jueves, 16 de abril de 2015

Nicaragua defiende ante la CIJ trabajos en "propio" territorio y niega daños

Por Sur.es

Nicaragua presentó hoy sus argumentos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la disputa limítrofe que le enfrenta a Costa Rica desde 2010 ante el alto tribunal de la ONU, en los que defendió los trabajos que realiza en un territorio que considera suyo y rechazó daños medioambientales.

Frente a los argumentos del martes de San José, el embajador de Nicaragua en Holanda y representante ante la Corte, Carlos Argüello, dijo que "el principal problema" reside en que "los mapas oficiales" no reflejan "la realidad en el terreno".

"El canal que separa la isla de San Juan del continente no es una delimitación clara" y los límites serán y han sido "gradualmente cambiantes" por "causas naturales", enfatizó.

El mapa que muestra la existencia de la isla San Juan pertenece al primer fallo del ingeniero Alexander en 1897. Además destacó que "Costa Rica no puede impedir" que "Nicaragua realice trabajos de limpieza en su propio territorio" con el dragado que denuncia el país vecino.

La razón por la que se realizaron trabajos de limpieza después de 2010 "fueron debidos a la dificultad de navegación dado la abundante vegetación", recalcó el representante de Nicaragua.

Argüello dijo también ante la Corte que, a pesar de que Costa Rica "pide indemnización por los daños ocasionados en los bancos del río San Juan", primero "se habrán de demostrar" y que Managua "no considera que hayan ocurrido" ni que "haya tenido intención de causarlos".

Durante la intervención de Nicaragua, el profesor de la Universidad de París Oeste, Nanterre-La Défense, Alain Pellet consideró "indispensable" poner en común "la interpretación de cada una de las partes" de los diferentes tratados para poder poner "solución a la actual disputa" limítrofe.

A juicio de Pellet, no cabe duda de que resolver las diferencias de interpretación "es la clave para la solución" del litigio.

En este sentido, y en relación a las conclusiones del ingeniero, Pellet destacó que "está claro que en la mente de Alexander" la frontera entre ambos países era "una frontera natural y que había fluctuaciones entre el río y los caños también".

Destacó que tal y como apuntó este "los cambios en los límites" entre ambos países provocados por el nivel del agua en cuanto a los bordes del río "alterarán las fronteras" y en consecuencia "las implicaciones de la ley internacional".

En este sentido, Argüello afirmó que Nicaragua "no ha violado" ninguno de los acuerdos entre Costa Rica y Nicaragua ni tampoco la ley internacional.

Con este objetivo anunció que el profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Pacífico, Stephen C. MacCaffrey, "lo demostrará" mañana en otra audiencia.

El canciller de Costa Rica, Manuel Gonzalez, dijo a Efe que "es demasiado pronto para realizar declaraciones" sobre la evolución de las audiencias y la intervención de Nicaragua.

El caso que enfrenta a ambos países centroamericanos tiene su origen en una demanda presentada por Costa Rica en 2010 por una supuesta invasión de Nicaragua a territorio costarricense en la fluvial Isla Portillos o Isla Calero, cercana a la costa del Caribe.

Costa Rica asegura que Nicaragua causó daños a un humedal protegido por convenios internacionales en territorio costarricense al abrir un canal para intentar unir el río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar Caribe.

Por su parte, Nicaragua afirma que esa zona le pertenece y la llama Harbour Head.

Costa Rica amplió la demanda en septiembre de 2013 al denunciar ante la CIJ que Nicaragua abrió dos caños más en la zona en disputa, pese a que la Corte había ordenado a ambos países medidas cautelares como mantener despejado el sitio.

Los jueces decidieron agregar al caso una demanda de 2011 de Nicaragua contra Costa Rica por supuestos daños ambientales al río San Juan durante la construcción de un camino de lastre de unos 160 kilómetros que corre paralelo al afluente.

Las audiencias que comenzaron este martes con los argumentos orales de Costa Rica, terminarán el 1 de mayo.

Se trata de las últimas audiencias públicas que celebra la CIJ en el caso, antes de comenzar las deliberaciones, que pueden durar entre cuatro y seis meses, según las fuentes consultadas.