miércoles, 2 de septiembre de 2015

Honduras es un Estado hostíl hacia la prensa crítica

defensoresenlinea.com
Por Marvin Palacios | Defensores en Línea 

“Criminalizar periodistas en tribunales penales es enviar un pésimo mensaje a las fuentes y a la ciudadanía en general que ejerce estos derechos y libertades públicas. Estamos a favor de la despenalización de estos delitos (injuria, calumnia y difamación), porque el uso del derecho penal y el abuso de las cortes penales para dirimir estos litigios concede un poder adicional al sistema político, al Estado, para criminalizar el libre ejercicio de la información y expresión”.

Así se expresó el destacado periodista, director ejecutivo de Alternativas en Comunicación (Alter-Eco), Félix Molina, al ser abordado por el periódico digital defensoresenlínea.com con respecto a las recomendaciones que sobre temas de la libertad de expresión, formulara en mayo pasado, el Consejo de Derechos Humanos a través del Exámen Periódico Universal (EPU).

Con más de 40 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales, con leyes restrictivas que atentan contra el ejercicio del periodismo y el derecho a expresarse, los trabajadores y trabajadoras de la comunicación transitan por caminos peligrosos.

A continuación la entrevista con el periodista Félix Molina:

Defensoresenlinea: ¿Se ha eliminado las amenazas y los ataques contra periodistas en Honduras?
(Félix) En los últimos años, después de las elecciones generales de 2013, hemos tenido la percepción que, efectivamente, disminuyeron los ataques a los y las trabajadores de los medios en Honduras. Sin embargo, en las últimas semanas conforme aumenta la presión social contra la corrupción vemos un comportamiento hostil del gobierno en general contra las personas que hacen trabajo de formación de opinión pública en general, no necesariamente periodistas.

¿El Estado de Honduras ha implementado un mecanismo que permita prevenir, investigar y perseguir todas las formas de ataques contra periodistas y comunicadores, comunicadoras sociales? 
A través del desaparecido Ministerio de Derechos Humanos, que presidió la abogada Ana Pineda, el Estado intentó crear un programa de protección que no se concretó por falta de claridad en su planteamiento y déficit de consenso en la misma comunidad mediática, que está socavada por un periodismo al servicio del régimen que administra el post golpe y un amplio sector de ciudadanía activa que practica el periodismo ciudadano a través de distintos medios alternativos, incluyendo sitios web, redes de correos electrónicos, radios comunitarias y redes sociales en internet.

Con la posterior aprobación en mayo 2015 de la ley para defensores, periodistas y un montón de gente, incluyendo a los propios violadores de derechos humanos, el enfoque de protección a las personas que trabajan información, libertad de expresión y comunicación a mi juicio quedó diluido, echado a perder.


¿Cuál es la posición de ALTER-Eco con respecto a la recomendación formulada en el EPU 2015, que sugiere modificar la legislación para despenalizar la injuria, la calumnia y la difamación y convertirlos en materias reguladas por las normas de derecho civil, establecidos por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); observaciones y recomendaciones hechas a Honduras por el Reino Unido e Irlanda del Norte?. 
Nuestra posición es a favor de dicha recomendación, que ha sido aprobada por varios estados del continente, porque así como está actualmente la tipificación en el Código Penal hondureño basta que un funcionario público, pariente suyo o un personaje público con influencia diga a un juez que está siendo difamado o calumniado, y la denuncia “pega” como dicen las personas litigantes.

Estamos a favor de la despenalización de estos delitos, porque el uso del derecho penal y el abuso de las cortes penales para dirimir estos litigios concede un poder adicional al sistema político, al estado, para criminalizar el libre ejercicio de la información y expresión.

Tenemos conciencia que un medio o sus trabajadores deben ser responsables del efecto ulterior de sus impericias, de sus reales malicias y excesos en la difusión de información incompleta, imprecisa o maliciosa, pero en el ámbito civil donde la carga de la prueba recae en el acusador no en el acusado, como es el caso en el ámbito penal. Criminalizar periodistas en tribunales penales es enviar un pésimo mensaje a las fuentes y a la ciudadanía en general que ejerce estos derechos y libertades públicas.

