martes, 19 de mayo de 2015

En alto riesgo reconocidos defensores y defensoras de Honduras

defensoresenlinea.com
Por Sandra Rodríguez | Defensores en Línea

Este lunes se denunció la situación de precariedad en que se encuentran las y los defensores de derechos humanos en Honduras.

De manera particular si abordaron los casos de Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Anselmo Romero, líder social del departamento de Comayagua, Rafael Alegría de La Vía Campesina.

También se denunció la situación que viven Santos Torres, presidente de la empresa campesina "Gregorio Chávez" en el Bajo Aguán, Dagoberto Posadas, presidente del SITRAPANI y Luis Méndez, dirigente social. 

"Para ellos se ha detectado una sistematicidad en los hechos, así como selectividad y patrones casi iguales, aunque vistos unilateralmente no se les ve la gravedad", dijo Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH.


Luis Méndez, dijo que no es fácil hacer públicas esas denuncias, porque de alguna manera se impone el miedo ante las amenazas, aún más cuando ya antes ha tenido que salir del país para resguardar su vida.

A Méndez le asombró, hace unos días cuando salía de un espacio colectivo en La Casa de los Pueblos, una motocicleta le fue a impactar a su vehículo estacionado, por lo que tuvo la reacción de bajarse, pero se contuvo al ver que el hombre estaba armado.

Luis Méndez, poeta, productor audiovisual, comunicador popular. El 11 de marzo de 2015 fue informado  por la vigilancia privada  de la colonia Monte Verde, que dos sujetos que se transportaban individualmente a bordo de motocicletas llegaron hasta la entrada de la colonia fingiendo ser técnicos de aire acondicionado para penetrar su vivienda.

Los desconocidos vestían overoles amplios y chalecos de una presunta empresa de refrigeración con letras no legibles. Y las motocicletas no tenían placas, denunció COFADEH en un comunicado de prensa.

“Las personas víctimas de persecución y ataques aquí presentes dan testimonio de la fragilidad de sus entornos, denuncian la responsabilidad del Estado y piden solidaridad de la opinión pública”, manifiesta el documento.

Gladys Lanza, beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, describe que,
desde el 14 de mayo de este año, es objeto de persecución de hombres sospechosos a bordo de motocicletas y vehículos sin placas.

Afirmó que es lamentable que se utilicen estos métodos para atemorizar, aterrorizar y sacar de la escena a personas, que solo están tratando de que la ciudadanía pueda gozar de la satisfacción de sus derechos como persona.

Lanza enfrentó un juicio que la condenó a 18 años de cárcel, sentencia que por los momentos está suspendido mientras se resuelve el recurso de casación. Mientras eso ocurre debe ir a firmar un libro cada mes a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para garantizarle al Estado que no se ha ido del país.

"Yo no me pienso ir, no me voy a ir, porque este es mi país. He tenido que vivir en condiciones más difíciles aquí", declaró la legendaria defensora de derechos humanos, quien dijo que estas estrategias de intimidación son para distraer a los y las defensoras.

"Mi nombres es Santos Marcelo Torres, no Santos Abad Hernández Torres, que es a quien andan buscando", aclaró el líder campesino quien fue judicializado con ese otro nombre, la semana pasada en Tocoa, Colón.

Torres tiene medidas cautelares y denunció que el 12 de mayo pasado fue detenido ilegalmente por agentes de la Dirección Nacional de Investigación y policías militares, que se conducían en dos vehículos sin identificación, fuertemente armados y sus rostros cubiertos con pasamontañas. 

Ha sido criminalizado en Trujillo, Colón, debiendo asistir el 12 de junio próximo a la audiencia inicialmente un juez, bajo el cargo de usurpación en perjuicio de Miguel Facussé.

En una acción urgente emitida por el COFADEH, hace unos días, se denuncia además que los militares en el Bajo Aguán, han encañonado a sus hijos de 6 y 7 años de edad. Además se han metido a su casa y le han montado vigilancia, acusándolo de tener armas, pero el sólo tiene un machete para sembrar en una tierra que alquila.

"A los demás compañeros les digo que no tengan miedo a denunciar, porque si no hablamos nosotros, ¿quién lo va hacer? Mantengámonos despiertos", finalizó Santos Torres.

Anselmo Romero Ulloa, beneficiario de medidas cautelares, también denuncia en esta rueda de prensa que es objeto de persecución por personas desconocidas que se conducen en vehículos sin placas y que han intentado penetrar su vivienda en Comayagua.

Rafael Alegría, beneficiario de medidas cautelares, denuncia que el  26 de enero del 2015 las oficinas de La Vía Campesina fueron objeto de un atentado criminal cuando dos vehículos fueron utilizados para disparar 17  balazos  contra las paredes frontales, algunos disparos  alcanzaron las oficinas del personal. 

El 13 de mayo último, en la madrugada,  dos vehículos desconocidos estuvieron circulando por  las oficinas de la Vía Campesina, en actitud de chequeo y vigilancia.

Estos hechos ocurren en un momento de operaciones encubiertas del sistema de inteligencia nacional, que trabaja para el régimen.