viernes, 5 de diciembre de 2014

CIDH emite observaciones preliminares sobre la situación de los DDHH en Honduras

Por Defensores en Línea

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó hoy una visita in loco a Honduras, que tuvo lugar del 1 al 5 de diciembre de 2014, con el objetivo de monitorear la situación general de derechos humanos en el país.

La delegación estuvo encabezada por la Presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, la primera vicepresidenta, Rose-Marie Belle Antoine, José de Jesús Orozco Henríquez, Rosa María Ortiz, Paulo Vannuchi y James Cavallaro. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el Relator Especial para la Libertad de Expresion, Edison Lanza, así como especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

La Comisión sostuvo reuniones con autoridades estatales de los tres poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y otras personas que se acercaron a presentar información sobre la situación de derechos humanos en el país. Realizó visitas sin restricciones a diversas regiones, incluyendo La Ceiba, Tocoa, El Progreso, San Pedro Sula y el Bajo Aguán, y recorrió centros de atención a migrantes y a niños migrantes, comunidades garífunas y comunidades campesinas, así como varios centros penitenciarios del país.

La Comisión agradece al Presidente Juan Orlando Hernández y a su Gobierno la invitación a realizar esta visita, así como todas las facilidades logísticas y asistencia brindadas para la realización satisfactoria de la misma. En este sentido, la Comisión reconoce y valora la información aportada por el Gobierno y la apertura para establecer un diálogo constructivo con la CIDH. Asimismo, la Comisión agradece la hospitalidad con que el Gobierno y el pueblo de Honduras recibieron a la delegación.

En su visita, la Comisión constató alarmantes niveles de violencia, que se ubican entre los más altos del mundo. Además de una de las tasas de homicidios per cápita más altas a nivel global, en Honduras hay desapariciones, altos niveles de violencia de género y conflictos agrarios que también producen hechos de violencia, entre otros graves crímenes. Estos tienen lugar en un contexto de gran impunidad, resultado de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial, entre otros factores.  La impunidad caracteriza tanto a hechos de violencia como a una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, tal como la ocupación ilegal de tierras de comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes, la violación de los derechos laborales, y actos de discriminación, entre otros. La falta de investigación y la impunidad en la que permanece la enorme mayoría de las violaciones a los derechos humanos, alimentan una espiral creciente de violencia. Además de dejar a las víctimas sin acceso a la justicia, la impunidad afecta negativamente a toda la sociedad hondureña, que recibe el mensaje de que esta violencia es inevitable.

Quienes buscan justicia, quienes denuncian e informan, y quienes defienden sus derechos o los de otros, frecuentemente son amenazados e incluso asesinados, y en ocasiones también sus familiares son amenazados, secuestrados, golpeados o asesinados. La Comisión escuchó testimonios alarmantes sobre los asesinatos y el hostigamiento contra defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, entre otros. La  CIDH urge al Estado a adoptar medidas urgentes para atacar las causas estructurales de esta violencia y de la impunidad, así como para proteger a la población ante esta situación. En este sentido, la Comisión considera que las autoridades deben asegurar que el proyecto de ley que actualmente está en el Congreso para la protección de periodistas, defensores y operadores de justicia cumpla con todos los estándares internacionales de derechos humanos, y sea aprobado de manera urgente.

El proceso para reestablecer la institucionalidad democrática tras el golpe de Estado de 2009 requiere un importante y constante esfuerzo por parte de todas las autoridades del país. En las reuniones sostenidas durante la visita, el Estado de Honduras ha reafirmado su voluntad de generar estrategias para recuperar la credibilidad de la sociedad en las instituciones. En este sentido, la CIDH saluda el nombramiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y espera que el Estado le proporcione los recursos y condiciones que le permitan trabajar con independencia y eficacia. La Comisión asimismo saluda los esfuerzos del Instituto de Acceso a la Información Pública y la firma de un acuerdo con Transparencia Internacional para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones nacionales para este fin. Adicionalmente, la CIDH saluda la decisión del Gobierno de invitar una mayor presencia en el país de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Por otra parte, la Comisión nota que uno de los ejes centrales en la respuesta estatal frente a los graves problemas estructurales de violencia, impunidad, corrupción y crimen organizado en el país, es la intervención de las Fuerzas Armadas en múltiples ámbitos y funciones. El Ejército participa activamente en funciones de seguridad ciudadana a través de cuerpos especializados como una “policía militar”, a pesar de que los estándares internacionales indican que la seguridad ciudadana debe ser de competencia exclusiva de una fuerza policial civil, respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, el Ejército hondureño tendría influencia en la investigación y sanción de los delitos relacionados con el crimen organizado, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Esto ha generado la creación, en los hechos, de un procedimiento con características similares a un fuero especial para miembros de la policía militar.

