lunes, 31 de agosto de 2015

Desaparecidos y asesinados políticos en Honduras

Por Defensores en Línea

El Estado de Honduras cada día que pasa se ve más implicado y comprometido en los casos de  desaparecidos y asesinados políticos. Los gobiernos civiles y militares de las últimas cinco décadas son los responsables directos y están embarrados hasta el tuétano en estos casos. De esto no se escapan por acción u omisión ninguno de los gobiernos pasados, ni del partido Nacional, ni del Liberal; mucho menos altos y medianos jerarcas militares; pero tampoco la Embajada y el Departamento de Estado de Estados Unidos implicados en estos actos de lesa humanidad.

EL 28 de agosto de este año a través de Radio y TV Globo, la Fiscal Especial de los Derechos Humanos del Ministerio Público, Soraya Morales, manifestó que su oficina reabrirá los expedientes de los 184 desaparecidos de la tenebrosa época de los 80. Esto, no dudamos en creer, es por presiones y exigencias de los organismos internacionales de derechos humanos.

Las palabras llenas de verdad y esperanza, manifestadas hace algunos días por parte de la Directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, la costarricense Marcia Aguiluz, respecto al caso de  militares implicados en las horrendas masacres y asesinatos del pueblo guatemalteco, que involucra a cientos de militares, pero también civiles, entre ellos a Efrain Ríos Mont y Otto Pérez Molina, deben ser castigados con severidad. 

Manifestó además su malestar porque las mismas autoridades judiciales guatemaltecas prolongan los juicios hasta llevar a estos sicarios estatales a la ancianidad o a enfermedades imaginarias, lo que no debe aceptarse como justificación ya que aunque sean ancianos deben juzgarse y castigarse con rigor.

En Honduras hay infinidad de casos sin resolver, tanto de desaparecidos como de asesinados, entre algunos de los desparecidos recordamos con meridiana precisión a Roger González, Manfredo Velásquez Rodríguez, James Guadalupe Carney, Tomás Nativí, Jorge Alberto Maldonado, José María Reyes Mata, Juan Ramón Dermith y un centenar más. Dentro de los  y las asesinadas se encuentran Manuel de Jesús Guerra, Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Pablo Luna, Margarita Murillo, Carlos Luna, entre centenares más.

Pero hay varios casos recientes de desaparición, entre ellos el informado la semana pasada por Radio Progreso de parte de familiares de Donatilo Jiménez, dirigente sindical de la Universidad Nacional Autónoma, UNAH, desaparecido del campus del Centro Regional de La Ceiba, CURLA, que implica y responsabiliza a las autoridades máximas del Alma Mater.

Pero Latinoamérica, principalmente México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití, así como algunos países de  Sur América, están en deuda con la humanidad, principalmente Chile, Paraguay y Brasil y otros que no castigan todavía a  tanto militar y civil violadores de los Derechos Humanos.

Creemos que la mejor lección al respecto la ha dado Argentina que camina con pie firme hacia un mejor futuro después de haber curado este cáncer y dar una excelente lección a la comunidad internacional.

Aunque sean ancianos podridos o empedernidos si son violadores de los derechos humanos, de los niños o las niñas, deben ser castigados con dureza y si son autoridades militares, civiles o eclesiásticas con el doble de la pena.

Nuestro voto de confianza a la valiente Fiscal Soraya Morales que manifestó su entereza de entrar de lleno a revisar los expedientes de estos crímenes  de lesa patria. 

Creemos que todas las personas que formaron parte de los gobiernos militares y civiles, desde los años 1960-2015, entre ellos los ligados a la Asociación para el Progreso de Honduras, APROH y que formaron parte de esta estructura de terror encabezada por el general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, deben ser investigadas y de hallarse culpables despojarlas de sus bienes y castigarlas con cárcel aunque ya sean muebles vejestorios e inservibles.