martes, 16 de junio de 2015

El Salvador: Sala Constitucional causa grave daño al país y beneficia a la delincuencia

VD
Por Verdad Digital

La medida cautelar dictada por magistrados de la Sala de lo Constitucional, que impide al gobierno la venta de hasta $900 millones de dólares en bonos, causa un grave daño al país y beneficia a la delincuencia, subrayó el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana.

Lorenzana respaldó y compartió las declaraciones del sábado anterior del presidente Salvador Sánchez Cerén, quien dijo que cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional deben asumir los costos de la violencia generada por las estructuras criminales, por frenar la emisión de los $900 millones en bonos.

"Es un grave daño al país y un beneficio a la delincuencia en el fondo", la decisión de los cuatro magistrados, subrayó el también jefe del Gabinete Económico del presidente Sánchez Cerén.

"Con eso no se daña al gobierno, se daña al pueblo salvadoreño, estos recursos estaban destinados para apoyar la seguridad, y en segundo lugar para apoyar programas sociales", reiteró.

Dijo que el gobierno tendrá menos recursos para poder responder al embate de la criminalidad y calificó la medida cautelar dictada al Ministerio de Hacienda, de suspender la venta de los bonos, como "una sentencia adelantada".

Lorenzana afirmó que el gobierno busca medidas alternativas para financiar las responsabilidades del Estado, aunque no detalló de qué tipo. "Estos son recursos para reforzar (el plan de seguridad pública), no es que nos quedemos con los brazos cruzados, en el presupuesto tenemos fondos para enfrentar la delincuencia", añadió.

Los 100 millones de dólares en bonos para destinar a la seguridad ciudadana, era "tener una inyección superior de recursos financieros... y era un instrumento para ser mas contudente" contra las estructuras criminales.

Adelantó que el gobierno valora, dentro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), una contribución especial para combatir la delincuencia.

Roberto Lorenzana achacó que los magistrados no miden la magnitud y el impacto en la operatividad de la Policía Nacional Civil y su impacto en los niveles de inseguridad.

Los magistrados Rodolfo González, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Belarmino Jaime admitieron el recurso de inconstitucionalidad contra la emisión de bonos.