lunes, 16 de febrero de 2015

Costa Rica: Upala aprueba moratoria a hidroeléctricas

ditso.blogspot.com
Por FECON

El pasado viernes 13 de febrero la organización comunitaria, con el apoyo jurídico del diputado ecologista Edgardo Araya y por una moción del regidor Álvaro Carrillo, hizo posible una moratoria para la construcción de hidroeléctricas en el cantón de Upala.

A partir del trabajo por la defensa de nuestros ríos de organizaciones sociales y comunales, el Concejo Municipal de Upala acordó declarar una moratoria por 5 años para el otorgamiento de cualquier autorización municipal que se requiera para la instalación de proyectos hidroeléctricos en el cantón, mientras se elaboran estudios del impacto social y ambiental acumulativo de todas las represas ya autorizadas en el municipio.

Solo en los cantones de Upala y Guatuso existen 10 proyectos hidroeléctricos de los cuales tres - Canalete II, Los Negros I y Cote - ya entraron en operación y 7  - Los Negros II, P.H La Jabalina y el P.H Chimurria, Caño Grande, Las Delicias y El Niño - se encuentran en trámites:

El cantón de Upala llevaba discutiendo la moratoria por varios años. El 21 de marzo de 2014, en una gran manifestación, organizaciones comunales solicitaron la moratoria a las autoridades municipales, quienes acordaron evaluar el caso en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la  Municipalidad. 

Impactos. La comunidad de Upala ya ha denunciado los impactos en las zonas de protección de los ríos Zapote y Bijagua con el inicio de las obras para la construcción del proyecto hidroeléctrico Bijagua  (informa-tico.com).

Lo anterior se suma a los impactos aguas abajo del funcionamiento de la planta hidroeléctrica Canalete (2008), cuya  planta aprovecha las aguas del mismo Río Zapote, como también al caso del PH Los Negros  que utiliza las aguas de los ríos Caño Negro, Frijoles y Raudales, todos afluentes del río Pizote, que a su vez desemboca en el lago Nicaragua.

Expansión incontrolada en Costa Rica. A pesar de que existen límites legales a la generación privada las compañías se están adelantando eventual apertura del mercado eléctrico. Hay 60 proyectos hidroeléctricos que evalúa el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para generación privada, 32 con elegibilidad vigente y 28 en trámite al 02-5-2013, de los cuales ya 23 presentaron su Estudio de Impacto Ambiental a la SETENA.

Frente a estas situaciones, las organizaciones  y las comunidades han promovido moratorias a los proyectos, tomando en consideración que en este momento los municipios no cuentan con el personal técnico capacitado para dar los permisos correspondientes al desarrollo de esta actividad, en razón de no faltar al artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, evitando los actos administrativos carentes del sustento técnico suficiente. Con ello, se evita (principio precautorio) que las premuras por satisfacer las necesidades del mercado eléctrico (nacional e internacional), terminen agotando los recursos que son del país entero, pero que además, son patrimonio de futuras generaciones.

Municipalismo ecologista. La Municipalidad de Coto Brus ratificó un acuerdo que declara una moratoria a todos los proyectos hidroeléctricos del cantón, hasta no contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. 

La decisión unánime del Concejo Municipal de Coto Brus se suma a la decretada y ratificada (2013 y 2014) por la Municipalidad de Buenos Aires y que actualmente se encuentra en tribunales. También se decretó moratoria en Pérez Zeledón, pero por la presión de los empresarios interesados se derogó el acuerdo. Ambos cantones sureños registran 14 proyectos hidroeléctricos

Las comunidades de Guácimo sostienen una moratoria a las represas en Zonas de recarga acuífera, las organizaciones  indígenas se han pronunciado en el mismo sentido y las de San Carlos hicieron una solicitud que fue rechazada por el Concejo Municipal.

Finalmente, los 75 acuerdos municipales contra los transgénicos y los acuerdos de moratoria a la siembra de piña - anulados por la Sala Constitucional tras la solicitud de la Cámara de piñeros -, se unen a las moratorias a las represas, y son formas de “municipalismo ecologista”, sustentado en la autonomía, la libre determinación y derechos humanos y ambientales.