Por FNRP
La presencia en Honduras de una delegación de la Organización de
Naciones Unidas con el propósito de explorar, in situ, la opinión de los
diferentes sectores de la sociedad hondureña frente a la crisis
provocada por los altos niveles de corrupción y los índices de impunidad
y conocer la posición de los mismos respecto al diálogo convocado por
el señor Juan Orlando Hernández, ha abierto un espacio para que dicho
organismo internacional conozca la verdadera motivación y las
condiciones concretas del país en que se plantea tal iniciativa.
Aunque
el fenómeno de la corrupción y de la impunidad han acompañado la
evolución histórica de Honduras, se ha sumado a éste un elemento nuevo
que ha desbordado la tolerancia de nuestro pueblo y generalizado la
indignación: la existencia de pruebas irrefutables que comprometen a los
principales representantes de los poderes del Estado, del partido de
gobierno y al propio gobernante en los actos de corrupción, de robo y
saqueo de las instituciones sociales, pues se ha puesto al descubierto
que parte significativa de esos fondos fueron utilizados para financiar
las elecciones internas de su partido y su campaña presidencial, así
como el encubrimiento y falta de castigo a los responsables de tales
actos por parte de los órganos encargados de promover las acciones
correspondientes.
La crisis que se vive desde el golpe de Estado
de 2009 ha evidenciado una desconfianza extrema del pueblo hondureño en
la institucionalidad del país, que ha estado sometida al control
omnímodo de quien ejerce el poder ejecutivo de manera arbitraria,
precarizando los principios fundamentales en que se sustenta el Estado
de derecho y el régimen democrático, especialmente en lo que se refiere a
la división y el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos
humanos.
El actual mandatario ha intentando desviar la atención
de la opinión pública en torno a los casos emblemáticos de corrupción y
el reclamo del movimiento de los indignados, montado una campaña en
torno a los supuestos o reales logros de su gobierno, como si ese fuera
el problema en discusión, cuando de lo que se trata es de su obligación
de dar cuenta de su responsabilidad y la de sus familiares en los
mismos, de la negligencia del Ministerio Público y de la inoperancia del
sistema de justicia en cuanto a el castigo de los implicados.
Por
el contrario, frente a la denuncia documentada de tales hechos, se ha
dedicado a descalificar la oposición política y a culparla de impedir
sus ejecutorias, acusándola de estar ligada con el crimen organizado y
empeñada en boicotear su buen gobierno. Todo esto, a pesar de haber
aceptado públicamente que su partido recibió parte de los fondos
saqueados del Instituto Hondureño de Seguridad Social y prometido
devolverlos, como si con este gesto bochornoso suprimiera el delito
cometido.
En el contexto de la denuncia de la corrupción y de la
presentación de las pruebas correspondientes, que nadie ha podido
desvirtuar, surgen las marchas de las antorchas, de indignados e
indignadas, que han movilizado a miles de personas en más 75 ciudades y
poblados del país y a hondureñas y hondureños dispersos en más de 20
ciudades del extranjero, y la huelga de hambre que se ha desarrollado
bajo un hostigamiento permanente del aparato policial y de un despliegue
militar con propósitos de intimidación, que los huelguistas han
denunciado oportunamente.
La exigencia de este movimiento contra
la corrupción y la impunidad imperantes ha sido y continúa siendo la del
establecimiento en Honduras de una Comisión Internacional Contra la
Impunidad por parte de las Naciones Unidas, dada la precaria
institucionalidad del país y la falta de credibilidad de quienes hablan
en su nombre.
El titular del ejecutivo ha prestado oídos sordos
al reclamo de la ciudadanía indignada en este sentido, y ante el
cuestionamiento a que ha estado siendo sometido, ha reaccionado
convocando a un diálogo con sectores afines a su gobierno y solicitado a
la ONU y a la OEA los facilitadores del mismo, prescindiendo por
completo del movimiento de los indignados y sin dar respuesta a su
demanda específica de una Comisión Internacional de lucha contra la
Impunidad para Honduras.
Los indignados, han ratificado su
exigencia de la solicitud de la CICIH y su negativa a participar en un
diálogo nacional que conlleva la formulación de una propuesta diferente.
Por la experiencia de diálogos fallidos, que solo han servido para
manipular la opinión pública y bajar la presión que ejerce la ciudadanía
en momentos de crisis como la presente, no se ha dejado engañar,
porque saben perfectamente que los convocantes en este caso son parte
del problema y no de la solución, y que los convocados por el régimen
tampoco gozan de la credibilidad necesaria.
Así las cosas, la
oposición indignada ha hecho el llamado a continuar las movilizaciones,
que son la mejor forma de expresar la voluntad popular de hacerse
escuchar y de hacer entender a propios y extraños que su propuesta no es
negociable.
Las organizaciones sociales y políticas que
enfrentaron el golpe de Estado y que plantearon en su momento la
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para el
restablecimiento del Estado de derecho, están presentes en este vigoroso
movimiento de indignados y avalan su propuesta como un primer paso
para abordar la crisis, aunque el mismo debe estar inserto en una
estrategia que permita encarar los problemas estructurales que aquejan a
la sociedad hondureña. Entre esos problemas está precisamente el de la
institucionalidad destruida con el golpe de Estado, que dos procesos
electorales fraudulentos no han podido resolver, y que los afanes
reeleccionistas del titular del ejecutivo han precarizado con la
creciente concentración del poder, la que bloquea la búsqueda de una
solución democrática del mismo.
El restablecimiento del Estado de
derecho y la construcción de un nuevo pacto social para resolver -y no
para paliar- los problemas que la crisis en la presente coyuntura nos
plantea, pasa por cambiar radicalmente los procesos de selección de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Judicatura, del
Ministerio Público, del Tribunal Superior de Cuentas, del Tribunal
Supremo Electoral, así como la democratización del Congreso Nacional,
secuestrados en la actualidad por un proyecto autoritario promovido
desde las esferas del poder.
La lucha contra la corrupción y la
impunidad sin la creación de una nueva institucionalidad que redefina
visiones y enfoques, políticas y mecanismos para hacer efectiva la
transparencia, el control y la responsabilidad de los funcionarios en el
manejo de los asuntos públicos, puede desembocar en graves
frustraciones.
Solo desde una nueva institucionalidad se podrá
librar una lucha consecuente contra la corrupción y la impunidad, que
son consubstanciales a un modelo económico excluyente y un régimen
político autoritario que privilegia la violencia en sus relaciones con
el pueblo.
El establecimiento de una Comisión Internacional para
la lucha contra la Impunidad requiere de un andamiaje jurídico y de un
personal idóneo para garantizar el cumplimiento de sus fines. La misma,
en todo caso, deberá formar parte de una acción sostenida encaminada a
establecer un verdadero Estado de derecho, sobre la base de un nuevo
pacto social que permita abordar y promover los cambios que el país
necesita para salir del atraso y crear las condiciones de una vida digna
para todos los hondureños y hondureñas.
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