sábado, 29 de agosto de 2015

Asesinato ambientalista Carlos Escaleras: Estado hondureño acepta su responsabilidad

:radioprogresohn.net
Por Cesario Padilla | Pasos de Animal Grande

Al pasar más de una década del asesinato del líder ambientalista Carlos Escaleras, el Estado hondureño finalmente se comprometió a aceptar las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , en relación con las violaciones a los derechos humanos contra él y su familia, informó un comunicado de prensa del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) este jueves 27 de agosto de 2015.

El compromiso se firmó entre representantes de la familia de Escaleras, abogados de CEJIL y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), en representación de la víctima y representantes del Estado.

La CIDH estableció en el mes de julio del año 2014 la responsabilidad de Honduras por la violación de un conjunto de derechos: a la vida, a la libertad de asociación y a los derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras; igualmente la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de su esposa, madre, hijos y hermanos.

Según el comunicado de CEJIL, el Estado hondureño se comprometió –producto de las recomendaciones de la CIDH- a la difusión por medio de cadenas de radio y televisión, de un documental que refleje la problemática ambiental en el país y la lucha de Carlos Escaleras como activista en pro del medio ambiente.

Además, como homenaje a Escaleras, el Estado cambiará el nombre del “Parque Nacional Montaña de Botaderos” por el de “Carlos Escaleras Mejía” y remodelará la plaza del centro de Tocoa, en el departamento de Colón (de donde Escaleras era originario) en donde colocarán un busto en su honor que llevará su nombre. Al terminar la remodelación, la plaza será reinaugurada con la presencia de las altas autoridades estatales, destacó CEJIL en el comunicado.

Otro de los acuerdos a los cuales se comprometió el Estado es una investigación judicial que establezca las circunstancias en las cuales fue asesinado el líder ambientalista así como la ejecución de medidas disciplinarias o penales para aquellos operadores de justicia quienes obstaculizaron el proceso.

Las partes firmantes del acuerdo concertaron que la CIDH evaluará en un periodo de doce meses (1 año) el cumplimiento del mismo. En ese momento,tanto el Estado como CEJIL y el ERIC-SJ deberán presentar información sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos. A partir de este plazo, la Comisión evaluará dicha documentación y determinará el posible envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró el comunicado.

Líder que gozó de credibilidad de la comunidad

Carlos Escaleras Mejía fue un destacado líder popular con un amplio recorrido en la defensa de los derechos humanos. Siendo estudiante de educación media se integró en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) a mediados de los años 70. Posteriormente, fue directivo a nivel nacional del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) en la década de los 80 hasta su despido, en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas a inicios de los 90.

Además, formó parte de la primera filial del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) en Tocoa Colón,  integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y del partido Unificación Democrática (UD), espacios en donde siempre hizo hincapié en la defensa de su territorio y por lo cual gozó siempre de la credibilidad de las comunidades del Aguán.

Fue asesinado el 18 de octubre de 1997 en su negocio de lavado de autos en la ciudad de Tocoa. Al momento de su asesinato, Escaleras era candidato a la alcaldía de su ciudad natal por la UD y regresaba del entonces Tribunal Nacional de Elecciones en Tegucigalpa, ya que faltaba aproximadamente un mes para realizarse el proceso electoral de ese año.

Desde la fecha del crimen contra Escaleras, su familia ha buscado que este caso no quede en el silencio impuesto por quienes ejercen control político y económico en el país. Hasta el momento, solo ha sido condenada una persona: Lucas García Suazo en octubre del año 2002. A pesar de la condena, se continúa en la búsqueda de los autores intelectuales de su asesinato.

Ante la lentitud de la justicia hondureña para resolver este caso, el Centro por la Justica y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) presentaron el 14 de enero de 2002, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la denuncia que responsabiliza al Estado por su asesinato.