¿Cuál es el estado de la libertad de expresión en la actualidad, Félix? 
La libertad de expresión es un derecho que se conquista cada día, a cada instante, no es una concesión; por tanto, yo diría que cada día el estado de la libertad de expresión es mejor en Honduras en comparación a países próximos, pues vemos que la ciudadanía ha superado con creces el miedo, la censura y el ninguneo de los medios corporativos tradicionales – periódicos, cables de televisión y oligopolios radiales – y ha construido su propia agenda temática y editorial desde sus propios medios sociales que confrontan realmente las agendas hegemónicas de los poderes fácticos y del gobierno.
De otro modo no podríamos explicar la elevada presencia ciudadana en las movilizaciones de indignación, que no reciben promoción ni llamamiento de los medios tradicionales, más bien reciben descalificación. Y el gobierno no controla la opinión pública pese a los pactos económicos, pactos de silencio y promoción política que ha firmado con los dueños de los medios.

En Honduras los opositores políticos, los columnistas, periodistas y defensores de derechos humanos pueden expresar sus opiniones y críticas libremente sin acarrear consecuencias? 
Las consecuencias que enfrente un emisor de ideas y opiniones siempre dependerán de la forma cómo son expresadas y ante quiénes. Conocemos voces absolutamente críticas pero serias y documentadas que pueden decir casi todo, sin sufrir represalias. Pero vemos también un ejercicio ligero, irresponsable e impreciso de las libertades públicas, que convocan por sí mismas la fuerza bruta o los excesos desproporcionados de los agentes del estado o de sus cómplices en el mundo del hampa. Muchos de los casos de comunicadores, periodistas y trabajadores de medios que han muerto en forma violenta en un contexto de casi total impunidad e inseguridad, han ocurrido en circunstancias no necesariamente ligadas al ejercicio público del periodismo.

Cuáles son las principales amenazas que enfrentan los periodistas y comunicadores sociales en Honduras?
La criminalización, el desprestigio público, la pérdida del empleo, la vigilancia electrónica y física, las persecuciones y daños a parientes cercanos o, en el peor de los casos, los asesinatos contra los emisores. Las principales fuentes de amenazas en el contexto hondureño son las mafias del crimen organizado protegidas por el Estado y con ellas agentes del estado, especialmente en las secretarías de Seguridad, Defensa, Casa Presidencial, Inteligencia y unidades encubiertas.

En torno al acceso a la información pública, ¿cuál es la situación actual? 
No existe todavía en Honduras una cultura de búsqueda y reclamación de la información por parte de la ciudadanía. En los últimos años los principales solicitantes de información pública en las instituciones obligadas por la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los recursos de reposición por denegación ante el Instituto de Acceso a Ia Información Pública (IAIP) han sido iniciativas de empleados de medios, pero muy poco ejercen este derecho los y las ciudadanas. El Estado se ha preparado para encriptarse, pero la ciudadanía no se ha formado para presionarlo. Es la verdad.

Desde el 2010, el Consejo de Derechos Humanos recomendó investigar a los responsables de los asesinatos de los periodistas, han pasado 5 años y no hay avances, qué le impide al estado resolver estos casos? 
El Estado de Honduras convirtió la debilidad investigativa en un negocio. La impunidad, que genera desconfianza y temores, es un pésimo negocio para la legitimidad de la democracia, pero es un excelente impulsor de compra y venta en el mercado. Con el ocultamiento de los responsables de los delitos y su consecuente falta de castigo, la población teme y consume los variados productos que el mercado le ofrece: perros, armas, chalecos, religiones fundamentalistas, partidos conservadores, policías y militares de mano dura. Ese es el juego, por eso la gente del Estado no resuelve las madejas delictivas porque acabaría él mismo en el centro del ovillo.