domingo, 17 de agosto de 2014

Honduras: Vigencia de la 4ta urna y la Asamblea Nacional Constituyente

Por Gilberto Ríos M.

Poco más de cinco años han transcurrido luego del golpe de estado militar que interrumpiera el mandato del Presidente Manuel Zelaya Rosales. Están presentes los recuerdos de una campaña anticomunista feroz que desatara la oligarquía por todo sus medios, acompañando la brutal represión del pueblo en las calles, el asesinato político, la guerra sicológica y la demás acciones criminales respaldadas por el Estado.

Durante todo este tiempo esas acciones continuaron avanzando sistemáticamente con una dirección clara: acabar con la acción organizada de los sectores sociales politizados al máximo en la coyuntura que se generó por el zarpazo militar, intentar vaciar de contenidos y desnaturalizar la lucha de un pueblo que desea cambios radicales en la estructura de la organización política y social.

Un año antes del golpe de estado, para el mes de septiembre de 2008, el Presidente Zelaya realizó una acción histórica, retuvo las cartas credenciales del entrante embajador gringo Hugo Lorens, en solidaridad con el pueblo y gobierno del Presidente Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia, éste último se enfrentaba a las más fuertes conspiraciones dirigidas justamente desde la embajada gringa de aquel país.

Para los desfiles marciales que organiza el gobierno los 15 de septiembre de todos los años en conmemoración de la fecha de independencia patria, el movimiento popular y específicamente el Bloque Popular había venido organizando desde el 2004, con mucho éxito, una movilización popular paralela que cuestionaba la celebración de una fecha patria vaciada de contenido por la oligarquía servil a los intereses transnacionales.

La dirección de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular -instancia nacional e incluyente de lucha de masas creada en el año 2003-, debatía sobre el apoyo abierto al gobierno de Manuel Zelaya cada vez más confrontado a los intereses de la oligarquía, que con la acción de apoyo a Evo Morales demostraba una visión más avanzada de la situación del proceso latinoamericano. En una reunión cercana al histórico 15 de septiembre de 2008, el Bloque Popular decidió entrar al Estadio Nacional para estrechar la mano del único mandatario de Honduras en toda su historia que miraba hacia latinoamérica a la hora de pensar en los destinos del pueblo.

Luego las reuniones en casa presidencial se hicieron frecuentes, como también en la residencia del Presidente Zelaya. Todas los encuentros tuvieron la misma tónica: cuestionar el modelo neoliberal y sus consecuencias negativas en la distribución de la riqueza socialmente producida, también el nivel de control del Estado por parte de la oligarquía y la embajada gringa. “Tengo más confianza de reunirme en mi casa con ustedes,que en la Presidencial en la que me vigilan y me escuchan todo", confesó una vez el entonces Presidente.

Poco después apoyamos la iniciativa de anexión al ALBA y luego, ya en el 2009, también nos sumamos a la Consulta Popular, conocida como 4ta Urna, que conduciría a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Llegado el domingo 28 de junio de 2009 se había acumulado fuerzas para tener un debate trascendental en la historia de Honduras, uno que debía dirimirse por el voto y la participación popular tan temido por los grupos conservadores y reaccionarios de la sociedad hondureña. Tres días antes el General golpista -famoso en el país por haber liderado en su juventud en el ejército bandas de robacarros y secuestros- abandonaba el proyecto, obligando al Presidente a rescatar con el pueblo, el material electoral secuestrado en una base militar aérea de la capital. Me regreso a ese día porque una vez con la urnas en Casa de Gobierno, el Presidente Zelaya pronunció un discurso en el que dijo “volveríamos a la era de las cavernas si no incluyéramos al pueblo en la toma de decisiones del país... ...la democracia debe evolucionar hasta lograr la participación directa del pueblo en las decisiones de Honduras”.

Al día de hoy muchas campañas sucias y multimillonarias se publicaron contra el gabinete de gobierno del Poder Ciudadano del Presidente Zelaya, la más destacada fue la que se dirigía y se dirige contra el Abogado Enrique Flores Lanza, en la que se le acusa de malversar cuarenta millones de Lempiras (aprox. 2millones $ USD), recursos aprobados legalmente por el Poder Ejecutivo para llevar a cabo la Consulta Popular.

Más curioso resulta en este momento que se encuentra cuestionada la administración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa y la actual administración del mismo Partido Nacional de Juan Orlando Hernández por escándalos de corrupción y la vinculación de los miembros de su partido con los carteles del narcotráfico y el crimen organización, salgan estas acusaciones a la administración del Gobierno del Poder Ciudadano.

Muchos nos asombramos cuando conocimos la impresionante suma de seis mil quinientos millones de Lempiras (aprox. 325 millones $ USD) del desfalco que hizo el partido nacional al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar la campaña electoral y el fraude de Juan Orlando Hernández, escándalo del que ha confesado haber tenido conocimiento el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, sin que éste procediera de alguna manera.

Luego pesa también sobre la administración nacionalista la obra inconclusa del transmetro de la capital de la república, que con fondos de cooperación se gastaron más de mil quinientos millones de Lempiras, (aprox. 75 millones $UDS), ejecutados por la Alcaldía Municipal con Ricardo Álvarez como principal responsable, también en ese momento presidente del Partido Nacional y ahora designado presidencial.

También en el gobierno nacionalista se consumó el robo a mano armada que representó la intervención del Instituto de Jubilaciones y Pensiones del los Empleados Públicos INJUPEMP, que ha roto todas las marcas al calcularse un desfalco arriba de los catorce mil millones de Lempiras, (aproximadamente 700 millones $ USD), sin que siquiera se aproxime a ver en los juzgados a los responsables principales de todos estos hechos.

El llamado “combate a la corrupción” como todo el aparato de justicia en Honduras es un instrumento mediático para perseguir a los opositores políticos del régimen y ha servido en los últimos cinco años para opacar la necesidad urgente de democratizar el país, las consultas pueblo sobre los temas más trascendentales de la patria y la necesidad imperativa de transformar el estado opresor oligárquico en un verdadero Estado de Derecho.