viernes, 3 de octubre de 2014

Hondureños agredidos por Juan Orlando Hernández y su Policía Militar

Por FNRP

A un año de la incorporación de la Policía Militar como política fundamental de Seguridad del régimen nacionalista, los resultados negativos en el combate a la violencia y la criminalidad han evidenciado el fracaso de esta institución y la falta de una auténtica voluntad política para solucionar uno de los problemas más sentidos por la población hondureña.


Denunciamos recientemente que reconociendo su propio fracaso, el gobierno contrató una consultoría para mejorar la imagen de esta institución, a su vez se anuló la publicación de otras instituciones que revelaban las cifras de asesinatos diarios y también el involucramiento de las instituciones de seguridad del Estado en la perpetración de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El martes 30 de septiembre, una comunidad del municipio de Wampusirpe, Departamento de Gracias a Dios, fue víctima de una agresión de un contingente de miembros de la Policía Nacional y la Policía Militar que sometieron a más de cuarenta ciudadanos a humillaciones, tratamientos degradantes y tortura psicológica. No bastando con esto tomaron algunos prisioneros y en sus bartolinas les dispararon con sus armas de reglamento, hiriendo a tres de los detenidos.

El día miércoles 30 de septiembre trascendieron en los medios de comunicación las fotografías de miembros del Ejército de Honduras aplicando torturas a menores de edad que fueron capturados en la mina de El Corpus, Departamento de Choluteca, mina en la que hace unas semanas atrás fueran abandonados por el gobierno ocho mineros artesanales  atrapados en un derrumbe.

También el mismo miércoles 30 de septiembre, militares que participaban conjuntamente con la policía de tránsito en un retén en la zona de la represa Los Laureles de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, abrieron fuego con sus fusiles contra un bus urbano, supuestamente porque el conductor no atendió una señal para detenerse. Resultaron heridos cuatro ciudadanos, incluida una mujer que ingresó a un centro asistencial herida de gravedad por impacto de bala en su cabeza.

El 30 de septiembre también la policía militar encabezó el desalojo de Barra Vieja en Tela, Departamento de Atlántida, una comunidad garífuna que lleva más de doscientos años viviendo en territorio nacional, y que, aun siendo protegidos por convenios internacionales, irrespetaron sus derechos, expropiándolos de la tierra, propiedad comunitaria, para satisfacer intereses de transnacionales turísticas con las que el régimen tiene negocios.

Los proyectos privados de la oligarquía que representa Juan Orlando Hernández tienen como principal herramienta de represión a la Policía Militar, que actúa contra la población en general y en particular contra los sectores que se oponen a sus intereses económicos.

El Frente Nacional de Resistencia Popular llama a todo el Pueblo a condenar este instrumento de represión que no es parte de la solución de la violencia, sino como ha quedado demostrado esta semana, es parte del problema.

¡No más violaciones a Derechos Humanos por la Policía Militar!
¡Exigimos la reestructuración de la Policía Nacional!
¡No más Militares asignados a cuidar la seguridad del Pueblo!