se suspenden, se reprograman, y que finalmente no se realizan.

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La historia se repite de nuevo

El 19 de mayo 2016, debió realizarse la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, en la sala del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, nuevamente no se encontraba el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni su abogado, uno de los oficiales del tribunal se acercó para explicarles a los abogados de la defensa, al fiscal del MP, al secretario del CAJ y su abogado que la audiencia de nuevo no se podría realizar porque no se había presentado uno de los querellantes.

Los abogados de la defensa Juan Castro y Eduardo De León, solicitaron que la juez se presentara a la sala, hasta ese momento Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar mantenían un semblante de tranquilidad, sus sonrisas con el público a través del grueso cristal de la carceleta eran evidentes, algunos de sus familiares, sus esposas y amigos les acompañaban en la sala.

La juez anunció que la audiencia se iba a suspender, el semblante de Rigoberto y Domingo cambió, era más que evidente el enojo y la frustración por la noticia, no les toma por sorpresa, pero el juego perverso de los querellantes y del mismo MP les molesta.

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La estrategia del MP es el litigio malicioso

“Vemos un claro acto de mala fe en nuestra contra, obviamente la fiscalía no tiene pruebas de los hechos por los que se nos acusa, es decir no hay delitos. Aquí lo que es claro es la persecución política por el simple hecho de denunciar los actos de la violación de nuestros derechos como pueblos indígenas, como población maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenango.” Rigoberto Juárez Mateo.

Para los dos abogados directores de la defensa de las dos autoridades comunitarias, es evidente que las constantes inasistencias de los querellantes, incluso del MP, responden a la práctica del litigio malicioso por retardar el proceso, por seguir castigando a las dos sindicados y mantenerlos en prisión.

“vemos una clara acción de retardo y litigio malicioso del bloque que está acusando a mi patrocinado, casi estoy seguro que el Lic. Pascual Tiu Zapeta será el siguiente en faltar a la audiencia, porque se turnan para retardar el proceso…” Juan Castro, abogado defensor.

El 12 de abril 2016, la audiencia ofrecimiento de medios de prueba no se realizó, esto debido a que la juez decidió suspender la audiencia porque el licenciado Pascual Tiu Zapeta director del CAJ de Santa Eulalia no se presentó al tribunal, tampoco lo hizo su abogado José Luis Chan Chamalé, y no existió una excusa.

La audiencia previa al día 12 de abril, se suspendió porque otro de los querellantes, Diego Marcos ex alcalde municipal de Santa Eulalia tampoco se presentó, la juez Domínguez suspendió la audiencia programándola para el 12 de abril.

El 19 de mayo 2016, nuevamente estaba programa la misma audiencia de ofrecimiento de prueba y nuevamente el ex alcalde Diego Marcos Pedro no asistió a la citación en el tribunal, tampoco lo hizo su abogado Luis Felipe García a pesar que fueron notificados por el tribunal.

La juzgadora reprogramó nuevamente la misma audiencia para el día 8 de junio 2016, cuatro meses se ha dilatado el proceso. La juzgadora aclaró que el ex alcalde Diego Marcos no responde a ninguna de las llamadas telefónicas hechas por los oficiales del tribunal y que en el expediente no existe otro medio para localizarlo. El fiscal Mynor Aguilar Bernardino un año dos meses después acreditó ante el tribunal otros dos números de celular con los que él tiene comunicación con el ex alcalde.

De no presentarse nuevamente el querellante junto con el abogado Luis Felipe García el tribunal de mayor riesgo iniciará un proceso disciplinario ante el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio de Abogados, como una medida por las reiteradas inasistencias a las audiencias en este tribunal.

Mientras tanto sigue transcurriendo el tiempo sin que las dos autoridades resuelvan su situación jurídica, la prisión en estos casos se impone como un castigo, más de 15 autoridades comunitarias pasan por la misma experiencia en distintos centros carcelarios del país, autoridades de San Juan Sacatepéquez, San Marcos y Barillas, la lista de personas con órdenes de aprensión fácilmente supera las 300 en todo el país.

1 COMUNICADO DE PRENSA 014. ANTEJUICIO CONTRA JUEZA CAROL PATRICIA FLORES POLANCO. Por posibles delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial  
http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=590&cntnt01returnid=67

Fuente: Desinformémonos