sábado, 4 de abril de 2015

El Salvador: El Estado que no busca a sus desaparecidos

Jessica Orellana
Por Gloria Marisela Morán | ContraPunto

Sofía Hernández una mujer de 53 años de edad que durante el conflicto armado salvadoreño perdió a ocho de sus familiares. Su hija y su esposo fueron asesinados, dos hermanos y cuatro sobrinos, también están desaparecidos. “No podemos tapar el sol con un dedo, aún hay desaparecidos de guerra, no se puede ocultar el dolor que la crueldad nos provocó”, son las palabras que dijo a ContraPunto. 

Norma Guadalupe Marroquín Hernández, era el nombre de su hija, quien fue asesinada del 2 de diciembre de 1979. Tan solo tenía 19 años. Sofía dice que los restos no fueron encontrados. En 1981, el 3 de julio, asesinaron a su esposo, Juan Marroquín, en las cercanías del Parque Cuscatlán. Encontró su cuerpo días después, “a él lo pudimos velar, pero por miedo lo enterramos como desconocido, cuando pasó la guerra quisimos exhumar su cuerpo para darle cristiana sepultura, pero no encontramos ni un clavo de la caja en la que lo pusimos”, dijo.

En 1970 desaparecieron dos de sus hermanos. Sus cuatro sobrinos desaparecieron entre 1973 y 1974. “Perdí a 8 familiares, no se puede imaginar ese dolor, sentir el luto de la familia y ahora no saber qué fue de ellos es más tortura para una madre”, dijo Sofía.

La historia de Sofía cuenta la de seis desparecidos de 10.000 que, según la estimación de Organización de las Naciones Unidas (ONU), dejó la guerra civil salvadoreña entre 1980 y 1992. Su esposo y su hija se suman a los más de 75.000 muertos que provocó el conflicto armado.

Según el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, El Salvador tiene una deuda histórica con los desaparecidos del conflicto armado ya que el “Estado de El Salvador nunca ha buscado a sus desaparecidos”.

Además, dijo,  es un Estado que no ha creado bancos genéticos con muestras de familiares para buscar los restos de los desaparecidos, no ha facilitado archivos militares que puedan arrojar “luz sobre estas miles de personas que desaparecieron por obra del terrorismo de Estado en la década de los 70 y los 80. Es una obligación de Estado buscar a los desparecidos”.

Morales señaló que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha motivado a que el Estado asuma esa responsabilidad, indicó que si bien es cierto se ha mostrado “abierto”, eso no es suficiente, ya que se necesita pasar a plano de las acciones. “Hemos logrado algunos avances en materia de búsqueda de niños desaparecidos en el conflicto armado, pero no de las personas adultas, es un delito gravísimo internacional que todavía estamos en deuda”,  explicó

El Salvador forma parte por primera vez del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2015-2017, tras la elección realizada el año pasado en el marco del 69º período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, con sede en Nueva York.

El hecho que el país sea parte del Consejo, para muchos expertos en derechos humanos, es un reto y un compromiso para mejorar sus indicadores internos en torno al respeto a la integridad humana, al cumplimiento con los derechos humanos y enmendar las deudas históricas que posee desde el conflicto armado.

Los desaparecidos de la pos guerra ataques


Nelo, así era como la familia y amigos conocía a Manuel Muñoz. Era albañil. Tenía dos hijos y una hija. Vivía en una comunidad de Soyapango. Un día, al salir del trabajo hizo su última llamada a su esposa, a quien le dijo que esa noche llevaría algo para cenar, algo que sus hijos le habían pedido. Pero nunca regresó. Era la noche del 23 de septiembre de 2007. Hasta este día, nadie sabe de su paradero.

Su hermana fue quien se dio a la tarea de buscarlo en cada sitio que se le ocurrió, fue a hospitales, morgues y preguntó a cuanta gente pudo, pero no obtuvo respuesta alguna. “Es como que si la tierra se lo hubiera tragado, a saber qué me hicieron a mi hermano”, dice ella, quien prefirió no ser identificada.

Su realidad es similar a la de miles de familias salvadoreñas que viven la angustia de tener a un ser querido desaparecido. Su esperanza es que aparezca vivo, pero la hermana de Nelo, asegura que “aunque sea muerto, hubiese querido saber de él, así dejo esta incertidumbre”.

Y es que a los miles de desaparecidos de la guerra se suman los desaparecidos que en los últimos años ha dejado el accionar delincuencial que azota a El Salvador. Desaparecidos que, según Morales, tampoco están siendo buscado por el Estado.

Entre 2007 y 2010, según la Fiscalía General de la República (FGR), 1.500 personas desaparecieron y de esas el 60 por ciento fueron mujeres. En 2012, según datos oficiales brindados a la prensa, más de 500 desparecieron, mientras que entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2013 alrededor de 1.070.

“Las desapariciones actuales también son un grave fenómeno, estas se diferencia de las desapariciones del conflicto armado en que no son producto por parte de un agente del Estado, sino que estamos hablando de las acciones productos de las actuaciones delictivas, como las pandillas o el crimen organizados, aunque no se trate del delito internacional de la desaparición forzada de personas que se caracteriza porque la realizan los estados”, expresó Morales.

En la actualidad es común escuchar en noticieros el nombre de, sobre todo, jóvenes que están desaparecidos. Morales señaló “que la violencia del presente es una herencia de la impunidad que decidimos institucionalizar a final del conflicto armado” haciendo referencia ala “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz" aprobada en 1993.

Con la ley se otorgó protección tanto a miembros del Ejército como de la guerrilla salvadoreña que combatieron durante el conflicto armado, el cual duró 12 años, y cometieron crímenes de lesa humanidad. Durante todos esos años para las víctimas del conflicto armado no ha habido oportunidad de recibir justicia.

Morales afirma que es urgente la transformación de esa realidad que ha sido cruel para las familias que sufren la incertidumbre de no saber el paradero de sus seres queridos. Aseveró que para eso es necesario crear capacidades del Estado y demandar de las instituciones de seguridad que coloquen a las víctimas en el centro de sus prioridades. “La agenda del pasado y el presente tiene una agenda en común y es demandar medidas de protección y de esclarecimiento de la verdad y justicia”.