Las Fuerzas Armadas se involucran también en temas de formación cívica y educativa para niños y niñas “en riesgo social” a través del programa “Guardianes de la Patria”. La Comisión expresa su preocupación ante los riesgos involucrados en el hecho de que niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 23 años de edad sean entrenados en instalaciones militares, y utilicen plazas, parques y canchas de fútbol militarizadas. El Ejército también tiene funciones en el sistema penitenciario, y es enviado a cumplir funciones de seguridad a zonas donde hay conflictos agrarios y de tierras, tal como el Bajo Aguán. En este contexto, la CIDH expresa preocupación por la aprobación y vigencia de una Ley de Secreto muy amplia en materia de seguridad nacional. La CIDH considera que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en esta amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de Derecho.

La Comisión entiende que el Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas para combatir el crimen organizado y salvaguardar a la sociedad hondureña ante el clima reinante de violencia e impunidad. Sin embargo, el enfoque de derechos humanos necesariamente debe prevalecer en toda política pública que el Estado adopte para cumplir con un objetivo determinado, sea educación, seguridad ciudadana, control penitenciario, solución de conflictos sobre el territorio, y fortalecimiento de las entidades que participan en la administración de justicia. La CIDH expresa preocupación por el enfoque excesivamente punitivo del sistema de justicia penal, e identifica como prioridad que el mismo sea modificado. En ese orden de ideas, la Comisión señala que con el fin de asegurar un sistema de justicia eficiente y eficaz, es necesario fortalecer las salvaguardas de independencia de los jueces. Asimismo, la Comisión considera indispensable fortalecer el sistema de justicia juvenil, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. La Comisión estima que la estrategia elegida por el Estado de Honduras para hacer frente a las preocupaciones expresadas genera graves preocupaciones cuando es valorada desde una perspectiva de derechos humanos.

Por otra parte, la Comisión Interamericana constató en su visita que persisten en Honduras altos índices de pobreza y de desigualdad social, con graves consecuencias de exclusión social y económica y de discriminación estructural. La pobreza y la falta de acceso a alimentación básica afecta a grandes sectores de la población, con una especial incidencia en niños y niñas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y rurales, donde se registran preocupantes índices de malnutrición.  Estos grupos y otros, tales como las mujeres y las personas trans, enfrentan graves obstáculos en el acceso a servicios básicos como salud y educación, y son afectados en forma desproporcionada por la falta de empleo o por empleos de salarios bajos y grandes riesgos de consecuencias nocivas para la salud. Los buzos miskitos, por ejemplo, son víctimas de condiciones laborales, de tal precariedad, que terminan con discapacidades físicas significativas, sin ningún tipo de cobertura de seguridad social, incapacitados para poder trabajar y proveer un ingreso mínimo para ellos y sus familias.

En el Bajo Aguán, la CIDH observó que la pobreza y la exclusión en que vive la mayoría de las personas, se suma una ausencia absoluta de esperanza, debido a la falta de oportunidades y la falta de acceso a la justicia para resolver los conflictos relacionados con la disputa por la tierra. En la costa atlántica, el avance de empresas privadas nacionales, extranjeras y multinacionales en la explotación de recursos naturales y la construcción de megaproyectos sin consulta previa con las comunidades Garífuna que habitan esas tierras y territorios ha generado una situación de pobreza y despojo en dichas comunidades. En las maquilas, las mujeres trabajadoras son sometidas a condiciones de explotación laboral. La falta de expectativas de que sea posible una mejora de la situación funciona como un factor de expulsión de la población hondureña, llevando a muchos a decidir emigrar ante la perspectiva de una vida en la pobreza o la pobreza extrema, combinada con la violencia y la impunidad reinante.

Las observaciones preliminares de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Honduras se publican hoy como Anexo a este comunicado. Asimismo, con la información recibida durante la visita y otros insumos, la CIDH elaborará en los próximos meses un Informe de País sobre la situación de los derechos humanos. A través de dicho Informe, la CIDH ofrecerá recomendaciones destinadas a apoyar al Estado en sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, la Comisión recuerda que es inaceptable cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. El artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece que los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.