sábado, 6 de febrero de 2016

El Salvador: Inician captura de ex-militares asesinos de los seis jesuitas

Contrapunto
Por ContraPunto

La Policía Nacional Civil (PNC) ha dado inicio la noche de este viernes a las capturas de los exmilitares salvadoreños involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas durante el conflicto armado y que están siendo reclamados por la justicia española desde 2011.

La PNC ha realizado operativos en diferentes puntos del país para capturar a 17 exmilitares.
Los capturados son Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zarpate Castillo. Contra los exmilitares existe difusión roja de la Interpol la cual obliga a la inmediata captura de los implicados, esta surgió después de la petición de extradición del juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco.


Preliminarmente se conoce que los capturados serán trasladados a la División Central de Investigaciones de la PNC.

El procedimiento se da el mismo día en el que se conoció que la corte estadounidense ordenó la extradición hacia España del excoronel y exviceminstro de la Defensa, Inocente Montano, quien es uno de los solicitados por la justicia española.

Las reacciones ante la acción de la PNC no se han hecho esperar. Jorge Velado, de ARENA, señaló que en su cuenta oficial de Facebook que “el asesinato de los Jesuitas fue una mancha triste para la historia de nuestro país. Pero lo que está haciendo la PNC esta noche es una aberración jurídica. Aunque PNC capture a militares la extradición no procede. Ya la Sala de lo Constitucional determinó que no pueden ser extraditados”.

Por otro lado el diputado de ARENA y militar retirado Mauricio Vargas “que es un acto arbitrario el que se está desarrollando”. Agregó que con la acción se está “abriendo una situación bastante peligrosa que puede generar polarización. La amnistía está siendo rebasada en estos momentos. Las decisiones pasadas de la Sala están ciento rebasadas”.

Mientras que Guillermo Gallegos, de GANA, expresó que lamenta el asesinato de los sacerdotes jesuitas, pero que no está de acuerdo con la captura de los militares, pues “no abona a la reconciliación nacional, es parte del pasado”.

Como “buenas noticias para la democracia” ha calificado el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), David Morales, la captura de cuatro de los 17 exmilitares salvadoreños que están siendo solicitados por la justicia española vinculados  el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

Morales señaló que “la Corte plena salvadoreña tendrá nueva oportunidad histórica de colocarse al lado de la justicia”. Agregó que la impunidad no es un derecho humano. Luchar contra ella es un deber de los Estados, los pueblos y las personas”.

El pasado 5 de enero Velasco envió una copia de las órdenes de captura a la PNC para que estas se hicieran efectivas en El Salvador. La primera orden de captura internacional fue hecha 2011, pero en agosto de ese año los militares se refugiaron en un cuartel de la Fuerza Armada Salvadoreña para evitar la captura.

El asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradas ocurrió dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) el 16 de noviembre de 1989, además de remarcar los hechos violentos que se cometieron en los doce años que duró el conflicto armado en El Salvador, también se ha convertido en un ícono de los crímenes que hasta hoy habían sido sellados por la impunidad.

El caso de los jesuitas fue llevado a juicio entre el 26 y 28 de septiembre de 1991, y el proceso dejó como resultado a seis militares condenados según consta en el informe de la Comisión de la Verdad. Unos quedaron libres al pagar una fianza y otros cuando se firmó la Ley de Amnistía en 1993.

Sin embargo ese juicio ha sido calificado por las organizaciones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como fraudulento.

También a inicios de 2009 el juez español Eloy Velasco también cuestionó si el juicio llevado a cabo en 1991 fue fraudulento o no. En ese momento el juez explicó que se destruyeron pruebas "clave", como los libros de registro militares de esos días, y que se obstaculizó la labor del juez porque los testigos militares no acudieron a las citaciones.